Este esfuerzo se suma a la previa implementación, en julio de este año, de los primeros dos buses eléctricos de la compañía, que hasta la fecha han funcionado con éxito en el transporte del personal hacia las faenas Minas El Romeral, en La Serena y Cerro Negro Norte, en Copiapó.

El proyecto considera una etapa piloto de ocho meses, periodo durante el cual se evaluará el consumo, desempeño y rendimiento de los vehículos, con miras a una nueva expansión por sus diferentes operaciones, migrando desde los combustibles fósiles hacia la electricidad.

Beneficios

El gerente general de CMP, Francisco Carvajal, aseguró que el lanzamiento representa “el inicio del camino de consolidación de la electromovilidad, en un contexto de transformación hacia la sustentabilidad que estamos viviendo con acciones concretas. Esperamos que los buses sean apreciados por nuestros trabajadores y las comunidades del valle de Huasco”.

Las dos máquinas que se desplazarán por el valle del Huasco serán operadas por la empresa colaboradora, Verschae. En este ámbito, el gerente general de dicha compañía, Enrique Krauss, detalló que las unidades “son de origen chino y cuentan con el más alto nivel de sofisticación tanto en materia de seguridad como confort para los usuarios”, agregando que “este paso importante de CMP es un ejemplo para el resto de la minería y los actores involucrados en transporte”.

La inauguración de las máquinas contó con la presencia de la delegada presidencial provincial de Huasco, Nelly Galeb, quien luego de un breve recorrido por Planta de Pellets sostuvo: “felicito a CMP por este magnífico trabajo y acudir al llamado del Gobierno de tener trabajos seguros y limpios. El bus tiene confort, seguridad y es totalmente silencioso, los trabajadores y las trabajadoras de la compañía van a tener la grata experiencia de ir a sus trabajos sin contaminar al medio ambiente”.

Cabe subrayar que dentro de los beneficios de un bus eléctrico, en comparación con uno convencional, está el disminuir en 50% la huella de carbono, emitir 10% menos de ruido y reducir en un 70% los costos de mantención, sumado a una mayor vida útil y comodidad.

Iniciativas concretas en sustentabilidad

Adicionalmente, y también en términos de electromovilidad, la compañía adquirió dos palas eléctricas para Mina Los Colorados, que permitirán aumentar la eficiencia operacional de manera sustentable, traduciéndose en mayor productividad, mejor confiabilidad y menores emisiones y costos por tonelada de material movido. Se trata también de las primeras de su tipo en el valle del Huasco.

En esta misma línea, recientemente CMP anunció el plan de descarbonización de Planta de Pellets, que consiste en ejecutar el desarme de todas las instalaciones a carbón en los hornos y el reemplazo de las piezas y partes para transformarla en una instalación que opere con gas natural licuado (GNL).

Además, se encuentra en marcha blanca la implementación de un nuevo precipitador electrostático en la chimenea 2B de Planta de Pellets, proyecto que permitirá alcanzar una eficiencia de abatimiento de emisiones de 72% en material particulado y de 76% en anhídrido sulfuroso mediante el desulfurizador.

“Como ya lo hemos señalado, queremos impulsar una minería diferente, que crezca de la mano con las comunidades. En ese sentido, CMP quiere profundizar su compromiso con la electromovilidad en Huasco, entendiendo que nuestra prioridad está en un mejoramiento ambiental y social que funcione como un claro ejemplo de la minería sostenible que como organización estamos comprometidos a impulsar, desde el corazón de nuestros procesos”, complementó el gerente general de la compañía, Francisco Carvajal.

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«Los mejores números consolidados se dan por la entrada en operación en diciembre de 2019 del puerto Guacolda II, en el Valle del Huasco, restableciéndose completamente los servicios portuarios que se vieron interrumpidos por el accidente ocurrido el 21 de noviembre de 2018 en el cargador de barcos de dicho complejo», sostuvo la empresa.

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Con estas palabras, dichas durante la entrega de sus resultados operativos correspondientes al 2019, Barrick reconoció que la iniciativa binacional es inviable en estos momentos.  Palabras que no solo impactaron a los integrantes de la transnacional, sino que también en las autoridades locales y sobre todo, a los ambientalistas de la Región de Atacama. Los que desde el anuncio del desarrollo, se opusieron a él.

Junto con destacar que “la bajada” del proyecto no solo impacta a la tercera región sino que también a nivel local, el seremi de Minería de la Región de Coquimbo, Roberto Vega, aseveró que desde que Barrick cambió de controlador, de Canadá a Sudáfrica, ha transitado por períodos difíciles.

“La compañía está pasando por un momento complejo interno”, dijo.

Conjuntamente, la autoridad cree que las problemáticas que surgieron con los integrantes de las agrupaciones medio ambientales del Valle del Huasco, propiciaron la declaración de inviabilidad. Conflictos que la transnacional habría visto como perjudiciales para su imagen.

“Proyecto que también se retrasó demasiado en el tiempo y que pierde su impacto”, agregó.

Sin embargo, Vega manifestó que la evaluación que se les debe ejecutar a las iniciativas auríferas es “compleja”, puesto que, en este momento, el precio que tiene el oro haría rentable cualquier desarrollo.

“Puede ser que para Barrick no sea atractivo continuar con el proyecto, pero eso no deja de lado que otra empresa lo pueda seguir. Eso se da mucho en los negocios mineros, en donde desde la exploración y hasta el desarrollo pasa a manos de otra compañía”, finalizó.

En tanto, desde la organización comunitaria Valle del Huasco señalaron que las informaciones dadas a conocer por la empresa “sólo reconfirman, de manera dramática, lo que dijimos como comunidad desde un principio (…) el proyecto Pascua Lama es ambientalmente inviable y cualquier otro en este lugar y no se debió ni se debe permitir nunca”.

Finalmente recalcaron su rechazo a la posibilidad de que en algunos años, la empresa encuentre cómo explotar el yacimiento.

“Jamás lo hará sin destruir y contaminar el Valle del Huasco. De la misma forma, rechazamos los anuncios de nuevos sondajes en la zona y el anuncio de venta de energía a través de las líneas de transmisión del proyecto”, aseveraron desde la agrupación ambientalista.

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En el recurso contra el proyecto binacional de Barrick Gold se alegaba que se afectaría la disponibilidad de agua en la zona y que no se habría implementado un proceso de consulta indígena durante el procedimiento de revisión. Los reclamantes tendrán 30 días desde su notificación para apelar ante el Tribunal Ambiental.

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El ejecutivo sostuvo en la ocasión Pascua-Lama está trabajando en un nuevo paradigma, que implica establecer alianzas con las comunidades, las autoridades y otros públicos de interés, propiciando una mirada inclusiva y de largo plazo. “Respetamos a las comunidades y su derecho de auto determinación, trabajando en conjunto para identificar espacios de colaboración y mutuo beneficio. Además, ponemos a disposición las tecnologías, el equipo humano y nuestra voluntad al servicio de la preservación del equilibrio del medio ambiente para así lograr un desarrollo sustentable para las actuales y futuras generaciones del Valle del Huasco”, aseguró Flores, quien a su vez ratificó que Barrick continuará desarrollando el proyecto en Chile y Argentina.

Homologación

En el marco de la reunión-desayuno, Andrés Aguirre y Juan Carlos Olivares, presidente y gerente general de Aprimin respectivamente, destacaron la propuesta de “Reglamento Nacional de Homologación” que la Asociación trabajó a través de su Comisión de Homologación junto a Sernageomin. Este logro se hizo realidad el 19 de marzo último, con la publicación en el diario oficial del Decreto N°99, que permite la «Homologación de Cursos de Inducción Básica en Faenas Mineras».

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A través de un comunicado la comunidad confirmó que el ingeniero agrónomo y magister en gestión ambiental, Patricio Rodrigo, «se pone a la cabeza del equipo de expertos» que «nos acompañará por un compromiso de defensa del medioambiente, de nuestro territorio y de nuestros derechos originarios».

«Somos quienes, sobre la base de nuestro derecho a la autodeterminación, logramos sentar a la mesa a Barrick Gold hace tres meses, obligándola a revisar su proyecto, el que estaba aprobado por el Estado y en plena construcción en nuestro territorio ancestral», agrega el documento.

La comunidad añade que tras firmar un «Memorándum de Entendimiento», que comprende una auditoría ambiental, consiguieron aumentar las condiciones que fijó hace un año la Corte de Apelaciones de Copiapó para la eventual operación de la mina, fallo ratificado por la Corte Suprema.

Además agregan que luego de «vencer a la empresa en los tribunales de justicia, logramos junto a nuestros abogados, y sin orden judicial de por medio, el inédito compromiso de una empresa privada de respetar el Convenio 169 de la OIT que establece la «consulta previa» a los pueblos originarios, a pesar que el proyecto Pascua Lama no estaba legalmente obligado a cumplirlo».

Este «Memorándum de Entendimiento» supone que ante cualquier desconfianza en el proceso la comunidad disconforme se retire, sin condiciones, «situación que en estos tres meses no se ha registrado. Por el contrario, se han sumado nuevos comuneros», enfatiza el comunicado.

Finalmente aclaran que lamentan «la campaña de descrédito, desinformación y de hostigamiento de la que hemos sido víctimas por grupos marginales que se denominan «ecologistas» y que actúan en la zona con intereses que desconocemos. Ellos viven del conflicto, no nos representan ni representan al pueblo indígena Diaguita».

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Uno de los puntos del documento -que tiene carácter privado- era contratar a una universidad que realizara para las comunidades un estudio independiente del proyecto.

Tras semanas de trabajo, fuentes ligadas al proceso explicaron que el encargado de hacer este trabajo sería Patricio Rodrigo, quien en los últimos años ha tenido un fuerte rol activo en temas ambientales por su rol como secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP). Ha sido además, uno de los rostros visibles de la oposición a HidroAysén.

En esta oportunidad, el objetivo de la asesoría será dar a las comunidades una visión global de cómo les afecta el proyecto, tanto en temas del medio físico como del humano.

En términos simples, la idea es ayudar a que estos grupos entiendan todos los aspectos de la iniciativa minera -que actualmente está paralizada- y puedan determinar cuáles podrían resultarles peligrosos, entendiendo mejor los riesgos y posibilidades que abre su operación.

Esta asesoría no tiene relación con el movimiento contra HidroAysén, sino que -de concretarse- Rodrigo la realizaría junto a otros profesionales a través del Laboratorio Lares, de la Universidad de Chile.

En esas circunstancias, tendría que conformarse un equipo multidisciplinario que aborde diversos temas como el impacto hídrico o sobre los glaciares, entre otros.

Este laboratorio ha realizados proyectos como la propuesta para un desarrollo sustentable de la Patagonia o temas de producción sustentable para ecosistemas de montaña, entre otros.

Se espera que dentro de las próximas dos semanas se concrete el acuerdo, que es inédito para un proyecto de inversión de esta naturaleza. Preliminarmente, se estima que los resultados generales podrían estar para octubre, aunque aún no hay planteadas fechas concretas.


Oposición al acuerdo


A tres meses de haber alcanzado el acuerdo con 15 de las 18 comunidades de la zona, han surgido algunas voces críticas respecto a este pacto y su representatividad.

El miércoles 23 de julio, una serie de comunidades fueron hasta la Cámara de Diputados en Valparaíso a exponer sus reparos al acuerdo.

Rubén Cruz, vocero de la Asamblea por el Agua de Huasco Alto, dijo que “este memorándum abre la posibilidad a la negociación y pretende, a través del estudio de variables e indicadores ambientales, demostrar que no hay ni habrá daño ambiental. En pocas palabras, la empresa está comprando el silencio de la gente del valle”.

Patricia Álvarez, presidenta del Consejo de Defensa del Valle del Huasco, ha dicho que el acuerdo es ilegal porque Barrick les reconoció en una reunión que sostuvieron, que el documento fue firmado con dirigentes, los que debían ratificarlo en sus comunidades y, por eso -según su opinión-, se ha transgredido el espíritu del Convenio 169.

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La instancia se constituyó en mayo de 2013 con el objeto de estudiar la situación ambiental del Valle del Huasco por efecto de la instalación del citado proyecto, particularmente, del funcionamiento de la actividad de estas comunas y alrededores con ocasión de la instalación de los trabajos. Adicionalmente, buscó determinar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y verificar los eventuales daños que se estuvieran produciendo en la zona.

El informe, aprobado en la Comisión Investigadora por diez votos a favor y dos en contra, concluyó que “en parte importante del desarrollo del proyecto minero Pascua Lama se han producido incumplimientos, de parte del titular del proyecto, a normas del ordenamiento jurídico chileno de orden ambiental, de salud, de vialidad, laboral y de seguridad en lugares de trabajo”. “Dichos incumplimientos se han reflejado en el quebrantamiento, por parte del titular del proyecto, de las Resoluciones de Calificación Ambiental que autorizaron el desarrollo del proyecto y, a su vez, han generado procesos y sanciones de parte de organismos administrativos y judiciales de nuestro país”, sentencia el texto según la Cámara de Diputados.

Además, se señala que los hechos constatados por las instituciones del Estado “constituyen una violación del objeto preventivo de la Resolución de Calificación Ambiental, provocando un debilitamiento de este instrumento, que constituye la principal norma preventiva que resguarda el derecho constitucional establecido en el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la República”.

El documento recalca que, debido a que la empresa ya se encuentra en un rango de incumplimiento calificado como gravísimo (se la ha sancionado con multa 10.000 UTM y clausura temporal), se debería proceder a la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental N° 24 del año 2006 (mecanismo que autorizó sus operaciones), en caso que, con posterioridad a la implementación de las medidas que se le han impuesto por las autoridades competentes, la empresa reincida en incumplimientos manifiestos.

Otras recomendaciones

El informe de la Comisión también avanza en una serie de recomendaciones, entre estas: fijar condiciones adicionales al proyecto de Pascua Lama, para el caso de que sea puesto nuevamente en evaluación ambiental, y una revisión exhaustiva de la Resolución de Calificación Ambiental N°24, con el objeto de establecer un nuevo marco de funcionamiento; y prevenir la ocurrencia de nuevos incumplimientos por parte de la Compañía Minera Nevada, ello ante la evidencia de tratarse del primer proyecto minero binacional desarrollado en virtud del Tratado Binacional de Complementación Minera entre Chile y Argentina.

Además, se propone reforzar la participación ciudadana, a efectos de que el principio preventivo pueda realmente operar de forma eficiente; y tramitar una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, con el objeto de que la responsabilidad y financiamiento de las evaluaciones ambientales no dependa exclusivamente del titular o promotor del proyecto, sino que sea el Estado quien mediante licitación pública administre el proceso de contratación de las consultoras participantes.

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