Desde Poder Judicial explicaron que, en fallo unánime, la Cuarta Sala del máximo tribunal desestimó el recurso impetrado por la demandada principal en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, que confirmó la de primer grado que declaró nulo los despidos y que condenó a la recurrente a pagar solidariamente las prestaciones e indemnizaciones laborales que se devenguen desde la fecha de desvinculación y hasta la convalidación del despido.

El fallo

Según indica el fallo, «el legislador laboral ha señalado que es susceptible del recurso de unificación de jurisprudencia la resolución que falle el arbitrio de nulidad, a cuyo efecto indica que procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia, constituyendo requisitos de admisibilidad, que deben ser controlados por esta Corte, su oportunidad, la existencia de fundamento y una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones a que se ha hecho referencia».

El documento también sostiene que «la norma exige, asimismo, acompañar copia del o de los fallos que se invocan como fundamento –artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo–”.

Desde Poder Judicial explicaron que la resolución, además, agrega que “se advierte de la lectura del recurso que no propone una materia de derecho objeto del juicio que se pretenda unificar, toda vez que únicamente transcribe la historia de la causa y, en especial, el recurso de nulidad que se interpuso contra la decisión del tribunal de fondo, discurriendo sobre la causal de despido correspondiente al caso fortuito, pero sin exponer con claridad el asunto jurídico que esta Corte debe ponderar”.

En esa línea, según indica el fallo “lo anterior cobra aún más relevancia si se considera que el petitorio del recurso tampoco resulta claro, toda vez que solicita en definitiva que se lo acoja, dictando acto continuo, sin nueva vista, pero separadamente, sentencia de reemplazo en unificación de jurisprudencia, resolviendo que debe unificarse la jurisprudencia y rechazarse la demanda de autos, el que, como se observa, carece de una petición concreta y determinada a una materia de derecho particular”.

“Que, en estas condiciones, solo cabe declarar la inadmisibilidad del recurso deducido, teniendo particularmente en cuenta para así resolverlo, el carácter especialísimo y excepcional que le ha sido conferido por los artículos 483 y 483-A del Estatuto Laboral”, se concluye en el documento.

Por tanto, como indican desde Poder Judicial, se resuelve que “se declara inadmisible el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandada principal en contra de la sentencia de veinte de noviembre del dos mil veinte de la Corte de Apelaciones de La Serena”.

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El tema que tiene dividido a los expertos es que la nueva normativa permitiría que una empresa pueda reemplazar a trabajadores subcontratados en caso de que estos realicen una huelga, dando paso a que se produzca eventualmente un aumento en la tercerización de funciones.

El artículo 306 de la reforma laboral, inciso quinto, establece que “la negociación colectiva en una empresa contratista o subcontratista no afectará las facultades de administración de la empresa principal, la que podrá ejecutar directamente o a través de un tercero la provisión de la obra o el servicio subcontratado que haya dejado de prestarse en caso de huelga”.

De esta forma, la nueva ley permitiría a las empresas reducir la dependencia de un gran volumen de trabajadores internos y del poder de los sindicatos. Cristian Carvajal, gerente general de la empresa de outsourcing y recursos humanos GrupoExpro, detalló que “si durante el proceso de negociación colectiva los trabajadores contratistas hacen efectiva la huelga, la empresa principal podrá suspender el servicio de la contratista y contratar a otra firma para que la producción no se detenga”.

Subcontratación en Chile

Según datos de la Octava Encuesta Laboral (Encla) realizada por la DT, el 17,6% de las empresas subcontrata funciones, siendo las empresas de mayor tamaño las que más optan por esta alternativa.

“Las grandes empresas han tenido siempre una participación en la subcontratación notablemente más alta que la mostrada por las empresas de menor tamaño (…) hoy el nivel de subcontratación en las grandes empresas se sitúa en un 40,7%”, plantea la Encla.

La encuesta de la DT afirma que “en todas las ramas hay empresas que subcontratan una parte, mayor o menor, de su actividad productiva”. Destacan tres rubros en que la subcontratación alcanza un nivel importante: “el suministro de electricidad, gas y agua, en el que participa el 37,8% de las empresas; la intermediación financiera, sector en que el 30,2% de las empresas subcontrata, y la explotación de minas y canteras, donde la proporción de empresas que subcontrata trabajo alcanza al 27,3%”.

Debate

Luis Lizama, asesor laboral de Sofofa, subrayó que la huelga efectuada en una empresa contratista “no afecta a la empresa principal, y en consecuencia la empresa principal va a poder mantener el servicio que le prestaba la empresa que está en huelga del modo que la empresa lo determine. Puede dar término al contrato y buscar otra firma”.

Sin embargo, Lizama sostuvo que, si bien pareciera que con la nueva ley hay un incentivo a la externalización de funciones, “no es una tarea sencilla de tomar”. Agregó que “hay un proyecto de ley en el Congreso, en la Cámara de Diputados, una moción del diputado Osvaldo Andrade, que limita las posibilidades de externalizar y que habla de la subcontratación impropia (…) Por lo que si una empresa opta por externalizar funciones y luego se aprueba este proyecto, tendrá que enfrentar algunas complicaciones en ese momento. Para una empresa no es sencillo externalizar funciones para mitigar el efecto de una huelga”.

El proyecto de ley impulsado por Andrade señala que “no serán susceptibles de ser subcontratadas las labores inherentes al giro principal de una empresa, salvo que se trate de la totalidad de ellas mediante un contrato de administración general o similar a éste, y que la empresa principal no ejerza facultad alguna de dirección laboral sobre los trabajadores de la empresa contratista, o subcontratista en su caso”.

Héctor Humeres, asesor laboral de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), indicó que “es muy temprano para sacar una conclusión de ese tipo. Hay que esperar que este asunto se vaya desenvolviendo en el transcurso del tiempo”.

Fernando Alvear, gerente general de la CPC, apuntó a la violencia que se da en algunas movilizaciones como factor a tener en cuenta. “Para que esa norma opere necesitamos que no haya violencia. Hemos visto lo que sucedió en Escondida y ahí se afectó instalaciones de funciones que no estaban en huelga. Por lo tanto veo complejo que se dé ese tipo de espacio. Mientras haya violencia no hay margen”.

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, recalcó que “la reforma es clara en que la huelga es sin reemplazo ni interno ni externo”. Añade que de existir un aumento en la tercerización “no es por la reforma laboral, sino que por la búsqueda e interés de algunas empresas de tercerizar sectores para ir abaratando los costos de la mano de obra”.

Jorge Arredondo, director de Grupo Laboral, se mostró preocupado por el espacio al aumento de la subcontratación que entregaría la reforma laboral. “Más que un incentivo, lo que me temo pudiese pasar es que algunas empresas no solo subcontraten labores accesorias a su giro, sino que también labores de sus procesos productivos, haciendo que estas sean desarrolladas tanto por trabajadores propios como por dependientes de un subcontratista”, sostuvo.

Arredondo, si bien valoró la existencia de un proyecto de ley para limitar la subcontratación como la del diputado Andrade, expresó que “se hace perfectamente posible, cumpliendo con los supuestos que mandata la ley, que una empresa pueda subcontratar labores que puedan ser críticas en caso de una paralización absoluta de la empresa. Ahora bien, tiendo a creer que las empresas no solo adoptan estas decisiones por temas de relaciones laborales, sino que también fundado en razones de especialización, eficiencia, desarrollo de conocimiento, etc”.

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Por ello, Codelco y las grandes firmas privadas han endurecido sus políticas de baja de costos, lo que ha implicado la desvinculación de trabajadores.

Según cifras del Consejo Minero, al cierre de 2014 la minería entregaba 242.000 empleos directos (32% propios y 68% contratistas), mientras que a fines del primer semestre ese número llegó a 227.000. Es decir, hubo una pérdida de 15.000 empleos directos.

En este complejo escenario, actores de la industria y representantes de empresas contratistas adelantaron que la dinámica de reducción de costos y eventuales desvinculaciones continuará.

Un alto ejecutivo del sector prevé que este año se podrían perder alrededor de 18.000 empleos, la mayor proporción serían trabajadores contratistas. Esto, debido a que las mineras, al ajustar sus costos, se los traspasan a las contratistas, las cuales también tienen que ajustarse.

Difícil panorama

Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, dijo que “si se considera que dentro del trabajo directo que entrega la minería, dos tercios está compuesto por contratistas, es lógico que un número importante de las potenciales desvinculaciones sean más de las empresas contratistas que de las mismas compañías”.

Una visión similar tiene Cristián Vizcaya, presidente de Agema, entidad que agrupa a más de 30 empresas contratistas y que emplea a cerca de 10.000 personas. “Nos preocupa la situación, pues nos afectará bastante”, advierte.

Añadió que “nuestras proyecciones para este año apuntaban a que la industria de contratistas crecería 15%, en ventas. Ahora creemos que sería un milagro si es que logramos un 10%. Esto, obviamente nos lleva a evaluar posibles desvinculaciones”.

En Aprimin, otro actor relevante entre los contratistas (tiene 101 asociados que dan empleo a unas 130.000 personas, de las cuales un poco más de la mitad trabaja dando servicios al interior de las operaciones mineras), su presidente, Andrés Aguirre, expresó su inquietud por este panorama y sostuvo que “somos los proveedores directos quienes recibimos primero los impactos (…) Si una minera decide parar o reducir producción, obviamente, afecta los contratos, y a las personas que allí trabajan”.

El factor contratos

Vizcaya explicó que la reducción de costos de las empresas, tanto de Codelco como de las grandes privadas, implica la revisión de los contratos que tienen con las empresas contratistas. Esto, a su vez, lleva a estas firmas a tener que desvincular a trabajadores.

Ejemplificó que “si actualmente tengo un contrato con una empresa que requiere de 300 trabajadores, tras ajustarlo ese número podría caer a 200”.

Codelco revisó 107 contratos con empresas contratistas el primer semestre, generando un ahorro de US$ 87 millones. Como la meta es lograr un ahorro de US$ 132 millones en 2015, por este ítem, la compañía seguirá revisando contratos en el segundo semestre.

Si bien esto no ha implicado hasta ahora desvinculaciones, Vizcaya prevé que comenzaría a notarse en lo que resta del año.

Otra compañía que está revisando contratos es Minera El Abra. Luego de que la semana pasada su matriz, la estadounidense Freeport-McMoRan, anunciara que reducirá en 50% la explotación de esa mina, este miércoles dijo que desvinculará a 650 trabajadores propios. El próximo paso que debe dar la firma es revisar los contratos que mantiene con sus contratistas, para adecuarlos a la nueva realidad, lo que provocará que estas empresas deban despedir a trabajadores.

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La iniciativa, que establece la figura de “la subcontratación impropia”, actualmente se está tramitando en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados. Y, a juicio del ejecutivo, “generará graves efectos para los contratistas y la industria minera”.

¿Qué efectos traería para la industria el proyecto de subcontratación?

Sería un golpe muy fuerte a la autonomía en la gestión de las empresas y podría convertirse en una potencial causa de conflictos laborales muy relevantes. Esto, porque nos veríamos discutiendo ante la Dirección del Trabajo o ante los tribunales qué se considera o no el objeto principal de actividad minera, qué es aquello que se prohíbe subcontratar.

¿No comparte la idea que las empresas no subcontraten labores asociadas a su giro principal?

Este proyecto de ley está basado en una presunción, en un riesgo eventual de que algunos empleadores mal utilizan la figura. Pero en vez de aumentar la fiscalización y aplicar la sanción correspondiente, lo que hacen es generar un proteccionismo absurdo, innecesario, que va a matar a toda una industria de proveedores o parte importante de una industria de proveedores que ha crecido de forma significativa en el país.

¿Por qué podría matarla?

La cantidad de puestos de trabajo que se eliminarían en la industria de contratistas será mayor a la cantidad de empleos que se crearían en la industria propia. No va a haber una industria espejo, reflejo, en que todos los empleos que se eliminan en los contratistas se van a traspasar a la industria propia.

Asimismo, desincentivará la iniciativa privada, poniéndole aún más obstáculos al desarrollo de la actividad minera, incrementando artificialmente sus costos.

¿Pero permite enfrentar los abusos que a veces se cometen?

La iniciativa no viene a solucionar ningún problema real que existe en el área de la subcontratación. Los problemas reales que pueden existir en la subcontratación son aquellos en que una empresa utiliza la figura de la subcontratación para esconder la contratación de trabajadores que están bajo tu subordinación y dependencia.

¿Y eso cómo se debe sancionar?

Para ello la Dirección del Trabajo cuenta con las facultades para fiscalizar y sancionar este tipo de irregularidades. Por lo tanto, hoy la ley vigente soluciona las eventuales anomalías. Entonces, esta iniciativa se hace innecesaria.

Además, la actual regulación que existe es un marco legal adecuado que ha permitido el florecimiento de una industria subcontratista muy importante, de prestaciones de servicios y proveedores de la industria minera relevante.

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En el comunicado de la CTC se detalla que la materialización de esta mesa se produce a más de 40 días de que  la Confederación entregara el petitorio de renovación de este instrumento colectivo ramal, el pasado 6 de julio.

En la instancia de este lunes, se acordó realizar las dos jornadas siguientes de trabajo los días 19 y 21 de agosto respectivamente.

La Mesa de ampliación, renovación y mejoramiento del Acuerdo Marco se concretó luego de que la CTC y Codelco firmaran el protocolo de acuerdo que establece garantías para ambas partes y específicamente el fin a las represalias, despidos y persecuciones a los trabajadores. Asimismo, las partes manifestaron su compromiso irrestricto de dar cumplimiento íntegro al protocolo y agilizar la reincorporación de los trabajadores, cuestión aún en desarrollo, según señala la CTC.

Manuel Ahumada, presidente de la Confederación, sostuvo que “esta mesa de negociación instalada por la CTC persigue renovar y ampliar el Acuerdo Marco y con ellos, mejorar las condiciones laborales  y de vida de todos los trabajadores”, agregando que “tal y como lo hemos manifestado desde el 6 de julio, ratificamos nuestra voluntad de diálogo sin vetos ni condiciones para darle efectividad a esta mesa, cuyo fin es solucionar el conflicto laboral”.

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El paso más próximo lo darán en el marco de la reforma laboral, anticipa el senador y presidente de la Comisión de Trabajo, el PS Juan Pablo Letelier. Junto a las senadoras DC Carolina Goic y PPD Adriana Muñoz propondrán en las próximas semanas incorporar la subcontratación como materia de negociación colectiva, para “que los trabajadores de la empresa principal puedan discutir hasta dónde se extiende”, afirma.

“Se ha abusado del proceso de subcontratación. Se ha metido a empresas contratistas en el giro principal de la mandante y eso muchas veces ha llevado a la precarización del empleo. Es un fenómeno global que en nuestro país se ha llevado a un extremo”, advierte el senador Letelier.

En la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados el oficialismo también se sumó y decidieron reactivar una moción presentada en agosto de 2014 por los diputados PS Osvaldo Andrade y PPD Tucapel Jiménez que modifica la ley de subcontratación y servicios transitorios. La propuesta establece la figura de “subcontratación impropia”, mediante la cual busca prohibir la subcontratación de funciones que pertenezcan al giro de la empresa principal. Así, esta modalidad quedaría reservada para labores anexas como vigilancia, alimentación, aseo y mantención. La moción agrega que será la Dirección del Trabajo la que defina los casos de subcontratación impropia o subcontratación no ajustada a los requisitos de la ley.

“La subcontratación puede tener sentido cuando se trata de empresas con giro distinto, con un rol de especialización o características que no son propias de la empresa principal. Pero no es lo que ocurre hoy. Se ha abusado y se usa ahora para reducir costos. Eso es lo que se denomina subcontratación impropia”, explica Andrade.

La semana pasada, y luego de que la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) declinara una invitación para asistir a la comisión a debatir al respecto, los parlamentarios acordaron que si este martes no hay más organizaciones que quieran acudir -ya lo hizo hace algunas semanas la Cámara Nacional de Comercio-se dará inicio a la votación en particular.

Si se concreta este escenario, la iniciativa pasaría a sala este mes, pasando posteriormente al Senado. El diputado DC Patricio Vallespín concuerda en que “hay temas que no están bien resueltos” en la legislación vigente y se muestra preocupado por el aumento de la externalización en el sector público, ya que “se están dejando de cumplir funciones permanentes que el Estado debe garantizar a los ciudadanos para tener servicios de calidad”.

Una de las materias que se debe delimitar, precisa Vallespín, es hasta dónde llega la responsabilidad de la empresa principal de responder en caso de que el contratista no cumpla sus obligaciones laborales y asegura que los parlamentarios de la Nueva Mayoría plantearon su decisión a la ministra del Trabajo, Ximena Rincón.

Aunque desde el Ejecutivo aclaran que no ven factible patrocinar una iniciativa al respecto, los parlamentarios están decididos a avanzar. “No necesitamos el respaldo del gobierno. Lo vamos a aprobar dentro de dos o tres sesiones y después pasará a sala. Se va a ir al Senado así”, adelanta Jiménez.

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La empresa y los trabajadores agrupados en la Federación hicieron presente que “han cumplido sus obligaciones y que durante todo este tiempo han continuado sus labores para Codelco, con las limitaciones propias que estas movilizaciones han causado”. Asimismo, manifestaron su “plena disposición a continuar cumpliendo con sus obligaciones de apoyo a la Corporación, socio estratégico de la empresa”.

Siemens valoró además “muy especialmente el compromiso y dedicación exhibidas por sus colaboradores, manifestación de su sentido de responsabilidad y espíritu de equipo” y agradeció públicamente su voluntad de contribuir activamente a la búsqueda de una solución.

Junto a lo anterior, indicó que “confiamos en que las partes puedan llegar a un acuerdo dentro del marco legal y contractual vigente y solucionar este conflicto lo antes posible, de manera de evitar mayores perjuicios a la Corporación y a nosotros como empresas subcontratistas”.

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De acuerdo con la cuprera, las empresas del sector minero y Codelco “probablemente no disponían de otra herramienta en ese momento para aprovechar el boom minero” y los mecanismos de subcontratación y tercerización dieron, en su momento, “mayores grados de flexibilidad a la alta gerencia de la compañía”.

Sin embargo, el llamado súper ciclo quedó atrás y hoy el precio del metal no logra remontar. Ayer, cerró en US$ 2,37 centavos; lejos del peak de US$ 4 la libra alcanzado en 2011.

En este nuevo escenario, Codelco madura un diagnóstico que traía desde hace algún tiempo: la necesidad de establecer una nueva política general de subcontratación.

De hecho, ya en marzo Landerretche planteaba la posibilidad de revisar la subcontratación, y señalaba: “Desde 2006 a la fecha hemos tenido en torno a 40 días de detenciones de faenas de Codelco por movilización de trabajadores internos, con costos asociados para la estatal por unos US$ 100 millones. En el caso de los externos se alcanzan 124 días, con un costo para Codelco de unos US$ 500 millones”.

Además, apuntaba a que mientras la productividad de un trabajador interno llegaba a 90 toneladas de metal fino por persona al año, en los tercerizados alcanzaba a 50. “Los supuestos que se hicieron cuando se optó por hacer crecer la participación de los trabajadores subcontratados no se está dando”, sentenció hace cuatro meses.

De ahí que la cuprera quiera internalizar algunas labores que realizan terceros, enfocadas al core business como mantenciones, desarrollo de mina y control de los procesos geominerometalúrgicos.

Se trata de elevar la planilla de trabajadores propios en torno al 10%. Ese proceso, sujeto a condiciones, podría implicar la internalización de unos 2.000 trabajadores, señaló una fuente de la estatal, que hoy cumplen funciones para su giro principal y que representan, a junio de este año, el 8% de los 37.357 externalizados de la minera.

“Se tiene que producir un cambio en el tema de externalización de esta empresa”, dice Raimundo Espinoza, director de Codelco y presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC). “El modelo de externalización fracasó en Codelco, como fracasó en otras empresas (…) Vamos a exigir con mucha fuerza que esto se termine”, agregó.

Pero para la estatal no sólo se trata de internalizar a parte de los trabajadores de empresas contratistas. Con esta nueva política laboral que busca implementar, también quiere tomar distancia de negociaciones colectivas que no estén regladas, como ha calificado los acuerdos marco con trabajadores de empresas contratistas en los que participó en 2005, 2005, 2011 y 2013.

En el actual escenario, la estatal propicia una mesa de discusión amplia, con trabajadores internos, externos y empresas contratistas, en la que se discutan temas generales de política laboral que no estén vinculados a las actuales demandas de trabajadores subcontratados que ya cumplen 12 días de movilizaciones en busca de mejoras al acuerdo marco de 2013.

Para Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, con la declaración que ha hecho, Codelco está reconociendo que en el momento en que se comenzó a usar la subcontratación, las condiciones eran distintas y revela que hoy es necesario ponerle límites. Admite también, dice Guajardo, que en la industria y en Codelco en particular, “hubo una utilización excesiva del modelo de subcontratación en algunas áreas”.

Pese a lo anterior, advierte que la nueva política general que está proponiendo Codelco subirá los costos de la compañía y tendrá “un fuerte impacto en su productividad”.

Un poco más optimista es el académico de la Universidad Católica, Gustavo Lagos, quien acota que “tiene sentido que Codelco quiera internalizar, sobre todo las áreas que tienen directa relación con el core business de la compañía, porque coordinar las labores de los trabajadores contratistas tiene un costo y es ahí donde al internalizar, se puede generar un ahorro que puede ser importante”.

Peso de la subcontratación

La historia de subcontratación en la minera se remonta al primer período en que Juan Villarzú fue presidente ejecutivo de la estatal, entre 1994 y 19996. En esa época, la administración llegó a un acuerdo con los trabajadores propios llamado Proyecto Común de Empresa -y que estaba dentro de la ya terminada Alianza Estratégica-, donde se estipuló reducir la dotación de planta de la estatal, para entre otros fines, duplicar el valor de la compañía. En ese período se comenzó a tercerizar labores, política que tuvo un boom importante entre el 2003 y el 2005.

En esa oportunidad, explica un ex ejecutivo de la estatal, el escenario económico era distinto, con un precio del cobre en torno a los 80 centavos de dólar. Por eso, era necesario rebajar los costos operativos para poder soportar la planilla de nuevos proyectos que en ese tiempo ya estaba diseñando Juan Villarzú. Hoy son los llamados proyectos estructurales.

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En el documento, la empresa reconoce que utilizó la subcontratación en aspectos relevantes de la operación minera, es decir, en el core del negocio minero –lo que se opone por ejemplo a la ley de Subcontratación vigente-, situación que justificó señalando que fue la única forma que tuvo Codelco, y toda la minería, para poder aprovechar el boom de precios pues no contaba con la capacidad técnica y humana para hacerlo sin la ayuda de terceros.

Por ello, adelantó que corregirá esta situación, mediante una reinternalización de trabajadores.

“Si bien esos procesos (de externalización de funciones críticas) pueden haber tenido justificación y lógica en su momento, mirando hacia adelante y pensando en una situación de régimen, existen funciones, que por su carácter permanente y cercanas al core del negocio, probablemente deban ser re-internalizadas”, reconoció la corporación.

Esto ocurrirá en áreas “que pertenecen al core del negocio minero y por ende deben ser manejados entre las funciones internas de las que dispone la alta gerencia de la compañía, siempre que se puedan incorporar bajo esquemas de competitividad y productividad que constituyan una contribución a la creación de valor”, se agregó.

Este proceso de internalización, que se pondrá en marcha pronto, derivará en la reincorporación del orden “del 10% de aquellas labores que se encuentran actualmente externalizadas durante los próximos años. Resulta evidente que lo anterior se debe implementar de forma progresiva, racional y técnica, aceptando que existirá una heterogeneidad que debe analizarse caso a caso”, planteó la estatal.

Esto implica un número de entre 2.000 y 4.000 trabajadores extra que se incorporarán a la empresa, dependiendo de si se considera el 10% del total de trabajadores subcontratados –unos 40.000- o sólo los contratistas de operación, excluyendo a aquellos que se desempeñan en la construcción de sus proyectos estructurales, pues se trata de tareas que finalizarán cuando los proyectos estén desarrollados.

Al mismo tiempo, Codelco hizo un llamado a los trabajadores en paro a una “instancia de conversación”, en la que según plantea Codelco “se discutirá sobre los derechos y estándares laborales no puede constituirse en un espacio de negociación colectiva paralelo”, por lo que “no será un espacio para negociar bonos de términos de conflicto o pagos directos a los trabajadores”.

Sí están abiertos a debatir los llamados beneficios nobles, entre los que se encuentran las condiciones de habitabilidad, seguridad y calidad de vida de los trabajadores, así como las herramientas y recursos de los que estos podrán disponer para capacitarse y mejorar sus competencias profesionales.

“Codelco requiere una nueva política de subcontratación que aborde el conjunto de los desafíos que hoy enfrentamos en esta materia, buscando soluciones de largo plazo y que generen beneficios para Codelco, para las empresas contratistas y para sus trabajadores”, reconoció el presidente del directorio de la empresa, Oscar Landerretche.

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Para Mario Becerra, gerente general de la empresa de outsourcing GrupoExpro, este creciente protagonismo se explica por las reformas en materia tributaria y laboral: «Hay una cierta ansiedad en los empleadores que incentiva a no comprometerse con costos permanentes, hasta ver cómo resulta la temporada o el nuevo proyecto».

El escenario de menor crecimiento económico también estaría empujado a la subcontratación, estima Huberto Berg, máster en relaciones laborales del Instituto Tecnológico de Nueva York y director de Berg Consultores. «En los períodos más críticos las compañías tratan de aumentar su productividad a como dé lugar. Al subcontratar, en vez de asumir todas las áreas de la organización, buscan gente con distintas especialidades para preocuparse solamente del giro del negocio», explica.

Con la subcontratación permanente, las empresas no requieren de una jefatura directa con el empleado y tienen menos carga administrativa relacionada con la gestión de recursos humanos (sueldos, vacaciones y asistencias). «Otra ventaja es que no lidian con las consecuencias ante accidentes del trabajo ni despidos, ya que frente a esos escenarios es la empresa subcontratista quien responde», indica Becerra.

En las cifras a nivel macro, la subcontratación es un indicador positivo, pues da flexibilidad a las empresas y mejora su productividad, reconoce Felipe Ruiz, economista de Bci Estudios. Sin embargo, advierte también que hay que tener en cuenta su durabilidad: «Al ver los beneficios hay que considerar la persistencia en el empleo, porque si son de corta duración tiene una implicancia negativa».

El subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, agrega que la clave de fondo son las condiciones que se otorguen mientras dure dicho empleo: «Cuando las empresas grandes dejan de hacer ciertas tareas específicas y subcontratan pymes, con creación de mejores empleos, eso puede hacerle bien a la economía, tanto en lo macro como en lo micro. El problema se da cuando la tercerización es utilizada con el propósito de precarizar las condiciones de trabajo».

Enseñanza, minería y salud acaparan el 48% de los subcontratados

La subcontratación tiene una fuerte presencia de trabajadores sin calificación. En GrupoExpro, por ejemplo, de sus 11.550 empleados, un 85,7% no tiene estudios, otro 8,1% son técnicos y el 6,2% son profesionales. Sin embargo, Becerra subraya que ha subido de forma constante el nivel de preparación de la gente: «Antes casi no existía la opción de contratar gente de alta calificación, incluso en empresas multinacionales. Hoy esto ha cambiado de forma significativa». En 2010, en la empresa los técnicos representaban solo el 0,1% y los profesionales el 4,8%.

Huberto Berg destaca que este fenómeno se repite en todo el mercado: «En la actualidad, la subcontratación está a cargo de áreas que son claves para el desarrollo del negocio, como la mantención o la logística. El mensaje que entregan las empresas es: necesito gente especializada».

Para Mario Becerra, esta mejora en la calidad de los trabajadores se debe a las condiciones laborales que se están ofreciendo. «Somos los primeros que empujamos los sueldos, porque tenemos la sensibilidad del mercado. Muchas veces la empresa tiene trabajadores de hace años y solo han ido reajustando sueldos, pero pierden esa vara sobre determinado cargo. Nosotros sabemos que hay que pagar desde cierto monto hacia arriba y que hay que ofrecer ciertos beneficios», explica el ejecutivo.

Según datos que manejan en la Subsecretaría del Trabajo, el 93% de los trabajadores subcontratados posee contrato de trabajo y el 90% declara tener cotizaciones previsionales y de salud. A la hora de atraer gente, la colación, contar con buses de acercamiento y el equipamiento de seguridad son elementos valorados, agrega Becerra.

Sin embargo, el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, advierte que aún persisten problemas en la calidad de este tipo de empleo. «Muchas veces lo que hace la subcontratación es disfrazar un simple suministro de trabajadores para abaratar costos y eludir responsabilidades laborales como la gratificación, y también para debilitar o derechamente impedir la organización sindical».

Según datos del INE, la enseñanza, la minería y los servicios sociales de salud son las áreas de la economía más fuertes en términos de subcontratación: entre las tres suman el 48% de los empleados bajo esta fórmula, es decir, 466.561 personas. Hay coincidencia en que la minería es de las que demanda el mayor número de profesionales y técnicos.

En el otro extremo, Becerra advierte que la construcción y la agricultura son rubros donde la subcontratación no ha entrado con fuerza. «No hay empresas grandes que subcontraten sino que, por lo general, son muy pequeñas, de una persona que se independiza y arma un equipo de cinco amigos para hacer el trabajo», dice. Según el INE, la pesca, actividades inmobiliarias y de intermediación financiera son otras áreas donde la subcontratación tiende a ser baja.

Subcontratación seguirá creciendo ante mayor desempleo

Para el futuro, este modelo de trabajo debiera seguir al alza. «El desempleo debiera pasar de 6,6% a 7%. En ese contexto, la subcontratación va a tomar un papel mayor y podría incrementarse su demanda considerando la mayor flexibilidad que genera este tipo de empleos», señala Felipe Ruiz, de Bci Estudios.

Huberto Berg agrega que el desempeño actual de la fórmula también debiera rendir frutos a futuro: «Puede ser que por este período coyuntural, que esperamos no sea eterno, aumente un poco la subcontratación. Sin embargo, por cómo lo han hecho las empresas subcontratistas, es un área que llegó para quedarse definitivamente en el desarrollo de las empresas», comenta.

Según las estimaciones de GrupoExpro, la subcontratación tiene espacio para expandirse en al menos 500 mil personas más: «La subcontratación ha estado creciendo cada año y de a poco nos vamos a ir pareciendo a países más industrializados, donde tienen una presencia más fuerte».

De hecho, según datos del INE, en el trimestre móvil marzo-mayo de 2015 los trabajadores subcontratados aumentaron en 50 mil, alcanzando por segundo año consecutivo un cifra igual de creación de este tipo de empleos para el mismo lapso.

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