Revista Minería Chilena Nº444

junio de 2018

¿En qué medida los conflictos sociales que afectan a los proyectos de inversión minera son la consecuencia de la carencia de instancias de diálogo entre las empresas y las comunidades? ¿Es posible instalar procesos regulados de diálogo en etapas tempranas del desarrollo de un proyecto minero? Ésas y otras preguntas han rondado a los distintos actores de la industria hace ya varios años.

En ese contexto aparece la iniciativa ‘Institucionalidad de Diálogo Territorial’ (IDT), promovida por Valor Minero. Desde ya hay que decir que Valor Minero ha tenido un doble mérito: por un lado fomentar un debate constructivo que se hace cargo de esas preguntas y, por otro, involucrar a los diversos actores interesados en la generación de una propuesta concreta al respecto.

En lo medular, IDT plantea la creación de un proceso de diálogo regulado legalmente –con participación de las comunidades, empresas y el Estado–, que permita anticipar el diálogo y la búsqueda de acuerdos en las dos cuestiones fundamentales que debe enfrentar todo proyecto minero en su vinculación con las comunidades: la evaluación y mitigación de sus impactos ambientales, y el aporte al desarrollo de los territorios a través de acuerdos de valor compartido. Esta instancia sería aplicable sólo a los grandes proyectos de inversión, para los cuales sería obligatorio someterse a la misma.

La iniciativa amerita una primera reflexión: toda instancia de diálogo –sobre todo si goza de legitimidad social y valor legal– es positiva y, por lo mismo, bienvenida. Es perfectamente válido que algunas comunidades o empresas asignen una importancia central a la existencia de un proceso regulado de diálogo –con participación del Estado– que aparezca revestido de la promesa de una mayor certeza jurídica. Pero si es cierto que los conflictos sociales se manifiestan en todo tipo de proyectos, con independencia de su envergadura o del monto de la inversión, entonces parece razonable que esta plataforma esté disponible para todo tipo de inversiones.

Por otra parte, si la premisa fundacional de IDT es que los espacios existentes de diálogo son insuficientes o poco robustos, entonces también parece razonable que sean los propios involucrados quienes juzguen si un proceso de diálogo regulado se ajusta mejor a su realidad y, por tanto, definan libremente si quieren someterse al sistema.

La realidad es que muchas compañías mineras (y en particular las más grandes) ya están embarcadas en esfuerzos de diálogo con las comunidades de sus respectivos entornos. Es cierto que la calidad de ese diálogo admite distintas miradas y calificaciones, pero no son pocos los casos de empresas que llevan adelante diálogos sistemáticos e institucionalizados al amparo de acuerdos privados.

Otra cuestión central es la vinculación que tendría este proceso de diálogo con instancias ya existentes –reguladas legalmente– de participación de las comunidades respecto a las iniciativas mineras. Por ejemplo, la propuesta incluye un proceso reglado de diálogo con los grupos indígenas –una suerte de ‘pre-consulta’–, lo que podría hacerse cargo de las críticas que se hacen a la poca flexibilidad que tendría la actual consulta en el SEIA para incorporar los aportes de los grupos indígenas a las medidas propuestas por el titular.

No obstante, la propuesta sólo será viable en la medida que esa ‘pre-consulta’ pueda configurarse como un proceso válido en la lógica del Convenio 169 de la OIT y que se resuelva bien la vinculación que aquella tendría con la consulta indígena ya regulada en el marco del SEIA.