«En Chile se nacionalizó el cobre, acá la diferencia es que tenemos empresas públicas que tienen participación en los proyectos mineros, nada más», así diferenció a Codelco de los organismos autárquicos o empresas estatales argentinas una fuente calificada de la Secretaría de Minería de la Nación.
«Aquí sería muy difícil invertir directamente con una empresa estatal en una explotación. Siempre estará la discusión de si es función o no del Estado. Pero en todo caso se trata de montos muy grandes y con desarrollo tecnológico aún más grande», explicó la fuente de la secretaría nacional.
El criterio argentino es «generar una participación activa de los Estados provinciales a través de los proyectos mineros».
La Corporación Nacional del Cobre de Chile, más conocida como Codelco, surgió en los años setenta como una iniciativa oficial de echar mano directamente de un recurso tan valioso como rentable. El 51 por ciento de todos los proyectos cupríferos del vecino trasandino pasaron a propiedad del Estado.
En Argentina, en trazos generales, las empresas públicas que tienen participación en el negocio minero son en realidad propietarias de las áreas que explota un privado. El caso arquetípico y más próximo para los sanjuaninos es el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM).
No es estrictamente una empresa. Según su ley de creación, la 6.029, el IPEEM es un «organismo autárquico con personería jurídica suficiente para actuar en el derecho público y privado». En los hechos, es quien contrató con la canadiense Barrick y le concesionó el área de Veladero.
Según la fuente de Minería de la Nación, hay tres ejemplos más en toda la geografía argentina, parecidos al IPEEM: Fomento Minero de Santa Cruz Sociedad del Estado (Fomicruz SE) en la tierra del presidente Kirchner, Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) en Catamarca, y Yacimientos Mineros Riojanos Sociedad Anónima (Yamiri SA) en el convulsionado suelo de Menem, Maza y Beder Herrera. Valen las referencias políticas.
Una por una, las cuatro firmas provinciales que pueden ser equiparadas a empresas mineras estatales presentan las siguientes señas particulares.
IPEEM
El instituto fue creado por ley en 1989, durante la gobernación del bloquista Carlos Gómez Centurión. Su objeto fue la adquisición de los derechos mineros de las áreas demarcadas oportunamente por Fabricaciones Militares.
La ley de creación le impuso al IPEEM convenir la exploración y explotación de las áreas mineras mediante contratos celebrados con terceros. Es más, en el artículo 10, el mismo texto normativo le prohíbe explorar o explotar por sus propios medios.
La ley también le ordena al IPEEM administrar los recursos que obtenga de los convenios con las mineras.
En el artículo 19, la ley del IPEEM creó una cuenta especial donde se deposita la totalidad de los recursos provenientes de la actividad del instituto. Estos fondos quedaron afectados a «gastos específicos» del instituto, al «desarrollo de nuevas huellas mineras» y a la «promoción de la pequeña minería». El año pasado se produjo una modificación a este artículo que le abrió la puerta al IPEEM para poder invertir en otras obras de infraestructura, como el asfalto de rutas que de manera conjunta afrontaron con Barrick.
FOMICRUZ
Según refleja su sitio web oficial, www.fomicruz.com, esta sociedad del Estado nació en 1988, creada por la ley provincial santacruceña 2.057. Su objeto es efectuar la prospección, exploración y explotación de yacimientos minerales e hidrocarburíferos. Fue una iniciativa del gobierno provincial.
«Fomicruz tiene un porcentaje accionario y participa en Cerro Vanguardia», aclaró la fuente de la Secretaría de Minería de la Nación. De esta manera, surge claramente una diferencia con el IPEEM, que tiene vedada la posibilidad de asociarse en explotaciones de ningún tipo.
En 1998, el yacimiento aurífero de Cerro Vanguardia ingresó en su etapa de producción. Sus instalaciones están ubicadas en pleno desierto patagónico. Ocho años antes, Fomicruz convocó a concurso público para este proyecto. La empresa Mincorp SA, un joint venture entre Minorco y Pérez Companc, ganó la oferta.
En octubre de 1996, Minera Mincorp SA hizo uso de la opción a continuar con la etapa de explotación del yacimiento. De esa forma se conformó la empresa Cerro Vanguardia SA, acordando a su vez la incorporación de Fomicruz SE como accionista de la compañía.
Su composición accionaria, según el sitio web oficial, indica que el 46,25 % corresponde al Grupo Pérez Companc, el 46,25 % a Minorco y el 7,5 % a Fomicruz SE.
De Fomicruz SE depende el Centro de Investigaciones Mineras de Santa Cruz, destinado al análisis primario de las muestras geológicas obtenidas en campañas de exploración.
YMAD
Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) es una empresa interestatal del derecho privado, creada por la Ley Nacional 14.771 (sancionada el 16 de octubre de 1958 y publicada en el Boletín Oficial el 9 de enero de 1959). Está integrada por la provincia de Catamarca, por la Universidad de Tucumán y por el Estado Nacional.
Según su ley de creación, YMAD tiene el objeto de realizar el cateo, exploración y explotación de los minerales de cualquier categoría existentes en la zona minera de Agua de Dionisio (cuya ubicación y superficie son determinadas en el mismo texto legal). La empresa también tiene por objeto la comercialización e industrialización de sus productos.
Las utilidades de YMAD se distribuyen entre el Estado catamarqueño y la universidad tucumana.
Según dijo la fuente de Minería de la Nación, por la concesión del área de Bajo de La Alumbrera, YMAD recibe alrededor de 33 millones de pesos trimestrales.
A esto, la empresa catamarqueña le suma las utilidades por la explotación de su propio proyecto: Farallón Negro.
Sin embargo, en los últimos años su resultado se vino a pique y tuvo que existir un auxilio nacional a fines del año 2005.
El 23 de noviembre de aquel año, el gobierno nacional anunció una inversión de 50 millones de pesos para modernizar la empresa minera interestatal. Se trató de fondos generados por la propia firma. En aquella ocasión, el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, dijo que YMAD era una empresa subsidiada con más de US$300.000 por el Estado Nacional. «Sin reducir el empleo ni los salarios de los más de 320 trabajadores, la compañía hoy se autogestiona, con un aumento del orden del 88% en la producción de oro y plata en el yacimiento Farallón Negro», aseguró el sanjuanino.
YAMIRI
Yacimientos Mineros Riojanos SA es una compañía minera de exploración, según refleja el sitio web www.yamirigold.com. Está vinculada a la compañía Yamiri Gold and Energy Inc, que tiene sede en Vancouver, Canadá, y que cotiza en la Bolsa de Toronto bajo al sigla YGI.V.
La empresa fue creada por el gobierno de la provincia de La Rioja en el año 1987 como una compañía de capitales mixtos (Sociedad de Economía Mixta) para impulsar el desarrollo de la minería en el territorio provincial.
En el año 1997, se transformó en Sociedad Anónima y en la actualidad tiene participación mayoritaria privada. El Estado riojano posee el 20,4% de las acciones, según dice el sitio web. YAMIRI posee una cartera de proyectos en distintas etapas de desarrollo, ubicados principalmente en La Rioja, donde figuran Famatina, El Potro o Silimanita, Helvecia y Mina El Oro.
Sin embargo, estos emprendimientos mineros quedaron seriamente afectados por la ley que sancionó la Legislatura riojana en el contexto de juicio político contra el suspendido gobernador Angel Maza. Esta ley prohibió la explotación minera a cielo abierto, lo cual ocasionó la retirada de Barrick de Famatina.
El vicegobernador Luis Beder Herrera, hoy a cargo del Poder Ejecutivo provincial, complicó públicamente a Maza al denunciar a principios de marzo que el Estado riojano firmó con la empresa Yamiri SA y con Barrick un contrato para la exploración y explotación de Famatina sumamente desventajoso para la provincia.
Según Beder Herrera, el convenio se habría gestado por US$500.000 que la firma pagó al Estado por cinco años de explotación, que podrían rendirle una facturación de hasta US$5.000 millones.
Fuente / Diario de Cuyo