Al mismo tiempo, el vínculo temprano con comunidades locales ha demostrado ser clave en la validación de estas iniciativas.

Bajo este nuevo enfoque, la industria minera da señales de un cambio estructural, impulsando una operación más transparente, innovadora y alineada con estándares internacionales de responsabilidad ambiental.

Al respecto, Iván Honorato, gerente general de Ecos Chile, precisó que “el involucramiento temprano de las comunidades es fundamental, ya que permite generar espacios de diálogo informados, donde las distintas partes involucradas pueden comprender la magnitud del problema y las formas de abordarlo. Este tipo de actividades incluye desde talleres participativos hasta mecanismos de monitoreo ciudadano”.

Asimismo, Honorato afirmó que “incorporar las inquietudes locales no solo mejora la aceptación de los proyectos, sino que también permite diseñar soluciones con mayor pertinencia territorial. Esto genera confianza y legitimidad en los procesos de remediación, lo que a su vez facilita la relación con la autoridad reguladora. Una comunidad informada reduce la posibilidad de denuncias ante los organismos fiscalizadores, permitiendo enfocar los esfuerzos en alcanzar los objetivos del proceso de remediación”.

A su vez, Carla Peña, gerente general de Yastay Consultores, comentó que “cuando la vinculación comunitaria ocurre desde el inicio, desde la etapa conceptual del proyecto, las comunidades se sienten valoradas. Así se construye una relación sólida, que permite crecer en conjunto y mejorar los proyectos de inversión”.

Peña añade que “la mirada local es siempre clave para determinar las mejores alternativas territoriales, considerando la sensibilidad espacial y comunitaria”.

En esa línea, Christian Peralta, gerente Técnico de MyMA, enfatizó que “lo recomendable es que la relación con la comunidad local sea continua y comience desde el inicio de la operación. Así ambas partes pueden construir espacios de confianza y legitimación mutua”.

Peralta agregó que “durante la etapa operativa de la mina se deben abordar las inquietudes de la comunidad y facilitar su participación en el diseño del plan de remediación. De este modo, el plan atiende sus principales preocupaciones. Finalmente, durante la fase de seguimiento del plan, se puede establecer un modelo de monitoreo participativo”.

Normativas para la ejecución de un plan de remediación ambiental

Para Carla Peña, uno de los principales desafíos técnicos radica en la desconexión entre el diseño y la ejecución. “A menudo, las medidas de remediación son formuladas por equipos consultores durante la evaluación ambiental, pero luego son ejecutadas por otros equipos, que no siempre logran ajustarlas adecuadamente al sitio o ecosistema específico. Es común encontrar medidas diseñadas para bosques del sur aplicadas en proyectos situados en ecosistemas desérticos, por ejemplo”, contó.

Luego, en lo referido a la ejecución, Peña añadió que “siempre hay desafíos relacionados con los recursos disponibles: agua, suelo adecuado, personal capacitado, el calendario de ejecución ambiental y los permisos, que deben sincronizarse con los tiempos de construcción y operación del proyecto. Este es uno de los mayores retos tanto para los equipos de medio ambiente como para los de construcción, ya que la remediación de biodiversidad implica el manejo de seres vivos, los cuales no siempre se ajustan al cronograma de las ingenierías del proyecto”.

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Expertos coinciden en que las técnicas y tecnologías de remediación, que apuntan desde la restauración de terrenos degradados hasta la rehabilitación de cuerpos de agua contaminados, están emergiendo constantemente y siendo implementadas para mitigar el impacto negativo de la minería en el medio ambiente.

En ese contexto, Juan Andrés Salamanca, gerente Comercial de Hidronor, comenta que “actualmente nuestro país cuenta con más de 3.363 sitios con suelos contaminados, ubicándose su gran mayoría en Antofagasta, Tarapacá, La Araucanía y Los Ríos, con potencial presencia de contaminantes como hidrocarburos, arsénico, plomo, cadmio y mercurio”.

De acuerdo a lo anterior, Salamanca expresó, a nombre de la compañía, que existe un interés por una gestión segura y sustentable en los planes de saneamiento de terrenos contaminados. “Contamos con una solución tangible para la recuperación de suelos para ser utilizados en forma segura, cumpliendo con la normativa a nivel nacional e internacional exigible”, dijo.

En esa misma línea, el ejecutivo precisó que “nuestra empresa cuenta con gran trayectoria en el tratamiento y disposición de residuos peligrosos, eso implica contar con un laboratorio acreditado a nivel internacional para la caracterización de residuos, con ello, realizamos todas los análisis para un tratamiento adecuado y seguro para los diferentes residuos que se generan en la industria minera”.

Actualmente, en Chile no existe una norma de suelo nacional que indique medidas de control que fijen las acciones a desarrollar para un correcto saneamiento de estos terrenos. En el caso de Grupo Flesan, María Eugenia Ubilla, gerente de Medio Ambiente en la compañía, comenta que “debemos ir primeramente a tratar la metodología de remediación con los distintos organismos con competencia ambiental para fijar estándares, por ejemplo, qué norma internacional, qué uso se le dará al terreno per se, qué medidas ambientales se tomaran, cuáles serán los muestreos de verificación, entre otras acciones que determinen un monitoreo ambiental efectivo y que permita trabajar sobre estos pasivos ambientales y reconvertir sitios para ser recuperados para lo que se estime conveniente”.

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El subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, manifestó que “es gratificante ver cómo, junto al sector privado avanzamos hacia un objetivo común: desarrollar políticas que nos permiten seguir transitando hacia una minería más segura, responsable y sustentable, que, al mismo tiempo, atiende los requerimientos de las comunidades. Invitamos a que más empresas se sumen a este tipo de instancias y así avanzar juntos hacia una minería más sostenible”.

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La resolución ministerial que autoriza dicha transferencia fue publicada en las Normas Legales del diario oficial El Peruano, donde señala que dicho monto proviene de la Fuente de Financiamiento de Recursos Determinados que permitirá a Activos Mineros continuar dicha labor gracias al convenio de gestión suscrito con el MEM en febrero de 2013.

El dispositivo precisa además que queda prohibido, bajo responsabilidad, destinar dichos recursos a fines distintos para los cuales son transferidos.

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El Comité Técnico de Trabajo (CTT) que atiende la situación del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y la unidad minera Cobriza, en su quinta sesión, fue informado de la remediación de suelos en La Oroya que realiza Activos Mineros SAC, que tiene un avance de 80 por ciento en la zona urbana y se espera concluir en 2016.

“Se han concluido 27 obras de remediación de suelos en la zona urbana de La Oroya, con una inversión de 31,8 millones de soles, que representan 80 por ciento del total programado; restan sólo 5 obras, que se ejecutarán hasta 2016 con una inversión de 8.5 millones de soles”, señaló Luis Egocheaga, Gerente General de Activos Mineros SAC, durante su exposición ante el CTT, que preside el Ministerio de Energía y Minas (MEM), según consigna la nota publicada por el Gobierno.

El funcionario indicó que la empresa estatal Activos Mineros ha realizado los programas de remediación en La Oroya de la forma más adecuada, condicionado por el hecho que la empresa Doe Run Perú no realizó su PAMA oportunamente.

Antes de culminar su participación, anunció que las 5 obras que se ejecutarán en los próximos meses mejorarán accesos peatonales, laderas y pavimentos de calles en diferentes puntos de la ciudad de La Oroya. Mientras la remediación de los suelos en la zona rural se ha programado también en 5 proyectos hasta el 2018 y mejorará la capacidad agrícola en Calloc, Chacrapuquio, Chucchis, las zonas altas de Huaynacancha y Marcavalle, así como la margen izquierda del río Mantaro, con una inversión superior a los 37 millones de soles.

Avances para venta de ferritas

La Comisión Técnica de Trabajo también trató sobre los avances de las coordinaciones que viene realizando el MEM con las autoridades competentes a fin que se resuelva el problema para la venta de las ferritas.

En ese contexto, los representantes del MEM expresaron la voluntad de apoyar una pronta solución a la problemática existente. Asimismo, renovaron la voluntad de hacer todos los esfuerzos necesarios para que el CMLO vuelva a operar y se atiendan los problemas laborales de los trabajadores cumpliendo los estándares ambientales y cuidando la salud de la población.

Finalmente, los miembros del CTT acordaron convocar a una próxima reunión el lunes 14 de setiembre a las tres de la tarde, en la sede del MEM.

Participaron en esta reunión; el viceministro de Minas, Guillermo Shinno Huamani, funcionarios del MEM y los ministerio de Trabajo y Ambiente; autoridades de la provincia de Yauli-La Oroya, encabezados por su alcalde Carlos Arredondo;  dirigentes del Complejo Metalúrgico de La Oroya y la mina Cobriza.

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Sin embargo, también comenzó a hacerse evidente una herencia derivada de esta actividad, que sin un manejo adecuado se convierte en una amenaza para el medio ambiente y las comunidades cercanas. Se trata de los pasivos ambientales mineros (PAM), los que han sido abordados desde un enfoque más bien preventivo por la normativa chilena.

De acuerdo con Paulina Riquelme, abogada y socia del estudio jurídico Eelaw, especializado en medio ambiente y energía, la ley chilena no regula específicamente el tema de los pasivos ambientales existentes, incluidos los mineros. Bajo ese contexto, señala que es importante aclarar lo que se entiende por pasivo ambiental: “El término es utilizado en las ciencias ambientales para denominar aquellos sitios contaminados o con presencia de contaminantes (por emisiones o liberaciones de sustancias peligrosas), que no han sido objeto de remediación y que requieren de dicha intervención (previa evaluación de riesgos) para evitar la dispersión de contaminantes”.

Según la profesional, existen pasivos ambientales con un “responsable identificado (el causante de la contaminación o liberación) o pasivos ambientales que son históricos y que no tienen un responsable identificado”. En ese sentido, hace ver que los pasivos ambientales no son solo mineros, sino que abarcan todos los sitios contaminados o con presencia de contaminantes que requieran de remediación, cualquiera sea el origen de tal contaminación, por ejemplo, sitios utilizados para vertederos o rellenos sanitarios o aquellos utilizados para otras actividades.

Si bien Riquelme asegura que la normativa no regula específicamente el tema desde una perspectiva de la remediación particular de los pasivos ambientales sin un responsable identificado, “sí contiene disposiciones orientadas a prevenir situaciones que puedan transformarse en pasivos ambientales. En tal contexto, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y las normas ambientales de calidad y de emisión son instrumentos de gestión ambiental preventivos”, sostiene.

Nueva normativa

En el ámbito minero destaca, además, la existencia de la nueva regulación de cierre de faenas mineras, la Ley Nº 20.551, “que tiene una finalidad orientada a prevenir pasivos mineros futuros mediante la exigencia de garantías financieras destinadas a asegurar la disponibilidad de recursos para financiar el cierre de una faena minera al fin de su vida útil”, explica.

En esta materia, María Luisa Baltra, abogada y académica de la Universidad Gabriela Mistral, puntualiza que “con esta ley se trató de abordar un tema que se mantenía pendiente considerando la nueva institucionalidad ambiental y el desarrollo de una actividad como la minería, la  que no contemplaba en su regulación aspectos que permitieran cubrir el área de los pasivos ambientales, toda vez que ni la Ley Orgánica Constitucional sobre concesiones mineras, ni el Código de Minería y menos aún el Reglamento de Seguridad Minera lo contemplaban dentro de su normativa, quedando por ello entregado de manera general a la legislación medioambiental”.

A juicio de la profesional, “la normativa vigente desde fines de 2012 es un gran avance en materia de pasivos ambientales mineros, pero ello no obsta que se puedan mejorar algunos aspectos, más aun si se observa que la legislación medioambiental no ha detenido su proceso de consolidación”.

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[Pasivos ambientales mineros: La herencia no deseada]

Según detalla la resolución ministerial se asumirá la remediación de los proyectos de “Collaracra, San Pedro Nuevo, Nivel Tres, El Triunfo 1, Quebrada Alcaparrosa», y proyecto «Katanga 1» en Áncash, proyecto «Huámpar» en la región Lima, proyecto «Cecilia» en la región Puno y proyecto «Paredones» en Cajamarca, calificados de muy alto riesgo y de alto riesgo.

Además se indica que en caso se lograra identificar al responsable de los pasivos ambientales mineros, materia de la remediación asumida por el Estado, éste podrá iniciar las acciones legales correspondientes.

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Este estudio -que recibió aproximadamente $385 millones para su ejecución- será base para la posterior selección y creación de un plan adecuado de remediación ambiental. Taltal será la comuna que se vería beneficiada con la aplicación futura de esta iniciativa científica.

“Desde hace dos años investigamos, junto a la doctora Bárbara Fuentes de la UCN, la aplicación  de diversas tecnologías para la remediación de sitios contaminados. Este estudio considera la realización de tesis de pre y post grado e implica el trabajo colaborativo entre Cicitem, el Instituto Antofagasta de la UA, Universidad Católica del Norte, Pontificia Universidad Católica y el GTK de Finlandia”, explicó, Arturo Reyes, investigador del Área de Bioenergía y Sustentabilidad de Cicitem.

El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente y considera además la visita de expertos internacionales, talleres y seminarios de capacitación, así como giras tecnológicas.

Reyes destaca que “este proyecto se enfoca en los sitios abandonados con potencial presencia de contaminantes que existen en la comuna de Taltal, los cuales han sido priorizados por el Ministerio del Medio Ambiente. Además permitirá establecer las tecnologías de remediación adecuadas que deben implementarse”.

Cabe indicar que en estos proyectos se trabajará con agrupaciones mineras de Taltal y Antofagasta, pymes mineras como Mina Constanza, las seremi de Minería y Medio Ambiente, liceos técnicos y Sonami, entre otros actores regionales.

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