Para Cristóbal Correa, abogado experto en minería, energía y permisos ambientales, la discusión sobre la “permisología” está entrando así en una segunda etapa, una vez obtenida su RCA (resolución de calificación ambiental).

“Dentro de la planificación de un proyecto ya se está considerando entre 1, 5 y 2 años posteriores a la obtención de la RCA antes de tomar definitivamente la decisión de invertir”, advirtió.

¿Estamos frente a una nueva etapa del problema de los permisos en Chile?

Sí. Hemos avanzado bastante en identificar los problemas que existen durante la tramitación administrativa, pero hoy aparece con fuerza una segunda discusión que releva el nivel de certeza que se tiene después de obtener la aprobación ambiental.

No preocupa únicamente la cantidad de causas, sino también los tiempos de resolución y un sistema de recursos que puede extender las controversias por largos periodos. Para quienes desarrollan un proyecto, la pregunta ya no es solo cuánto demorará en obtener la RCA, sino cuánto tiempo adicional deberá considerar hasta contar con una decisión suficientemente estable para invertir.

¿Cómo impacta esa incertidumbre en las decisiones de inversión?

Mucho, porque afecta directamente en las condiciones de financiamiento y el nivel de riesgo de un proyecto.

En minería, esto es particularmente importante. Chile no compite por el precio del cobre, porque somos una industria tomadora de precios. La competencia es por el capital y por ofrecer condiciones que permitan desarrollar proyectos con niveles razonables de riesgo y predictibilidad.

Chile sigue teniendo recursos minerales, infraestructura, experiencia, capital humano y una institucionalidad ambiental robusta. Pero esas fortalezas deben complementarse con certeza respecto de cuánto tiempo y cuántas instancias deberá enfrentar un proyecto antes de poder materializarse.

Disminuir la incertidumbre

¿Es posible entregar mayor certeza sin debilitar la protección ambiental ni el acceso a la justicia?

Absolutamente. No existe una contradicción entre tener altos estándares ambientales y contar con procesos más predecibles.

Si un proyecto logra su aprobación ambiental después de varios años de evolución por profesionales especializados, la revisión judicial debe verificar que se hayan cumplido las exigencias legales, que el procedimiento se haya desarrollado correctamente y que la decisión esté debidamente fundada.

Pretender que el poder judicial se convierta en una nueva evaluación ambiental es desconocer el valor del trabajo técnico realizado durante todo el proceso previo, tanto en el mundo privado como en el público.

Esto no significa limitar el control judicial. Al contrario, lo que se requiere es una revisión rigurosa de la legalidad, pero respetando también el ámbito técnico de las instituciones especializadas.

¿Qué aspectos del sistema deberían perfeccionarse para reducir estos periodos de incertidumbre?

Hay espacios para avanzar en distintas áreas. Una es fortalecer la capacidad y los recursos de los Tribunales Ambientales para resolver oportunamente. Otra es revisar la estructura de recursos para evitar que una misma controversia pueda extenderse innecesariamente a través de sucesivas instancias.

La especialización de abogados y organizaciones en litigación ambiental es natural y puede contribuir a elevar la calidad de la discusión. Pero también es razonable avanzar en mayores estándares profesionales, de transparencia y trazabilidad para todos los actores que participan activamente de estos procesos, incluyendo las fuentes de financiamiento de las organizaciones.

Esto no significa desconocer el rol fundamental de la sociedad civil. Las organizaciones ambientales y comunitarias constituyen una contraparte legítima y muchas veces contribuyen a mejorar los proyectos y a incorporar preocupaciones que deben ser atendidas. Precisamente por la relevancia que tienen en el sistema, creo que mayores estándares de transparencia y trazabilidad fortalecen su legitimidad y, en general, la confianza de todos los actores involucrados.

El objetivo no debería ser restringir el acceso a la justicia, sino asegurar que ese derecho opere de manera responsable, transparente y dentro de plazos razonables. Chile necesita proteger el medio ambiente y, al mismo tiempo, recuperar la certeza de que una RCA obtenida después de un proceso exigente constituye efectivamente un hito que permite avanzar.

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La instancia, liderada por el ministro del Medio Ambiente (s), José Ignacio Vial Barros, confirmó las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) favorables de la iniciativa minera Ciclón Exploradora; de la Planta de Hidrógeno y Amoníaco Volta, y del desarrollo inmobiliario Urbanya Etapa 1.

Con esto, en menos de 2 meses y medio de gestión, el órgano ya ha destrabado 12 proyectos que tenían recursos de reclamación pendientes para ser revisados por la instancia y que cuentan con un monto de inversión de más de US$6.200 millones. Entre ellas se cuenta una línea de transmisión eléctrica, proyectos mineros, de energía renovable, de hidrógeno verde, de transporte público, de control aluvional e inmobiliarios.

El ministro (s) Vial resaltó que “tenemos el compromiso de agilizar los procesos de evaluación ambiental, entregando certezas a todos los actores, con el foco en proceder siempre con los más altos estándares técnicos”.

Proyectos

En primer término, los secretarios de Estado revisaron una reclamación presentada sobre el proyecto Minero Ciclón Exploradora, ubicado en las regiones de Antofagasta y Atacama. El objetivo de esta iniciativa, que tiene una inversión estimada de US$125 millones, es la explotación de dos minas subterráneas con el fin de obtener el beneficio de minerales polimetálicos presentes en ambas vetas, principalmente cobre, zinc, plata, plomo y oro, estimando una vida útil de 16 años de operación. 

En segundo lugar, fue el turno de la Planta de Hidrógeno y Amoníaco Verde Volta por un monto de US$2.500 millones. Este complejo, ubicado en la Región de Antofagasta, contará con una capacidad de producción nominal de 620.000 toneladas al año de amoníaco, el que será transportado a través de un ducto hacia uno de los terminales del sector portuario de Mejillones, desde donde será distribuido. En relación con la producción de hidrógeno, contempla una producción máxima total de 110.000 toneladas anuales de hidrógeno. Para el abastecimiento de energía renovable, en tanto, considera la habilitación de una planta solar fotovoltaica de 600 MW de capacidad nominal en un área de aproximadamente 900 hectáreas.

Al respecto, la ministra de Energía, Ximena Rincón, destacó que “el Hidrógeno y el Amoníaco verde son una increíble posibilidad para Chile. Como hemos dicho en otros momentos, hoy por hoy representan aún una tecnología cara, por lo que pierde competitividad en el mercado, pero eso no significa que no debemos avanzar en proyectos como estos que además significan empleo para los chilenos y chilenas. Desde el Ministerio hemos dejado claro que nuestra visión es tener toda la legislación y la normativa al día para, cuando sean elementos competitivos, no comencemos de cero”.

Finalmente, se revisó una reclamación para el desarrollo inmobiliario Urbanya Etapa 1 en la Región Metropolitana. Este contempla una urbanización de 224,26 hectáreas de superficie, para 1.183 viviendas y equipamientos al oriente del estero Lampa en la comuna de Pudahuel, a lo que se sumarán obras de acceso y la puesta en valor de la Laguna Las Lilas. El monto de inversión involucrado es de US$203 millones.

En la reunión en la que participaron los ministros de las carteras de Salud, May Chomalí; de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas; de Agricultura, Jaime Campos y de Energía, Ximena Rincón, fueron rechazadas las reclamaciones revisadas en los 3 proyectos.

El director ejecutivo del SEA, Arturo Farías, destacó que “como Secretaría Técnica del Comité de Ministros, hemos agilizado procesos para resolver de forma más eficiente los recursos de reclamación. Para ello, el comité ha sesionado 5 veces en menos de 50 días, revisando 12 proyectos con una inversión de más de 6 mil millones de dólares. También estamos cumpliendo, en paralelo, las reclamaciones que resuelve el propio SEA, por lo que estamos avanzando en el cumplimiento del mandato del Presidente en destrabar iniciativas de inversión que se encontraban con recursos administrativos pendientes».

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Cabe mencionar que, desde que fue notificada la sentencia, la construcción y pruebas de la planta desaladora se encuentran detenidas. Actualmente, sólo se realizan acciones mínimas de mantención y seguridad.

Tras la aclaración del Tribunal, la compañía manifestó su completa disposición al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para avanzar con la mayor celeridad posible en el cumplimiento de lo resuelto, con el objetivo de obtener nuevamente la autorización íntegra del proyecto y avanzar definitivamente hacia una operación abastecida con agua desalada.

Collahuasi reafirmó que la evaluación ambiental del proyecto C20+ se ajustó a la normativa vigente y a la institucionalidad ambiental. La iniciativa busca extender la vida útil de la compañía por 20 años, ha considerado una inversión cercana a los US$3.200 millones y su planta desaladora se encuentra en fase final de construcción y pruebas. Asimismo, la compañía mantiene un vínculo activo y permanente con agrupaciones costeras del sur de Iquique, en línea con su compromiso con el desarrollo de la Región de Tarapacá.

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“Además de inoportuna, la sentencia afecta seriamente el marco de certeza jurídica para ésta y futuras inversiones, desconociendo lo aprobado y ratificado por la institucionalidad ambiental, habiéndose cumplido los plazos que establece la ley”, manifestó la gremial.

Cabe recordar que el proyecto había obtenido su RCA en 2021 y fue ratificado por el Comité de Ministros en 2024, lo que le había permitido a la compañía iniciar las inversiones comprometidas a la fecha, con un 80% de avance en la construcción del proyecto.

“Estos antecedentes nos obligan a poner una voz de alerta ante el inminente riesgo que este fallo significa para la inversión y el crecimiento económico, afectando la generación de empleo y riqueza para nuestro país”, recalcaron desde la gremial.

En esa línea, aseguraron que “no se trata de desconocer los derechos que ley le otorga a quienes eventualmente se vean perjudicados por un proyecto, siempre que estas reclamaciones se hagan en tiempo y forma”.

“Como Voces Mineras apelamos a un actuar razonable de nuestras autoridades e instituciones, pues de lo contrario estaremos contribuyendo a profundizar la incertidumbre jurídica, en circunstancias que lo que nuestro país necesita es certeza para destrabar las inversiones y volver a crecer”, concluyó la organización.

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Esta iniciativa, estimada en más de US$3.200 millones en la Región de Tarapacá, representa uno de los proyectos mineros más relevantes del país y obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en diciembre de 2021.

La decisión judicial ordena retrotraer parcialmente el proceso de evaluación ambiental, paralizando un proceso técnico que ya había sido ratificado por el Comité de Ministros en agosto de 2023, lo cual introduce un complejo factor de incertidumbre para el desarrollo productivo nacional.

Jorge Riesco, presidente de Sonami, advirtió que este tipo de resoluciones “envían una señal preocupante para el clima de inversión en Chile, especialmente cuando se trata de proyectos de gran escala y largo plazo. Hoy vemos cómo una iniciativa que fue aprobada por las instancias técnicas hace cinco años, que ya suma inversiones por sobre los US$3.200 millones y que está prácticamente terminada, vuelve a quedar expuesta a incertidumbres regulatorias”.

El timonel agregó que el fallo del Segundo Tribunal Ambiental “reabre una discusión que el país aún no logra resolver: las dificultades para avanzar con proyectos estratégicos debido a la excesiva permisología y a la falta de estabilidad en los procesos de autorización. Resulta difícil compatibilizar el llamado transversal a impulsar el crecimiento económico y destrabar inversiones con decisiones que vuelven a poner en duda permisos ya otorgados por el propio Estado. Nuestro llamado es a promover la confianza y certeza para incentivar de manera responsable la inversión en Chile”.

Cabe destacar que Collahuasi constituye un actor económico crítico para la Región de Tarapacá, generando más de 7.000 empleos directos e indirectos. Asimismo, su contribución económica total estimada alcanza aproximadamente US$4.731 millones, lo que equivale al 1,32% del PIB nacional y al 46,8% del PIB de la región.

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La acción de la comunidad indígena se funda en que la resolución de la Dirección Ejecutiva del SEA no consideró adecuadamente las observaciones ciudadanas vinculadas con los posibles impactos del proyecto en el sistema hídrico del Salar de Tara, área que se encuentra protegida como Reserva Nacional y Sitio Ramsar.  

El cuestionamiento de la comunidad tiene su fundamento en supuestas deficiencias de la caracterización hidrogeológica presentada durante el proceso de evaluación, debido a la falta de información y errores metodológicos en el modelo que fue utilizado por la empresa para realizar el descarte de los impactos sobre las vegas, bofedales y acuíferos protegidos.  

Además, expone en su reclamación, que tampoco se habría considerado correctamente los impactos sobre su sistemas de vida y costumbres, omitiendo aspectos relacionados al uso cultural y espiritual del territorio y la correcta caracterización del componente medio humano.  

La comunidad solicita dejar sin efecto la decisión del director ejecutivo del SEA, dejando a firme la calificación desfavorable de la Declaración de Impacto Ambiental de la iniciativa, certificando que el proyecto no cumple con la normativa ambiental aplicable y que no se descartan los efectos y características que hacen necesaria la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

En la reclamación, la comunidad solicitó también la suspensión de los efectos de la RCA y la paralización de las obras del proyecto para prevenir los supuestos efectos negativos que se derivarían de las deficiencias que acusan en su acción. Dicha petición se encuentra en evaluación por parte del tribunal y será resuelta en los próximos días.  

Detalles del proyecto  

Su objetivo central es la exploración minera, que contempla la perforación de ocho sondajes utilizando el método de diamantina. A través de estas intervenciones se pretender confirmar o descartar, según sea el caso, la presencia de un cuerpos mineralizados, además de caracterizar, delimitar y estimar las concentraciones de minerales en profundidad.  

La iniciativa contempla una inversión aproximada de un millón de dólares y su ejecución implicará la realización de trabajos durante tres meses. Se emplazará en un sector ubicado a 120 kilómetros al este desde San Pedro de Atacama.  

Revise la Causa Rol R- 159-2026. 

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La instancia, liderada por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo Echegaray, confirmó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para un proyecto de control aluvional del Ministerio de Obras Públicas y, además, otorgó la RCA favorable para un proyecto de sales de potasio. 

En primer término, los secretarios de Estado revisaron y acogieron con condiciones la reclamación del titular del proyecto Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine en la Región de Antofagasta, otorgándole la RCA favorable.

La iniciativa, que contempla una inversión de US$43,2 millones, tiene como objetivo la recuperación de sales de potasio de las prospecciones en el Oeste del Salar de Atacama, con el fin de alcanzar una producción de 200.000 ton/año de cloruro de potasio. 

En segundo lugar, se revisó una reclamación para las obras de control aluvional y de crecidas líquidas, Quebrada de Ramón en la Región Metropolitana. La iniciativa contempla siete retenedores (860.650 m³) y seis mallas dinámicas en la Quebrada de Ramón para atenuar caudales peak, esto con una inversión de US$76,5 millones.

En la reunión participaron los ministros de las carteras de Salud, May Chomalí; de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas, y de Agricultura, Jaime Campos.

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La sentencia acogió la reclamación ordenando que el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto minero San Cayetano, perteneciente a la sociedad Comercial Importadora y Exportadora Dicave Limitada, se retrotraiga hasta la etapa anterior a la dictación del informe de consolidación de evaluación ambiental. Con esto, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) deberá dictar un nuevo Informe Consolidado de Solicitudes de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones (ICSARA) que comprenda las diversas observaciones planteadas por la autoridad.

Del análisis de los antecedentes presentados, la sentencia determinó que durante el procedimiento de evaluación ambiental se infringió el principio de contradictoriedad respecto del titular. En lo puntal, se constató que el SEA no implementó medidas suficientes que permitieran al titular conocer de forma oportuna los cuestionamientos técnicos derivados de las observaciones ciudadanas, de manera que la empresa no tuvo una instancia para resolverlas antes de la dictación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desfavorable.

Luego, la sentencia reprochó al SEA que, una vez que la Excma. Corte Suprema ordenó retrotraer el proceso para abrir una nueva etapa de participación ciudadana, en el cual se formularon nuevas observaciones relativas a emisiones de polvo, ruido y vibraciones, la autoridad, en vez de otorgar una instancia para que el titular se hiciera cargo de tales aprehensiones, las utilizara como fundamento para rechazar el proyecto.

“[…] este Tribunal advierte que la autoridad ambiental fundó el rechazo del proyecto en una insuficiencia de antecedentes que, en lo sustancial, fue construida sobre la base de observaciones ciudadanas y de una reevaluación técnica […] sin conferir al titular una oportunidad procedimental equivalente a aquellas que el propio SEIA contempla para aclarar, rectificar o ampliar la información del expediente”, dice la sentencia.

Finalmente, la sentencia recordó que el proyecto minero contaba inicialmente con una RCA favorable, por lo que enfatizó que, dado este escenario excepcional, era “[…] especialmente exigible que la autoridad, al advertir que de las observaciones ciudadanas surgían cuestionamientos de fondo capaces de alterar el juicio previamente favorable sobre el proyecto, explicitara tales reproches en términos inequívocos y otorgara al titular una oportunidad procedimental efectiva para abordarlos”.

El proyecto minero San Cayetano

Se trata de un proyecto minero de cobre emplazado en el sector El Reloj, fuera del límite urbano de la comuna de Ovalle, provincia del Limarí. Su objetivo es ampliar la producción de las faenas existentes desde las actuales 5.000 toneladas mensuales hasta una tasa de 60.000 t/mes.

Para materializar esta ampliación, el proyecto contempla, entre otras obras, la ampliación de tres botaderos de estériles existentes, la construcción de un nuevo botadero, la construcción y operación de una Planta de Procesamiento de Minerales, un Depósito de Relaves Filtrados y diversas instalaciones de apoyo. La planta fue diseñada con anterioridad a la DIA y consideró desde un inicio una capacidad máxima de 4.900 t/mes, por lo que no se proyecta aumentar dicha capacidad. Cabe mencionar que ni la Planta San Cayetano ni el Depósito de Relaves Filtrados se encuentran actualmente construidos.

El proyecto abarca una superficie cercana a 320 hectáreas y considera una inversión de más de veinte millones de dólares.

Revise la Causa Rol R-88-2023.

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La generación de estos documentos tiene como propósito acreditar, de manera estandarizada y expedita, que los requisitos ambientales han sido cabalmente evaluados y cumplidos dentro del proceso del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

La nueva modalidad, que se enmarca en el Plan de Modernización Tecnológica del SEA y en la nueva Ley Marco de Permisos Sectoriales, comenzó a operar con las RCA de tres proyectos relevantes a lo largo del país: la modernización de la Fundición Hernán Videla Lira, en la Región de Atacama (US$2.000); la planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro en Magallanes (US$800 millones); y la línea de transmisión eléctrica Kimal – Lo Aguirre, que unirá cinco regiones (US$1.480 millones).

«Hemos trabajado arduamente en implementar este proceso tecnológico que va en la línea de la labor que ha realizado el gobierno para reducir la tramitación de proyectos de inversión, unificando criterios, eliminando duplicidades en solicitudes o en organizar de forma más sistémica ciertas dinámicas con la finalidad de reducir procesos que ya han logrado la calificación ambiental«, sostuvo la directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán.

Asimismo, la medida busca facilitar la coordinación con los Organismos de Administración del Estado con Competencias Ambientales (OAECA), optimizando los tiempos de evaluación y contribuyendo a la transparencia y certeza jurídica del proceso.

¿Cómo operan?

Los certificados, que ya fueron informados vía oficio a todos los OAECA, serán otorgados para dar cuenta de que todos sus requisitos han sido evaluados y acreditados, en el contexto del proceso de evaluación ambiental. Cabe mencionar que el Certificado PAS anexo tendrá la misma vigencia y validez que la Resolución de Calificación Ambiental.

La implementación se fundamenta en la Ley 19.300, que establece que corresponderá al SEA «uniformar los criterios, requisitos, condiciones, antecedentes, certificados, trámites, exigencias técnicas y procedimientos de carácter ambiental que establezcan los ministerios y demás organismos del Estado competentes, mediante el establecimiento, entre otros, de guías trámite» (Art. 81 letra d).

Los certificados distinguirán dos categorías: la primera correspondiente a PAS únicamente ambientales, que indican que la totalidad de las condiciones y exigencias para su otorgamiento fueron acreditadas y cumplidas en el marco del SEIA. Ante esto, los OAECA deberán otorgar de manera obligatoria el permiso sin mayor trámite, bajo las condiciones establecidas en la RCA citada.

La segunda categoría, corresponderán a los PAS Mixtos, en cuyo caso acreditará que el permiso fue tramitado y que cumple con los contenidos ambientales evaluados dentro de las exigencias del SEA. Con este certificado, los OAECA no podrán denegar el permiso ni imponer nuevas exigencias de carácter ambiental.

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Es así como la jornada contó con la presentación de Christian Peralta, gerente técnico de MyMA, quien entregó sus reflexiones respecto a los desafíos que conlleva el proceso de obtención de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable en el desarrollo de un proyecto minero.

El especialista destacó que la RCA es un permiso clave, que habilita la obtención de otros, y que, según datos históricos del SEIA, la tasa de rechazo de una iniciativa es de alrededor del 6%; que disminuye al 3% en el caso de los proyectos mineros.

Mencionó que una de las causales de rechazo de los proyectos mineros tiene relación con que la Información presentada no es adecuada o suficiente, ante lo cual es muy relevante la calidad y la cantidad de los datos que se entregan.

También explicó que el tiempo es la clave para desarrollar la información necesaria, recalcando que es valiosa la forma en que se desarrolla el diálogo con las comunidades, con miras a contar con un proyecto que posea un enfoque estratégico amplio, considerando que el desempeño incide en el próximo ingreso al SEIA.

En otro punto de su presentación, Peralta se refirió a los plazos que puede tomar la obtención de un RCA. Al respecto, comentó que ese tiempo considera los días legales de evaluación, los días de suspensión solicitados por el titular y los días inhábiles. Debido hay que tiempos fijos y variables, se debe trabajar en los segundos.

Es así como relevó factores como:

• El mayor desarrollo de ingeniería
• Mayor tiempo disponible para el consultor
• Herramientas adecuadas para el levantamiento y análisis
• Dialogar
• Suplir la experiencia con trabajo en equipo
• Generar aprendizajes, de los casos no exitosos.

De igual forma, expresó que una tarea por ver tiene relación con qué hacer con los proyectos desistidos, las razones tras ello y cuáles serían los aprendizajes de ese tipo de casos. 

Definir un plan maestro

La jornada contó además con la presencia de Paula Reyes, gerente de permisos de MyMA, quien proporcionó una mirada sobre el proceso de elaboración y tramitación de permisos mineros estratégicos.

En ese contexto, comentó que, en el caso de un proyecto minero, se puede llegar a requerir más de 300 permisos.

Ante ello, relevó que es preciso el diseño de un plan maestro de permisos, que contemple: diseño de la iniciativa, la identificación de los permisos y su priorización, con miras a agrupar y optimizar el proceso.

Vinculado a dicho aspecto, afirmó al momento de evaluar lo referido a la elaboración de un permiso sectorial, se debe tomar en cuenta el para qué, a quién, cómo presentar y la información de soporte.

En tanto, relacionado con el proceso mismo de tramitación de los permisos sectoriales, destacó que se debe definir el contacto o representante de la empresa, y dar seguimiento acorde a los plazos; para luego dar pie a ámbitos como la entrega de respuestas a las observaciones de fondo, junto con el relacionamiento con la autoridad.

Junto con ello, Paula Reyes se refirió a las implicancias de la Ley Marco de Permisos Sectoriales, pendiente de promulgación y publicación, a lo que se suma la definición de su reglamento y posterior implementación. Comentó que pese a los cambios normativos que pudieran producirse, seguirá siendo relevante la forma en que el titular del proyecto ejecute sus procesos.

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