(La Tercera) Junto con la fuerte arremetida en materia de transparencia, desplegada en sus primeros 10 días al mando del Ministerio de Defensa, Andrés Allamand ya definió una estrategia para buscar la derogación de la Ley Reservada del Cobre, de 1976.
La norma traspasa a las Fuerzas Armadas las ganancias del 10 por ciento de las ventas de Codelco para compra de armamentos bajo procedimientos secretos.
Durante enero, la aplicación de la ley ha estado en medio de la polémica, a raíz de la compra realizada en 2010 con estos fondos de un puente mecano por parte del Ejército.
Para sondear la disposición política que le permita derogar la normativa, Allamand ha estado en contacto personal y telefónico con parlamentarios de todos los partidos.
Quienes han tratado la materia con él, señalaron que ha comentado que ya tiene la venia del Presidente Sebastián Piñera, pero que el envío de un proyecto -al igual que el modelo utilizado por el ministro Joaquín Lavín para aprobar la ley sobre calidad de educación- está condicionado a un consenso con los parlamentarios oficialistas y de la Concertación.
Eso explica que ayer el presidente de la Comisión de Defensa del Senado, el DC Patricio Walker, haya anunciado parte de la estrategia del ministro, al informar que «(Allamand) va a formar una comisión de trabajo con todos los partidos políticos, parlamentarios de las comisiones de Defensa del Senado y de la Cámara, para establecer presupuestos plurianuales para cuatro años para la compra de material bélico».
Además del ámbito político, Allamand ha buscado apoyo técnico. A la incorporación a su gabinete del abogado Andrés Tavolari, el lunes contactó al economista y subdirector del CEP, Harald Beyer, el mismo que coordinó la comisión de educación del grupo Tantauco.
El experto no se integra a tiempo completo al gabinete, sino que «transitoriamente, para preparar una propuesta de un nuevo esquema de financiamiento para las compras de armas de las Fuerzas Armadas», dijo.
Agrega que su labor «tiene un período fijo, porque el compromiso del Presidente y del ministro es presentar antes del 21 de mayo un proyecto de ley».
Fuente / La Tercera