El estudio de abogados Pomerantz LLP, que también lleva adelante una demanda colectiva en contra de SQM, informó en un comunicado que el nuevo texto precisa a los individuos objetos de la acción legal.

Maria das Gracas Foster y José Sérgio Gabrielli, ambos ex presidentes ejecutivos de la estatal brasileña, junto a otros 13 personas son individualizados como los demandados.

Asimismo, Pomerantz identifica a la consultora PriceWaterhouseCoopers como responsable de dos balances financieros realizados a Petrobras.

La demanda alega que “durante todo el Período de la demanda, los demandados hicieron declaraciones materialmente falsas y engañosas respecto de las políticas de negocio, operativos y de cumplimiento de la Compañía”. El texto detalla que los demandados hicieron o declararon falsa y engañosamente y/o no revelaron que: “(1) la Sociedad exageró sus propiedades, planta y equipos en su balance por sobreprecios, contratos a determinadas empresas relacionadas con sus refinerías y operaciones, y la aceptación de sobornos de las empresas de construcción aprobados para esos contratos; (2) la Sociedad recibía sobornos multimillonarios, de los contratistas de terceros para obtener contratos de Petrobras; (3) la Compañía violó su propio Código de Ética ya que sus empleados y ejecutivos estaban aceptando rutinariamente sobornos de ciertas empresas de la construcción; (4) los controles internos sobre los informes financieros de la Compañía fueron ineficaces y deficientes; y (5), como resultado de lo anterior, las declaraciones públicas de Petrobras fueron materialmente falsas y engañosas en todo momento pertinentes”.

En medio del escándalo de corrupción, el Gobierno postuló a Murilo Ferreira, presidente ejecutivo de la minera Vale, para encabezar el directorio de Petrobras. La petrolera estatal había informado el pasado jueves que nombró a Luciano Coutinho, jefe del banco estatal de desarrollo BNDES, como reemplazante del ex ministro de Hacienda, Guido Mantega.

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Se trata de eventuales vulneraciones a la Ley del Mercado de Valores (LMV), pero particularmente en lo que dice relación con la entrega de información maliciosamente falsa al mercado, enfoque que está siendo monitoreado.

Según conocedores del caso, si se demostrara una inconcordancia entre los reportes contables de la empresa contenidos en los Estados Financieros enviados a la SVS, con los que realmente se generaron, podría configurarse este tipo penal que responsabiliza a quienes proporcionen o certifiquen información falsa al mercado.

Según fuentes conocedoras, en la Ley del Mercado de Valores no sólo se persigue la responsabilidad de la administración de la compañía, sino que también se podría investigar a directores, administradores, gerentes de un emisor de valores de oferta pública o bien a las auditoras externas que certificaron los Estados Financieros.

“Se debe analizar si es que hubo un error y se actuó de buena fe o bien si existió responsabilidad tributaria que a la postre generó estados de resultados falsos. Ahí se debe definir si la responsabilidad viene desde la interna y si hubo responsabilidad en las auditorías externas. Otro elemento que se debe determinar, y que está en la Ley de Sociedades Anónimas, es si la administración de la compañía destinó fondos para campañas políticas sin la aprobación del directorio. Ahí también existiría un tema complejo a investigar”, explica un destacado abogado que pidió mantener su nombre en reserva.

Así las cosas, no sólo la Fiscalía y la SVS monitorean el caso: las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), como Cuprum, que solicitó explícitamente a la entidad liderada por Carlos Pavez investigar el caso. También los querellantes que han litigado en cada etapa del extenso proceso Penta-SQM se encuentran monitoreando este flanco en la bullada investigación.

“En el marco de la LMV, la entrega de información maliciosamente falsa al mercado es algo que se debe investigar (…). Además, creemos que, eventualmente, más adelante se deberá citar a declarar a las auditoras externas de las empresas vinculadas al caso para obtener información. La idea es que el Ministerio Público tenga las herramientas para investigar”, comenta Mauricio Daza, abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente.

Alerta externa

Las primeras llamadas de alerta sobre una eventual entrega de información falsa al mercado vinieron desde EEUU: el estudio Pomerantz LLP presentó una demanda colectiva acusando de dicha irregularidad a Patricio Contesse González, Patricio De Solminihac y Ricardo Ramos.

“Los estados financieros de la compañía fueron materialmente falsos y engañosos en todos los períodos relevantes”, se señala. Adicionalmente, en la demanda se expresa que “la compañía carecía de controles internos adecuados sobre la entrega de reportes financieros”.

El documento agrega que, “como resultado de los actos ilegales y omisiones de los demandados, y la precipitada disminución en el valor de mercado de valores, los demandantes y otra clase de miembros de la compañía han sufrido significativas pérdidas y daños”. Además de la demanda colectiva presentada por Pomerantz LLP, en paralelo otro estudio de abogados, Peiffer Rosca Wolf, en Ohio, trabaja en acciones legales del mismo tipo.

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