La delegación estuvo integrada por el presidente de la gremial, Patricio Gatica; el vicepresidente, Fernando Gattas, y el director legal, Juan Carlos Urquidi, quienes expusieron las principales dificultades que enfrenta el sector y plantearon propuestas para recuperar el dinamismo de la pequeña y mediana minería.

Durante su presentación, Patricio Gatica sostuvo que el incremento del valor de las patentes mineras, sumado a nuevas exigencias administrativas, “ha generado una presión económica que muchos productores no están en condiciones de enfrentar, especialmente quienes desarrollan proyectos en etapas iniciales o explotan yacimientos de menor escala”.

Asimismo, enfatizó que la pequeña minería continúa sometida a exigencias regulatorias diseñadas para la gran minería, sin considerar las diferencias existentes en tamaño, producción e impacto ambiental.

Fortalecimiento del sector

En ese contexto, Agrumin propuso la creación de un Estatuto Especial para la Pequeña Minería que reúna en un solo cuerpo normativo las disposiciones aplicables al sector y establezca regulaciones diferenciadas en materias ambientales, de seguridad, operación de tranques de relaves y permisos.

La organización también manifestó su preocupación por la disminución del número de pequeños productores, fenómeno que ocurre pese al favorable escenario de precios del cobre y del oro.

Durante la sesión, Agrumin destacó que muchas faenas y plantas de procesamiento podrían reactivarse en pocos meses con ajustes regulatorios y un mayor apoyo institucional, generando un importante incremento en la producción y en la recaudación fiscal.

En la ocasión, el vicepresidente Fernando Gattas reiteró la necesidad de postergar los remates de concesiones mineras mientras el Congreso analiza las modificaciones legales actualmente en discusión, evitando que numerosos pequeños productores pierdan pertenencias mineras que han mantenido durante décadas.

Finalmente, los representantes del gremio reiteraron su disposición a colaborar con el Poder Legislativo en la búsqueda de soluciones que permitan fortalecer un sector que históricamente ha contribuido al desarrollo de las regiones mineras, la generación de empleo y el aprovechamiento sustentable de los recursos minerales del país.

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En ese contexto, MINERÍA CHILENA conversó con Cristóbal Correa, director del Área de Minería, Energía y Permisos en Lavín Abogados & Consultores, respecto al rol que posee el marco normativo, como facilitador del portafolio de inversiones con que el sector cuenta en el corto y mediano plazo.

¿Qué factores normativos es necesario abordar para dar un nuevo impulso a la actividad minera?

Chile tiene una oportunidad minera extraordinaria. Hay recursos geológicos, experiencia institucional, infraestructura, proveedores especializados y una cartera de inversión muy relevante. El desafío ya no es demostrar que existe interés por invertir, sino transformar ese interés en proyectos ejecutados, producción, empleo y desarrollo territorial.

Para dar un nuevo impulso a la minería, el foco normativo debe estar en cinco frentes.

Primero, mejorar la eficiencia de los permisos sectoriales, evitando duplicidades, tiempos muertos y trámites de bajo riesgo que terminan paralizando inversiones relevantes, y ahí la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales ya está mostrando resultados positivos, es una señal muy clara transformar permisos de menor entidad en declaraciones juradas, como lo que ha ocurrido con el permiso de edificación.

Segundo, avanzar hacia una evaluación ambiental con más certeza, mejores plazos y coordinación entre servicios, sin bajar los estándares. En ese sentido, las modificaciones al SEIA que se están discutiendo en el marco del Proyecto de Ley de Reconstrucción van en el sentido correcto; además, hoy existe una convicción de que es necesario mejorar la gestión en la toma de decisiones en estas materias. Lo más evidente ha sido la forma como el Comité de Ministros ha estado funcionando desde marzo pasado.

Tercero, consolidar reglas claras en materia hídrica, especialmente para proyectos que incorporan agua de mar, desalación, recirculación y eficiencia, y ahí la nueva Ley de Desalación viene a incorporar herramientas útiles que mejoran la certeza jurídica en estas materias, y que seguro darán un impulso a nuevas inversiones, haciendo más atractivos estos proyectos para la obtención de financiamiento.

Cuarto, modernizar el sistema de propiedad minera, para que las concesiones se orienten efectivamente a exploración y desarrollo, y no sólo a acumulación pasiva de territorio, reconociendo el rol de la mediana y pequeña minería y los costos que estas iniciativas generan en quienes poseen concesiones mineras. La administración está escuchando los efectos prácticos de las reformas. No se trata de volver atrás, sino de ajustar el sistema para que incentive actividad minera real, sin generar incertidumbre excesiva ni castigar proyectos que, por su naturaleza, requieren etapas largas de exploración, permisos, financiamiento y desarrollo.

Y quinto, anticipar una regulación moderna sobre minerales críticos, litio, tierras raras e infraestructura habilitante. Actualmente, se cuenta con una política nacional al respecto, pero es clave que las nuevas alianzas público-privadas comiencen a dar frutos, demostrando que no nos quedaremos atrás en producción, pero tampoco en sumarle valor agregado a un producto estratégico como lo es el litio por ejemplo.

Soy optimista, porque Chile ya está intentando pasar de una década de diagnóstico a una etapa de ejecución regulatoria, hay consenso de que el país entiende que la permisología no es sólo un problema administrativo, sino una variable de competitividad estratégica.

Desde mi experiencia asesorando proyectos mineros, energéticos e industriales, la clave no es desregular, sino regular mejor: con trazabilidad, coordinación, certeza jurídica y capacidad de anticipar riesgos antes de que se transformen en contingencias críticas para el proyecto.

¿De qué forma el actual modelo de Patentes Mineras incide en el desarrollo del rubro minero nacional?

El nuevo modelo de patentes mineras está cambiando una lógica histórica del sistema concesional chileno. Durante mucho tiempo, la concesión minera podía funcionar, en ciertos casos, como una reserva pasiva de territorio. Hoy el sistema está empujando hacia una lógica distinta: quien mantiene propiedad minera debe tener una estrategia clara de exploración, desarrollo, consolidación o renuncia.

Las modificaciones introducidas por la Ley N°21.420 y sus ajustes posteriores, incluida la Ley N°21.649, aumentaron el costo de mantener terreno improductivo y generaron incentivos para ordenar portafolios, liberar áreas y reducir el acaparamiento territorial. Eso puede ser muy positivo para el desarrollo del rubro, porque permite que superficies que antes estaban inmovilizadas puedan volver a estar disponibles para nuevos actores, exploradores o proyectos con capacidad real de avanzar y ha reactivado un mercado que estaba completamente congelado.

Sin embargo, la implementación práctica del nuevo sistema también mostró ciertas tensiones. En minería los proyectos no avanzan de manera lineal ni inmediata. Muchas veces requieren años de exploración, estudios geológicos, permisos ambientales, relacionamiento territorial, financiamiento y decisiones de inversión. Por eso, un régimen de patentes demasiado rígido puede terminar afectando no sólo a especuladores, sino también a proyectos legítimos que todavía están en etapas tempranas.

En ese contexto, el proyecto de ley ingresado en mayo de 2026 es una señal positiva porque propone una patente única para concesiones de explotación que no acrediten trabajos, ampliar las hipótesis para acceder a patente rebajada y eliminar la escala progresiva más gravosa. El proyecto busca equilibrar dos objetivos: evitar el acaparamiento improductivo, pero al mismo tiempo no desincentivar proyectos reales que necesitan tiempo para madurar.

Esto confirma algo que he visto en la práctica: hoy no basta con tener concesiones; hay que administrarlas estratégicamente. Se requiere due diligence permanente, revisión de patentes, análisis de superposiciones, decisiones de continuidad o abandono, evaluación geológica y planificación financiera. Una mala gestión de propiedad minera puede significar pérdida de terreno, mayores costos o pérdida de oportunidades.

En ese sentido, el nuevo régimen obliga a profesionalizar la gestión del activo minero. Y ahí se abre un espacio importante para asesoría especializada: entender no sólo la norma, sino cómo esa norma impacta en el valor de un proyecto, en su financiamiento, en una transacción, en una estrategia de exploración o incluso en la defensa de una posición territorial.

¿Qué relevancia ha adquirido disponer de una concesión minera en un escenario de altos precios de los metales y búsqueda de mayor dinamismo sectorial e incremento de producción?

La concesión minera ha vuelto a adquirir una relevancia estratégica. En un escenario de altos precios del cobre, creciente demanda por minerales críticos y presión global por asegurar cadenas de suministro, disponer de una buena posición minera no es simplemente tener un derecho inscrito: es contar con una plataforma para capturar valor futuro.

Pero hay una diferencia importante. Hoy el mercado mira las concesiones con más sofisticación. No basta con mostrar hectáreas. Importa la calidad del título, su ubicación, su continuidad territorial, su situación de patentes, su prioridad, sus eventuales superposiciones, su relación con infraestructura, agua, energía, comunidades y permisos ambientales. Una concesión bien ubicada, bien mantenida y jurídicamente ordenada puede ser decisiva para levantar capital, atraer socios, negociar una opción, estructurar un joint venture o avanzar hacia exploración efectiva.

El proyecto de ley sobre amparo minero refuerza esta idea. La discusión ya no es sólo cuánto cuesta mantener una concesión, sino lo que debe demostrar un titular para justificar que ese terreno forma parte de un proyecto serio. El hecho de que se reconozcan hipótesis vinculadas a permisos ante Sernageomin, ingreso al SEIA, RCA favorable o entrega de información geológica apunta precisamente a eso: distinguir entre propiedad minera pasiva y propiedad minera integrada a una estrategia real de desarrollo.

Por eso, en el contexto actual, la concesión minera es un activo jurídico, económico y estratégico. Es la puerta de entrada al proyecto, pero también puede ser una fuente de riesgo si no está bien gestionada.

Mi visión es positiva: Chile tiene una oportunidad muy concreta de transformar su ventaja geológica en inversión real. Pero para lograrlo se necesita una mirada integrada, que combine derecho minero, permisos, agua, medio ambiente, territorio e infraestructura. Esa es precisamente la asesoría que hoy requieren las compañías que quieren moverse rápido, pero bien: anticipar problemas, ordenar sus activos y tomar decisiones con información jurídica y regulatoria sólida.

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Este hito institucional permite automatizar la recepción y administración de la data e información geológica derivada de los trabajos de exploración minera, asegurando el cumplimiento del Código de Minería y del Decreto Supremo N° 9 de 2024 del Ministerio de Minería.

Desde Sernageomin resaltaron que la implementación de Sigex representa un cambio de paradigma en la relación entre los titulares de concesiones mineras y el Estado. Al centralizar la entrega de información en un entorno unificado y seguro, el sistema reduce las brechas burocráticas y garantiza que el conocimiento del subsuelo sea un recurso disponible para el desarrollo país. En esta etapa inicial, el sistema se enfoca en la gestión básica de antecedentes, permitiendo que las entidades informantes realicen sus presentaciones de manera más ágil y estructurada.

Sobre este avance, el director nacional (s) de Sernageomin, Mauricio Lorca, sostuvo que “la puesta en marcha de Sigex es un componente crítico de nuestra estrategia de modernización institucional. Esta herramienta nos permite fortalecer la trazabilidad y la transparencia de la información geológica que recibe el Servicio. Al centralizar y ordenar estos datos, facilitamos la exploración minera y reducimos el riesgo exploratorio, lo cual es fundamental para el diseño de políticas públicas que aseguren un desarrollo minero sostenible y de vanguardia”.

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Más allá de su rol normativo, el Servicio reafirmó su compromiso con el Conocimiento Abierto. A través de su visor público, disponible en la web institucional, los usuarios pueden acceder a un repositorio histórico de información geológica de proyectos de exploración recibidos desde 2017. Esta democratización de la información geocientífica permite que tanto la academia como los nuevos inversionistas cuenten con una base sólida para el descubrimiento de nuevos yacimientos.

Para garantizar una transición exitosa, Sernageomin realizó una invitación a las entidades informantes a utilizar la nueva guía de usuario de apoyo disponible en el sitio web. Este recurso está diseñado para maximizar la calidad de la data entregada, permitiendo que el flujo de información entre el sector privado y el Estado sea fluido, íntegro y de alto valor técnico.

Más información en www.sernageomin.cl/sigex/

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En la sesión se hicieron presentes los alcaldes de Calama, Eliecer Chamorro; la alcaldesa de Caldera, Brunilda González; el alcalde de Ollague, Jhean Ramírez; el alcalde de San Pedro de Atacama, Justo Zuleta; y el alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy.

La senadora Yasna Provoste (presidenta) y los senadores Daniel Núñez, José Miguel Calisto y Renzo Trisotti escucharon a los ediles que denunciaron que aún no conocen los fondos que recibirán por concepto de concesiones de patentes mineras. Explicaron que, en marzo las empresas pagan dicho tributo, por lo que, a esta altura del año, las municipalidades ya han sido informadas del monto para proyectar el presupuesto anual.

Los alcaldes mencionados y los concejales de dichas comunas comentaron que se reunieron con el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien reconoció desconocer la situación.

A su vez, manifestaron que fueron informados que en 2023 y 2024 percibieron ingresos extras por el pago de patentes mineras, por lo que solicitaron a la Comisión, interceder para que se les condone la deuda o puedan pagarla en 120 cuotas dada la afectación que representa para sus arcas municipales.

En esa línea, la instancia acordó oficiar al Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) para conocer los fondos que deben ser traspasados a estas comunas que agrupa la Asociación de Alcaldes del Norte. También se solicitarán mayores antecedentes a los ministerios de Minería y de Hacienda sobre la fórmula de cálculo que determina qué comuna recibe cuánto.

También la y los legisladores coincidieron en la necesidad de establecer una mesa técnica de trabajo para resolver los problemas en la entrega de los recursos. Al respecto la senadora Provoste manifestó que “hemos comprometido de manera transversal, una sesión con el Ejecutivo para poder generar una agenda de trabajo que se traduzca en que las comunas del norte del país, con la gran riqueza que sostiene a Chile, reciban condiciones de dignidad y de bienestar social”.

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La compañía detalló que, tras estas aprobaciones:

• 25 concesiones han recibido resoluciones judiciales formales que las establecen;
• 15 concesiones han tenido su extracto legal publicado en el Diario Oficial de Minería; y
• Se encuentra trámite la inscripción en el Registro Minero de Copiapó.

Según revelaron desde la empresa, una vez completado el registro, cada concesión se convierte en una concesión de explotación legalmente constituida, otorgando, de forma plena y permanente, derechos mineros.

Al respecto, Zachary Dolesky, director ejecutivo de Super Copper, comentó que «este es un hito crucial para Super Copper. Obtener concesiones de explotación, no sólo derechos de exploración, otorga derechos mineros plenos y permanentes en Cordillera Cobre«.

Asimismo, Super Copper relevó el hecho que «con el proceso de titulación prácticamente finalizado y el registro avanzando según lo previsto, estamos en condiciones de presentar nuestro programa de perforación con prontitud tras obtener los resultados de nuestro último trabajo de exploración. Esto posiciona a Super Copper para avanzar en uno de los nuevos proyectos de cobre más prometedores de la Región de Atacama, en un momento en que la demanda mundial de cobre está entrando en un importante déficit estructural .

Qué significan las concesiones de explotación para los accionistas

A diferencia de los permisos temporales de exploración, las concesiones de explotación otorgan derechos mineros permanentes, pleno control legal del subsuelo y la capacidad para realizar perforaciones, trabajos de desarrollo, extracción y construcción de minas a largo plazo.

Una vez registrados, otorgan derechos mineros completos y permanentes , incluido el derecho a:

• Perforar y construir plataformas de perforación
• Realizar exploración avanzada
• Desarrollar estudios económicos
• Construir operaciones mineras
• Producir y vender cobre y recursos de la propiedad.

Cronograma de perforación

Con la publicación completa de 15 concesiones y el registro en curso, Super Copper espera que el primer grupo de concesiones esté completamente constituido y listo para perforar durante el primer trimestre de 2026 .

Al registrarse, la compañía planea:

1. Presentar su aviso de perforación al Sernageomin (hasta 40 plataformas de perforación bajo el procedimiento simplificado);
2. Finalizar la logística de la perforación y la selección del contratista ; y
3. Finalizar el programa de perforación de la Fase 1 en sus objetivos de mayor prioridad, incluidas las áreas definidas por IP reciente y magnetismo terrestre.

La entrada Sernageomin aprueba concesiones mineras de proyecto en Atacama se publicó primero en Mch.

Mediante la Resolución Exenta N°2365, de fecha 11 de noviembre de 2025, se aprobó el listado de concesiones mineras que han resultado beneficiadas con la patente rebajada.

Para consultar si la concesión se encuentra dentro de este listado, se debe acceder a los siguientes enlaces:

Postulaciones hipótesis del Art. 142 bis

Postulaciones hipótesis del Art. 142 ter

Proceso de Apelación

Para aquellos titulares cuyas solicitudes presenten observaciones, Sernageomin informó que está abierto el plazo oficial para realizar el proceso de apelación.

Para realizar este trámite, el interesado deberá seguir los pasos indicados en la Guía de Orientación para el ingreso de Reclamaciones por Patentes Mineras Rebajadas.

La entrada Ley 21.649: Sernageomin informa resultados de postulación a patente minera rebajada y procedimiento de apelación se publicó primero en Mch.

Tras analizar los antecedentes de la causa, el Tribunal determinó que, antes de resolver el procedimiento de declaratoria, el MMA estaba en conocimiento de la existencia de dichas concesiones en el área declarada como santuario de la naturaleza. El Consejo de Monumentos Nacionales -detalla- había entregado un informe técnico previo que advertía entre las amenazadas detectadas a los objetos de conservación presentes en el área solicitada, la existencia de concesiones mineras de exploración y explotación.

La sentencia explica que, frente a la existencia de dichas cuestiones conexas, el MMA tenía la obligación de notificar a los interesados para que en el plazo legal estos pudieran formular sus alegaciones y aportar sus medios de prueba, por lo que el incumplimiento de esta obligación constituye una transgresión a lo dispuesto en los artículos 10 y 41 inciso 2º de la Ley Nº 19.880.

“En definitiva, a juicio de esta magistratura, forzoso es concluir que la decisión de rechazar la solicitud de invalidación administrativa derivada del acto impugnado, por aplicación del silencio administrativo negativo, se encuentra precedida de una grave omisión por parte de la autoridad, que constituye un vicio procedimental esencial, lo que permite invalidar el acto reclamado y consecuencialmente el DS Nº 3/2023, pues se ha transgredido el ejercicio del derecho fundamental a un debido proceso, a través del incumplimiento de la exigencia de poner en conocimiento de los interesados las cuestiones conexas que fueron advertidas durante la tramitación de procedimiento administrativo, para concederles el derecho a formular alegaciones y aportar medios de prueba antes de adoptarse la decisión final, conforme a lo previsto en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley N° 19.880, lo que implicó conculcar el principio de contradictoriedad y el derecho a defensa de los reclamantes, en cuanto titulares del proyecto minero ‘Truenoâ€â€, consigna el fallo.

El Tribunal estuvo integrado por la ministra Marcela Godoy Flores, presidenta, y los ministros Cristián Delpiano Lira y Cristián López Montecinos. La sentencia fue redactada por el ministro Delpiano.

Silencio administrativo

Antes de resolver la controversia respecto de la falta de fundamentación del decreto que creó el Santuario de la Naturaleza Río Sasso, el Tribunal puso especial atención en la procedencia de la configuración del silencio administrativo negativo en este caso. Esta figura se materializa cuando una institución de la Administración del Estado no responde a una solicitud o recurso dentro del plazo establecido por la ley, lo que genera un acto administrativo ficto, conforme al cual se entiende rechazada la petición del interesado.

“En cuanto a la procedencia del silencio administrativo, el Tribunal ha concluido que cuando el ejercicio de la facultad invalidatoria es a petición de parte, la duración del procedimiento administrativo iniciado a partir de dicha petición se encuentra regida por el plazo de 6 meses previsto en el artículo 27 de la misma ley, conforme a los fundamentos expresados en la presente sentencia, sin que la autoridad haya dictado la resolución final dentro de dicho lapso de tiempo. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en los artículos 65 y 66 de la Ley Nº 19.880, una vez que se pide que se certifique que la solicitud no ha sido resuelta, inmediatamente la Administración queda impedida de resolver, debiendo entregar el certificado sin más trámite, lo que no fue cumplido por la reclamada”.

Acto seguido, el fallo considera que la carta de 8 de agosto de 2024, emitida por el MMA tras la solicitud formulada por los reclamantes para certificar que la autoridad no había resuelto la invalidación, “resulta suficiente para entenderla como certificación para dar por cumplidos los efectos del silencio administrativo negativo, todo lo anterior, con la finalidad de evitar el arbitrio de la autoridad y velar por el derecho a la tutela judicial efectiva”.

Por tales razones, el Tribunal determinó que en la presente causa se configuró la figura del silencio administrativo negativo, es decir el rechazo de la solicitud de invalidación administrativa dirigida en contra del DS Nº 3/2023, a través del cual el MMA declaró el Santuario de la Naturaleza Río Sasso, por no ser resuelta dentro del plazo legal. “Razón por la cual la reclamación de autos impetrada el 13 de septiembre de 2024, ha sido promovida dentro de plazo, motivo por el cual se estimó admisible y fue admitida a tramitación”, explica.

Antecedentes

• 7 de enero de 2022, Eva Valdivia Ramírez presentó al Ministerio del Medio Ambiente, MMA, una solicitud de declaración de santuario de la naturaleza de un área denominada “Río Sasso”, con una superficie aproximada de 14.009 hectáreas, de su propiedad, ubicada fuera del límite urbano de la comuna de Monte Patria, provincia de Limarí, Región de Coquimbo.
• 21 de diciembre de 2022, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático se pronunció favorablemente sobre la creación del Santuario de la Naturaleza Río Sasso (Acuerdo N° 19/2022).
• 18 de enero de 2023, el Ministerio del Medio Ambiente creó el Santuario de la Naturaleza “Río Sasso” (D.S. Nº 3/2023).
• 27 de febrero de 2023, los reclamantes presentaron una solicitud de invalidación administrativa del Acuerdo Nº 19/2022 del Consejo de Ministros, la que fue declarada inadmisible por el MMA (Res. Ex. Nº 836).
• 19 de noviembre de 2023, los reclamantes solicitaron el término del procedimiento administrativo de declaración del santuario de la naturaleza, de conformidad a lo previsto en el artículo 40 de la Ley Nº 19.880, por causa sobreviviente, atendida la entrada en vigencia de la Ley Nº 21.600, que Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
• 22 noviembre de 2023, la Contraloría General de la República tomó razón del D.S. Nº 3/2023.
• 26 de noviembre de 2023, los reclamantes presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue declarado inadmisible (rol Nº 16.341-2023). Este fallo fue confirmado por la Corte Suprema (rol Nº 250.748-2023).
• 1 de diciembre de 2023 se publicó en el Diario Oficial el D.S. Nº 3/2023 del MMA, que declara el SN Río Sasso.
• 28 de diciembre de 2023, los reclamantes solicitaron al presidente de la República, la invalidación del DS N° 3/2023.
• 17 de julio de 2024, los reclamantes presentaron una solicitud al presidente de la República, requiriendo que en este caso se certificará la configuración del silencio administrativo negativo, ya que la solicitud de invalidación antes citada no había sido resuelta dentro del plazo legal.
• 8 de agosto de 2024, el MMA emitió la carta Nº 242697/2024, en la cual señaló: i) que los plazos que la ley establece para los trámites y decisiones de la Administración no son fatales; ii) que existe una vía especial de reclamación para impugnar la declaración de un santuario de la naturaleza; y que, iii) lo anterior, no obsta a que en virtud de los principios de inexcusabilidad y conclusivo, el Ministerio del Medio Ambiente se encuentra desarrollando todas las diligencias y actuaciones necesarias para resolver el procedimiento administrativo.
• 13 de septiembre de 2024, los reclamantes presentaron en el Segundo Tribunal Ambiental acción contra la resolución que -conforme al silencio administrativo negativo- rechazó su solicitud de invalidación administrativa en contra de la carta del MMA.
• 11 de diciembre de 2024, el Tribunal tuvo por presentada opinión de amicus curiae del abogado y profesor de Derecho Jaime Ubilla Fuenzalida.
• 27 de marzo de 2025, se realizó la audiencia, alegando los abogados Kamel Cazor Aliste, en representación de los reclamantes Minera el Trebal Ltda. y otro, y Nicolás Escobar Gómez, por el reclamado, Ministerio del Medio Ambiente.

Acceda al expediente de la causa en ESTE LINK.

La entrada Tribunal Ambiental anula resolución que declaró Santuario de la Naturaleza a zona con concesiones mineras se publicó primero en Mch.

Este nuevo formulario, al que podrás acceder mediante Clave Única desde la página web de Sernageomin, busca entregar a la persona usuaria el control sobre la información que acompañará a la concesión minera durante su periodo de vigencia. Esto reducirá la intervención del organismo, que seguirá velando por verificar que los datos ingresados por quien solicita coincidan con la tasa y la patente proporcional, destacó Sernageomin.

En el mediano plazo, además, se incorporará una integración con información de la Tesorería General de la República, con miras a disminuir los tiempos de tramitación.

Desde Sernageomin destacaron que esta actualización se enmarca en el proyecto de modernización de los sistemas con que cuenta el Departamento de Propiedad Minera, el que durante este 2025 presentará diversos avances referentes a los procesos que se llevan a cabo actualmente, y cuyo objetivo principal es velar y mantener actualizado el registro nacional de concesiones mineras.

Solicitud de asignación Rol Nacional Explotación: https://www.sernageomin.cl/rolexplota/

Solicitud de asignación Rol Nacional Exploración: https://www.sernageomin.cl/rolexplora

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La conferencia, diseñada para involucrar a estudiantes de diversas disciplinas, incluyendo Derecho, Ingeniería Industrial y Comercial, tuvo como objetivo proporcionar una comprensión de la realidad legal que rige la industria minera.

Según detallaron desde la casa de estudios, esta legislación, actualmente en proceso, se centra en los pequeños mineros y aborda aspectos como concesiones mineras, exploraciones, pedimentos y patentes. La importancia de la ley radica en su capacidad para establecer límites legales en el país, lo cual podría tener un impacto significativo en las propiedades de los mineros.

En este sentido, la estudiante de Ingeniería Civil en Minas, Camila Rojas, comentó su parecer respecto a la charla, asegurando que “durante el semestre anterior, abordamos superficialmente el tema, apenas rozamos los conceptos básicos. Aunque reconozco la idea del cambio, siento que su influencia es problemática, pareciera que quienes redactan carecen de un entendimiento completo de la industria minera, lo cual considero fundamental. Aunque estamos trabajando en mejorar esta comprensión, creo que es crucial contar con personas debidamente informadas al redactar leyes. Deberían ser individuos que posean un conocimiento profundo y estén firmemente conectados con la realidad minera”.

Por su parte, el académico del Departamento de Ingeniería de Minas, Hugo Olmos, manifestó que “es crucial entender que la realidad de la minería no se limita a aspectos matemáticos, físicos o de exploración; las leyes que nos rigen son la base sobre la cual nos movemos, por lo tanto, es esencial que los ingenieros, ya sea en supervisión o en el desempeño de su rol, tengan una comprensión clara de sus límites legales en el país».

Desde la UDA resaltaron que el evento no sólo estuvo destinado a estudiantes de ingeniería, sino también a aquellos que estudian derecho y disciplinas comerciales; esto con miras a fomentar una comprensión integral de cómo la ley y la industria minera están intrínsecamente relacionadas, brindando a los participantes una perspectiva única sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector.

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Hasta este viernes 15 de diciembre, los senadores y el Gobierno podrán presentar indicaciones a la iniciativa -en segundo trámite-, que busca corregir una serie de aspectos de la ley vigente que podrían perjudicar a la pequeña minería en cuanto al pago de patentes.

El sentido de mensaje con discusión inmediata, es mantener el valor de las patentes mineras de aquellos productores que las trabajan (exploran o explotan, según sea el caso de la concesión) mientras que aquellos que no lo hacen, verán elevadas las pertenencias. En ese sentido, se acota el concepto de trabajo con el fin de determinar con claridad, qué se entiende por dicha intervención.

De acuerdo a cifras entregadas por la ministra de Minería, Aurora Williams, en la pasada sesión de la Comisión, “existen poco más de 10 mil tenedores de pertenencias mineras y 16 millones de hectáreas concesionadas, de las cuales poco más de 8 mil tienen una extensión menor a 500 hectáreas. La idea es que el trabajo de estos pequeños mineros se acredite una vez cada cinco años, evitándose que su patente experimente un alza”.

La secretaria de Estado agregó que «se busca postergar la entrada en vigencia de la ley 21.420 que regirá desde el 1 de enero de 2024. La norma permitió financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU) a través de diversos instrumentos, pero contempló el alza de patentes sin considerar los efectos en la pequeña minería».

También introduce cambios en la información geológica que se debe proporcionar a las autoridades respectivas y el método de cálculo de las coordenadas de las pertenencias. Por otro lado, establece el fin de la perpetuidad de la concesión de exploración.

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