(El Mercurio).- A 103 asciende el número de proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que exceden el plazo legal establecido por la Ley 19.300, por lo que podrían llegar al comité interministerial que en el transcurso de los próximos días creará el Ministerio de Economía para agilizar las inversiones.
Según los datos publicados en la página web del señalado organismo -dependiente de la Conama-, las regiones que figuran con mayores atrasos son la Metropolitana y la de Los Lagos.
En el primer caso, hay 35 iniciativas que ingresaron sus Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y que aún no obtienen una resolución de las respectivas Coremas.
Incluso, las demoras en el plazo legal van de 93 a 293 días en la señalada zona, a pesar de que el período de respuesta regular fijado por la autoridad va de cero a 60 días, mientras el plazo de ampliación comienza el día 61 y finaliza el 90.
En el caso de la Región de Los Lagos, la cifra de proyectos atrasados asciende a 48.
Uno de los casos que lideran el ranking de atrasos en el plazo legal es el proyecto de Extracción y Procesamiento de Áridos para la Industria del Hormigón Premezclado -que se emplaza en la ribera norte del cauce del río Maipo-, con recursos por US$ 2,5 millones, ya que la evaluación de las DIA va en su día 293.
Por el contrario, los proyectos que figuran con menores demoras son tres: Viña Lomas de Cauquenes, Modificación Vertedero Dicham y Terminal de Buses de San Alfonso, en los que el nivel de atraso asciende a 93 días.
Respecto de los montos involucrados en las iniciativas que se encuentran entrampadas en su trámite ambiental, los 103 proyectos cuyas evaluaciones exceden el plazo legal involucran recursos por más de US$ 1.300 millones.
Eso sí, la cifra aumentaría considerablemente si se suman las inversiones que excedieron el plazo regular (de cero a 60 días, en el caso de las DIA) pero que no figuran fuera del período legal, pues se encuentran en el plazo de ampliación (de 61 a 90 días, en el caso de las DIA). Esta es la situación del proyecto HidroAysén, cuyo atraso es de 137 días.
Comité
Respecto de la creación del comité interministerial, fuentes del Ministerio de Economía señalan que la cartera trabaja a toda marcha en la conformación de dicha instancia, ya que el Presidente Sebastián Piñera ordenó por mandato la materialización de este tema.
De hecho, por estos días las autoridades de Economía deben definir el nombre del secretario ejecutivo del señalado comité.
De acuerdo a lo comentado el martes por el subsecretario de la cartera, Tomás Flores, dicho cargo se abocará full time a destrabar los cuellos de botella que enfrentan los proyectos de inversión.
Sector privado apoya cambios a Ley de Quiebras que preparan las carteras de Hacienda y Economía
Un apoyo transversal recibió en el sector privado el proyecto que prepara el Gobierno para modificar la Ley de Quiebras y que anunciará mañana el Presidente Sebastián Piñera.
A juicio del líder de la Sofofa, Andrés Concha, es necesario perfeccionar la actual normativa, pues se requiere que en los casos de quiebra hay un sistema de cierre expedito, que permita liberar los activos que están comprometidos.
«Bellavista Tomé es un símbolo de las deficiencias de la ley vigente. Es por esa razón que valoramos que el Gobierno busque simplificar los procesos de quiebras, ya que es clave evitar que éstas se prolonguen indefinidamente, pues eso perjudica a las empresas, a los acreedores y a los trabajadores», agregó el presidente de la CNC, Carlos Eugenio Jorquiera.
Más en detalle, respecto de las medidas que deberían considerarse en el proyecto en elaboración, Florencio Bernales, socio de Cariola Diez, Pérez-Cotapos, afirmó que una forma de agilizar los procesos es a través de reformas profundas a la figura de los Síndicos de Quiebras. «Hoy son personas naturales con buena voluntad, pero muchos de ellos dotados de una infraestructura muy limitada y básica», afirma.
A su vez, el académico de la Universidad de Chile Nelson Contador sostuvo que, en el caso de las pymes, «es fundamental establecer un sistema de liquidación ordenado y que no se extienda por más de 9 meses2.
Fuente / El Mercurio