Según el Servicio Geológico y Técnico de Minas (Sergeotecmin), los datos corresponden a procesos que se encuentran en distintas etapas de aprobación.
La norma aprobada el martes por el Gobierno prohíbe la otorgación de nuevos derechos de explotación minera en todo el territorio nacional, declarándolo reserva fiscal. Con esta disposición, ninguna persona podrá solicitar un área de trabajo sin antes tener un contrato con la Comibol.
La Asociación de Mineros Medianos aún espera conocer el texto completo del decreto para evaluar su impacto.
La Cámara Nacional de Minería (Canalmin), que agrupa a los productores chicos, informó que hará un análisis hasta la próxima semana.
Sin embargo, el representante de Canalmin Tupiza, Gróver Simbrón, adelantó que la medida perjudicará a las inversiones del sector.
Informó que para hacer una solicitud, los mineros generalmente realizan una prospección previa para no entrar “a ciegas” en los yacimientos.
Adelio Alí, poblador del altiplano de La Paz, es uno de los perjudicados. Hace unos meses inició el trámite en la oficina de Sergeotecmin para obtener un área de trabajo para explotar oro en Larecaja.
Cuando se enteró de la decisión gubernamental expresó su molestia por la paralización del proceso. Pretendía obtener tres cuadrículas de terreno y sólo en el papeleo gastó 600 bolivianos.
Empero, dijo que la mayor erogación de dinero la efectuó en la prospección, en la que invirtió US$5.000, que ahora no sabe si le devolverán.
El presidente del Comité de Vigilancia de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomin), Antonio Pardo, declaró a El Potosí que el Estado quiere actuar como “ el perro del hortelano”, que no come ni deja comer.
Ve como negativo el decreto supremo porque evita que los cooperativistas puedan acceder a concesiones mineras diversas para ampliar su producción, lo cual afecta no sólo a los productores, sino a las propias regiones, pues los beneficios de la minería van a diferentes sectores de la sociedad.
La medida
El ministro de Minería y Metalurgia, Luis Alberto Echazú, explicó ayer que antes de la vigencia de este decreto, una persona cualquiera pedía una concesión a Setmin y la entidad revisaba si la petición estaba libre o no, y en caso de no haber concesiones otorgaba el espacio, que “prácticamente se convertía en privado”, lo cual está en contra de la Constitución Política del Estado que establece que los recursos mineralógicos son del Estado.
Afirmó que Comibol operará de manera directa o a través de contratos de las concesiones mineras. Para ello explicó que se le restituirá a esta empresa, mediante una ley, todas sus facultades. Dijo que las tareas de exploración y prospección estarán bajo responsabilidad de Sergiotecmin, que hará los estudios, y sobre esa base la empresa firmará contratos.
Fuente / La Prensa