Desaceleración económica y cooperación público–privada son términos que se han tomado la agenda las últimas semanas. El Gobierno ha debido salir a proponer un conjunto de medidas que permitan revitalizar la economía consciente de que el comportamiento de esta será factor clave a la hora de los balances.
En este contexto apuesta a reactivar grandes proyectos de inversión públicos inyectándole US$4.000 millones a Codelco e invirtiendo US$4.200 millones en nuevas líneas del tren subterráneo, y acelerando la materialización de US$6.000 millones en un número reducido de proyectos privados que cumplan con ciertas condiciones, entre otras, que cuenten con RCA, no estén judicializados, tengan trámites pendientes y sean posibles de comenzar a ejecutarse durante 2015.
Ha propuesto además un conjunto disperso y sin relato de medidas, administrativas y legales, en orden a “facilitar” la ejecución de proyectos mediante la eliminación de trabas administrativas en el mediano plazo.
Todo lo anterior parece apuntar en la dirección correcta, pero es posible advertir dos elementos que preocupan y que son importante de analizar si se quiere avanzar en una agenda profunda y transformadora: i) Ausencia de una mirada de largo plazo; y ii) consistencia entre el discurso y las propuestas.
De las cifras que ha entregado el Gobierno, el 80% de los US$6.000 millones corresponden a proyectos de minería y energía (muchos de estos asociados a la minería). Si a esta cifra se agregan los US$4.000 millones de la capitalización de Codelco, la conclusión obvia es que el gran motor de la economía chilena sigue siendo –pero no necesariamente lo seguirá siendo- la minería.
En este contexto, y considerando que existirían todavía una cartera de proyectos mineros del orden de los US$100.000 millones para los próximos 10 años, sería esperable que esta agenda vaya más allá de la coyuntura y plantee una política de largo plazo que reconozca la importancia de la minería para el futuro de Chile. En esta materia hace falta un relato que oriente el conjunto de medidas propuestas y más audacia a largo plazo.
Es posible advertir también contradicciones entre las declaraciones y las acciones, y un déficit en la consistencia de las propuestas en dos cuestiones relevantes. La primera relacionada con los procesos de participación y consulta. La segunda, con la batería de proyectos de ley para introducir modificaciones a las regulaciones de la actividad minera y energética.
Respecto de los procesos de participación y consulta se ha planteado reformular el proceso de consulta indígena regulado en los DS 66 y 40, en este último caso desvinculando dicho proceso del Sistema de Evaluación Ambiental. El problema no es la idea, que puede ser válida, sino la incertidumbre que genera declarar que un determinado instrumento no es el adecuado sin, al mismo tiempo, formular una propuesta que lo reemplace. La consecuencia concreta es la declaración de ilegitimidad de facto de la norma actual generando un escenario de incertidumbre en el corto plazo y sin expectativas claras en el mediano plazo.
En materia de participación, el Ministerio de Energía tiene contemplado presentar un proyecto de ley denominado de “Asociatividad”. Habría que suponer que éste debiera reformular la propuesta que el año 2009 hiciera el entonces ministro Tokman que establecía un impuesto a la actividad de generación eléctrica. El término “asociatividad” evoca algo más que un impuesto y surgen legítimas dudas acerca del alcance de hasta donde se extenderá la definición, qué comprenderá y a qué sectores afectará.
Resulta indispensable que cualquiera sea la propuesta ella no implique replicar procesos resueltos en otras instancias, se construya sobre bases objetivas y defina con precisión plazos y actores. Para ello determinar el objetivo y los instrumentos para concretarlo es clave. En esta materia el desafío es parir una solución sin agregar una excesiva burocracia y centrar los esfuerzos en generar una institucionalidad sólida que sea capaz de fundar y defender sus decisiones.
Por último se ha propuesto, a modo de titulares, una serie de cambios regulatorios y legales que alteran el orden jurídico que rige a estos sectores. Lo central en esta materias es que las propuestas sean fundadas, se basen en estudios previos y los problemas sean resueltos con prontitud, eficacia y prudencia, de otro modo el transcurso del tiempo anestesiará cualquier impulso reactivador más allá de las buenas intenciones originales.
Si de certezas, futuro y crecimiento se trata, la agenda se queda corta.