Paralelamente, la SMA abrió de oficio un expediente de fiscalización y concurrió al sector para realizar una inspección en terreno. De acuerdo con los antecedentes preliminares recopilados, el miércoles 5 de agosto se produjo la rotura de una tubería que transportaba relaves hacia la planta de espesado, antes de su disposición en el tranque de relaves Doña Rosa.

La inspección permitió verificar el punto de rotura y la ejecución de trabajos de limpieza. La imagen difundida en redes sociales corresponde a la descarga de un canal de contorno hacia un sistema de piscinas de sedimentación ubicadas al interior de la empresa y, por lo tanto, dicha imagen no corresponde a una descarga directa al río Toqui ni permite, por sí sola, determinar la calidad de la descarga final.

La SMA está requiriendo antecedentes a la empresa para establecer la cantidad de material derramado, evaluar la eficiencia del sistema de tratamiento, determinar la calidad de la descarga final y establecer una eventual afectación del cuerpo receptor. Con esta información, se definirán las medidas y procedimientos que correspondan dentro de sus competencias.

El seremi del Medio Ambiente, Eugenio Canales, sostuvo que «desde que tomamos conocimiento de esta alerta activamos las coordinaciones institucionales y solicitamos la fiscalización correspondiente. Actualmente existe una investigación en curso que permitirá establecer técnicamente lo ocurrido, determinar si hubo afectación ambiental y adoptar las medidas que correspondan. Nuestro compromiso es informar responsablemente, sobre la base de evidencia y sin adelantar conclusiones mientras la fiscalización se encuentra abierta».

La autoridad agregó que «valoramos la participación de las comunidades en la protección del territorio y reiteramos el llamado a presentar estos antecedentes mediante los canales formales de denuncia. Esto permite contar con información verificable, dar trazabilidad a cada alerta y facilitar una respuesta institucional más ágil y pertinente”.

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La jornada tuvo como propósito presentar e iniciar la marcha blanca del piloto «Reporte de Muestreo Isocinético de Material Particulado» en el Sistema de Seguimiento Atmosférico (SISAT). Esta iniciativa busca reemplazar el uso progresivo de planillas de reporte por una plataforma digital centralizada que optimiza la gestión, verificación y trazabilidad de los datos presentados por las empresas.

Avance técnico y alcance del piloto

La herramienta se enfoca en el reporte mensual de muestreos de material particulado (MP) en procesos unitarios específicos regulados por el decreto, tales como secadores y hornos de limpieza de escoria. Entre las unidades fiscalizables que participan en esta etapa se encuentran las Fundiciones de Codelco (Caletones, Chuquicamata y Potrerillos), de Glencore (Altonorte) y de Anglo American (Chagres).

A través de esta plataforma digital, la SMA busca un aseguramiento de la calidad de los datos mediante la automatización del control de calidad (QA/QC), para la verificación de los parámetros técnicos de muestreo de material particulado; y una mayor trazabilidad y transparencia al consolidar en un único sistema el historial de los informes de resultados emitidos por las ETFA (Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental).

Para asegurar una transición gradual, la SMA fijó un periodo de marcha blanca que se extenderá hasta el reporte correspondiente a diciembre de 2026 (cuya fase de entrega de informes de resultados se realizará entre agosto de 2026 y enero de 2027). Durante este periodo, los titulares podrán realizar pruebas de carga, familiarizarse con el sistema y resolver dudas técnicas previa a la implementación definitiva fijada a partir del año 2027.

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Lo anterior, en cumplimiento del fallo que ordenó el cese de sus operaciones, cuya fiscalización permitió constatar que las actividades se ejecutan conforme a la planificación vigente y a las medidas establecidas en los planes de cierre aprobados.

Durante la visita, Sernageomin verificó las condiciones de seguridad de la mina y revisó el cumplimiento de las medidas contempladas en los planes de cierre Temporal, Parcial y Definitivo, autorizados para las distintas áreas de la faena, de acuerdo con la normativa que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras.

La inspección permitió constatar que el proceso de cierre avanza conforme a la planificación aprobada y que no se identificaron desviaciones relevantes respecto de las medidas comprometidas. Asimismo, se verificó que las instalaciones se mantienen en condiciones estables durante la ejecución de las obras de cierre.

Estas fiscalizaciones forman parte de las acciones permanentes que desarrolla Sernageomin para supervisar el cumplimiento de los planes de cierre y verificar que las medidas comprometidas se implementen conforme a la normativa vigente, resguardando las condiciones de seguridad de las instalaciones durante todo el proceso.

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Para 2025, y en base al análisis de los reportes trimestrales, la SMA determinó que 105 establecimientos están afectos al pago, lo que representa el 43,03% de los 244 establecimientos identificados inicialmente como potenciales afectos por el Ministerio del Medio Ambiente en septiembre de 2024.

A nivel nacional, la distribución geográfica de estos establecimientos se concentra principalmente en las regiones del Biobío (20,95%), Valparaíso (14,29%) y Antofagasta (13,33%).

La superintendenta del Medio Ambiente (s), Claudia Pastore, destacó que «el Impuesto Verde busca incentivar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes, contribuyendo al desarrollo sostenible del país. En ese marco, la SMA cumple un rol clave en la identificación y fiscalización de los establecimientos emisores, trabajo que realizamos mediante nuestro Sistema de Seguimiento Atmosférico (SISAT), que nos permite mantener un catastro actualizado de las fuentes y monitorear las emisiones reportadas por cada establecimiento”.

Este proceso se enmarca en las obligaciones establecidas en la Ley 20.780 y en las directrices de la SMA, que define los protocolos técnicos de monitoreo, reporte y verificación (MRV) necesarios para la cuantificación de emisiones.

Desde la institución comunicaron que esta información será reportada por la SMA al Servicio de Impuestos Internos (SII) dentro de los plazos legales correspondientes, para que se efectúe el cobro del impuesto según los resultados obtenidos en el proceso de fiscalización del año 2025.

• Para revisar el listado completo, acceda al siguiente enlace.

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Por este caso, la SMA recibió tres denuncias ciudadanas donde se alertó, entre otros, sobre la existencia de trabajos sin contar con los permisos requeridos para ello, además de la presencia de material en el aire.

A partir de ello, el equipo de fiscalización de la Superintendencia junto a Sernageomin y la Dirección General de Aguas (DGA) realizaron una actividad de inspección ambiental a la unidad, además de solicitar información al titular. En ese contexto, la SMA pudo identificar tres desviaciones ambientales que habría cometido el titular.

El primer cargo tiene relación con el incumplimiento de la medida de incorporación de un sistema de lavado de lodo de las ruedas de los vehículos que abandonaran la faena, a fin de controlar las emisiones atmosféricas que pudiera generar el secado de los lodos adosados.

Por otra parte, se pudo establecer la existencia de un incumplimiento de las exigencias ambientales relativas a la implementación de pozos de monitoreo del acuífero presente, lo cual fue fijado en la RCA del proyecto, con el objetivo de prevenir eventuales impactos en las aguas subterráneas. De acuerdo a la información levantada en la inspección de la SMA, se pudo constatar que el titular no habilitó los pozos de monitoreo en dos puntos ni realizó los reportes respectivos.

El tercer cargo, en tanto, se debe a que el titular construyó e implementó pistas de aceleración y desaceleración para el acceso y salida de las instalaciones sin contar con la aprobación de la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, tal como está establecido en su permiso ambiental.

Plazos

El jefe regional de la SMA, Esteban Dattwyler, declaró que “en el marco de las fiscalizaciones realizadas al proyecto se detectaron tres incumplimientos por parte del titular en relación con su permiso ambiental. Cabe recordar que los permisos ambientales, o Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), cumplen un rol fundamental en la protección del medioambiente y la salud de las personas, por lo que cualquier incumplimiento compromete directamente el cumplimiento de dichos objetivos”.

El titular tendrá un plazo extendido de 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y de 22 días hábiles para formular sus descargos, contados desde la notificación de este procedimiento sancionatorio.

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Desde la entidad fiscalizadora comunicaron que la operación consiste en la fusión de proyectos de desarrollo minero de dos líneas de explotación: la primera de mineral oxidado iniciada como Minera El Tesoro, que consiste en la explotación de un yacimiento de cátodos de cobre, que utiliza agua que es extraída desde un acuífero ubicado en Calama; y, la segunda, asociada a la explotación de mineral sulfurado iniciada como Minera Esperanza, cuyo suministro de agua se obtiene desde el mar mediante una planta desaladora.

Este caso tiene como origen actividades de fiscalización realizadas en junio de 2019 y enero de 2020. En base a estas inspecciones y tras el análisis legal, la SMA imputó dos infracciones, configurándose una de ellas.

En concreto, la Superintendencia constató que la empresa no efectuó el monitoreo de recursos hídricos en los términos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “El Tesoro” y en el programa de monitoreo adicional, puesto que no existen registros del pozo de exploración LE-1; y, no efectuó mediciones de caudal en la vertiente “La Cascada” en la frecuencia exigida. Dicha infracción fue clasificada como leve.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (LOSMA), el pago de la multa deberá realizarse en la Tesorería General de la República, dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde la fecha de notificación de la sanción.

Para más información sobre esta sanción, es necesario ingresar al sitio web del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental: https://snifa.sma.gob.cl/Sancionatorio/Ficha/3134.

Declaraciones de la compañía 

Desde la compañía productora resaltaron que «la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) marca el cierre de un proceso en el que Minera Centinela ha colaborado en forma activa y transparente con las autoridades, en línea con su permanente compromiso con el cumplimiento ambiental y el desarrollo sustentable de sus operaciones».

«En estos momentos, estamos revisando detenidamente dicha resolución para determinar los pasos a seguir», añadieron.

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Esta medida preventiva busca garantizar la correcta y oportuna cuantificación de las emisiones sujetas al impuesto verde para el período 2025.

La obligación de reportar se fundamenta en lo dispuesto por la Resolución Exenta N° 4631, de fecha 23 de septiembre de 2024, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece el listado de establecimientos con obligación de reportar sus emisiones, en conformidad con el inciso primero del artículo 8° de la Ley N° 20.780 y el Decreto Supremo N° 63, de 2022, del Ministerio del Medio Ambiente.

El cumplimiento de dicha obligación debe ser realizado de acuerdo con las instrucciones generales para el Monitoreo, Reporte y Verificación de las emisiones, establecidas en la Resolución Exenta N° 585 SMA, de 2023 de esta Superintendencia.

Es importante mencionar que la Superintendencia del Medio Ambiente tiene competencias sancionatorias en relación al incumplimiento de medidas establecidas por los diferentes instrumentos de carácter ambiental, en consecuencia, sus sanciones podrían acceder hasta diez mil unidades tributarias anuales y hasta la clausura temporal o definitiva, de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la SMA (Losma).

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Desde la SMA destacaron que el objetivo del acuerdo es fortalecer el monitoreo preventivo, la fiscalización y la evaluación de políticas públicas ambientales mediante soluciones basadas en datos, con foco en promover el cumplimiento normativo y la anticipación de riesgos. 

Esta alianza considera la identificación de oportunidades de colaboración, así como el diseño, desarrollo y evaluación de herramientas —como algoritmos y modelos— que apoyen decisiones operativas y estratégicas de la SMA, como la priorización de fiscalizaciones según riesgo, automatización de análisis, ampliación de la cobertura de monitoreo e identificación de patrones que permitan entender y predecir posibles impactos ambientales.  

Además, gracias al acuerdo, se impulsará el fortalecimiento de capacidades analíticas mediante metodologías avanzadas de evaluación de políticas y actividades de transferencia tecnológica que permitan incorporar capacidades dentro de la institución y mejorar continuamente la efectividad de las acciones de la SMA. 

Al respecto, la superintendenta Marie Claude Plumer, sostuvo que «la SMA se ha caracterizado en los últimos años por diversificar sus acciones disuasivas potenciadas con el uso de tecnología».  

En la misma línea, agregó que «esta alianza viene a consolidar dicho camino con una institución de prestigio internacional pues permitirá fortalecer la fiscalización, optimizar el uso de recursos, agilizar tiempos de tramitación y aumentar la trazabilidad de las decisiones. Esto, mediante analítica avanzada y herramientas basadas en IA que complementan la toma de decisiones de la SMA, con resguardos de privacidad, seguridad y transparencia, en línea con nuestra normativa». 

Por su parte, Daniel Ho, director del RegLab y profesor de Stanford, destacó que «el trabajo que la SMA ha realizado en transformación digital y uso de datos ofrece un terreno propicio para desarrollar pilotos que puedan aportar al monitoreo de cumplimiento, análisis de denuncias y sistemas de alerta temprana, entre otros. En ese contexto, buscamos aportar los conocimientos técnicos para diseñar, probar y evaluar soluciones, promoviendo estándares de transparencia y explicabilidad». 

«La SMA ya demuestra claros avances en transformación digital y el uso de datos para apoyar la protección ambiental, lo que permite optimizar el monitoreo del cumplimiento ambiental, el análisis de denuncias y la implementación de sistemas de alerta temprana. En el RegLab de Stanford estamos encantados de colaborar con la SMA para diseñar, probar y evaluar soluciones, promoviendo estándares de transparencia y explicabilidad», agregó. 

Este convenio de colaboración tendrá una duración de 3 años (renovable) y comenzará su trabajo con foco en dos áreas: estrategia de acuicultura y apoyo a la gestión de denuncias, fortaleciendo el trabajo a través del uso de imágenes satelitales, monitoreo en línea de variables ambientales y la generación de modelos para la toma de decisiones.  

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El proyecto consiste en la explotación de carbonato de calcio y en la disposición de residuos y estériles resultantes de la extracción, con una capacidad superior a cinco mil toneladas mensuales, a través de un rajo abierto, una planta de conminución de minerales y un botadero de estériles.

El caso se originó tras la recepción de dos denuncias ciudadanas que apuntaban, principalmente, a la afectación de terrenos de pastoreo, vertientes intervenidas con estériles, operación sin permiso ambiental, posible contaminación del río Choapa, tronaduras y circulación de vehículos que generarían polvo en suspensión y ruidos molestos, además de tala de árboles y daños al medioambiente y a la salud de la población del sector.

A partir de esas denuncias, fiscalizadores de la SMA solicitaron información al titular y a Sernageomin, concluyendo que el proyecto no contaba con permiso ambiental para operar. Por ello, en agosto de 2021 la Superintendencia requirió su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), requerimiento que fue reiterado en octubre de 2021 y en enero de 2022, sin que hasta la fecha se haya dado cumplimiento.

Sobre esa base, la SMA formuló dos cargos graves contra el titular. El primero se refiere a la ejecución de un proyecto de desarrollo minero con una capacidad de extracción de mineral superior a cinco mil toneladas mensuales, junto con un proyecto de disposición de estériles asociado, sin haber sido sometido a evaluación ambiental. El segundo se relaciona con el incumplimiento del requerimiento de ingreso al SEIA efectuado en 2021 y reiterado en dos oportunidades posteriores, que no ha sido acatado hasta hoy.

Posibles sanciones

El jefe de la Oficina Regional de la SMA en Coquimbo, Gonzalo Parot, destacó que “el titular, pese a que se le requirió el ingreso al SEIA por tratarse de un proyecto de desarrollo minero susceptible de causar impacto ambiental, no se sometió a dicho sistema, incluso luego de que desde la SMA reiteráramos ese requerimiento”.

De esta forma, el titular arriesga la clausura, revocación de su RCA o una multa de hasta 5 mil UTA por cada cargo, lo que se puede traducir en una multa de hasta 10 mil UTA. Desde ahora el titular cuenta con un plazo de 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y de 22 días hábiles para formular sus descargos, ambos plazos contados desde la notificación del presente acto administrativo.

Para más detalles de la formulación de cargos, se puede ingresar al Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA): https://snifa.sma.gob.cl/Sancionatorio/Ficha/4332.

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El proyecto consiste en la extracción y procesamiento de cátodos de cobre provenientes de la mina subterránea Papomono y la mina a rajo abierto Don Gabriel, además de la compra a terceros. Dentro de los métodos utilizados por la minera, para la producción de cobre fino en forma de cátodos, se encuentra el método de lixiviación en pilas, el de extracción por solventes y el de electroobtención.

Asimismo, considera, entre otras instalaciones, dos depósitos de estériles para cada mina; una planta de chancado de cuatro etapas con tambor aglomerador y canales perimetrales para el desvío de aguas lluvias; una pila de lixiviación estática en el sector de Quilmenco, que cuenta con estanques, piscinas de emergencia, sistema de bombeo y un sistema de riego por goteo; y una nave de electro–depositación.

Denuncias

El caso tiene como origen 10 denuncias ciudadanas realizadas entre 2021 y 2024, asociadas con la generación de emisiones atmosféricas derivadas de la operación del proyecto y el derrame de lixiviados ocurrido en junio de 2024 desde la pila ubicada en la quebrada de Quilmenco hasta el río Choapa.

Frente a lo anterior, entre 2021 y 2025, la SMA, en coordinación con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Sernageomin y la Dirección General de Aguas (DGA), realizó requerimientos de información, inspecciones en terreno y diversos informes de fiscalización para verificar el cumplimiento de las obligaciones y condiciones ambientales establecidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) que regulan el proyecto.

Posteriormente, y tras el derrame antes mencionado, la SMA decretó medidas provisionales y luego medidas urgentes y transitorias destinadas a contener la contingencia, reparar el área afectada, limpiar suelos y cursos de agua y realizar monitoreos periódicos de calidad de aguas y suelos.

Cargos

Sobre la base de estos antecedentes y tras el análisis legal, la SMA constató que el titular incumplió parte de las condiciones establecidas en su permiso ambiental, formulando ocho cargos: uno de carácter gravísimo, tres de carácter grave y cuatro de carácter leve.

El cargo de carácter gravísimo fue imputado tras constatar que el titular incumplió el Plan de Seguimiento al no reportar en la plataforma Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) los monitoreos correspondientes a la calidad del aire en los años 2023, 2024 y primer semestre de 2025, comprometiendo con ello el seguimiento del componente ambiental aire y dificultando la facultad de fiscalización de la SMA.

Por otro lado, los cargos de carácter grave responden a que el titular modificó el método de lixiviación de riego por goteo considerado en su permiso ambiental por un sistema de riego por inundación, además de utilizar las piscinas de emergencia colmatadas para fines no previstos durante la operación del proyecto. Esto aumentó el volumen de soluciones retenidas sobre las pilas, incrementó la carga hidráulica y alteró las condiciones de estabilidad y drenaje del diseño aprobado, elevando el riesgo de rebalse y contribuyendo a los derrames de soluciones ocurridos en junio y agosto de 2024.

Asimismo, otro cargo grave se sustenta en el incumplimiento del Plan de Seguimiento de Material Particulado Sedimentable (MPS) en la estación Chuñiñi, al no realizar una investigación de la causa ni adoptar medidas frente a las superaciones de MPS registradas.

Finalmente, entre los cargos leves se incluyen incumplimientos asociados al deber de informar y reportar adecuadamente los autocontroles y parámetros de sus descargas de residuos líquidos, de acuerdo con lo exigido por la normativa de emisión aplicable.

Al respecto, el jefe de la oficina regional de la SMA en Coquimbo, Gonzalo Parot, destacó que «los titulares del proyecto Minera Tres Valles han incumplido obligaciones claves de su permiso ambiental y de sus planes de seguimiento, afectando el control de sus emisiones y aumentando los riesgos asociados a su operación, lo que se evidenció también en el derrame de lixiviados ocurrido en 2024”.

Los titulares del proyecto tendrán un plazo de 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y de 22 días hábiles para formular sus descargos.

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