Sin embargo, estos objetivos podrían verse afectados, comentan fuentes de la industria. ¿La razón? Un punto contenido en las bases de la licitación podría frenar la participación de nuevos proyectos, en específico aquellos que aún no están en etapa de construcción.

Según lo dispuesto en las bases, las compañías interesadas en participar con un nuevo proyecto, deberán entregar boletas de garantía con “una vigencia igual o superior a la fecha de inicio del suministro del bloque ofertado”. Para estos casos, y cuando se trate de una oferta condicionada, dice el documento, “deberá tener una vigencia igual o superior al 1 de enero de 2022”.

En concreto, esto implica que las empresas deberán acompañar una boleta de cinco años o más por cada proyecto nuevo que presenten y que no haya iniciado su construcción, aseguran las mismas fuentes.

El problema es que varias empresas han acudido al sistema bancario para solicitar estas boletas, pero los bancos les han respondido que no las entregan por períodos tan extensos y que el máximo alcanza los 18 meses. En vista de ello, les han ofrecido extender boletas por un año o 18 meses e ir renovándoselas hasta cumplir los cinco años.

En este escenario, las compañías que podrían verse afectadas esperan dos opciones: por un lado, que la Comisión Nacional de Energía (CNE), entidad que lidera el proceso, acepte de todas formas boletas de garantía de hasta 18 meses, que puedan ser renovadas. La otra alternativa es que el organismo modifique las bases.

A esto se suma otra complejidad: cualquier modificación a las bases se puede realizar hasta el lunes 11 de julio, por que las firmas están esperanzadas en que la CNE anuncie ese día un cambio en esta materia, pues, acotan, han hecho llegar sus preocupaciones.

Los principales afectados por este artículo serían las empresas ligadas a las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), además de las compañías que buscan entrar al mercado como Enap, y su joint venture con Mitsui, y la española Gas Natural Fenosa, entre otras.

Consultados sobre el tema, desde la CNE optaron por no dar declaraciones.

[Licitaciones eléctricas impulsarían inversiones por hasta US$7 mil millones]

La entrada La exigencia de la licitación que complica a las eléctricas se publicó primero en Mch.

-¿Qué le parece el anuncio sobre la modernización de Enami?

-Valoramos el anuncio, ya que está en línea con lo que hemos venido planteando desde hace tiempo. Enami cumple un rol clave para el desarrollo de la pequeña y mediana minería, por lo que deben considerarse acciones que posibiliten optimizar su labor. Un aspecto fundamental es el perfeccionamiento de instrumentos de fomento y apoyo a las pymes, incluyendo la posibilidad de incorporar un efectivo sistema de financiamiento de capital de riesgo para el reconocimiento de reservas.

-¿Qué opinión le merece la afirmación de la Presidenta Bachelet de que los proyectos mineros deben relacionarse aún más con las comunidades?

-La relación la hemos venido desarrollando desde hace mucho tiempo, aunque reconocemos que siempre es perfectible. La minería tiene plena conciencia de la sustentabilidad de largo plazo que requiere para cumplir con el convivir con las comunidades en las cuales está inserta.

-¿Cuáles son los desafíos que enfrenta hoy la industria?

-El principal desafío –y así lo mencionó la presidenta Bachelet– es la recuperación de nuestra competitividad y la baja en los costos. Durante los últimos ocho años, hemos observado un aumento generalizado en los costos, período donde se ha más que duplicado el valor de esta variable. Esperamos y confiamos en que se revertirá la pérdida de competitividad. Para ello, junto con la labor que están desarrollando las compañías mineras, se considera prioritario acelerar la tramitación de permisos para invertir, otorgar mayor certeza jurídica en estas decisiones, asegurar el suministro energético y de agua e incrementar la oferta de personal capacitado.

La entrada Sonami: Se requiere acelerar tramitación de permisos y asegurar el suministro energético y de agua se publicó primero en Mch.

«La energía es un tema complejo y urgente y necesitamos soluciones ya», dice el presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Diego Hernández. Aunque hay bastante consenso en el diagnóstico, a su juicio la mayor dificultad que tiene el sector es la priorización de las medidas. «Si se promueve una discusión para solucionar el 100% de los problemas y quedar todos contentos, pero sale en cuatro o cinco años más, no sirve», resume este ejecutivo minero.

Gran parte de los consultados no tiene problemas con un Estado más presente. Bernardo Larraín Matte, presidente del directorio de Colbún, sostiene que «el Estado debe ser más activo, en particular en la articulación de las distintas visiones».

«Como empresario soy partidario de que exista una política energética nacional y yo lo vengo pidiendo desde hace varios años», dice a su turno Bernardo Matte, director de Colbún y miembro de uno de los grupos económicos más importantes del país.

El gerente general de Copec, Lorenzo Gazmuri, afirma que en las empresas «hay un gran ánimo de colaborar, porque la situación nos preocupa». Y en cuanto a los temas relevantes, este ejecutivo del grupo Angelini opina que «el ordenamiento territorial es un tema urgente, pero tiene que construirse con participación regional y más aún, con participación comunal». En ese sentido, estima que es necesario contar una institucionalidad para administrar las compensaciones que se negocian con las comunidades en el marco de la participación ciudadana en los proyectos.

Algo similar plantea Bernardo Larraín. «Hay ciertas materias de la institucionalidad ambiental que pueden mejorar, como un ordenamiento territorial previo al ingreso de los proyectos a evaluación de impacto social; cierta descentralización tributaria de tal forma que parte de los tributos queden en la región, y tercero, una participación temprana de las comunidades dentro de la institucionalidad», plantea.

Lorenzo Gazmuri agrega que también se debate entre las empresas que parte de los impuestos que pagan las compañías del rubro se distribuyan en la localidad donde operan, «de tal manera que esa región o comunidad vea el beneficio del desarrollo de estos proyectos».

El country manager de la compañía australiana Origin Energy, Nelson Muñoz, señala que uno de los mayores consensos es desplazar el diésel en la generación eléctrica, pero no existe acuerdo en cómo lograrlo. Otro acuerdo transversal entre las empresas es el uso de las energías renovables, como las solares, geotérmicas e hídricas. Pero «se tiene que tener una política de Estado, que involucre a privados, para definir cómo incorporar (a la matriz) esas energías».

Estos ejecutivos fueron convocados a un taller realizado el miércoles en la sede del Congreso Nacional en Santiago para hacer propuestas sobre temas claves. El cónclave duró toda la mañana del 30 de abril y congregó a ONGs, académicos, políticos y ejecutivos de empresas. Los tres pisos del histórico edificio estaban abarrotados y, como destacó el ministro Pacheco, «me sorprendí que hubiera tanta gente al finalizar la jornada». En todo caso, no es el único encuentro que ha propiciado Pacheco. Ha realizado reuniones en Arica, Iquique, Coronel, Concepción y Punta Arenas.

La entrada Empresarios definen qué esperan del ministro Pacheco se publicó primero en Mch.

La firma presentó una serie de antecedentes ante el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de Santiago en contra de la Compañía Mineral del Pacífico (CMP), filial CAP.

Según explican fuentes de la industria, la diferencia responde a la interpretación del contrato de suministro firmado por ambas empresas en 2007. Endesa argumenta que el acuerdo es para abastecer el funcionamiento de las plantas de pellets El Romeral, Los Colorados, Algarrobo, Hierro Atacama y Cerro Negro Norte, las cuales, en su conjunto, suman un consumo de 120 MW.

Por su parte, CAP asegura que dentro del contrato también figura la planta de desalinización de 200 litros por segundo para la operación de Cerro Negro Norte.

La desaladora consume un alto volumen de energía que, de acuerdo con la presentación de Endesa, no estaba contemplado en el contrato de suministro que vence en 2015.

En septiembre el proceso legal fue aceptado por la CAM de Santiago, que designó a un árbitro para su resolución. Se espera que el litigio se dirima dentro de 18 a 24 meses.

Fuentes de la industria agregan que la diferencia entre ambas compañías no tiene relación con el precio de compra y venta de la energía contratada entre Endesa y CMP.

Lo anterior contrasta con lo sucedido con Caserones, donde la firma eléctrica también activó un arbitraje por discrepancias en el precio de venta de la energía. En ese litigio -que podría resolverse en los próximos meses- se argumenta que el precio acordado es mucho más bajo que el costo de generación de la compañía, si esta tiene que acudir al mercado spot para cumplir con contrato.

En la zona norte del SIC los costos marginales están por sobre los US$ 200 por MWh, debido a la falta de energía competitiva en esa parte del sistema eléctrico central.

La entrada Endesa inicia proceso arbitral contra CAP se publicó primero en Mch.