La delegación estuvo integrada por el presidente de la gremial, Patricio Gatica; el vicepresidente, Fernando Gattas, y el director legal, Juan Carlos Urquidi, quienes expusieron las principales dificultades que enfrenta el sector y plantearon propuestas para recuperar el dinamismo de la pequeña y mediana minería.

Durante su presentación, Patricio Gatica sostuvo que el incremento del valor de las patentes mineras, sumado a nuevas exigencias administrativas, “ha generado una presión económica que muchos productores no están en condiciones de enfrentar, especialmente quienes desarrollan proyectos en etapas iniciales o explotan yacimientos de menor escala”.

Asimismo, enfatizó que la pequeña minería continúa sometida a exigencias regulatorias diseñadas para la gran minería, sin considerar las diferencias existentes en tamaño, producción e impacto ambiental.

Fortalecimiento del sector

En ese contexto, Agrumin propuso la creación de un Estatuto Especial para la Pequeña Minería que reúna en un solo cuerpo normativo las disposiciones aplicables al sector y establezca regulaciones diferenciadas en materias ambientales, de seguridad, operación de tranques de relaves y permisos.

La organización también manifestó su preocupación por la disminución del número de pequeños productores, fenómeno que ocurre pese al favorable escenario de precios del cobre y del oro.

Durante la sesión, Agrumin destacó que muchas faenas y plantas de procesamiento podrían reactivarse en pocos meses con ajustes regulatorios y un mayor apoyo institucional, generando un importante incremento en la producción y en la recaudación fiscal.

En la ocasión, el vicepresidente Fernando Gattas reiteró la necesidad de postergar los remates de concesiones mineras mientras el Congreso analiza las modificaciones legales actualmente en discusión, evitando que numerosos pequeños productores pierdan pertenencias mineras que han mantenido durante décadas.

Finalmente, los representantes del gremio reiteraron su disposición a colaborar con el Poder Legislativo en la búsqueda de soluciones que permitan fortalecer un sector que históricamente ha contribuido al desarrollo de las regiones mineras, la generación de empleo y el aprovechamiento sustentable de los recursos minerales del país.

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La senadora Yasna Provoste (presidenta) y los senadores Daniel Núñez, Renzo Trisotti, Juan Luis Castro y Miguel Ángel Calisto recibieron al vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco, Gabriel Méndez; y al presidente del Sindicato Chuquicamata, Hernán Guerrero.

Cabe consignar que en una reciente auditoría interna reveló una sobreestimación de la producción de cobre en 2025 de casi 27 mil toneladas métricas finas. Esto obligó a la estatal a corregir sus cifras, iniciar acciones legales y exigir la devolución de bonos a sus ejecutivos. A ello, se han sumado una serie de análisis que hablan del endeudamiento de la estatal, su baja productividad y la necesidad de externalizar procesos.

En este contexto, las preguntas de la Comisión se orientaron a despejar una posible privatización y a identificar a los responsables de la citada sobreestimación.

Ejes

El vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de la estatal explicó los ejes entregados por las nuevas autoridades que asumieron la semana pasada enfatizando la seguridad, la maximización de los aportes sin aumentar la deuda, el ordenar la casa frente a la crisis de confianza y la sostenibilidad.

“Aún enfrentando el contexto operacional exigente, la compañía generó casi el doble que el año anterior. El fin es fortalecer la continuidad operacional, controlar costos, mejorar la productividad y maximizar la generación de excedentes sin seguir endeudamiento”, aseguró.

Sobre la auditoría, declaró que “el Directorio nos informó una investigación interna sobre las desviaciones de productividad del 2025 y otra externa, sobre ello y los costos del edificio de la casa matriz porque queremos una revisión objetiva de los hechos”.

En tanto, el presidente del Sindicato Chuquicamata manifestó que “ha habido un aumento de la deuda de los proyectos de inversión, pero así y todo es una empresa rentable (…) ¿Cómo se le pide a la compañía generar utilidades si el dueño le extrae todos los recursos? No hay otra opción que la deuda. Se nos compara con la empresa privada, pero ellos invierten al menos 30% de sus utilidades cada año”.

En cuanto a la gestión, el dirigente aseguró que “el proyecto de Chuqui Subterránea nos ha llevado al sobreendeudamiento y nos llama la atención que los responsables que son los integrantes de la vicepresidencia de proyectos, no les ha pasado nada”.

Respecto a la amenaza de una privatización, planteó que “este Gobierno no habla de privatizar en forma directa, pero hay que decir que hoy ya hay una privatización parcial. Se entregan trabajos a terceros, por ejemplo, en el negocio de fundición y refinería, las empresas de terceros participan de ese proceso, tienen tremendas utilidades y el mandante no”.

Privatización

El senador Daniel Núñez hizo ver que “la gran minería ha aumentado la producción de concentrado y disminuido el cobre fundido y refinado, por eso es interesante la propuesta de aumentar la fundición de Chuquicamata de 1 millón a 2 millones de toneladas. ¿Cómo ve Codelco ese tema?”. En cuanto a internalización de áreas estratégicas que estarían sido ejecutadas por terceros, preguntó a los ejecutivos si se ha estudiado esta opción.

Por su parte, el senador Renzo Trisotti abordó las desviaciones de producción. “Sabemos de una investigación criminal de oficio del Ministerio Público, pero quisiera saber sobre el proceso interno y si hubo alguna querella. También me interesa tener la visión de ambas partes sobre la internalización o tercerización de funciones porque en el norte necesitamos empleo”, manifestó.

El senador Miguel Ángel Calisto hizo ver que “hay que poner el foco en la deuda que es lo que más se ha socializado porque se habla de 25 mil millones de dólares en promedio (…) Sobre las cifras que se han dado a conocer en la prensa, nos preocupa porque tiene que haber algún responsable (…) El tema de la privatización hay que despejarlo, estamos por defender su carácter estatal, pero eso no quita discutir cómo la empresa puede ser más eficiente”.

Declaración

Por su parte, la senadora Yasna Provoste recabó el apoyo transversal de sus colegas dando cuenta de la siguiente declaración:

“Codelco es de Chile, es la principal empresa del Estado y productora de cobre del mundo (…) Su defensa, fortalecimiento y proyección no puede estar sujeta a los vaivenes de los ciclos políticos ni instrumentalizarse como bandera de unos contra otros. Afirmamos que el camino es fortalecer a Codelco sumarle gobernanza, competitividad, transparencia, productividad, eficiencia, y reconocer que la recuperación de la corporación pasa por el diálogo virtuoso entre todos sus estamentos. Los trabajadores -internos y externos- son parte de su patrimonio.

Como Comisión asumimos lo siguiente: 

• Constituirnos como espacio permanente de seguimiento recibiendo a sus ejecutivos y dirigentes

• Defender el carácter estatal de Codelco rechazando cualquier intento de debilitar su naturaleza pública y fragmentar su patrimonio o reducir su rol en el desarrollo nacional

• Promover las iniciativas legislativas que busquen robustecer su gobierno corporativo y sus capacidades técnicas, su seguridad operacional y su articulación con territorios

• Reconocer y valorar su rol en la Estrategia Nacional del Litio y en las asociaciones público-privadas exigiendo que en cada una se preserva el interés nacional, sustentabilidad y el respeto a las comunidades”.

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La propuesta en primer trámite, que estudiará la Comisión de Minería y Energía de la cámara alta, es de autoría de la senadora Paulina Núñez y los senadores José Miguel Calisto, Iván Flores, Gastón Saavedra e Iván Moreira.

La idea es resguardar la continuidad del suministro de estos minerales y ordenar, mediante estándares de gestión, información y trazabilidad, las actividades que integran su cadena de valor, sin alterar el régimen minero vigente.

A modo de contexto, el texto ingresado explica que “el desarrollo tecnológico contemporáneo, la transición energética, la digitalización de los procesos productivos y las exigencias crecientes en materia de defensa, infraestructura crítica y manufactura avanzada han modificado sustantivamente el valor económico y estratégico de ciertos recursos minerales”.

“En ese nuevo escenario, algunos minerales han dejado de ser apreciados únicamente por su condición de insumo extractivo y han pasado a ser comprendidos como elementos cuya disponibilidad continua incide directamente en la estabilidad de cadenas productivas complejas, en la seguridad de suministro de sectores estratégicos y en la capacidad de un país para sostener procesos de innovación, industrialización y autonomía tecnológica”, complementa la moción.

Cuando hablamos de minerales críticos nos referimos al Litio, Cobalto, Níquel y Grafito (esenciales para baterías de iones de litio), Cobre (fundamental para la infraestructura eléctrica, motores y redes de energía renovable), Tierras Raras (críticas para motores de vehículos eléctricos y aerogeneradores), Molibdeno, Renio, Antimonio y Selenio (materiales con alto potencial en Chile) y Silicio, Telurio e Indio (claves para paneles solares).

En el proyecto, se sostiene que se entenderá por minerales críticos aquellos recursos minerales que, atendidas sus características económicas o estratégicas, cumplan copulativamente las siguientes condiciones:

• Ser esenciales para el funcionamiento de sectores estratégicos de la economía o del Estado, tales como energía, infraestructura, tecnología, defensa, electromovilidad, almacenamiento, transmisión o manufactura avanzada.
• Presentar un riesgo significativo de interrupción en su suministro, atendida su concentración geográfica, la concentración de mercado en cualquiera de las etapas de su cadena de valor, la dependencia de importaciones, la ausencia de fuentes alternativas suficientes o cualquier otro factor objetivo que aumente la vulnerabilidad del abastecimiento.
• Carecer de sustitutos técnica o económicamente viables en el corto o mediano plazo, considerando el estado de la tecnología, los costos de reemplazo y la aptitud funcional del sustituto.

La propuesta reconoce que “la discusión actual no versa sólo sobre minería, sino sobre capacidad de procesamiento, dependencia externa, trazabilidad, continuidad operacional y resiliencia frente a interrupciones del mercado. Ese enfoque resulta especialmente pertinente para Chile, cuya tradición minera convive hoy con un marco regulatorio concebido para una lógica predominantemente extractiva, insuficiente para abordar de modo específico las particularidades técnicas, económicas y geopolíticas”.

“Dado que Chile dispone de recursos vinculados a tierras raras y de fuentes secundarias con potencial de aprovechamiento, pero que el estado actual de la regulación minera no se hace cargo adecuadamente de sus particularidades, el proyecto busca establecer un régimen jurídico especial de carácter regulatorio para aquellas actividades que, por recaer sobre minerales críticos, exigen estándares adicionales de gestión, información, trazabilidad y continuidad”, concluye el proyecto.

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La autoridad se hizo presente en la última sesión de la instancia, en la que también participaron el vicepresidente ejecutivo de Enami, Carlos Sáez; y representantes de la Confederación Minera de Chile, el Sindicato de Trabajadores Independientes Pirquineros y Mineros de Copiapó, y el Sindicato N°1 de la planta Delta de Enami.

En la sesión, el ministro sinceró el interés de proteger a la pequeña minería que, en 2023, generó 50 mil toneladas cobre fino, casi 2.000 kilos de oro y 550 millones de dólares en exportaciones. Valoró su incidencia en el mercado laboral, puesto que genera 21 mil 400 empleos directos y 64 mil indirectos.

Así, planteó activar este sector productivo simplificando los trámites que permiten obtener patentes; propiciar la venta de activos minerales no estratégicos de oro y cobre; y potenciar la producción en todas las plantas, de manera que no exista mineral estancado (política de patios vacíos).

“Se requiere una política pública activa y técnicamente orientada. La pequeña minería ha visto estancada su producción. Vamos a simplificar el sistema de permisos y patentes (aumentar las patentes societarias y de parentesco), fomentar la asociatividad voluntaria fortaleciendo a proveedores locales y recuperar el capital humano”, describió.

Rol de Enami

A reglón seguido, sinceró que “Enami es esencial como encargada del fomento de la pequeña producción. Cuenta con 990 productores empadronados y de ellos, el 93% extraen cobre y oro (…) Esta empresa estatal debe ser modernizada tanto su infraestructura como su operación. Dada la debilidad de su estado financiero, vamos a vender activos de oro y cobre y modernizar las plantas; y a modificar su gobierno corporativo”.

Carlos Sáez complementó lo anterior manifestando que “necesitamos fortalecer la capacidad de procesamiento. Todas las plantas deben operar a plena capacidad y avanzar en la hidrometalurgia para disminuir consumo de ácido sulfúrico. También respondiendo a una demanda del sector, nos enfocaremos en fortalecer los procesos de certificación a tiempo pensando en la entrega de leyes”.

“El plan integral, que entregaremos en los próximos días, contempla comprar minerales, certificarlos y procesarlos rápidamente, lo cual no se puede hacer porque las plantas tienen un sobre stock; y optimizar el portafolio de activos”, adelantó el ejecutivo.

Tras las exposiciones, la Confederación Minera de Chile puso sobre la mesa la demora con que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) entrega permisos, la pertinencia de modernizar el Programa de Asistencia y Modernización de la Minería Artesana (PAMMA) y avanzar en el estatuto del pequeño minero.

El Sindicato de Trabajadores Independientes Pirquineros y Mineros de Copiapó hizo ver la necesidad de introducir tecnología en su sector para favorecer el recambio generacional. Se aseguró que “las universidades preparan a los jóvenes para ejercer de la mediana a la gran minería”. En tanto, el Sindicato N°1 planta Delta de Enami consultó por cuáles activos se buscan vender para aportar liquidez a la estatal.

Venta de activos

En la misma línea, el senador Daniel Núñez apuntó a la necesidad de transparentar qué activos prescindibles va a vender el Ejecutivo citando a los proyectos Cerro Negro y Salares Altoandinos. “Nos han dicho que esos proyectos podrían ser los elegidos y creo que sería un error por el impacto que tienen en los pirquineros (…) En cuanto a Enami, creo que hay que tener cuidado con un nuevo gobierno corporativo porque el foco es el fomento”, explicó.

A su vez, el senador Miguel Ángel Calisto solicitó profundizar en la situación de los estados financieros de Enami. “Sería bueno saber cuál es la rentabilidad y la deuda. La prensa habla de una pérdida sobre 700 millones de dólares. Enami tiene una vocación distinta, necesitamos la certeza económica para que la pequeña minería tenga las garantías necesarias en el tiempo”, hizo ver.

El senador Renzo Trissoti valoró la visita realizada por el vicepresidente ejecutivo de Enami a los planteles de Enami. “Se habló de simplificar el sistema de permisos y patentes, ¿hay alguna propuesta en concreto? (…) Me preocupa que se considere a la Región de Tarapacá porque se minimiza su aporte (…) También creo que hay que mirar la gestión de Sernageomin porque seguimos escuchando críticas”, mencionó.

A su vez, la senadora Yasna Provoste consultó cuánto del presupuesto de Enami va a la pequeña minería. “Sabemos que la tramitación de una pertenencia minera toma años, entonces qué gestión se están haciendo con Sernageomin y el Ministerio de Bienes Nacionales para reducir plazos (…) También nos preocupa la distorsión del poder de compra SECO, ¿cuántos operan en el país y qué volumen del mineral representan?”, manifestó.

Frente a estas inquietudes, el ministro Mas aseguró que “la Enami que recibimos debe 220 millones de dólares, pagamos 10 millones de dólares anuales. Este año se estimó una pequeña pérdida y habrá una caja levemente positiva. Se está haciendo un balance del mineral activo. Estamos mirando activos que no son de la operación, hablamos de la gran cantidad de toneladas de mineral”.

Finalmente, la Comisión acordó realizar una sesión especial para estudiar los proyectos de litio, ocasión en que también estarán invitadas las autoridades de la minería.

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La autoridad describió los énfasis de la cartera y la agenda legislativa correspondiente. El diagnóstico entregado describe una baja inversión minera y la disminución de la producción en cuanto a exploración y explotación de minerales. “No hemos logrado despegar el potencial que tenemos. El mandato es desatar la industria y hacer del Estado un actor facilitador para generar proyectos. La industria ha mantenido el ritmo, pero Chile puede más en crecimiento, productividad e inversión”, aseguró Mas.

La senadora Yasna Provoste, presidenta de la instancia, y los senadores Daniel Núñez, Renzo Trisotti y Miguel Ángel Calisto escucharon el diagnóstico que otorgó el secretario de Estado, con los siguientes énfasis:

• Exploración: “El presupuesto ha repuntado, pero hay estancamiento estructural que da cuenta de poca exploración temprana”.
• Producción: “Pese al alza del precio del cobre, la producción está estancada por la baja de la ley del mineral y la demora de nuevos proyectos. La producción sigue en 5 millones y medio de toneladas métricas de cobre anual y esto lleva más de 20 años igual”.
• Inversión: “La nueva inversión no genera un aumento de producción. Todo apunta a la falta de certeza jurídica, la permisología sigue dificultando la inversión haciendo a Chile un destino poco competitivo. Faltan incentivos para inversión y producción, además el sistema tributario minero se ha complejizado”.
• Institucionalidad: “Hay que actualizarla porque no está a la altura de los nuevos tiempos. A Enami le faltan herramientas de gestión, en fomento se ha quedado atrás. También hay que revisar el impacto del royalty minero en regiones”.

De esta manera, el ministro Mas describió tres ejes centrales: entregar certeza jurídica reduciendo los permisos (generar un mecanismo de invariabilidad tributaria y una reforma al amparo minero para evitar la especulación); promover la inversión (estudio de un paquete de medidas para la exploración, creación de un estatuto especial, inclusión de startup en la minería); y modernizar las empresas estatales (evaluar la presentación de indicaciones al proyecto de nuevo gobierno corporativo de Enami). 

Dudas

Tras escuchar la exposición, la senadora Provoste y el senador Núñez apuntaron al diagnóstico, asegurando que “la producción y la inversión no han bajado, se han disparado los proyectos de exploración y explotación. Hay que revisar bien eso, sino llegaremos a conclusiones distintas de lo que hay que hacer”.

También pidieron claridad a la autoridad sobre el destino de Codelco, consultando si existía algún interés en privatizar la compañía. “Nos preocupan las declaraciones que han dado diciendo que debe haber más privados y menos Estado, y en minería eso sería desmantelar Codelco. También nos preocupa que se piense en vender pertenencias mineras fiscales”, plantearon.

En tanto, el senador Calisto expuso la situación de la Región de Aysén -que representa- mencionando la recaudación e impacto del royalty y el futuro de los yacimientos. “En otro tema quisiéramos saber qué opinan del acuerdo de Codelco y SQM por la explotación del Salar de Atacama. A su vez, nos pudieran adelantar los cambios que quieren hacer a la ley de permisología”, comentó.

El senador Trisotti valoró la información, expresando que “se quiere optimizar la recaudación, por eso es importante hacer a Codelco más eficiente, ¿en qué están pensando exactamente? (…) ¿Hay algún plan de acción para la pequeña minería? (…) También me preocupa Sernageomin, que ha generado incerteza jurídica en varios proyectos”.

Finalmente, la senadora Provoste expuso algunas situaciones a considerar: los plazos para el ingreso de una reforma al sistema de permisos, los efectos de la Declaración Conjunta para el Establecimiento de Consultas sobre Minerales Críticos y Tierras Raras entre Chile y Estados Unidos, el desempleo en regiones mineras y los nuevos lineamientos que se darán a la presidencia de Codelco.

De esta forma, la Comisión acordó preliminarmente realizar una sesión especial para abordar la pequeña minería y el rol de Enami el próximo miércoles 22 de abril, y otra para revisar la situación de Codelco el miércoles 6 de mayo. Sin embargo, el biministro Mas solicitó reevaluar las fechas dada las próximas reuniones de directorio de ambas compañías.

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Cabe recordar que el mensaje, presentado durante la administración anterior, comenzó su votación en sesión anterior y durante esta jornada debía resolver aquellas enmiendas de quorum y solicitudes de votaciones separadas.

Durante la sesión, y en diversas votaciones, intervinieron las y los senadores Yasna Provoste, Claudia Pascual, Alejandra Sepúlveda, Sergio Gahona, Alfonso De Urresti, Esteban Velásquez, Ricardo Celis, Vanessa Kaiser, Arturo Longton, Diego Ibáñez.

Con todo, se relevaron una serie de temas, algunos de ellos no alcanzaron el quorum necesario para avanzar, pero en general se valoró el avance en el fortalecimiento de los instrumentos de gestión ambiental; la ampliación de la participación ciudadana en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA); el aumento de las certezas sobre estándares para una calificación ambiental y la disminución significativa de los plazos en etapas de revisión y modificación de proyectos.

Entre las materias ampliamente debatidas estuvo la importancia de contar con normas en los permisos sectoriales y las respectivas consultas a los gobiernos regionales. 

Al respecto se instó a “avanzar para no debilitar las consultas”, a ser “capaces de actualizar el marco jurídico, reconociendo los territorios”. “La urgencia climática no puede ser invocada selectivamente”, se afirmó. Desde otra vereda se aclaró que la “opinión regional en ningún caso queda fuera” y se consultó “¿por qué se quiere modificar una norma que ha funcionado?”.

Otros temas abordados fueron “los efectos acumulativos” ambientales para “medir los contaminantes de formas sinérgica”; las reducciones de plazos para los permisos; el fortalecimiento de la participación ciudadana; el rol de los consultores del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Esto, sumado a la integración y plazos en los Tribunal Ambientales, así como la conciliación y alegaciones en la audiencia, entre otras materias.

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Cabe recordar que el mensaje tiene entre sus objetivos el fortalecimiento de los instrumentos de gestión ambiental; ampliar la participación ciudadana en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA); y aumentar las certezas sobre estándares para una calificación ambiental y disminuir significativamente los plazos en etapas de revisión y modificación de proyectos.

La iniciativa fue analizada por las Comisiones de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales y la de Hacienda, respectivamente, y durante la sesión de Sala se sancionaron los artículos respaldados por mayoría, dejando pendientes las materias de Ley Orgánica Constitucional y las solicitudes de votaciones separadas.

El senador Sergio Gahona, quien informó sobre el texto legal, recordó que el proyecto recibió 148 indicaciones, «las que fueron estudiadas por la Comisión de Medio Ambiente a lo largo de 21 sesiones».

Precisó que se propuso, entre otros, la incorporación de la Ventanilla Única en el SEIA; una definición de impactos acumulativos y sinérgicos, la figura de la Declaración Jurada; ampliación del procedimiento de urgencia y la participación temprana.

En relación con la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), se incorpora una nueva atribución relacionada con los tiempos de evaluación; sumado a las modificaciones al recurso de reclamación, tanto en lo procedimental como con relación a quién toma la decisión.

Así -añadió- «se propuso la creación de Consejo de Reclamación Ambiental» y, en cuanto a la carga dinámica de la prueba, se propusieron precisiones, en vista de las dudas que generó la figura. Finalmente, se incorporó también la Evaluación Ambiental Estratégica.

Sala

Durante el debate intervinieron las y los senadores Diego Ibáñez, Fidel Espinoza, Vanesa Kaiser, Ricardo Celis, Cristián Vial, Andrés Longton, Sergio Gahona, Esteban Velásquez, Alfonso De Urresti, Sebastián Keitel y Claudia Pascual; además de la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo

Se hizo notar la importancia de «encontrar un equilibrio» entre medio ambiente y desarrollo, de la mano de una legislación «ordenada y más eficiente» que entrega certezas jurídicas. «Este proyecto es relevante para la reacción económica y la generación de empleos», se declaró.

Si bien, en términos generales, el proyecto fue calificado como «un avance», se recomendó «medir todos los efectos sinérgicos y acumulativos de los contaminantes«; e incluir en las causales de rechazo «los casos que atenten contra el ordenamiento territorial o impliquen riesgos de desastre o de cambio climático«.

En la misma línea, se instó a revisar lo relacionado con: terceros absolutos y derechos de reclamar y la eliminación del control administrativo, entre otras materias.

Con todo, también existieron críticas a la gestión medioambiental de la administración anterior y se criticó el «decrecimiento del desarrollo, a través de la permisología» y «la toma de decisiones -en ocasiones- con mirada ideológica», que redundó en «una falsa dicotomía en Chile, entre la protección ambiental y el crecimiento / la sostenibilidad y el desarrollo, cuando no son excluyentes».

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En la instancia, en la cual también participó el subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Karlfranz Koehler, advirtió que Chile enfrenta un escenario de estancamiento económico sostenido durante las últimas décadas, reflejado en una desaceleración progresiva del crecimiento, un mayor endeudamiento del Estado y un deterioro de las finanzas públicas. A partir esto, el secretario de Estado afirmó que este escenario ha tenido efectos directos en el mercado laboral, con altas tasas de desempleo, aumento de la informalidad y una menor capacidad de la economía para generar nuevos puestos de calidad.

Atribuyó este contexto a decisiones y políticas públicas caracterizadas por un aumento sostenido de impuestos, regulaciones y permisos. Agregó que este enfoque ha limitado la inversión, el emprendimiento y la capacidad de crecimiento del país, afectando tanto el desarrollo económico como el progreso social. No obstante, enfatizó que el Gobierno asume este diagnóstico desde una mirada propositiva, convencido de que Chile puede retomar una senda de crecimiento más dinámica.

En ese marco, recordó que el mandato presidencial es abordar de manera decidida las emergencias de seguridad, social y económica, y que desde el ámbito económico el foco estará puesto en impulsar la inversión, la generación de empleo y mejorar las condiciones de vida en todas las regiones del país. Planteó la necesidad de avanzar hacia un cambio claro en la lógica de funcionamiento del Estado, transitando hacia uno que facilite la inversión y la iniciativa privada.

“Vamos a apostar en forma decidida por la simplificación regulatoria para combatir frontalmente la permisología. Chile ha demostrado que, con una institucionalidad fundada en la libertad, reglas claras y políticas públicas bien diseñadas, la iniciativa empresarial es capaz de desplegarse con fuerza y dar muchos frutos que alcanzan a todos los chilenos. Por lo mismo, queremos restaurar el auténtico sentido de la política económica, que es promover y potenciar la creatividad de nuestros emprendedores. Que el Estado apoye y no destruya ese potencial y que ese desarrollo sea la base del progreso social de nuestros compatriotas”, explicó.

En ese contexto, presentó los cuatro ejes estratégicos que orientarán la agenda del Ministerio de Economía. En materia de permisos y regulación, destacó la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que simplifica y ordena los trámites necesarios para desarrollar proyectos de inversión, reduciendo los tiempos de su tramitación. Señaló que la correcta ejecución de esta ley, junto con nuevas medidas para eliminar o acotar permisos excesivos, permitirá acelerar estos procesos e incentivar la inversión en iniciativas de diverso tamaño.

Respecto de la inversión, el biministro sostuvo que recuperar el crecimiento requiere reconstruir la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros, ofreciendo mayor certeza jurídica y condiciones competitivas. Informó que el Ejecutivo estudia modificaciones legales para introducir nuevas garantías en esta materia y evaluar ajustes al marco tributario, con el objetivo de reducir los costos de inversión en el país y reactivar su dinamismo.

En cuanto a las Mipymes, relevó su rol central en la economía nacional. Como prioridades, mencionó el fortalecimiento del pago oportuno a 30 días, incluyendo al Estado, la reducción de costos y formalidades para emprender, y la mejora de la información e institucionalidad asociada al sector.

Finalmente, respecto del turismo, destacó su aporte al empleo, al desarrollo regional y a la participación laboral femenina. En esa línea, mencionó que el Gobierno impulsará la tramitación de la Ley de Reactivación del Turismo, junto con incentivos tributarios y un fondo de promoción internacional, además de medidas orientadas a fortalecer la toma de decisiones del sector mediante inteligencia de mercado, análisis de reputación digital y nuevas métricas de desempeño de largo plazo.

A modo de cierre, el biministro Mas hizo un llamado a los senadores de la Comisión de Economía a trabajar en conjunto para contribuir al crecimiento del país. “Es el principio de una agenda que será muy intensa y que busca reactivar nuestra economía para que los chilenos puedan vivir mucho mejor. El trabajo es fundamental. Es a través de ustedes, los senadores que integran esta Comisión, que podemos conectar con las urgencias ciudadanas. Es a través de ustedes que se pueden canalizar las inquietudes de las regiones”, afirmó.

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De acuerdo al Reglamento del Senado, las Comisiones permanentes y especiales se compondrán de cinco senadores y cada senador o senadora debe integrar a lo menos una comisión.

Así las cosas, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización quedó integrada por la senadora Danisa Astudillo (presidenta) y los senadores Miguel Ángel Becker, Ricardo Celis, Renzo Trisotti y Esteban Velásquez.

En tanto, la Comisión de Relaciones Exteriores está integrada por el senador Manuel José Ossandón (presidente), la senadora Loreto Carvajal y los senadores Rodolfo Carter, Vlado Mirosevic e Iván Moreira.

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento quedó constituida por el senador Pedro Araya (presidente), las senadoras Claudia Pascual y Paulina Vodanovic, además de los senadores Andrés Longton y Arturo Squella.

La Comisión de Economía quedó integrada por los senadores Gastón Saavedra (presidente), Ricardo Celis, Diego Ibáñez, Carlos Kuschel y Matías Walker.

Por su parte, la Comisión de Hacienda está integrada por el senador Javier Macaya (presidente), las senadoras Daniella Cicardini, María José Gatica, Paulina Vodanovic y el senador Rodolfo Carter.

La Comisión de Educación será presidida por el senador Gustavo Sanhueza y estará integrada por la senadora Yasna Provoste y los senadores Rojo Edwards, Vlado Mirosevic y Cristian Vial.

En tanto la Comisión de Defensa estará integrada por el senador Francisco Huenchumilla (presidente), la senadora Camila Flores y los senadores Pedro Araya, Gastón Saavedra y Cristian Vial.

La Comisión de Obras Públicas está constituida por las senadoras María José Gatica (presidenta), Ximena Ordenes y los senadores Rodolfo Carter, Alfonso De Urresti e Ignacio Urrutia.

La Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales será presidida por el senador Sergio Gahona y está integrada por los senadores Miguel Ángel Calisto, Ricardo Celis, Alfonso De Urresti y Andrés Longton.

La Comisión de Salud está presidida por el senador Juan Luis Castro e integrada por las senadoras Karol Cariola y Ximena Ordenes, y los senadores Sergio Gahona y Enrique Lee.

Por su parte, la Comisión de Minería y Energía está presidida por la senadora Yasna Provoste y está integrada por los senadores Miguel Ángel Calisto, Juan Luis Castro, Daniel Núñez y Renzo Trisotti.

La Comisión de Vivienda y Urbanismo está integrada por el senador Fidel Espinoza (presidente) las senadoras Loreto Carvajal y Alejandra Sepúlveda, junto a los senadores Miguel Ángel Becker y Gustavo Sanhueza.

La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones será presidida por la senadora Camila Flores, e integrada por las senadoras Danisa Astudillo, Ximena Ordenes y los senadores Alejandro Kusanovic y Enrique Van Rysselberghe.

En tanto la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura será presidida por el senador Carlos Ignacio Kuschel e integrada por los senadores Miguel Ángel Calisto, Fidel Espinoza, Iván Flores y Alejandro Kusanovic.

La Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación será presidida por el senador Rojo Edwards y estará integrada por la senadora Daniella Cicardini y los senadores Ricardo Celis, Luciano Cruz-Coke y Manuel José Ossandón.

La Comisión de Seguridad Pública está presidida por el senador Karim Bianchi e integrada por los senadores Pedro Araya, Juan Luis Castro, Andrés Longton y Cristian Vial.

La Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía será presidida por la senadora Karol Cariola y está integrada por la senadora Daniella Cicardini y los senadores Ricardo Celis, Carlos Kuschel e Ignacio Urrutia.

Por su parte, la Comisión de la Mujer y Equidad de Género está presidida por la senadora Loreto Carvajal e integrada por las senadoras Daniella Cicardini, Vanessa Kaiser, Paulina Núñez y Beatriz Sánchez.

La Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad será presidida por el senador Sebastián Keitel e integrada por las senadoras Fabiola Campillai, Vanessa Kaiser y los senadores Miguel Ángel Becker y Juan Luis Castro.

La Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deporte y Recreación será presidida por el senador Alfonso De Urresti e integrada por las senadoras Beatriz Sánchez, Alejandra Sepúlveda, Sebastián Keitel y Enrique Lee.

La Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia será presidida por la senadora Vanessa Kaiser e integrada por las senadoras Andrea Balladares, Fabiola Campillai, Loreto Carvajal y el senador Enrique Van Rysselberghe.

La Comisión de Agricultura; la de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y la de Trabajo y Previsión Social no se constituyeron, pero su integración ya estaría definida en el acuerdo, al igual que las presidencias respectivas.

De no mediar cambios, la Comisión de Agricultura estaría presidida por la senadora Alejandra Sepúlveda e integrada por las senadoras Loreto Carvajal, Andrea Balladares y los senadores Alfonso De Urresti e Ignacio Urrutia.

La Comisión de Derechos Humanos estaría presidida por la senadora Fabiola Campillai e integrada por los senadores Fidel Espinoza, Ricardo Celis, Enrique Van Rysselberghe e Ignacio Walker.

La Comisión de Trabajo estaría presidida por el senador Luciano Cruz-Coke e integrada por la senadora Andrea Balladares y senadores Gastón Saavedra, Daniel Núñez y Arturo Squella.

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El proyecto fue valorado por los y las senadoras Camila Flores, Matías Walker, Sergio Gahona, Sebastián Keitel, Renzo Trisotti, Ricardo Celis, Yasna Provoste y Esteban Velásquez.

En la instancia, se relevó que estamos frente a una «compleja realidad» y este avance es «un asunto de seguridad nacional y de justicia territorial», principalmente —se advirtió— para las regiones del norte y centro del país.

«No se limita a habilitar una actividad, sino que es un marco integral, con estrategia nacional y reglas de fiscalización. Un sistema completo, coherente y aplicado», se argumentó.

Asimismo, se dejó planteada la necesidad de asegurar la no ocurrencia de efectos negativos, «por eso es importante considerar que el reglamento que se dicte compatibilice el desalar agua, sin afectar actividades como la pesca artesanal«.

Regulación

La idea matriz del proyecto de ley consiste en establecer una regulación para el desarrollo sostenible de iniciativas y proyectos de desalinización de agua de mar, contribuyendo con ello a una mejora en la seguridad hídrica, a una mejor adaptación al cambio climático y el resguardo de la biodiversidad y el uso sostenible de ecosistemas marinos y costeros.

Del mismo modo, busca regular el desarrollo de una Estrategia Nacional de Desalinización, con la finalidad de establecer las orientaciones y prioridades en el uso del agua de mar y la instalación de plantas desalinizadoras.

Además, se modifica el procedimiento de solicitud y caducidad de las concesiones marítimas y establecer la prevalencia del uso de las aguas para el consumo humano, doméstico, el saneamiento y la mantención de un caudal ecológico en los acuíferos.

Por último, dispone que los proyectos sobre instalación de plantas desalinizadoras deberán someterse siempre al sistema de evaluación ambiental.

En condiciones de ser remitido a su trámite de promulgación quedó el proyecto que promueve el uso de agua de mar para desalinización. Ello, luego que la Sala del Senado despachara el texto legal en tercer trámite.

El objetivo principal es establecer un marco específico para… pic.twitter.com/aOEy8mZ22t

— Senado Chile (@Senado_Chile) March 25, 2026

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