Desde la compañía explicaron que la creación de esta planta de tratamiento representa el resultado de un proceso de trabajo continuo y colaborativo entre la comunidad de Camar y SQM Litio. Desde sus inicios, los residentes de Camar han expresado su compromiso con el bienestar de su poblado, identificando necesidades y trabajando en conjunto con la empresa para encontrar soluciones efectivas.

El presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, Alexis Romero, elogió el esfuerzo y dedicación tanto del directorio como de la comunidad de Camar, destacando este logro como un ejemplo para otras comunidades de la región. La presencia de Juana Tinte, presidenta de la comunidad de Machuca, resalta la importancia de este hito no sólo para Camar, sino como inspiración para otras localidades que buscan mejorar sus condiciones de vida a través de proyectos similares.

Impacto positivo en la calidad de vida

Desde la minera resaltaron que la puesta en funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas representa un avance significativo en la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de Camar.

Además de contribuir a la preservación del medio ambiente mediante la reducción de emisiones de olores, esta instalación permitirá la reutilización de agua para diversos fines, promoviendo un entorno más limpio y sostenible para las generaciones futuras.

La presencia de Javier Silva, gerente de sostenibilidad y relacionamiento comunitario de SQM Litio, subrayó el compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible de la región.

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De acuerdo a información entregada, el equipo del tribunal recorrió ampliamente la Quebrada de Camar y la localidad de Peine para conocer el estado de especies de algarrobos y el sistema de riego que SQM implementó como una de las medidas incluidas en el Programa de Cumplimiento Refundido (PdCR).

Lo anterior en razón que uno de los cargos levantados por la SMA fue debido a la afectación progresiva del estado de vitalidad de algarrobos en el área de Pozo Camar 2.

La inspección estuvo encabezada por la ministra presidenta Sandra Álvarez y también contó con la participación del ministro titular abogado Mauricio Oviedo y el ministro (S) en Ciencias, Cristián López. Además, participaron representantes de las partes y profesionales del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y de la Corporación Nacional Forestal (Conaf). Estos últimos con el objeto de prestar colaboración técnica dentro de sus competencias.

Reclamación

Según dieron a conocer, la reclamación (R-82-2022) presentada por el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) tiene como fundamento que la empresa – SQM- no abordó todas sus infracciones ambientales, por lo que no están de acuerdo con la decisión del organismo fiscalizador de aprobar el programa.

Este nuevo PdCR es un proyecto refundido debido a que anteriormente la empresa ya había presentado un Programa de Cumplimiento, sin embargo, el 2019 el Primer Tribunal Ambiental  revirtió su aprobación y solicitó la incorporación de nuevas medidas.

En esta oportunidad nuevamente las comunidades solicitan al Órgano Colegiado que se revierta la aprobación del programa y que se mantengan las sanciones a la empresa SQM.

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“Valoramos y agradecemos el esfuerzo realizado por todas las partes para llegar a este acuerdo. Este es el fruto de un trabajo conjunto en el que primó la voluntad de diálogo y un marcado compromiso por la sustentabilidad del Salar de Punta Negra”, comentó Cristóbal Marshall, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Escondida – BHP.

El ejecutivo agregó que “esta es una gran noticia para todos, pero la tarea continua. Ahora viene la implementación de un plan medioambiental para apoyar la sustentabilidad del Salar de Punta Negra en el que trabajaremos de manera conjunta y coordinada con la comunidad de Peine, el Consejo de Pueblos Atacameños y las autoridades medioambientales”.

Alcance del acuerdo

Las medidas que formarán parte del plan se definieron a partir de las bases de conciliación que presentó el Primer Tribunal Ambiental, las que fueron complementadas con acciones adicionales, para posteriormente ser acordadas por todas las partes involucradas.

El acuerdo contempla la realización de una serie de diagnósticos territoriales y estudios técnicos que contribuirán a generar un Plan de Manejo Ambiental el cual guiará la implementación de diversas acciones de compensación y reparación con una mirada de largo plazo.

Un elemento clave del acuerdo es que la toma de decisiones y la ejecución del plan estará dirigida por una gobernanza socio-ambiental conformada por representantes del Estado, la Comunidad Atacameña de Peine, al Consejo de Pueblos Atacameños y Escondida – BHP. Además, se establecieron mecanismos participativos de decisión e instancias de difusión, educación ambiental y transparencia.

Cristóbal Marshall destacó que “el acuerdo incorporó las medidas medioambientales que Escondida – BHP ha implementado en Salar de Punta Negra desde el año 1996, para permitir la recuperación y conservación de la flora y fauna del sector”.

Asimismo, agregó que “Escondida asumió un compromiso con la sustentabilidad de largo plazo, dejando de utilizar aguas altoandinas, y reemplazándolas por agua desalada de manera definitiva el año 2019. Este acuerdo es otro hito en el avance de ese compromiso con la sustentabilidad, donde al cese del bombeo, le sigue ahora una nueva etapa plena y participativa de gestión ambiental”.

Actualmente, Escondida se abastece 100% de agua desalada para fines operacionales.

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La decisión se fundamenta en la importancia de revisar cada una de las 19 medidas presentadas en el acuerdo con el fin de velar por la indemnidad del daño causado, establecido en el artículo 44 de la Ley 20.600 y que obliga al tribunal velar para que las medidas propuestas se hagan cargo de manera efectiva del daño causado.

Acuerdo

El acuerdo fue elaborado sobre las bases de conciliación que presentó el Primer Tribunal Ambiental a las partes, esto es, Consejo de Defensa del Estado como demandante; Minera Escondida como demandada; y la comunidad indígena de Peine junto al Consejo de Pueblos Atacameños, quienes se hicieron parte en la causa para apoyar la demanda.

En el documento se contemplan medidas que tienen que ver con una mesa de diálogo, la coordinación público-atacameña-privada; además, de las medidas de gobernanza del Salar de Punta Negra; gestión socioambiental; la ejecución de un plan de manejo de reparación y compensación, entre otras.

Demanda

La demanda contra la minera fue interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, debido a los efectos asociados al descenso del acuífero del Salar de Punta Negra, resultado de la extracción de agua que efectuó la minera para sus procesos productivos desde 1990 hasta 2017.

En la demanda, que fue acogida a trámite en abril del año pasado, el Consejo de Defensa del Estado estableció que el daño ambiental causado por la minera se funda en siete aspectos: disminución severa de los niveles del acuífero del salar, lo que compromete su regeneración; el deterioro o menoscabo de sustrato salino; la pérdida total o parcial de los bofedales y su vegetación; la pérdida del ecosistema particular del salar; la modificación o pérdida del hábitat lo que afecta la fauna; la pérdida de servicios ecosistémicos y la pérdida de biodiversidad.

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La instancia de diálogo fue convocada por el Consejo de Defensa del Estado como ente demandante; la empresa privada como demandados; la Comunidad Indígena de Peine y el Consejo de Pueblos Atacameños -que se hicieron parte en el proceso-con el fin de poder acercar las miradas respecto a las 19 medidas planteadas por el tribunal en las bases de conciliación propuestas.

Durante la jornada final, los distintos actores relevaron el proceso, en especial por la posibilidad de intercambiar visiones desde la mirada de la comunidad indígena y de la compañía minera con el fin de llegar a un consenso sobre la propuesta del tribunal.

“Ha sido un proceso muy participativo, de buen diálogo, con mucha colaboración de las partes con un espíritu de entendimiento y buena fe”, aseguró el ministro en ciencias Marcelo Hernández.

También, el magistrado explicó el rol del tribunal y dijo que ha sido de facilitador, con el fin de conducir los procesos para que los involucrados puedan avanzar en la conciliación. “En estos tres días hemos revisado las medidas asociadas a la gobernanza socioambiental, a la compensación y a la restauración del medioambiente dañado”, dijo.

La visión de los participantes

Al término de la jornada los abogados del Consejo de Defensa del Estado, de la empresa minera y de las comunidades indígenas coincidieron en que ha habido voluntad de avanzar y enfatizaron en la relevancia que tiene para todos los involucrados la recuperación y resguardo del Salar de Punta Negra.

 “Nos parece que esto fortalece la institucionalidad ambiental, nos hace pensar que contamos con instituciones serias y robustas para garantizar la justicia ambiental que es algo a lo que todos aspiramos porque de lo contrario va a ser muy difícil construir país”, afirmó la abogada de la Comunidad Indígena de Peine, Nancy Yáñez.

En tanto el abogado del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), Sergio Chamorro, manifestó que han concurrido con el mandato construido por las comunidades que integran el consejo para que la reparación del daño ambiental sea eficiente en la gestión y recuperación del Salar de Punta Negra.

Finalmente, el ministro Hernández explicó que luego de cerrado el proceso, las partes van a quedar con la tarea de redactar un documento final que debe ser presentado al tribunal en la audiencia del próximo martes 27 de abril. Ese día el órgano colegiado puede acoger o no la propuesta.

Por parte de la empresa dijeron que “luego de una jornada de tres días de trabajo entre el Consejo de Defensa del Estado, la Comunidad Indígena de Peine, el Consejo de Pueblos Atacameños y Escondida, donde el Primer Tribunal Ambiental actuó como amigable componedor, se pactaron los términos generales de un acuerdo de conciliación. Las partes continuarán trabajando conjuntamente para afinar los detalles a fin de presentar el acuerdo definitivo al Tribunal Ambiental el próximos martes 27 de abril. Valoramos la disposición al diálogo de todos los intervinientes  que ha permitido avanzar en la generación de acuerdos”.

Amigable componedor

El rol de “amigable componedor” en las instancias de demandas por reparación de daño ambiental tiene relación con ser el facilitador de la controversia. En esta causa, son las partes las que le solicitan el tribunal actuar con el fin de acercar las posiciones que permitan llegar a la conciliación.

Respecto a las conciliaciones, el tribunal ya ha propuesto bases en causas tan importantes como la en contra de Codelco Salvador, Pascua Lama, entre otras. Este es un trabajo que realiza el órgano colegiado con el fin de resguardar el daño ocasionado.

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Las parte demandante, demandada y terceros coadyuvantes, que en este caso son el CDE, la compañía minera, además, de la Comunidad de Peine y Consejo de Pueblos Atacameños, manifestaron su intención de avanzar en el proceso de conciliación.

En la audiencia, el ministro en ciencias, Marcelo Hernández, detalló el trabajo realizado por el tribunal y explicó cada una de las medidas consideradas, las que ahora deben ser analizadas por las partes.

Primero se efectuó una descripción territorial del área de influencia y se detalló el marco teórico de las bases el que se sustenta, entre otros, por el marco jurídico ambiental, y los principios jurídicos ambientales como el Principio de la Responsabilidad; Principio “El que contamina paga”; Principio Precautorio, Principio Pro Natura, entre otros.

También, dentro del marco teórico, el ministro en ciencias explicó los principios territoriales y el valor e importancia de la biodiversidad sobre la base del Convenio sobre Diversidad Biológica suscrito y ratificado por el Estado de Chile, así como la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030 del Ministerio de Medio Ambiente.

El trabajo realizado por el tribunal busca dar cumplimiento al mandato del artículo 44 de la Ley 20.600 respecto a la indemnidad del daño ambiental, con el fin de que las medidas que se lleven a cabo se hagan cargo de manera efectiva del daño causado.

Demanda

En la demanda, que fue acogida a trámite en abril del año pasado, el CDE estableció que el daño ambiental causado por la minera se funda en siete aspectos: disminución severa de los niveles del acuífero del salar, lo que compromete su regeneración; el deterioro o menoscabo del sustrato salino; la pérdida total o parcial de los bofedales y su vegetación; la pérdida del ecosistema particular del salar; la modificación o pérdida del hábitat lo que afecta a la fauna; la pérdida de servicios ecosistémicos y la pérdida de biodiversidad.

Entre los argumentos entregados por el organismo de defensa fiscal está en que se sustenta “por la conducta de la empresa al mantener una extracción permanente y continua de agua fresca subterránea proveniente del acuífero del salar para satisfacer las necesidades de sus faenas mineras entre los años 1990 a 2017”.

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[Relacionada: Firma canadiense afina nuevo proyecto para producir litio en Salar de Atacama]

La iniciativa, que se proyecta entre en operaciones en 2022 con una inversión cercana a los US$ 500 millones; extraería 25 mil toneladas de carbonato de litio anualmente, utilizando para este fin 15 litros por segundo de agua, versus los 100 a 150 l/seg que requieren las actuales tecnologías utilizadas en la zona.

Negativa

Para el CPA, la firma «muestra las nuevas tecnologías que posee para realizar extracción de litio de forma que su proyecto se vea novedoso y favorable con el medio ambiente (…) Sin tener permisos de aguas, autorizaciones por parte del gobierno y, lo más importante para nosotros, sin la autorización de las comunidades indígenas que habitan en la zona».

Respecto de acercamientos con la firma, detallaron que efectivamente la minera se reunió con Toconao y Coyo, poblados que rechazaron la iniciativa de forma inmediata. Lo mismo que los dirigentes del Consejo y su Unidad de Medio Ambiente.

«Las razones son muy simples -argumentaron- las comunidades indígenas no desean que ninguna empresa nueva se instale en el salar de Atacama, ya existen cuatro empresas presentes que extraen cerca de 8 mil litros de agua por segundo. No existen estudios que puedan comprobar la actual salud del salar, además Wealth Minerals plantea instalarse en la parte norte, cerca de lagunas como Tebenquiche y Laguna Cejar».

Impacto

En la misma línea, desde el CPA agregaron que la dinámica del agua en el norte del salar de Atacama es muy diferente a otras zonas, pues las principales recargas de lo que se conoce como el delta del río San Pedro y río Vilama, han visto disminuidos sus caudales, por lo que los acuíferos se encuentran altamente sensibles.

«Se considera realizar sondajes a 1 kilómetro de la laguna Tebenquiche, declarada Santuario de la Naturaleza. Aquí, se pretende hacer perforaciones con diamantina, sin considerar el impacto que tendrían estas perforaciones en la vida de los flamencos y fauna, y sobre en el mismo acuífero de agua dulce que se encuentra protegido», explicaron.

«El Consejo no desea más amenazas en el salar, como pueblo atacameño Lickanantay, la puri (agua) es sagrada, es importante para nosotros y nuestra cosmovisión, en la cultura, tradiciones ligadas al pastoreo y la agricultura», expresaron desde el CPA.

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Forma de defensa

«Nuestro consejo a venido trabajando durante estos últimos años en el análisis del salar de Atacama, es por ello que se han contratado profesionales y se han destinado recursos para eso, los cuales han realizado diversas acciones en pos de defender nuestro territorio», explicó el presidente del Consejo, Sergio Cubillos, sobre los esfuerzos que hace el organismo que representa a las 18 comunidades de la cuenca.

«Es por ello que queremos informar a la sociedad en general y en especial a nuestra gente lickanantay en qué estamos, cuáles son los procesos que estamos llevando a cabo y qué nos depara el futuro. Este martes comienza una serie de charlas informativas y educacionales de interés público y esperamos que puedan participar».

Entre los expositores de la charla de hoy estarán el presidente del CPA, Sergio Cubillos; los integrantes de la Unidad de Medio Ambiente de la asociación, Francisco Mondaca y Jordán Jofré; y el abogado del Consejo, Juan Carlos Cayo.

Entre las mayores procuraciones del Consejo está la extracción de agua de distintos sectores de la cuenca de Atacama, actividades que lideran las empresas SQM Salar, Albemarle y las cupríferas Minera Escondida y Zaldívar.

Cafés científicos

Como parte de esta misma iniciativa, la Unidad de Medio Ambiente del CPA desarrollará cuatro cafés científicos durante el año, los que tendrán como objetivo informar y concientizar a las comunidades y al público en general sobre temáticas ambientales relevantes en la cuenca del salar de Atacama, a través de investigadores científicos que expondrán sobre sus trabajos.

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En ese escenario, ayer los abogados de Corfo y SQM defendieron que la instancia de acuerdo a la que llegaron fue en un tribunal, por lo que no se requería de la consulta indígena y añadieron que los derechos de las comunidades frente a la protección del medio ambiente están garantizados en otras instancias medioambientales.

[Vea también: Primer año de acuerdo Corfo-SQM: Estado se queda con el 50% del negocio del Salar de Atacama]

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