Las mismas cifras de los TTA lo avalan: las causas en trámite en la justicia especializada se dispararon casi 24% en el primer trimestre de 2015 en relación al mismo lapso de 2014, llegando a 1.956 casos a lo largo de los 18 tribunales existentes en el país.

Esto se traduce en un incremento de casi 400 causas en doce meses.

Y si bien por una parte las causas ingresadas cayeron más de 40% en el citado período, los procesos terminados se desplomaron sobre 24%, dando cuenta de que si bien no están iniciándose procesos nuevos, sí se está acumulando trabajo desde años previos.

Las cifras en la mesa

A nivel nacional, los principales incrementos se dieron en el tercer tribunal de la Región Metropolitana, con un crecimiento de casi 490% en los procesos abiertos, pasando de 46 a 270 en doce meses.

Más atrás se ubican los tribunales de Atacama, con un alza de causas en trámite de 450% año a año (11 versus 2), seguido del tribunal de la Región de Los Lagos, cuyos casos en proceso se dispararon sobre 130% en un año.

Como era de esperarse, el monto más alto a nivel nacional se ubica en la Región Metropolitana, con más de 1.400 casos, un 72% del total a nivel país.

En cuanto a las causas terminadas, la mayor baja se registró en los tribunales de Antofagasta, con una merma interanual de 80%, seguido del Primer Tribunal de la Región Metropolitana, con una caída de 71% en el período. Más atrás se ubicó la cuarta unidad de la capital, con un retroceso de 54% en el período.

La urgencia de legislar

Los TTA se crearon a fines de la década pasada como una unidad judicial para resolver discrepancias a nivel tributario entre los contribuyentes, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y Aduanas.

En 2010 comenzaron a funcionar cuatro tribunales en el país, a los que se sumó la misma cantidad en 2011 y 2012, respectivamente. Al año siguiente, ingresaron los últimos seis, de los cuales cuatro se ubican en la Región Metropolitana.

En 2013, no obstante, el Congreso aprobó un proyecto de ley para reducir la planta de los tribunales especializados, desde 137 a 127 plazas.

La historia no terminó ahí. En enero último, ya embarcado en el objetivo de implementar la reforma tributaria, el gobierno envió un proyecto de ley para fortalecer los TTA.

Se trata de elevar la planta máxima a 139 cargos, resguardando que los tribunales de Santiago, Valparaíso, Concepción, Temuco e Iquique -que hoy tienen una mayor carga- cuenten con las plantas de personal suficientes para atender la tramitación de las materias sometidas a su conocimiento.

Sin embargo, el texto está hoy estancado en la comisión de Constitución de la Cámara, debido a que la instancia está analizando proyectos de la agenda de probidad del Ejecutivo.

Su plazo inicial para ser aprobado era el 21 de mayo, pero Hacienda lo retrasó hacia mediados de septiembre. Las comisiones de Hacienda y Constitución están hoy negociando cómo destrabar el texto.

«Es imperioso que se fortalezca la capacidad de los tribunales a la brevedad, ya que con la entrada en vigencia de las normas de la reforma tributaria aumentará aún más la judicialización», señala Claudio Bustos, de Bustos y Cía.

El socio de Tax & Legal de BDO, Rodrigo Benítez, considera el retraso del proyecto algo «grave», ya que forma parte del acuerdo político de julio de 2014. «Allí se estableció que la reforma no podría funcionar sin la existencia de una capacitación integral de los jueces», recuerda.

El socio de AK Contadores, Patricio Gana, advierte de una «saturación» del sistema en el corto plazo.

Por su parte, el socio de Guerrero Olivos, Sebastián Guerrero, es tajante: «Para nadie es una sorpresa que los tribunales de Santiago están colapsados Esta situación requiere de urgentes medidas».

Marlene Leyton: «Un paro es una medida que siempre está presente»

La Asociación de Funcionarios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (Afunttach) está en alerta ante el retraso que ha sufrido el proyecto para fortalecer y modernizar la justicia tributaria.

Para la presidenta del gremio, Marlene Leyton, el hecho es grave y advierte que de no acelerarse la tramitación, podría verse afectada la puesta en marcha de la reforma tributaria, considerando que el 30 de septiembre entran en vigencia las normas generales antielusión, lo que podría aumentar la judicialización entre el SII y los contribuyentes, controversias que -en última instancia- deben ser dirimidas por los TTA.

– Las comisiones de Hacienda y Constitución están negociando para agilizar la tramitación del proyecto. ¿Es suficiente?

– El retraso del proyecto de ley es algo que preocupa a todos los funcionarios. Nos preocupa de sobremanera, ya que los plazos para que pueda convertirse en ley se han ido prorrogando. Una urgencia nos permitiría que este tiempo de retraso pueda verse minimizado. En Hacienda habían dicho que el proyecto vería la luz antes del 21 de mayo. Después este plazo fue prorrogado hasta septiembre y nosotros vemos que hoy es necesaria la urgencia para que sea ley a esa fecha.

– ¿Ven posible que no se cumpla el plazo de septiembre?

– Si la ley sigue la tramitación normal en el Congreso, vemos que podría verse sobrepasado ese plazo.

– Las cifras dan cuenta de que las causas en trámite aumentaron más de 20% en el primer trimestre, mientras que las terminadas cayeron un 24%. ¿Hay un colapso en el sistema?

– Sí. Como todo tribunal que inicia su marcha, las causas que ingresan hoy son menores que en años anteriores. En los años siguientes se van juntando las causas nuevas con las que ya están en trámite. El año pasado, vimos tribunales que se vieron sobrepasados por la cantidad de ingresos.

– ¿Es algo generalizado?

– Hay tribunales que están más colapsados que otros, y no queremos que esta situación termine abarcando a todos los demás. La menor cantidad de personal en algunos tribunales, por la ley que redujo la planta en 2013, ha tenido un efecto mayor que en otros.

– ¿Cuáles tribunales regionales están más complicados?

– Son varios, pero destacan los cuatro de la Región Metropolitana y Valparaíso, Concepción.

– ¿Esto puede poner en peligro la implementación expedita de la reforma tributaria?

– Sí, creemos que sí. Hay que considerar que la reforma tributaria contiene normas complejas de entender para los contribuyentes y que producen distintas interpretaciones. Eso va a repercutir en problemas que serán judicializados a través de los tribunales.

– ¿Están dispuestos a ir a paro si no hay urgencia de parte del Ejecutivo?

– Un paro es una medida que siempre está presente en un proceso de negociación. No es algo que descartamos en este momento, pero tampoco podemos señalar tajantemente que hoy o mañana habrá un paro.

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Ayer, en el marco del tradicional almuerzo de coordinación entre los diputados y senadores de la Nueva Mayoría integrantes de las comisiones de Hacienda, el titular del ramo, Alberto Arenas, planteó a los legisladores parte del cronograma y las prioridades del Ejecutivo para la primera parte del año, con énfasis en a lo menos tres proyectos de ley a despacharse «lo antes posible».

Según el presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, Pablo Lorenzini, el titular de las finanzas públicas habría convenido con los senadores y diputados de la instancia centrar parte «relevante» del trabajo legislativo de corto plazo en los proyectos de ley que fortalecen el Servicio de Impuestos Internos (SII) y los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), además del proyecto para la nueva institucionalidad para la inversión extranjera en Chile, que vendrá a reemplazar al Decreto Ley (DL) 600.

«La idea sería ojalá tener despachados estos proyectos antes del 21 de mayo, ya que son compromisos asumidos en la tramitación de la reforma tributaria», señaló.

De hecho, para la jornada de hoy en Valparaíso se espera la exposi- ción de Arenas, junto al titular del SII, Michel Jorratt, y el director de Presupuestos, Sergio Granados, para abordar el proyecto que fortalece al fiscalizador tributario.

«La idea es que se vote el miércoles o más tardar el jueves el proyecto, para que pase a sala y luego al Senado», comenta un diputado que participó en la cita.

Respecto al DL 600, Lorenzini señaló que pondrá el tema en tabla el próximo martes, para luego concordar con los miembros de la instancia el cronograma de audiencias y despachar al Senado el proyecto -«ojalá»- en abril. «Tenemos que despachar lo antes posible el DL 600. Hay que dar certidumbre al sector privado para que se retome el crecimiento y este proyecto es funcional para aquello», afirmó el legislador.

El referido proyecto, que fue en- viado por Economía y Hacienda al Congreso a fines de enero, debe ser aprobado este año para comenzar a regir en 2016, año en que se deroga el DL 600.

En el encuentro de ayer también se analizaron eventuales urgencias e indicaciones al proyecto de ley que transforma la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en una Comisión de Valores, a la espera del informe de la comisión de expertos convocada por Hacienda.

«Hay entre seis y siete proyectos que el ministerio se comprometió a enviar o presentar indicaciones en las próximas semanas», comentó el diputado DC José Miguel Ortiz.

El pie en el acelerador hasta junio… por lo menos

Pero no sólo del panorama legislativo se conversó en el almuerzo en Teatinos 120. El jefe de las finanzas públicas expuso a los parlamentarios la evolución reciente de la economía, mostrando su confianza en un «tibio» repunte de la actividad luego del Imacec de 2,7% de enero y el fuerte incremento en el gasto público del mismo mes, que avanzó sobre 11%.

«El ministro señaló que está muy confiado en que ya se alcanzó un punto de inflexión en la actividad y en que, a partir del segundo semestre, la economía comience a repuntar para acercarse al 3%», afirmó el diputado DC Matías Walker.

De hecho, según Lorenzini, Arenas habría transmitido a los legisladores la instrucción de la presidenta de la República, Michelle Bachelet, de avanzar en la ejecución del Presupuesto 2015 con «el pie en el acelerador» hasta mediados de año y analizar la necesidad de mantener el fuerte estímulo fiscal una vez que el sector privado retome su dinamismo a partir de junio.

«La instrucción que emanó del consejo de gabinete en Cerro Castillo es avanzar en la ejecución de pro- yectos de inversión en los ministerios y regiones más atrasadas. La idea es que en junio se pueda analizar bajar el ritmo del estímulo fiscal siempre y cuando el sector privado muestre señales de reactivación. Eso sí, el compromiso de ejecutar el 100% del Presupuesto no está en discusión. El ministro se mostró muy esperanzado en un cambio en las expectativas y la tendencia de crecimiento», dijo Lorenzini.

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Para la formulación del texto, el Ministerio de Hacienda trabajó con actores del sector público como el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional de Aduanas; la Tesorería General de la República, la Asociación de Jueces y Funcionarios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, y del sector privado como el Círculo Legal de Icare, el Colegio de Abogados, la International Fiscal Association y el Instituto Chileno de Derecho Tributario, además de recibir la opinión de expertos en la materia.

Durante el debate de la reforma tributaria, el Ejecutivo recibió fuertes cuestionamientos respecto de la falta de garantías de debido proceso ante eventuales contiendas derivadas de reclamaciones por la aplicación del nuevo sistema. Ello llevó a la decisión de impulsar el perfeccionamiento de la justicia impositiva, con una iniciativa que apuntara a matizar las nuevas atribuciones del SII, fortaleciendo a los TTA, considerados como terceros independientes para dirimir controversias entre los contribuyentes y el fiscalizador.

Nuevas instituciones

Tal como lo adelantó en entrevista con DF el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, el proyecto crea una nueva institución procesal llamada audiencia de conciliación, con el fin de acortar la duración de los procesos judiciales entre los contribuyentes, Impuestos nternos y Aduanas.

La instancia de conciliación previa fue incorporada de manera obligatoria a la justicia civil hace 15 años y, según expertos en la materia, ha contribuido a «mejorar de manera relevante» la extensión y los costos de litigación.

Sobre la base del arreglo, deberá pronunciarse el director del servicio, quien podrá aceptar o rechazar la conciliación con la contraparte. En caso de que la acepte, deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa y las condiciones de dicha aceptación. El tribunal fijará un plazo prudencial para que la autoridad administrativa se pronuncie.

El acta de conciliación producirá los mismos efectos de una sentencia ejecutoriada, una vez que sea aprobada mediante resolución fundada por el juez Tributario y Aduanero.

Se excluyen de la conciliación aquellas materias en las que lo discutido es la obligación tributaria en términos abstractos o las posibles conductas que impliquen dejar sin aplicación los hechos imponibles establecidos en la ley mediante los supuestos de abuso o simulación, según la regulación anti elusión.

Otra instancia que se crea es el trámite de observaciones a la prueba en juicios, además de perfeccionar la reposición administrativa.

En ese contexto, se amplía el plazo que tienen los contribuyentes para presentar el recurso de reposición, de 15 a 30 días y el tiempo para que el SII se pronuncie sobre el mismo, de 50 a 90 días, además de establecer expresamente que la presentación de este recurso suspende el plazo para interponer reclamos ante los TTA.

La institución fue implementada para contar con una instancia que permita al SII resolver administrativamente el conflicto, evitando la judicialización «innecesaria». Sin embargo, ésta no ha cumplido con sus fines.

También se establece la tramitación electrónica de causas tributarias y aduaneras.

En La Moneda desestimaron la creación de una nueva instancia judicial de reclamación alternativa a la Corte de Apelaciones, algo así como una «corte tributaria», donde las partes pudieran apelar a los dictámenes de los TTA.

Plantas y remuneración

El proyecto propone la generación de una escala de remuneraciones propia y el aumento en las plantas de funcionarios de los tribunales.

En el gobierno anterior se redujo la planta de 137 a 127 cargos y hoy se busca elevar la planta máxima a 139 cargos, resguardando que los tribunales de Santiago, Valparaíso, Concepción, Temuco e Iquique, que hoy tienen una mayor carga de trabajo, cuenten con las plantas de personal suficientes para atender adecuadamente la tramitación de las materias sometidas a su conocimiento.

De aprobarse el proyecto de ley, la distribución será igualitaria en la capital, ya que cada tribunal contará con una planta de 13 funcionarios.

Proyecto que moderniza el SII mejora carrera

Fruto de un protocolo de acuerdo con las asociaciones de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hacienda también envió el viernes un proyecto de ley que fortalece y moderniza el SII, en el marco de la implementación de la reforma tributaria.

La modernización incluye una mayor racionalidad en la composición de las remuneraciones y menor variabilidad de las mismas, actualización y modernización de las condiciones de ingreso y mejoramiento de la organización funcional del SII.

Se fijó el compromiso de aumentar la dotación del SII en 740 funcionarios, la modernización de las estructuras de planta para garantizar la carrera funcionaria, la racionalización de las remuneraciones con el fin de disminuir el peso relativo de las variables, todos avances sustantivos que permitirán fortalecer la profesionalización del SII y la autonomía de los funcionarios en el cumplimiento de la misión de fiscalización tributaria.

El presidente de la Asociación de Funcionarios de Impuestos Internos de Chile (ANEIICH), Carlos Insunza, dijo que con esto «se han construido los acuerdos necesarios para superar el estancamiento del proceso modernizador del SII durante las últimas administraciones, concordando un ambicioso plan que impulse un nuevo ciclo de Modernización del SII, el que, en acuerdo con todos los actores institucionales, se materializará en el anunciado proyecto de ley».

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¿Ve preparado al gobierno para implementar la reforma tributaria?

Creo que tomaron el toro por las astas. Era claro que hoy el Servicio de Impuestos Internos (SII) no era capaz de soportar la reforma. Entiendo que contrataron al BID para que hiciera un diagnóstico de qué cosas tenían que hacer para preparase. Eso implica muchos cambios tecnológicos y preparación de la gente. Si se sigue un buen desarrollo, debieran llegar razonablemente preparados.

Bajo el nuevo esquema los tribunales tributarios tendrán un rol clave en la resolución de pugnas entre el SII y los contribuyentes ¿Están sus jueces suficientemente preparados?

Creo que indudablemente serán los actores con más peso del mercado. En el mediano plazo ellos van a decir qué se puede y qué no se puede hacer. Los he visto preocupados. De hecho, tuvimos un curso cerrado sobre reforma tributaria. Les hicimos clases por videoconferencia. Ellos iban planteando sus dudas y nosotros dábamos la visión que teníamos como sector privado. Mostramos nuestras dudas, y entiendo que ellos también las contrastaban con funcionarios del SII.

¿De qué trataban?

Eran principalmente explicativas. Más cerca de introducción a la reforma tributaria (ríe)…explicando las normas y los problemas que pueden producir los cambios. Uno explicaba los eventuales problemas; había interacción…

¿Sabe si los Tribunales Tributarios hicieron lo mismo con otros especialistas?

No lo sé. Pero se veían preocupados, interesados, estudiando el tema y de alguna manera asumiendo que efectivamente van a tener un rol clave. Si ellos se empoderan, van a ser justos evaluadores, porque van a ser terceros imparciales.

¿Cree que la cantidad de funcionarios bastará para la cantidad de juicios que podrían enfrentar?

Creo que no. Con la reforma tributaria va a haber mucha judicialización. Por ejemplo, uno se pregunta qué análisis harán ante casos de precios de transferencia. Porque no es exactamente un juez tributario o un funcionario del SII el que está más preparado. A lo mejor ahí se necesitaría un ingeniero que revise lo que dice el contribuyente y lo que dice el Servicio. Van a necesitar mucho más personal técnico para poder resolver con más conocimiento las posiciones del SII y del contribuyente, porque ambas van a ser tremendamente técnicas.

¿Cuáles han sido las principales inquietudes de sus clientes?

Qué sistema les conviene: renta atribuida o semintegrado. Pese a que entra en vigencia en 2017, tienen claro que tienen que pensar el tema, conversarlo con los accionistas y tomar la mejor definición. Lo otro, es que como hubo tantos cambios no están seguros de si la estructura que tienen es la mejor. La estructura que tomaron ante el esquema tributario anterior puede que hoy no tenga ningún sentido.

En cuanto a la reciente circular sobre repatriación de capitales, usted ha señalado que existe el riesgo de que el contribuyente termine pagando más de un 8% de impuesto. Ante esa posibilidad ¿Recomienda acogerse?

Creo que no deberían declarar, si lo hacen, el SII aplicará una tasa de 8% y después, si considera que el contribuyente no cumple con los requisitos, puede aplicar el 40%. Esto significa que podría terminar costando 48%. Si el contribuyente tiene toda la información requerida, podría ser una buena opción. Si no, tiene que asumir que pagará 40%.

¿Por qué podría pasar eso?

Porque la circular habla de trazabilidad, lo que significa que se deberán acreditar los movimientos de la inversión desde su origen hasta ahora, pero no está suficientemente claro qué se entiende por trazabilidad. Por lo demás, la plata no se mantiene siempre en el mismo lugar, y el paso a paso puede ser difícil de reconstruir. He conocido mucha gente que sacó las platas en los 70. En esa época no había obligación bancaria, los billetes salían virtualmente en una maleta.

En 2017 entrarán en vigencia convenios de intercambio de información entre países Ocde y el SII reforzará su fiscalización ¿Aún así considera que conviene no regularizar las inversiones en el extranjero?

El mundo va hacia la transparencia, pero todavía le falta. La información automática no será tan automática. Pero asumamos que en algún momento pueden pillar al contribuyente…Sigue siendo mejor pagar después que ahora, porque, además, hay plazos de prescripción. La regla del artículo 200 del Código Tributario estipula que no podrían hacer cobros por más de seis años. Y si el SII quisiera alegar que fue un acto delictivo, debe probar la mala fe, el dolo. Va a ser peleado.

¿Cuándo se podrá evaluar el éxito de la reforma tributaria?

No antes de cuatro años desde que entre en régimen. Además, también dependerá de la realidad económica, porque si el país está rebosante, todo el mundo gana, se va a pagar mucho impuesto. En cambio, cuando el país está un poquitito más apretado, crece poco, hay que sacar plata de donde sea, entonces los criterios son más estrictos. Las realidades van marcando cómo se van comportando las autoridades, los fiscalizadores, los tribunales… y los privados. Porque si están las cosas rudas, los contribuyentes pueden preguntarse por qué tienen que pagar 27% de impuesto, entonces comienzan a ver cómo se pueden ahorrar ese 27%… en ese contexto los impuestos ya son algo.

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[SII pide tomar declaración a representantes legales de SQM y de sociedad de Ernesto Silva]

El proyecto de los TTA busca establecer procesos de conciliación y disminuir los juicios tributarios entre 30 y 60 días. La iniciativa del SII, por su parte, busca modernizar la institución, la carrera funcionaria, y contempla un aumento de dotación en 740 funcionarios, los que serán llamados a concursos durante 2014, 2015 y 2016.

[16 claves para entender la reforma laboral]

Ayer, Hacienda, el SII y el Colegio de Contadores firmaron un convenio para desarrollar 60 seminarios sobre la reforma tributaria para pymes.

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Y en Teatinos 120 están contrarreloj abocados a la redacción del texto, cuyo primer borrador comienza a tomar forma: hasta ahora, hay acuerdo en gran parte de los puntos que incluirá el proyecto, que busca matizar las nuevas atribuciones del Servicio de Impuestos Internos (SII) fortaleciendo a los TTA, considerados como terceros independientes para dirimir controversias entre los contribuyentes y el organismo fiscalizador.

Y, según fuentes cercanas a la redacción de dicho proyecto, uno de los principales tópicos apuntará a establecer instancias de conciliación para acortar la duración de los procesos judiciales entre los contribuyentes, el SII y el Servicio Nacional de Aduanas.

Para ello, el proyecto incluirá como parte de los procedimientos regulares una instancia previa donde los incumbentes se podrán reunir con un juez de los TTA para explorar opciones de acuerdo para acortar los procesos judiciales, buscando reducir el costo de litigación para ambas partes. El proceso se explorará una vez que el SII o Aduanas emita la liquidación -notificación de cobro de multas tributarias- y que esta sea reclamada por el contribuyente, dando inicio a un proceso de controversia ante los TTA.

«De esta manera, las partes podrán explorar un acuerdo directo que, de alcanzarse, servirá como una sentencia definitiva de parte del juez tributario. Esto hará mucho más eficiente la justicia tributaria y reducirá fuertemente los costos de litigación», señalan fuentes cercanas al proyecto, cuyo borrador «está muy avanzado», dicen.

La instancia de conciliación previa fue incorporada de manera obligatoria a la justicia civil hace 15 años y, según expertos en la materia, ha contribuido a «mejorar de manera relevante» la extensión y los costos de los procesos.

Asimismo, en el mercado ven con buenos ojos que se establezca como obligatoria la instancia, ya que dará la oportunidad a los contribuyentes y a los organismos fiscalizadores para afinar detalles de las liquidaciones, evitando anular los procesos judiciales en proceso ante errores de forma. «Además, esto le dará un respiro a los TTA, que están muy sobrepasados en términos de su carga de trabajo», comenta un abogado experto en derecho tributario.

Carrera funcionaria y corte

Asimismo, el proyecto incluirá un fortalecimiento a la carrera funcionaria de los TTA, desestimando -por ahora- un aumento en la dotación de la institución.

Según fuentes cercanas al texto, hasta ahora los gremios de los tribunales no han solicitado incrementos en su planta funcionaria. «Incluso, varios tribunales han manifestado estar cómodos con su número de funcionarios», comentan fuentes cercanas al texto.

El proyecto también incluirá mecanismos para modernizar la gestión, incorporando el denominado «expediente electrónico», que reducirá el papeleo y sistematizará los procesos de los TTA.

Otro de los puntos complejos del proyecto es la posibilidad de que se cree una nueva instancia judicial alternativa a la Corte de Apelaciones, algo así como una «corte tributaria», donde las partes puedan apelar a los dictámenes de los TTA.

En Hacienda aún no han tomado una decisión sobre incluir este punto en el proyecto, ya que involucraría nuevos recursos fiscales y podría generar roces con el Poder Judicial.

La medida nacería de la convicción de que se requeriría una instancia más especializada para solucionar controversias en los fallos de los tribunales especializados. Una opción sería designar como ministros de esta nueva Corte a ex jueces de los TTA.

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Según fuentes cercanas, Hacienda tendría en una fase «muy avanzada» el borrador del proyecto, que en lo medular apunta a fortalecer los TTA para constituirse como terceros independientes para dirimir controversias entre el Servicio de Impuestos Internos (SII) y los contribuyentes.

Y la mayor novedad que contempla el proyecto sería la creación de una segunda instancia especializada de apelación a los fallos de los TTA, distinta a la Corte Suprema y cuya figura podría constituirse como una «Corte Tributaria».

Según cercanos al texto, la medida nacería de la convicción de que se requeriría una instancia más especializada para solucionar controversias en los fallos de los tribunales especializados. Y una de las ideas que cobraría fuerza en el Ejecutivo sería designar como ministros de esta nueva Corte a ex jueces de los TTA.

La propuesta debiera ser visada en las próximas semanas por la Dirección de Presupuestos, dado que contemplaría importantes recursos para la creación de la nueva instancia especializada.

Otro de los lineamientos generales del proyecto consideraría aumentar la dotación de los tribunales en Santiago y darles facultad de imperio. Es decir, que tengan la capacidad de ejecutar sus propios fallos. Asimismo, según trascendió, se buscaría restituir parte importante de los recursos presupuestarios que los tribunales perdieron durante el gobierno anterior.

SII prepara nuevas circulares

El Servicio de Impuestos Internos (SII) comenzó esta semana el proceso de implementación de la reforma tributaria, con la publicación de dos circulares sobre la manera en que tributarán los alcoholes, bebidas azucaradas y el tabaco, entre otros tópicos. Pero esto sería el inicio de un proceso muchísimo más extenso.

El regulador tributario emitirá alrededor de 150 circulares, reglamentos y resoluciones para guiar a los contribuyentes en el proceso de implementación del texto impositivo. Así lo señaló ayer el coordinador de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda, Alberto Cuevas, en el marco de un seminario organizado por la Sofofa y KPMG.

Según fuentes del organismo tributario, entre hoy y mañana el servicio emitiría nuevas circulares relativas a los tópicos que comienzan a regir el próximo año, entre los que se incluiría la ventana temporal para realizar retiros a una tasa preferencial desde el FUT histórico; y el régimen para regularizar las inversiones en el exterior a una tasa de 8%.

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