Así lo informó el Subsecretario Ricardo Cifuentes, quien se ha reunido con los alcaldes de las comunas más afectadas.

“Estos recursos son dispuestos a las municipalidades y deben ser gastados inmediatamente. Por eso estamos trabajando en distintas reuniones con los alcaldes, para que la contratación especialmente de la maquinaria fluya, y las cuadrillas de limpieza empiecen su trabajo, que es básicamente despejar y sacar escombros para recobrar la conectividad, de tal manera que las ciudades empiecen paulatinamente a recobrar su normalidad. Ese ha sido nuestro objetivo fundamental esta última semana”, indicó la autoridad, según consigna la nota publicada por el Gobierno.

Ricardo Cifuentes señaló que está trabajando con 150 máquinas que han sido dispuestas por proveedores locales, sin contar, las provistas por los alcaldes de Coquimbo, Andacollo y Monte Patria quienes hicieron llegar a Tierra Amarilla, seis máquinas pesada para limpieza y cuatro aljibes para la distribución de agua potable.

Asimismo, la municipalidad de Santiago, dispuso para las comunas de Chañaral y Diego de Almagro, seis maquinarias para remoción de escombros, y un aljibe, además de cuatro profesionales para la municipalidad para prestar apoyo en la presentación rápida de proyectos para recuperar las zonas más críticas afectadas por los aluviones.

Un 70 % de los proyectos se están utilizando en la contratación de maquinaria pesada para el despeje de calles y traslado de escombros.

Estos proyectos benefician a las comunas de Antofagasta y Tal Tal, en la segunda región; Alto del Carmen, Caldera, Diego de Almagro, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla, Vallenar, Copiapó y Chañaral en la región de Atacama; y Vicuña, Paihuano, estas dos últimas de la Región de Coquimbo.

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Esto, porque desde el 2010 que la ejecución presupuestaria del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) en febrero no mostraba un alza como la observada este año. Según cifras de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), el gasto de este ítem alcanzó un 14,7%, siendo una cifra mucho mayor al 9,3% que se registró en febrero del año pasado. Pero, aún muy distante al 21,2% que anotó en el año 2010.

Desglosando el gasto del segundo mes del año, la región que más avanzó su presupuesto fue la de Antofagasta con un 24,7% del total de $73.673 millones aprobados para el año, lo que equivale a un gasto de $18.164 millones, donde $ 16.089 millones fueron destinados a inversión en obras (empleo).

Otra de las regiones que presentó un fuerte avance en su ejecución fue Biobío, con un 19,4%.

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Más atrás se ubicó la Región de Los Lagos con un 18,2% de avance. Le siguen las regiones de Arica y Parinacota (17,1%) y Coquimbo (17,0%).

Por otro lado, unas de las regiones que presentó la menor ejecución presupuestaria fue Atacama, con un 6,6% del presupuesto anual. Un poco más arriba se ubicó la Región de Los Ríos con un 9,0% de avance sobre el gasto aprobado, y la región de O’Higgins con un 11,4% en el mismo ítem.

Eso sí, si se suma el Fondo de Desarrollo de Magallanes (Fondema), esta región se posiciona como la más rezagada del total nacional con 6,1% que corresponde a $855.707 del total de $13.985 millones que están considerados para este año.

La Región Metropolitana, en tanto, ejecutó un 12,6%, de su presupuesto a la fecha.

Asimismo, si se compara el desempeño de las regiones con respecto al año pasado, sólo dos de ellas disminuyeron su ejecución presupuestaria: O’Higgins que descendió en un 3,9 puntos porcentuales, y Magallanes, que redujo en 0,9% su gasto presupuestario en el perído (a través del Fondema).

El tipo de gasto

La ejecución presupuestaria según tipo de gasto, durante febrero de este año, se concentró principalmente en inversión en obras (empleo), con un un 83% del total.

Más atrás se ubicó el ítem activos no financieros, con un 10,5%. Las transferencias de capital (4,0%) y las corrientes (2,5%), en tanto, cerraron el conteo.

Ejecución bajo la lupa

Según trascendió hace algunas semanas, se espera que los primeros días de abril el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, realice la primera evaluación general de la ejecución presupuestaria 2015. La idea apunta a revisar el funcionamiento de lo realizado en el primer trimestre del año y, a partir de ese análisis, reforzar si es necesario evaluar una posible reasignación de recursos de una partida a otra para un gasto mucho más eficiente.

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Según el organismo, el gasto a ese mes sumó $732. 740 millones de los $857.835 millones contemplados para las 15 regiones del país.

En detalle, la región que concentra el mayor retraso es La Araucanía, con un gasto del 79,4%, es decir, ha desembolsado $58.926 millones de los $74.225 millones destinados.

Tras ella,  los  peores desempeños se registran en Valparaíso (80,4%) y Magallanes (82,6%). Para estas dos regiones, los desembolsos al undécimo mes del año llegaron a $51.093 millones y $29.543 millones, respectivamente, precisó la Subdere.

En la otra vereda, Los Ríos muestra la mayor ejecución del año (91,8%), al totalizar un gasto de $35.719 millones de los $38.913 millones destinados. También destacan Antofagasta, Bio Bío, y Arica-Parinacota.

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“No habrá cambios en las tasas. El objetivo no es aumentar el ingreso fiscal, sino que redistribuirlo de mejor manera, de tal manera que la variable territorial sea una variable importante a la hora de considerar el tema de los ingresos”, afirma el subsecretario del ramo, Ricardo Cifuentes.

Al recibir el siete de octubre pasado el documento de la Comisión para la Descentralización, la Presidenta Michelle Bachelet fijó el 30 de junio de 2015 como fecha límite para que la Subdere envíe una reforma al sistema de financiamiento municipal y regional.

Para sacar adelante este mandato se constituirá un grupo de expertos nacionales y extranjeros, integrados por la Subdere, la Dirección de Presupuestos (Dipres) y algunos ministerios. En este momento están en la etapa de revisar nombres para la convocatoria e invitarlos a este grupo especializado.

Esta iniciativa, según el subsecretario buscará dar un mejor uso a los actuales ingresos, “se hará en el marco de las tasas tributarias vigentes. Hablamos de redistribución”, advierte.

Por ejemplo, dice la autoridad, en la distribución de los recursos municipales hay comunas que con la misma población tienen un presupuesto absolutamente distinto, y algunas reciben 15 veces más que otra, generando “un nivel de prestaciones de servicio a la ciudadanía absolutamente distinto”, acota.

Esta reorientación de los recursos fiscales, explica la autoridad, se da porque hay mecanismos que no están cumpliendo su objetivo y más bien dan cuenta de realidades de hace 20 años.

“La instrucción de la Presidenta es que vamos a asumir algunas propuestas de la comisión, especialmente aquellas que no generan mayor gasto ni ingreso fiscal. O sea, aquí no hay aumentos de tributos. Ahora, si bien la comisión propone aumento de gravámenes, será otro gobierno el que tengan que asumir ese tipo de desafío. Nosotros ya hicimos un esfuerzo en materia tributaria de manera significativa y creemos que eso es para este gobierno suficiente. Sin embargo, sí podemos mejorar la distribución de esos tributos”, asegura Cifuentes.

Es más reafirma que en el caso específico de la propuesta de aumento del royalty de 3,5 a 5% “ todo lo que tiene que ver con el aumento de tasas propuesto en la comisión, es un tema que nosotros no vamos a considerar en este tiempo. Sólo vamos a considerar redistribución”, sentencia.

Mejor distribución

En el caso de la propuesta de rentas regionales, el subsecretario explica que el objetivo es que en 2020 ó 2025 -aún o se fija el plazo- el 65% de todo lo que el Estado recibe como ingreso sea determinado en la administración nacional, el 20% por el gobierno regional y el 15% restante del municipio. Hoy el 82% se decide a nivel nacional y sólo un 18% en las regiones y comunas.

De este total de ingresos se descuentan los gastos nacionales en Fuerzas Armadas, gobierno central o instituciones que no son descentralizadas, entre otros.

Con esto, añade, “queremos que se pongan de acuerdo municipios, regiones y el Estado nacional en un contrato región, que se firma por un período de gobierno determinado. Ese contrato región lo que hace es establecer un acuerdo entre los proyectos que financiará cada uno. Ahí intervienen cada uno con sus platas y hay un mejor manejo de ellas”, dijo.

Respecto a la posibilidad de un endeudamiento regional como propuso la comisión, manifestó que ello está más relacionado con flexibilidad fiscal. “Acá hay que hacer una discusión, no hay una decisión aún. Este tema va a formar parte de las conversaciones que debemos que tener en este equipo técnico. Hay gente que esta a favor y otra no, pero eso es normal, sólo hay que ver los pro y contra de la medida”, asegura.

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Hoy, para llevar adelante cualquier iniciativa pública, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) evalúa el proyecto desde el punto de vista técnico, social y demográfico.

Bajo esa lógica, aquellas zonas que tiene muy baja población quedan sin posibilidades de realizar grandes proyectos, porque es mucho dinero a invertir en relación a su nivel de población. Bajo ese parámetro es difícil que una iniciativa obtenga Rentabilidad Social (RS), sello necesario para ejecutar la obra.

Asumiendo esta realidad, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) llegó a un acuerdo con el MDS para modificar esta exigencia en aquellas regiones y comunas que son parte del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas y el Plan de Desarrollo de Territorios Rezagados que integran las regiones de Arica-Parinacota, Aysén y Magallanes, y los municipios de Punitaqui, Combarbalá, Canela, Monte Patria, Chanco, Empedrado, Cauquenes, Lebu, Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Los Álamos y Tirúa.

Se mantuvieron dos requisitos: el análisis técnico y el económico, y sólo se modificó el análisis demográfico, incorporando un parámetro nuevo, el de equidad territorial, considerado como que el progreso llegue a todo el país.

Más aún, para evitar que en muchas de estas zonas y municipios se construyan “elefantes blancos”, el MDS conjugó otro elemento, como es el menor costo. Eso quiere decir, por ejemplo, que si es necesario construir una carretera en zonas extremas, se buscará el proyecto más económico para cumplir el objetivo. A eso se llamará menor costo.

“Esas son las modificaciones centrales del RS: se cambia el concepto de rentabilidad social por el de menor costo, con lo que se pueden llevar adelante planes de infraestructura que con la evaluación tradicional no hubiesen sido posibles ”, asegura el subsecretario de la Subdere, Ricardo Cifuentes.

El por qué

Según la autoridad, el concepto mandatado por la Presidenta Michelle Bachelet es que independientemente del lugar donde un ciudadano elija vivir, el Estado “debe garantizar el acceso a una base de beneficios mínimos que garantice su desarrollo”.

De ahí que el Fisco puso a disposición del Plan Zonas Extremas recursos por US$3.000 millones para un período de seis años; y de $500 millones para cada una de las regiones que componen el Plan Territorios Rezagados durante 2014.

Cifuentes recuerda que la metodología costo-beneficio se ha usado durante 40 años ,a través de la cual los proyectos son ejecutables sólo si los beneficios son mayores a los costos.

Ahora en cambio, “lo que estamos diciendo es que hay proyectos definidos por la gente de las regiones y que se analizan en su mínimo costo para su ejecución, y eso es un cambio muy trascendental y notable en esto de la evaluación y asignación de recursos”, acota.

A las anteriores iniciativas, el subsecretario comentó que se está trabajando en un proyecto para crear el Fondo de Convergencia Regional para Zonas Rezagadas, que operaría en 2016, para destinar recursos a través de los gobiernos regionales. A ello se suman iniciativas para dar mayor autonomía y desarrollo de Isla de Pascua y Juan Fernández, y el proyecto de ley que busca modernizar la administración municipal para transformarla en un gobierno local.

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