En 2010 y siguiendo los lineamientos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), se impulsó en el país la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente, la cual comenzó a operar oficialmente en 2012. De acuerdo con cifras de dicho organismo, desde su inicio hasta la fecha se han cursado multas por más de US$42 millones, un monto que no deja de ser preocupante.
Sin duda alguna, la SMA se ha transformado en un eficiente instrumento de fiscalización, que se tornó necesario para que las empresas asumieran la importancia de cumplir con estándares operacionales de mayor nivel, en pos del respeto de la legislación vigente, el medio ambiente y las comunidades. Hasta el surgimiento de la Superintendencia, muchas empresas consideraban que bastaba con recibir la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable para poder operar libremente y sin hacerse cargo de los compromisos surgidos durante el proceso de evaluación ambiental. La SMA ha sido rigurosa en fiscalizar el efectivo cumplimiento de éstos, lo cual ha sido muy bien recibido por las comunidades.
Dentro de las críticas que existían al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental –y que aún existen– era que las empresas se comprometían a una serie de temas durante la evaluación, buscando aprobar a cualquier costo el proyecto, y una vez que obtenían la RCA, el nivel de cumplimiento de los compromisos era, al menos, bajo. Hoy es cada vez más común escuchar hablar a las empresas de “planes de cumplimiento”, es decir, esfuerzos –e incluso equipos– especiales tendientes a hacer seguimiento a los compromisos adquiridos, los cuales levantan luces amarillas y rojas cuando no se está cumpliendo.
Pero la SMA no está sola en este esfuerzo. Existen 16 servicios públicos que apoyan su trabajo y que forman parte de la Red Nacional de Fiscalización Ambiental, Renfa. Esto ha favorecido el alto número de actividades fiscalizadoras, donde en 2015 se efectuaron más de 14 mil acciones de fiscalización y se iniciaron 142 procesos sancionatorios, siendo los sectores económicos ligados a la agroindustria, pesca y acuicultura y venta de leña húmeda los que recibieron mayores infracciones.
Si bien los sectores minero y energético ocuparon el cuarto lugar en infracciones, fueron los que recibieron las multas más altas, por la magnitud de las faltas. Es tarea pendiente aún en ambos rubros mejorar los estándares operacionales de acuerdo a las exigencias que se demandan.
En el primer año de existencia de la SMA se registraron más de mil denuncias en contra de proyectos que contaban con su RCA vigente. Una cifra que ha descendido por cierto, pues en 2015 la SMA realizó 373 actividades de fiscalización originadas por instrumento de la RCA, de las cuales el 72% se originaron por el programa y los subprogramas de fiscalización y un 14%, por denuncias.
Contar con la RCA hoy no es garantía para operar sin contratiempos, y un ejemplo de ello fue el caso del proyecto Pascua-Lama en 2013, que contaba con una resolución favorable desde 2006. En aquella oportunidad, y luego de un proceso de investigación, la SMA determinó sancionar a la empresa titular del proyecto con una multa y la paralización de la construcción, la cual dura hasta hoy.
Las empresas cuyas actividades generan afectación en el entorno, deben asumir que hoy la responsabilidad es mayor. Todo lo que está en el papel debe ser demostrado con hechos. Además, el despliegue comunicacional que posee la SMA genera alto impacto y afecta la reputación de las empresas, sobre todo, en las comunidades.