Schuwirth es ingeniero civil industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María e ingresó al Grupo Ultramar en 2012 como ingeniero de gestión, asumiendo posteriormente como jefe de Proyectos de la Gerencia Zona Norte de Axinntus.

Hasta la fecha el ejecutivo se desempeñaba como administrador de Axinntus en la Región del Biobío.

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Según informó la compañía ligada a la familia Angelini en sus resultados del cierre de 2016, el año pasado se realizó una completa reorganización financiera al interior de la empresa, dejándola en una mejor posición.

Este proceso tuvo dos pasos. Primero, se celebraron contratos con los bancos Itaú-Corpbanca y BCI, donde se hizo el traspaso de las obligaciones del 50% de la deuda remanente de Mina Invierno hacia su matriz indirecta Minera Camino Nevado, a través de la cual Copec participa en la sociedad.

Según se informó, la deuda de la que se hizo cargo la firma del grupo Angelini es cercana a US$ 142 millones y será amortizable en 10 cuotas semestrales.

El grupo Ultramar ligado a los Von Appen se habría hecho del otro 50% de la deuda, con lo que Mina Invierno quedó libre de acreencias con los bancos que la habían financiado.

El segundo paso de esta reorganización está dado porque la carbonífera concretó un aumento de capital durante 2016. El aporte no fue realizado con recursos frescos, sino que se contabilizó el pago de la deuda que hicieron sus accionistas.

De esta manera, el yacimiento logró desprenderse de las deudas que mantenía con un sindicato de bancos, las cuales se arrastraban desde la construcción de la faena.

LOS OBSTÁCULOS

Este movimiento, junto a otros ajustes operativos que ya se habían realizado en la compañía, buscarían darle viabilidad al proyecto que comenzó a operar justo en un momento en que el precio del carbón comenzó a bajar.

Esto llevó a la compañía a enfrentar varios desafíos. Por ejemplo, a inicios de 2016 los accionistas debieron realizar un castigo al activo, el que alcanzó a US$ 290 millones y que también obligó a realizar un primer aumento de capital.

Para adaptarse a la realidad del mercado, Mina Invierno debió tomar medidas drásticas. Principalmente se abocó a buscar la manera de ser más eficiente, elevando la productividad y bajando los costos de operación. Esto incluyó medidas como el despido de 50 de sus trabajadores -de un total de 530-, número que fue mayor si se considera a contratistas. También se ajustó el nivel de producción -en 2016 totalizó 2.442 mil toneladas, informó Copec-, y se revisaron y renegociaron contratos con proveedores, entre otras acciones.

Durante este tiempo, el valor del carbón llegó a estar en el orden de US$40 por tonelada, lo que también obligó a los máximos productores mundiales a tomar medidas para enfrentar la sobreoferta y que posteriormente se tradujo en una recuperación de los precios, llegando a valores de US$ 80 o incluso
US$ 90 la tonelada en el último trimestre del 2016.

Según informó la empresa, a comienzos del 2017 los precios se han estabilizado en un nuevo rango de US$70 a US$80 por tonelada, mismos valores que se proyectan para el resto del año.

“Como resultado de las acciones implementadas, la compañía logró hacer frente a precios históricamente bajos en la primera mitad de 2016 y aprovechar la recuperación de precios observada en el segundo semestre del año, consiguiendo cerrar el ejercicio 2016, con una mejora sustancial respecto del resultado negativo obtenido en 2015”, dijo Copec en su reporte.

Dentro de los cambios, uno de los temas que está pendiente es introducir el uso de tronaduras a su modelo de operación, lo que ayudaría a reducir más los costos de operación.

TRONADURAS: PODRÍA AFECTARSE PROGRAMA PRODUCTIVO

Uno de los principales esfuerzos de Mina Invierno por maximizar la productividad y bajar los costos de operación, era desarrollar un sistema de extracción a partir de tronaduras, proceso para el que incluso fueron autorizados por las autoridades ambientales y que tenía previsto comenzar en abril.

Sin embargo, la semana pasada la Corte Suprema acogió un recurso de protección mediante el cual se dejó sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), argumentando que era necesario realizar un proceso de participación ciudadana.

Ante esta situación, desde la empresa confirmaron que “se podría afectar el cumplimiento del programa productivo para este año, dependiendo su incidencia del tiempo que tome obtener una nueva RCA que permita la incorporación de tronaduras a la operación”.

Del mismo modo, según trascendió, ya se habrían cancelado los contratos con la empresa encargada de realizar estos procesos de extracción, al no existir claridad de cuando se podrán retomar. Asimismo, se fijó una reunión con los trabajadores de la empresa para mañana jueves, en la que estos últimos exigirán el reajuste en las metas de producción de este año, ya que sin las tronaduras los niveles bajarían considerablemente.

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Ese día, la subdirectora de Fiscalización del SII, Carolina Saravia, recibió a Cristóbal Oelckers, gerente de Finanzas de la minera que se dedica a la explotación de carbón en Isla Riesco, Región de Magallanes. A la cita también concurrió el abogado especialista en temas tributarios Luis Felipe Ocampo de Recabarren & Asociados.

Según trascendió, la minera hizo ver su malestar en la demora de la devolución debido a una extensa revisión tributaria en un proceso que ha tomado más del tiempo estimado originalmente por la compañía. Expertos sobre esta materia estiman que el SII puede tomar hasta un año y medio en ese proceso de auditoría.

El mayor plazo se debe a discrepancias en el cálculo del IVA Exportador entre el Servicio de Impuestos Internos y la minera, a raíz de una serie de reparos que presentó la autoridad respecto de un número embarques. Esta situación le ha significado la retención tributaria de al menos $2.000 millones.

Las conversaciones así se han extendido más de lo programado, pues la Dirección Nacional del SII sostiene que la discrepancia debe ser resuelta por la División Regional. Sin embargo, desde esta última dicen, al revés, que el problema debe ser solucionado desde Santiago. Por lo mismo, en Minera Invierno han realizado gestiones ante el organismo para avanzar a una mayor coordinación que permita resolver el problema.

De hecho, dependiendo de la respuesta, la compañía evaluará si sigue adelante en su reclamo, pero ahora en la arena judicial, cuestión que tomaría al menos dos a tres años en zanjarse.

El escenario no es menor para la compañía. Más aún si se considera que con los recursos en disputa la minera podría contar con una mayor liquidez, y afrontar de mejor manera sus compromisos con proveedores.

El argumento principal de Minera Invierno para defender su posición es el impacto que ha tenido en sus balances la fuerte caída del mercado del carbón, por lo cual el dinero retenido es de vital importancia.

En los últimos dos años, el precio de la tonelada de carbón ha caído en forma sostenida. Desde US$90 toneladas a los US$35 la tonelada.

Mina Invierno cuenta con 73 millones de toneladas con aprobación ambiental de ser extraídas. El yacimiento ocupa una superficie de 1.509 hectáreas que corresponden a un 0,3% de la superficie total de Isla Riesco. Consultada de manera oficial, Minera Invierno declinó hacer comentarios al respecto.

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El terminal de la Segunda Región está avanzando en la ampliación de sus instalaciones, la que contará con nueva infraestructura para el acopio y envío de concentrados del metal rojo, opción que ha tomado fuerza ante el interés de algunos privados ante las dificultades que se han generado con este negocio en Antofagasta.

Con esto, busca ampliar sus servicios, ya que Mejillones es uno de los principales terminales del país de ácido sulfúrico. Según comentaron en la empresa, tras finalizar el trabajo de ingeniería, el proyecto estaría en condiciones para ejecutarse.

Recalcaron que el puerto cuenta con todos los permisos ambientales para el acopio y exportación de metales. Según consta en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en 2011 recibió la aprobación.

“Dicha expansión aumentaría la capacidad de recepción y almacenamiento para el posterior embarque de los concentrados que se obtendrían en los nuevos proyectos mineros de la región”, dijo la firma.

Eso sí, declinaron entregar más detalles, como por ejemplo eventuales negociaciones que mantengan con empresas mineras.

Las opciones de los Luksic

Para quienes el terminal privado sí es una opción es Ferrocarriles de Antofagasta (FCAB), firma controlada por Antofagasta plc, del grupo Luksic. La compañía ha buscado alternativas para exportar el concentrado de minera Sierra Gorda, operada por la polaca KGHM, que hasta el momento hace sus envíos desde la capital de la Segunda Región.

“Debido a diversos factores que afectan a la empresa que se hace cargo de la recepción, almacenamiento y embarque del concentrado en el Puerto de Antofagasta, nos encontramos buscando alternativas para eventualmente transportar el concentrado a través de otros puertos”, señaló la compañía en una consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

La firma propone que se mantenga el trazado desde Sierra Gorda hasta la Estación Prat y, ahí, incorporar el ramal existente que lleva hasta Mejillones, “lugar donde el concentrado sería descargado, acopiado y embarcado”.

Añadieron que “dada la necesidad de nuestro mandante y el hecho de que FCAB mantiene y opera el ramal existente entre la estación Prat e instalaciones portuarias de Mejillones, su incorporación como alternativa para embarcar en un puerto distinto del Puerto de Antofagasta, representa una oportunidad real para exportar el concentrado de cobre a través de instalaciones portuarias que cuenten con la infraestructura y permisos necesarios”.

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Así, las compañías ligadas a la producción de esta materia prima han venido operando bajo gran presión. En el plano local, una de las firmas que más ha sentido el impacto es Mina Invierno, controlada en partes iguales por los grupos Copec (Angelini) y Ultramar (Von Appen).

De hecho, Copec informó el 29 de enero, a través de un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), que realizó un test de deterioro de Mina Invierno que arrojó una pérdida financiera de US$ 290 millones para su filial, por efectos del deterioro de los precios del carbón. Esto, explicó, tendrá un efecto negativo de US$ 145 millones en los resultados de Copec de 2015.

De acuerdo al API 2, principal indicador de este mineral, el carbón ha caído 39,3% en 12 meses, llegando a US$ 37,9 la tonelada métrica.

La delicada situación ha provocado que en la industria incluso se rumoree de un posible cierre de la operación. Sin embargo, fuentes del sector dijeron que Copec y Ultramar han tomado medidas para enfrentar este complejo escenario e intentar salvar la operación de la faena.

Por un lado, están trabajando con menores niveles de producción (cuatro millones de toneladas al año) respecto de su capacidad instalada (seis millones de toneladas anuales), con el fin de intentar minimizar los impactos financieros producto de los bajos precios del carbón.

También están realizando esfuerzos para ganar eficiencia, elevar la productividad y reducir los costos.Además, están internalizando algunos servicios y otros los están renegociando.

La administración también está abordando medidas estructurales, como la maximización del relleno interior de la mina, el control de las infiltraciones de agua y están tratando de incorporar las tronaduras como método complementario a la extracción de estéril, lo que les permitiría tener un menor deterioro de los equipos y abaratar costos.

En este sentido, Mina Invierno ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) una Declaración de Impacto Ambiental para incorporar las tronaduras, pero en diciembre el SEA emitió un informe con cerca de 50 observaciones (Icsara). Ahora la firma prepara las respuestas, para lo que tiene plazo hasta el 31 de marzo.

Impacto regional

La mina de carbón se ubica en la Región de Magallanes y genera unos 1.000 empleos, de los cuales la mitad corresponde a trabajadores propios y el resto, a contratistas. Por ello, la situación de la compañía es observada con preocupación por las autoridades locales.

“El cierre de la operación es el peor de los escenarios. Por eso, esperamos que la situación del precio internacional del carbón se estabilice para que Mina Invierno pueda seguir operando. Por lo tanto, es una preocupación para la región”, dijo Paola Fernández, intendenta (s) de Magallanes.

Claudio Flores, alcalde (s) de Punta Arenas, complementó que “nuestra preocupación está principalmente en el aporte económico que hace la empresa, en términos de puestos de trabajo.

Por ello, estamos preocupados con lo que pueda pasar con las personas que trabajan ahí. A partir de esto, entre otras cosas, hemos estado en conversaciones permanentes con el gobierno regional para ver cómo podemos lograr una diversificación de la fuente laboral de la zona”.

El presidente regional de la CPC y consejero regional, Alejandro Kusanovic, por su parte, dijo que “es importante que no se le sigan poniendo trabas a la incorporación de las tronaduras, pues esto le permitirá a la mina reducir los costos y hacer más viable la faena. Es importante que siga operando; de lo contrario, subiría el desempleo en la región”.

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Después de haber tenido un proceso de solicitud de autorización ambiental fallido -ya que la autoridad solicitó más antecedentes para evaluar la Declaración de Impacto Ambiental-, ahora el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Magallanes hizo ver sus aprehensiones sobre la propuesta realizada por la operación de los Angelini y Von Appen.

En un documento con consultas -denominado ICSARA, con más de 50 preguntas-, el SEA le indicó a la empresa que “con los antecedentes disponibles en la presentación no es posible asegurar la no generación de riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos” que implica la incorporación de tronaduras.

Por eso, entre otras solicitudes, pidió que Mina Invierno presente “los antecedentes que permitan determinar y justificar el área de influencia del proyecto, para los contaminantes de ruido y vibración, la que en cualquier caso debe definirse de acuerdo al escenario de mayor emisión, correspondiente a la suma energética de las operaciones del proyecto actual y aquellas que incorpora la modificación del mismo”.

Agregan que “con el fin de asegurar que no se generarán efectos sobre la salud de las personas, se requiere aclarar las medidas de control ingenieril que se implementarán, para que los niveles de ruido en faenas de tronadura no sobrepasen el ruido de fondo, dado que existen trabajadores que realizan su descanso en horario diurno, según los roles de las jornadas laborales”.

La obtención del permiso es considerado como clave en la compañía para disminuir los costos de extracción del carbón y, de esta manera, capear la caída de la materia prima, impulsada por la menor demanda de este combustible para la generación, mayor influencia del shale gas y sobre producción china.

Según la DIA, la faena perfeccionará “la estrategia de extracción mecánica mediante palas hidráulicas utilizada actualmente, lográndose una mayor eficiencia en las faenas mineras”. La compañía solicita un máximo de cuatro tronaduras semanales con un volumen aproximado no superior a 100.000 m3 de material a remover en cada una.

La pérdida de Copec

La fuerte caída en el precio del carbón, y tal como lo adelantara en diciembre Diario Financiero, obligó a Copec a hacer una pérdida financiera. Según comunicó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la situación de Mina Invierno tendrá un “efecto negativo” en sus resultados corporativos a diciembre de 2015 de US$ 145 millones, por efecto del peor desempeño del yacimiento de carbón.

La firma detalló que los resultados obtenidos del test de deterioro, validados con la auditora EY, arrojan una pérdida de US$ 290 millones para Laguna Blanca -que controla Mina Invierno- constituida por “deterioros en los montos correspondientes a propiedades, plantas y equipos, valor de realización de inventarios, intangibles y activos por impuestos diferidos”.

 Ponen en venta mina en Aysén

El fin del súper ciclo de las materias prima trajo consigo la puesta en venta de activos mineros. Si en Chile ya grandes empresas como Barrick, Anglo American y Glencore han enajenado activos (o están en procesos), ahora es el turno de firmas más pequeñas. Tal en el caso de la minera belga Nyrstar, que puso a disposición de inversionistas interesados, varias de sus faenas, entre ellas El Toqui, productora de zinc, plomo, oro y plata ubicada en la Región de Aysén.

De acuerdo a información de la compañía, El Toqui produjo 37.000 toneladas de concentrados de zinc en 2014, su principal producto. Al mismo año contaba con 406 empleados.

Esta faena está operativa desde 1963 y en agosto de 2011 Nyrstar accedió a la propiedad de la mina tras comprar el activo a Breakwater Resources.

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Von Appen señaló -en un seminario de Sofofa- que los principales terminales nacionales no están preparados para recibir las naves portacontenedores más grandes del mercado, de 18 mil teus. Estas últimas se vinculan con beneficios como menores precios para el transporte de productos.

El empresario sostuvo que «hay un desafío enorme y debemos abordarlo muy luego. No podemos afectar la productividad porque vamos a afectar la competitividad del país, tenemos un desafío enorme para poder anticiparnos y debemos desarrollar nueva estructura, capacidad portuaria, y para poder hacer eso no podemos seguir con los tiempos políticos de hoy». Y añadió que como país debemos tener una mirada de largo plazo en esta área y en otras como educación o en salud, ya que, dijo, «no podemos seguir planificando cada cuatro años».

Indicó que se está discutiendo la construcción de los Puertos de Gran Escala en la V Región -San Antonio y Valparaíso- a los cuales, planteó, deberían estar ligadas obras que refuercen la accesibilidad a través de caminos y vías ferroviarias.

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El presidente de Ultramar, Richard Von Appen, quien asistió representando al Terminal Puerto Arica, uno de los finalistas, comentó que “el menor crecimiento no está teniendo efectos sólo en consumo, sino que se siente en el comercio exterior, especialmente en las importaciones, las que muestran una baja importante en los primeros cinco meses del año, lo que impacta los movimientos de carga en los puertos”.

Sostiene que si bien la forma de implementar la reforma tributaria y realizar cambios a la reforma laboral es relevante para mejorar el clima interno de inversión, también ayudaría la ejecución de un ambicioso plan de infraestructura.

“No sólo con mejorar las reformas se puede reactivar la economía, sino que tenemos como país que recuperar nuestra conectividad a través de un plan de infraestructura, aumentando la inversión en carreteras, ferrocarriles y, sin duda, los puertos”, dijo.

Sobre este punto indicó que “Chile está atrasado en la elaboración de un plan portuario para los próximos 20 ó 30 años. Venimos insistiendo sobre esto hace un tiempo y creemos que podemos aportar en la discusión, que tiene que nacer de las comunidades y puertos locales, y no del centralismo que muchas veces toma medidas ajenas a la realidad local”.

El presidente ejecutivo de Finning Sudamérica, Marcello Marchese, comentó que la actividad, en especial en la minería, tuvo un primer semestre similar a la segunda mitad de 2014, aunque con un sesgo a la baja.

Como proveedores de esa industria, explicó el ejecutivo, se vieron impactados por los planes de reducción de costos de estas compañías.

Las perspectivas para la última parte del año no son auspiciosas. “Pienso que el segundo semestre de este año, lamentablemente, no será muy distinto al primero, en línea a lo dicho por todos los agentes económicos”, dijo Marchese.

Premiación

Finning Chile recibió ayer el Premio Carlos Vial Espantoso 2015, reconocimiento que anualmente otorga la Fundación para distinguir a compañías que trabajan por construir relaciones laborales de confianza. La ganadora fue elegida entre un total de nueve empresas finalistas, como AES Gener, BancoEstado, CCU, GNL Quintero, Metrogas, Terminal Puerto Arica, TVN y Viña San Pedro.

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La sociedad Pampa Calichera, último eslabón de una cascada de sociedades que le permite controlar SQM, propuso cuatro candidatos a la elección de directorio que se realizará en la junta de accionistas de mañana: Hernán Büchi, ex ministro de Hacienda, director de SQM desde 1993; el empresario Wolf Von Appen, accionista del grupo naviero Ultramar, presente en la mesa de SQM desde hace una década; y Juan Antonio Guzmán, director de empresas, quien llegó por la serie B en 2013. Calichera propondrá como director independiente a Dieter Linneberg, economista, director ejecutivo del Centro de Gobiernos Corporativos de la FEN en la Universidad de Chile. Y aunque se evaluó la opción de Von Appen, el plan actual es que Guzmán asuma la presidencia de SQM en lugar de Ponce. En la estructura de gobierno corporativo de SQM, la serie A elige a siete directores; mientras la B nombra a uno. Para este último grupo hay hoy solo un candidato: Edward J. Waitzer, experto en temas de gobierno corporativo, propuesto por el fondo SailingStone, dueño del 15% de la serie B.

La salida de Ponce había sido solicitada formalmente por algunos minoritarios como SailingStone y también, en conversaciones directas, por la canadiense PotashCorp (PCS), dueña del 32% del capital total de SQM. La petición tiene su origen en la investigación iniciada por el Ministerio Público por presuntos delitos tributarios, cohecho, apropiación indebida y simulación de contratos. SQM ha admitido no tener respaldo para gastos por US$ 11 millones realizados entre 2009 y 2014, documentados con boletas y facturas que están siendo pesquisados por la Fiscalía.

[Nuevo directorio de SQM: independiente suma apoyos]

Y aunque Ponce tiene, en alianza con la japonesa Kowa, el mismo 32% de PCS, tiene mayor presencia en la serie A, lo que le permite controlar la compañía.

En 2013, Ponce eligió cuatro directores por la serie A y contribuyó con sus votos a elegir a Guzmán. Esta vez no competirá por la B y, además de él mismo, saldrá de la mesa Patricio Contesse Fica, hijo del ex gerente general.

PCS renueva a todos

Cumplida la condición exigida -la salida de Julio Ponce de la mesa-, la canadiense PCS decidió volver al directorio que abandonaron sus representantes en la mesa el 17 de marzo pasado: el abogado José María Eyzaguirre, Wayne Brownlee, gerente de finanzas de PCS, y el gerente de BTG Pactual, Alejandro Montero. Sin embargo, su regreso no se produjo como los canadienses esperaban en un principio y propuso ayer tres candidatos distintos, todos altos ejecutivos de la canadiense: Joanne Boyes, directora senior de reporting, finanzas y cumplimiento; Roberto Kirkpatrick, vicepresidente legal; y Arnfinn Prugger, vicepresidente técnico de PCS.

La renovación completa de sus directores fue también una consecuencia de las conversaciones desarrolladas con Ponce durante las últimas semanas. En específico, Ponce habría exigido a los canadienses la salida del socio de Claro & Cia., José María Eyzaguirre, quien lideró los cuestionamientos a la mesa y al ex gerente general de la empresa, Patricio Contesse González, destituido el 16 de marzo. Contesse ejerció como máximo ejecutivo desde marzo de 1990 y fue reemplazado por Patricio de Solminihac. La canadiense cedió, pero prefirió cambiar a todos sus representantes en el directorio.

“Pampa Calichera y PotashCorp apoyan estos ocho candidatos y están convencidos que los cambios al Directorio y estructura de gobierno de SQM son de gran beneficio para la compañía”, anunciaron los accionistas en un comunicado hecho público por la minera.

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Entre las inversiones está contemplada la extensión en 120 metros de Terminal N° 1, su profundización a 16,5 metros y obras de pavimento y refuerzo.

Junto con ello, TPS también invertirá en mejoras en sus servicios de tecnología, como lo es el cambio de sistema operacional de terminales portuarios a un software llamado Navis, una inversión de US$4 millones que estaría operativa a mediados de 2015, según explica el gerente general de TPS, Francesco Schiaffino.

A ello se sumará  un nuevo sistema de pago electrónico que facilitará las operaciones de clientes, en especial en agencias de aduanas.

Si bien 2013 fue un año récord para Terminal Pacífico Sur (TPS), con más de 9 millones de toneladas transferidas, lo que corresponden al 89% de la carga que se moviliza en el Puerto de Valparaíso, y a un 44% de lo que se mueve en toda la V Región, el gerente general no prevé que se repita esa cifra en el presente año.

Prevé una tendencia a que los volúmenes de carga experimenten una eventual reducción en los próximos años, y no sólo por la incertidumbre generada por la reforma tributaria o la desaceleración económica. Sino por el tamaño de los puertos del país, que dentro de poco podrían quedar obsoletos por la flota de grandes navíos con los que se están armando las fusiones entre grandes navieras que operan en las costas de nuestro país.  En vista de las cuatro grandes alianzas que se están tomando las rutas de comercio marítimo a nivel mundial, “…un puerto que no sea para esa cantidad de carga hoy es construir un puerto para el pasado”, aseguró Francesco Schiaffino, gerente general de TPS.

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