La investigación señala que “dentro del primer año de Gobierno, cabe destacar algunos hitos positivos en materia ambiental, como la suscripción del Acuerdo de Escazú, el anuncio del cierre de la Fundición Ventanas, entre otros. No obstante, estas acciones se han visto profundamente opacadas por otras decisiones de mayor alcance”.

Lo negativo, según indica el documento –y con relación al rubro minero-, la sobreexplotación de la mina de cobre Alcaparrosa que provocó un socavón en Tierra Amarilla.

Lo mejor del año

Como sugiere el Balance Ambiental 2022, como hito positivo destaca la aprobación del anuncio de cierre de operaciones de la Fundición Ventanas de Codelco.

“En junio, tras la aprobación por mayoría del Directorio de Codelco, el Presidente Gabriel Boric anunció el cese de operaciones de la Fundición Ventanas, ubicada en Puchuncaví, y en funcionamiento desde 1964, y luego de contribuir durante décadas a la contaminación atmosférica de la zona, fundamentalmente arsénico y dióxido de azufre, producto de la insuficiente tecnología para alcanzar el estándar mundial de captación de emisiones”, señala el texto.

Asimismo, nombra la apertura de participación ciudadana en el proceso de definición de monitoreo de calidad del aire para la llamada “zona de sacrificio”. El documento indica que “por Resolución Exenta N° 597/2022, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) resolvió abrir una etapa de participación ciudadana en el marco de la definición de la propuesta de “Nueva Red de Monitoreo de Calidad del Aire para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví”, proceso que se desarrolló entre el 13 de julio y el 7 de octubre de 2022”.

Lo peor del año

Como estima la investigación desarrollada por Terram, entre los hitos negativos que marcaron al país durante este año se encuentra el socavón que afectó a Tierra Amarilla.

“En julio, un socavón de más de 60 metros de profundidad y 25 de diámetro apareció al suroeste de Tierra Amarilla, en el predio “Hacienda Alcaparrosa e Hijuelas A”. Luego de los procesos de investigación realizados en el sector, la SMA formuló cuatro cargos contra la Minera Ojos del Salado, que operaba la Mina Alcaparrosa, situada en la zona de la subsidencia, destacándose aquellos por sobre extracción de mineral y modificaciones de la infraestructura evaluada ambientalmente, que generaron daños irreparables al acuífero del río Copiapó”, señala el documento.

Desafíos 2023

El Balance Ambiental estima que, como desafíos para el próximo año, se debería aprobar un royalty minero ad valorem.

“En mayo, la moción parlamentaria para establecer en favor del Estado una compensación por la explotación minera fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados para luego, en su segundo trámite constitucional, recibir dos paquetes de indicaciones del Ejecutivo, el cual fija un royalty híbrido que presenta un componente ad valorem sobre las ventas y una tasa a la renta operacional que permitiría al Estado capturar la renta minera de forma eficiente. Por otro lado, no corresponde que la captura del royalty termine contribuyendo a la reparación del daño ambiental que ha generado y genera el sector extractivo, ya que esto debe ser de absoluta responsabilidad de las empresas”, indican los investigadores.

Otro punto –según el informe- “es urgente avanzar en una regulación específica para plantas desaladoras, en la creación de una Política Nacional al respecto y en la tramitación del proyecto de ley «sobre el uso de agua de mar para desalinización» (Boletín N° 11.607-09); la creación de una Empresa Nacional del Litio; y elaborar Reglamentos de la Ley Marco de Cambio Climático, entre otros.

Revise el informe completo AQUÍ

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Este nuevo escenario, va acompañado de una mayor conciencia ciudadana sobre los impactos ambientales, sociales y las vulneraciones a los derechos humanos generados por las actividades extractivas que están, a su vez, con una mayor presión de inversionistas hacia las empresas por cumplir con los estándares ambientales y de derechos humanos, impulsando cadenas de suministro más sostenibles y responsables.

En este contexto están profundizándose distintas leyes -como la iniciativa de la Ley de Cadenas de Suministro europea y alemana-, al igual que múltiples certificaciones al nivel de mina, como por ejemplo, el Proceso de Aseguramiento y Validación del International Council for Mining and Metals (ICMM), The Certification of Raw Materials (CERA), The Copper Mark, The Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), Towards Sustainable Mining.

Para presentar y familiarizar a las partes interesadas de la región Andina con las principales certificaciones que operan a lo largo de las cadenas de suministro mineras, y determinar qué información a nivel de mina debería ponerse a disposición para asegurar que las certificaciones apoyen a los objetivos de transparencia y acceso a la información de los actores locales, es que recientemente se constituyó el Grupo de Trabajo “Una nueva mirada al acceso a la información: ¿Qué ofrecen las certificaciones internacionales de minerales?”, presidido y desarrollado por el Natural Resource Governance Institute (NRGI) y el Programa MinSus, implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR), por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ, por sus siglas en alemán).

Metodología de trabajo

Este Grupo cuenta con la participación de expertos regionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil y la academia, como el director general para América Latina de INSUCO, Guillen Calvo; la vicepresidenta de la organización peruana Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Vanessa Cueto; el subdirector de CooperAcción (Perú), César Flores; la experta colombiana y regional, Ana Carolina González; el experto peruano Luis Miguel Inchaustegui; la coordinadora del Foro Nacional por Colombia, Juliana Peña; la analista de la Fundación Jubileo (Bolivia), Sandra Sánchez; la directora de empresas y derechos humanos de la Fundación Ideas para la Paz (Colombia), Nataly Sarmiento; el investigador de la Fundación Terram (Chile), Telye Yurisch; Jhonatan Jaramillo y Mauricio Winkelried de Solidaridad; y el coordinador del Departamento de Comunicación y Gestión de la Información de CEDLA (Bolivia), Alfredo Zaconeta.

En las sesiones del Grupo de Trabajo se realizan diálogos entre los participantes con insumos de expertos externos sobre los temas clave vinculados con el acceso a la información y la transparencia de la información ambiental, social y de gobernanza generada por las certificaciones mineras seleccionadas. De forma periódica se irá informando sobre los avances de esta labor, a través de la página de MinSus.

Finalmente, se espera producir como resultado un documento con las conclusiones de los debates con recomendaciones concretas sobre cómo las certificaciones pueden ser de mayor utilidad para las partes interesadas e impactadas por la minería a nivel local, el que se espera tener listo durante el primer trimestre de 2022.

El borrador de las recomendaciones se compartirá y debatirá con las certificaciones seleccionadas para identificar y priorizar las solicitudes de transparencia de la información.

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En dicho capítulo, que fue elaborado por Telye Yurisch Toledo, economista de Fundación Terram, se abordan tópicos como la relevancia de desarrollar una Política Nacional Minera, que interprete las necesidades de las comunidades locales y que se ajuste a las condiciones de los territorios; y la definición de mecanismos que permitan la gestión de los pasivos ambientales mineros en Chile.

[VEA TAMBIÉN: Columna El triple impacto hídrico de la minería, el principal desafío climático del sector]

Junto con ello, se analiza el impacto ambiental que implica la explotación de litio en los salares, y el desafío que implica para el sector minero el escenario de escasez hídrica que afronta en la actualidad el país, entre otras temáticas.

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[Crean comisión asesora para nuevo Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental]

La instancia sesionará durante nueve meses de forma periódica para generar propuestas en la materia. Conoce a sus integrantes:

• Pablo Badenier, Ministro del Medio Ambiente. A lo largo de su carrera profesional destaca su rol como Director de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, Región Metropolitana y Secretario Ejecutivo de Medio Ambiente y Territorio del Ministerio de Obras Públicas.
• Jorge Troncoso, Director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Con más de 20 años de experiencia en gestión ambiental. Entre otros cargos, entre 2002 y 2006 fue jefe del Departamento de Control de la Contaminación de la Conama. Entre 1994 y 2000 fue director regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente en Atacama.
• Cristian Franz, Superintendente del Medio Ambiente. Entre 2009 y 2011, se desempeñó como Coordinador Ambiental Senior de la Iniciativa de Integración de Infraestructura Regional Suramericana IIRSA del BID. Es miembro de la Asociación Chilena de Derecho Ambiental y de la Asociación Latinoamericana de Derecho Ambiental desde su creación.
• Rodrigo Benítez, Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En 2013 se desempeñó como Subsecretario de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente. Cuenta con amplia experiencia en asesorías en las áreas de medio ambiente, procedimiento administrativo, concesiones marítimas y tramitación legislativa.
• Ricardo Bosshard, Ingeniero Agrónomo de la Universidad Austral de Chile. En 2008 asume como Director de WWF en Chile estando a cargo de las estrategias regionales de WWF en pulpa y papel y pesquerías. A nivel de la red global de WWF, dirige el comité de información y tecnología, es director de la estrategia global de transformación de Mercados y es miembro del comité de operaciones y desarrollo de la red de WWF.
• Pablo Daud, desde 2004 se desempeña en consultoría ambiental estratégica. Por casi una década lideró el desarrollo y funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a nivel nacional y le correspondió la implementación inicial de dicho Sistema, así como la redacción y desarrollo de varios reglamentos, regulaciones y normativa ambiental.
• Pablo Durán, geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con más de 20 años de experiencia profesional en labores relacionadas con medio ambiente, fue jefe de Medio Ambiente de la Intendencia Región Metropolitana. Se desempeñó en la Conama Dirección Ejecutiva siendo parte de la implementación de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente.
• Jaime Espínola, Asesor en Asuntos Regulatorios en Sofofa. Abogado con experiencia en el sector público y privado, en materias vinculadas al sector inmobiliario, medioambiental y regulatorio de los sectores sanitario y eléctrico.
• Guillermo Espinoza, director ejecutivo del Centro de Estudios del Desarrollo (CED) y presidente del Consejo Consultivo Geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Especializado en gestión ambiental, evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica. La experiencia acumulada en más de 20 años se relaciona con la evaluación de impacto ambiental.
• Juanita Galaz, Gerente General de la consultora Minería y Medio Ambiente. Ingeniero Civil de Minas de la Universidad de Chile, con más de 32 años de experiencia en el campo de la minería. Desde 1996 se ha desempeñado como consultor ambiental.
• Javier Hurtado, Gerente de Estudios en Cámara Chilena de la Construcción. Ha trabajado en temas relacionados con el rubro de la construcción, sino que además en materias relativas a medio ambiente, generación eléctrica, competitividad y mercado laboral.
• Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram. Bióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado como docente y coordinadora en diversas redes de trabajo en materia ambiental.
• Alejandro Marín, jefe de la especialidad de medio ambiente de la Gerencia de Ingeniería de Endesa Chile. Cuenta con 15 años de experiencia en evaluación de impacto ambiental, evaluando proyectos, proporcionando soluciones técnico-jurídicas, coordinando y dirigiendo, el Departamento de Evaluación y Seguimiento Ambiental de la Dirección Ejecutiva de la Conama.
• Patricia Matus, Médico Cirujano, Universidad de Chile, Postgrado en Salud Pública. Se ha especializado en Gestión Ambiental para servicios de la administración pública. Ha realizado cursos de salud ambiental en universidades chilenas.
• Salvador Mallileo, Director del Programa de Derechos Indígenas, Fundación Chile. Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile. Director de Investigación, Facultad de Derecho, U. de Chile.
• Paulina Riquelme, Asesor Legal Externo de Sonami y representante de Confederación de la Producción y el Comercio, actual consejera del Consejo Consultivo Nacional. Abogada, Licenciada Ciencias Jurídicas, derecho ambiental, recursos naturales, energía de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Bolívar Ruiz. Abogado de la Universidad de Concepción.  Se desempeñó como Director Regional Biobío de la Conama, desde el primero de enero de 1995 hasta su extinción jurídica el 30 de septiembre de 2010. Desde octubre de 2010 a febrero de 2014 se desempeñó como director Regional Biobío del Servicio de Evaluación Ambiental.
• Juan Eduardo Saldivia, Abogado de la Universidad de Chile y ex subsecretario de Obras Públicas. Fue elegido por el directorio del gremio como presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa). Fue superintendente de Servicios Sanitarios entre 1996 y 2006 y luego se desempeñó como subsecretario de Obras Públicas hasta 2010.
• Felipe Sandoval, presidente de SalmonChile. Ingeniero Civil de la Universidad de Chile, se ha desempeñado en organismos públicos y firmas privadas relacionados con el sector pesquero.
• Jaime Solari, Gerente General SGA. Ingeniero Civil de Minas y Metalurgia Extractiva. Ph.D Imperial College Universidad de Londres.
• Macarena Soler, coordinadora legal del Consejo de Defensa de la Patagonia, Proyecto y Parque Pumalin. Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desempeñó funciones en el Ministerio de Bienes Nacionales.
• Paula Troncoso, Periodista y MSc en Sociología de temas ambientales. Tiene experiencia en el desarrollo de proyectos sociales, comunitarios y de organizaciones, con énfasis en participación ciudadana y gestión ambiental.
• Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en derecho de la Universidad de Navarra.
• Christian Vittori, Alcalde de Maipú y Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. Magíster en Gerencia Pública de la Usach y profesor de la carrera de Trabajo Social en la Universidad Autónoma de Chile.

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