El proyecto del Ejecutivo -presentado por el Ministerio del Medio Ambiente- tiene como objetivo reformar la Ley Orgánica de la SMA, a fin de robustecer el marco institucional del servicio, fortaleciendo la fiscalización e incentivando el cumplimiento ambiental. Esto, además de avanzar en un modelo que permita dar respuestas más eficientes, fijar reglas claras y agilizar la toma de decisiones.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, destacó que «avanzar en esta reforma es clave para consolidar nuestra institucionalidad ambiental. Con las modificaciones hacemos más eficiente la SMA, fortaleciendo su función fiscalizadora, pero también promovemos el cumplimiento ambiental, lo que nos permite cuidar y proteger de mejor manera nuestro patrimonio natural y resguardar la calidad de vida de las personas».

Por su parte, la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, afirmó que «el proyecto que moderniza la Superintendencia es una necesidad para el funcionamiento del servicio que nos permitirá corregir y fortalecer varios aspectos que están contenidos en nuestra ley actual, a fin de apuntar a una mayor eficiencia y eficacia en las investigaciones de la SMA, además de contar con mejores herramientas para la fiscalización ambiental y respuesta sancionatoria. Por esta razón, este avance es una muy buena noticia».

Entre otras materias, el proyecto propone una mejora en la gestión de las denuncias, estableciendo plazos más acotados para informar sobre la admisibilidad y la entrega de resultados.

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El informe final N° 456 se refiere a múltiples casos pendientes de trámite. Por ejemplo, tras analizar la base datos “Gestor Documental CMN”, la Contraloría advirtió que de 18.540 solicitudes para autorizar la intervención de monumentos históricos, santuarios de la naturaleza, zonas típicas o pintorescas, de prospección y/o excavación arqueológica y paleontológica, existen 3.752 casos pendientes al 31 de mayo de 2024. De ese total, 1.395 corresponden a requerimientos de 2022; 1.652 de 2023 y, 705 de este año.

Igualmente, se comprobó que de los 18.540 requerimientos ingresados entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de mayo de este año, 2.532 corresponden a solicitudes relacionadas con obras públicas. Así, se advirtió que 704 de ellas no habían sido contestadas por el CMN, incluyendo algunas que llevaban hasta 878 días sin respuesta.

Sobre este punto, la Contraloría manifestó al servicio el deber de elaborar y formalizar un manual de procedimientos que establezca directrices para la mejor atención de las solicitudes, debiendo informar a CGR sobre esto en un plazo de 60 días. Además, el organismo de control iniciará un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas en los hechos señalados.

Otros hallazgos

El informe de la II Contraloría Regional Metropolitana constató varias otras situaciones que implican falta de control. Entre ellos, casos en los que el nombre del requirente registrado en el “Gestor Documental CMN” no coincide con la información del ingreso. Asimismo, hay otros en los que no se acompañó la solicitud respectiva, hubo omisión del acta de sesión correspondiente y requerimientos respecto de los cuales no se acompañó ningún antecedente. Al respecto, la Contraloría planteó que dichas inconsistencias “no se ajustan a los principios de eficiencia, eficacia y control”, agregando que la falta de antecedentes atenta con la buena ejecución en la tramitación de los requerimientos. Dicho punto también deberá incorporarse en el sumario.

La auditoría también determinó un total de 21 perfiles de acceso al sistema Gestor Documental de la entidad, 14 de los cuales no cuentan con una descripción formal ni tampoco del nivel de acceso a la información que los usuarios tienen, lo que va en contra de lo establecido en el manual de procedimientos de dicha plataforma.

También se detectó que el servicio no tiene matrices de gestión que establezcan un ordenamiento entre los diferentes perfiles existentes en el sistema de información y los cargos que desempeñan los funcionarios involucrados en la gestión de obras públicas.

Por otra parte, se verificó igualmente que, en materia de dotación, el CMN no cuenta con una nómina que identifique los cargos por funcionario, por lo que no fue posible validar el número real de profesionales como arqueólogos, arquitectos, antropólogos, entre otros, que realizan las funciones necesarias para atender las solicitudes ingresadas.

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La agrupación apoya la iniciativa promovida por Andes Iron y que fue rechazada en marzo por la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de la región. En una carta entregada a autoridades advirtieron nuevas movilizaciones en caso de no ser revisado el proyecto por el Comité de Ministros.

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La inversión que contemplan estos proyectos equivale a un 3% del PIB y, según cálculos de Hermann, su materialización daría un impulso adicional de 0,3% anual al crecimiento del PIB en dos años, suponiendo que la mitad se realiza el primer año y el resto al año siguiente.

En total, son 21 las demandas por reclamación en contra de las resoluciones de aprobación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que al 15 de mayo se encontraban radicadas en los tribunales ambientales y Corte Suprema. Entre ellos, el de continuidad operacional de Candelaria en la Región de Atacama (US$ 460 millones); el aumento de capacidad del terminal GNL de Quintero (US$ 300 millones); puerto Cruz Grande, en Coquimbo (US$ 250 millones); continuidad operacional de Cerro Colorado, en Tarapacá (US$ 467,2 millones); el mejoramiento integral de la infraestructura ferroviaria Santiago-Rancagua (US$ 277 millones); la nueva línea de tendido eléctrico Charrúa-Ancoa entre Maule y Biobío (US$ 140 millones); y el plan de expansión Cardones-Polpaico en las regiones Tercera, Cuarta, Quinta y Metropolitana (US$ 1.000 millones).

Larga tramitación

Solamente en los tribunales ambientales los recursos tienen un plazo promedio de 11 meses y medio en Santiago, y en Valdivia del orden de 6 meses y medio. En la Corte Suprema, el plazo aproximado es de seis meses más. A ello hay que sumar el largo período de aprobación administrativa del proyecto, al punto que la oportunidad de invertir ya podría haber pasado. «Hay que tener mucha preocupación por hacer más eficientes estos tiempos», advierte Vergara. Que la gente ejerza sus derechos es algo que no se puede negar. Lo importante, puntualiza, es tratar de que las reclamaciones demoren lo menos posible. «Un año en un tribunal ambiental es un período demasiado largo», afirma.

Hermann hace referencia a un estudio publicado por el CEP (Hernando y Razmilic, 2015) donde se plantean tres propuestas para mejorar el diseño institucional de la evaluación ambiental en Chile.

Lo primero, señala, es avanzar en una planificación estratégica en todo el país que determine dónde se van a localizar las plantas eléctricas, las redes de electricidad, los proyectos inmobiliarios y las zonas industriales en las regiones, todo con una visión global. Los autores apuntan a encauzar la aprobación de los proyectos en relación con la necesidad de desarrollar ciertas formas de infraestructura.

Una segunda propuesta es realizar un proceso de autorización específico basado en el SEIA en que se exija que el proyecto sea compatible con las definiciones del plan nacional de ordenamiento territorial, lo que genera certidumbre jurídica sobre los lugares donde se pueden localizar los proyectos específicos. Según Hermann, eso haría más fácil el proceso de autorización del SEIA en relación con las comunidades.

La tercera propuesta consiste en un sistema de compensaciones que establezca recursos monetarios para la comunidad en base a las características del proyecto, evitando las compensaciones estandarizadas. Por ejemplo, dice el economista, destinar por una vez un 1% del monto de la inversión a la comunidad, que la empresa lo pueda considerar gasto tributario y rebajarlo de su base imponible. Compensaciones para hacer mejoras en infraestructura, colegios, salud o seguridad permitirían a las empresas tener mejor relación con las comunidades para destrabar los proyectos.

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