«Más allá de la coyuntura de precios bajos, que responde a ciclos normales de la industria, el elemento más crítico (en Codelco) lo constituye su descapitalización histórica», advierte el grupo conformado por el ex ministro de Economía y de la Segpres Álvaro García; la ex ministra de Defensa Vivianne Blanlot; el ex vicepresidente de HidroAysén y ex country manager de Enersis Daniel Fernández; el ex titular de Economía Jorge Leiva y el ex seremi de Minería Iván Valenzuela, entre otros. Añaden que «bajo el supuesto -asumido por todos los gobiernos- de que las rentas generadas por Codelco eran un bono perpetuo, el país ha puesto en riesgo una fundamental fuente de riqueza».

Sostienen que los altos precios del cobre permitieron extraer grandes recursos de la empresa, ignorando que a fines de los 90 la empresa ya daba señales de agotamiento. Este escenario requería de «la atención del dueño -el Estado- para fijar una estrategia de largo plazo que se hiciera cargo de los nuevos requerimientos y desafíos: ambientales, de gestión, de recursos hídricos y energéticos, y eliminara la obligación de transferir el 10% de las ventas a las FF.AA., elementos que nunca fueron reconocidos con seriedad», dicen.

Los economistas PPD llaman a implementar un «nuevo modelo de gestión y productividad» que permita aprovechar plenamente los recursos mineros, pero indican que esto requiere como requisito «un gobierno corporativo fuerte y que permita sacar de la contingencia política el quehacer empresarial de Codelco. La alta visibilidad política de Codelco constituye una realidad que afecta fuertemente la capacidad ejecutiva de la administración».

Álvaro García indica que «Codelco tiene que operar como una empresa, y no como repartición pública», mientras que Blanlot plantea que es esencial que el directorio y la alta gerencia estén compuestos por personas de alto conocimiento de la industria y de la administración de compañías de alta complejidad, y deben tener la permanencia necesaria para sostener estrategias de largo plazo. Agrega que la minera debería manejar sus finanzas como cualquier empresa, y los aportes al fisco deberían estar supeditados a sostener los requerimientos de inversión para mantener su competitividad, comenta.

No un cheque en blanco

Para la necesidad de caja que se necesita en el corto plazo, el grupo respalda la propuesta de utilizar como crédito parte de los recursos que Codelco les ha transferido a las Fuerzas Armadas.

En el documento también abogan por «profundas mejoras de gestión», puesto que el real compromiso del dueño para generar los recursos financieros y políticos requeridos «no puede ser un cheque en blanco», estiman los economistas. Explican que deben existir acuerdos claros y metas verificables, además de una disciplina que garantice un retorno del capital según los estándares mundiales. Sugieren, además, trabajar en acuerdos conjuntos con los trabajadores y realizar un cambio cultural para adaptarse a los nuevos tiempos, además de una estrategia consistente en el tiempo.

«La receta tradicional de Codelco, en el contexto actual, ya no le sirve para seguir siendo una empresa líder en la minería del cobre», señala el grupo PPD.

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El nuevo departamento estará a cargo de Ignacio Guerrero, quien entre 2010 y 2014 lideró la Unidad de Regiones de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).

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El objetivo de la nueva instancia será ampliar y potenciar la relación con los gremios y empresas regionales a través de un trabajo sistemático que recoja en terreno las necesidades de las diferentes zonas del país.

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La nueva entidad gubernamental se organizaría en dos subsecretarías: Una exclusivamente para la Educación Superior, que saldría del actual Ministerio de Educación, y otra para los temas de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Además, se modifica la estructura de Conicyt, cuya dirección superior corresponderá a su consejo, integrado por el ministro de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, quien lo presidirá; por el vicepresidente de Corfo, quien será su vicepresidente; por dos expertos en ciencias aplicadas y/o tecnológicas, en ciencias exactas o en ciencias naturales, y por dos expertos en historia, ciencias de la educación y/o de humanidades y ciencias sociales. Los consejeros durarían un período de seis años.

Se trata de «devolver» a Conicyt la existencia de un consejo directivo -derogado por decreto supremo en octubre del 73-, que asesore a la figura del Presidente de la República.

«Es un tema del que se ha hablado mucho, pero hasta ahora no se había entregado un proyecto de ley. Es un legado importante que recoge de manera integral las propuestas de la Comisión Philippi y que deja el gobierno actual para que sea discutido por el nuevo Parlamento», explicó el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Hernán Cheyre.

La iniciativa es un trabajo en conjunto de los ministerios de Educación, Economía, Hacienda, Segpres y Corfo.

Entre las principales funciones del nuevo ministerio están la de estudiar, formular y proponer políticas públicas orientadas a velar por el cumplimiento de las normas que regulan la educación superior, así como las orientadas a estimular y desarrollar la innovación, la ciencia y la tecnología.

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