La jornada comenzó en el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) con el saludo protocolar a la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, y al subsecretario de la cartera, José Vial. En la reunión se abordaron las líneas de trabajo y la coordinación entre ambas instituciones para el cumplimiento de la normativa ambiental.

Posteriormente, el superintendente Ibarra se trasladó a la sede central de la SMA, donde sostuvo una reunión virtual con las y los funcionarios del organismo a nivel nacional. En el encuentro expuso las prioridades de su gestión.

“El principal valor de la Superintendencia está en las personas que la integran. Hoy comenzamos una nueva etapa, en la que queremos fortalecer ese trabajo y avanzar hacia una SMA más oportuna y eficiente en sus respuestas, con una fiscalización estratégica orientada al cumplimiento ambiental y cada vez más conectada con las necesidades de los territorios. Tenemos grandes desafíos por delante y estoy convencido de que podemos llevar a la Superintendencia a un nuevo nivel de desarrollo institucional”, destacó la autoridad durante el encuentro.

Asistencia al Senado y coordinaciones internas

Luego, la autoridad se trasladó al Congreso en la ciudad de Valparaíso para asistir a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado. En la sesión se trataron las indicaciones del proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, el cual busca fortalecer las facultades de fiscalización y sanción del organismo.

“Asumimos este cargo con el compromiso de velar por el cumplimiento de la normativa ambiental. La coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente y el avance del proyecto de ley de la LOSMA son aspectos centrales para el trabajo de la institución”, sostuvo Ibarra.

Durante la tarde, la agenda continuó en el nivel central de la institución con reuniones de trabajo junto a diferentes jefaturas, además de concretar la reunión de traspaso de gestión con la administración que estuvo subrogando desde marzo hasta la fecha, previo a su nombramiento. Asimismo, el jefe del Servicio se reunió con la directiva de la Asociación de Funcionarios de la SMA (ASUMA) para conocer los ejes rectores que guiarán la gestión gremial 2026-2027 recién asumida, así como también para transmitir los principales desafíos institucionales.

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La acción judicial se dirigió por Codelco en contra del rechazo de su recurso de reposición por parte de la SMA, respecto de la resolución sancionatoria que le impuso una sanción consistente en una multa de 1.850 Unidades Tributarias Anuales (UTA). 

Las alegaciones se centraron en particular, en la configuración de las infracciones 1a y 2, relativas al incumplimiento del circuito cerrado de las aguas de proceso y a la limpieza parcial y tardía del derrame de residuos industriales líquidos (RILes). Además, se cuestionó la clasificación de dichas infracciones como graves, estimándose que debían ser calificadas como leves, a lo que se suman alegaciones respecto de la ponderación del beneficio económico obtenido a partir de la ocurrencia de las infracciones, la vulneración al sistema jurídico ambiental, la intencionalidad, la existencia de conducta anterior negativa y la cooperación eficaz. 

Tras el análisis de los antecedentes que fueron expuestos en la causa, el tribunal descartó las alegaciones de la reclamante ratificando la sanción aplicada.    

“En atención a que esta judicatura descartó las eventuales ilegalidades en la configuración de la infracción 1a y 2, al determinarse que Codelco mantuvo pulpa de concentrado de cobre no final con alto contenido de humedad fuera del circuito cerrado autorizado, y no efectuó en forma íntegra y oportuna la limpieza a las quebradas Mina de Cal y El Jardín, respectivamente”, explica el fallo.  

Mientras que sobre la calificación grave de las infracciones que era alegada por parte de la reclamante, la sentencia validó esta clasificación, al considerar que las medidas que estaban destinadas a eliminar o minimizar los afectados adversos del proyecto, estando establecidas expresamente en la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto, las que se vieron comprometidas de forma importante.  

Finalmente, la decisión del tribunal confirmó la ponderación que realizó la SMA sobre las circunstancias del artículo 40 de lao LOSMA, estableciendo que la “determinación de la sanción de multa se encuentra debidamente motivada”, no presentando falta de fundamentación, desproporción ni ilegalidad. En particular, consideró correctamente determinado el beneficio económico de la infracción N° 2 a partir de los costos retrasados y evitados asociados a las labores de limpieza; fundada la importancia de la vulneración al sistema jurídico ambiental atendida la función de las obligaciones infringidas dentro de la RCA y del régimen de control de RILes; acreditada la intencionalidad respecto de las infracciones N°s 1a y 5 considerando el conocimiento y capacidad técnica de CODELCO como sujeto calificado; pertinente la conducta anterior negativa a partir del historial de incumplimientos de la misma unidad fiscalizable; y razonable reconocer la cooperación eficaz solo en grado medio, atendida la oportunidad, integridad y utilidad efectiva de la información aportada.

La sentencia, redactada por la ministra Sandra Álvarez Torres, y que contó con la integración del exministro Mauricio Oviedo y del ministro suplente en ciencias Carlos Valdovinos (subrogando legalmente), rechazó la reclamación en todas sus partes, sin condena en costas.  

Las denuncias y fiscalización 

Los antecedentes tienen su origen en denuncias que fueron recibidas durante el mes de julio del año 2018, lo que motivo a la SMA a realizar fiscalizaciones en las instalaciones de la cuprífera, oportunidad en que se constataron diversos incumplimientos vinculados con un derrame de RILes ocurrido el 3 de mayo de 2018.  

En total se formularon cinco cargos, de los cuales se absolvió a Codelco de los cargos N° 1b, 3 y 4.

Revise la Causa Rol R-87-2023 .

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Ibarra asumirá sus funciones el 1 de septiembre de 2026, fecha a partir de la cual encabezará la Superintendencia del Medio Ambiente, organismo encargado de ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental establecidos por la normativa vigente.

Emanuel Ibarra es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Medio Ambiente, Evaluación, Gestión y Derecho Ambiental de la Universidad Finis Terrae. Cuenta con una amplia trayectoria profesional vinculada al derecho y la institucionalidad Ambiental, en el sector público, privado y académico.

Entre 2013 y 2023 trabajó en la Superintendencia del Medio Ambiente, donde se desempeñó como abogado de litigios, jefe del Departamento de Litigios, Fiscal y finalmente fue Superintendente del Medio Ambiente subrogante. En el mismo servicio ejerció la jefatura subrogante de la División de Sanción y Cumplimiento.

Además de su experiencia en el mundo público, se desempeñó como abogado en temas ambientales en estudios de abogados, dirige el Magíster en Derecho Ambiental y Recursos Naturales de la Universidad Finis Terrae, y participa como académico de postgrados en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Proceso de Alta Dirección Pública

El concurso para proveer el cargo se inició el 26 de abril de 2026 y cerró el 18 de mayo. El proceso recibió 202 postulaciones, de las cuales 183 cumplieron los requisitos legales. Posteriormente, 25 postulantes avanzaron a la evaluación directiva y de competencias y ocho llegaron a la etapa de entrevistas finales con el Consejo de Alta Dirección Pública.

El Consejo conformó la nómina de candidatos elegibles el 14 de julio y la remitió a la autoridad el 24 de julio de 2026. Sobre esa base, correspondió al Presidente de la República efectuar el nombramiento.

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De acuerdo al informe del Primer Tribunal Ambiental, los antecedentes se remontan al procedimiento sancionatorio seguido por la SMA por diversos incumplimientos asociados a la ejecución del proyecto Pascua Lama. En enero de 2018, el órgano fiscalizador puso término al procedimiento, aplicando más de 30 sanciones a la compañía, determinación que fue reclamada ante este tribunal.  

El 17 de septiembre de 2020, el Primer Tribunal Ambiental dictó sentencia en la causa Rol R-5-2018 (acumulada con la causa Rol R -6-2018), confirmando la clausura definitiva del proyecto. Asimismo, acogió parcialmente la reclamación de la empresa, ordenando la reclasificación de los cargos 4 y 23.2, referidos a la intervención de 13,8 hectáreas de la especie Azorella Madreporica y 2,16 hectáreas de vegas altoandinas por sobre lo autorizado, y a la construcción deficiente de obra asociada a un canal perimetral. 

En noviembre de 2024, la SMA dictó la Resolución Exenta N° 2.144, mediante la cual reclasificó los cargos referidos como infracciones leves. Además, aplicando el principio de prohibición de la reformatio in peius (el cual impide que quien recurre contra una decisión termine en una posición más desfavorable), determinó que no correspondían imponer nuevas sanciones, por estimar que esto significaría generar consecuencias desfavorables adicionales para la empresa.  

Los agricultores solicitaron la reconsideración de esa decisión mediante un recurso de reposición, el que fue rechazado por la SMA en junio de 2026, dando origen a la reclamación actualmente sometida al conocimiento del Primer Tribunal Ambiental. 

Los cuestionamientos de los reclamantes 

Los reclamantes cuestionan, en primer término, la aplicación del principio de prohibición de la reformatio in peius, considerando que este no permitiría eximir de sanción los cargos 4 y 23.2, y que la sentencia de 2020 habría ordenado no sólo recalificar ambas infracciones, sino también determinar las respectivas sanciones. Asimismo, controvierten la recalificación de ambos cargos como infracciones de carácter leve y sostienen que las resoluciones de la SMA carecerían de fundamentación para descartar su clasificación como graves o gravísimas.  

Del mismo modo, el documento expresó que la reclamación también cuestiona el cumplimiento de la sentencia respecto del Sistema de Manejo de Aguas del proyecto Pascua Lama. Los agricultores sostienen que permanece vigente la obligación de construir dicho sistema en los términos establecidos en las autorizaciones ambientales del proyecto y controvierten la interpretación de la SMA, según la cual la clausura definitiva sería incompatible con su implementación íntegra. 

De acuerdo con estos antecedentes, los reclamantes solicitan al Primer Tribunal Ambiental acoger la acción, revocar la resolución reclamada y ordenar a la SMA cumplir conforme a derecho lo resuelto en la sentencia del 17 de septiembre de 2020.  

La causa fue admitida a tramitación por pate del tribunal, y se solicitó a la SMA informar respecto de los fundamentos de su decisión y acompañar los antecedentes respectivos.  

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La ministra comentó que la cartera sectorial busca dar mayor certeza jurídica y ganar eficiencia en el proceso de evaluación ambiental. Resaltó también que el SBAP avanza en su etapa de consolidación operativa, con 12 reglamentos en elaboración, y que el Ministerio impulsa una modernización del sistema de nombramiento de los Tribunales Ambientales.

«Queremos una institucionalidad que dé certeza a todos, a quienes evalúan, a quienes fiscalizan y a quienes son fiscalizados. Ese es el camino que estamos construyendo», afirmó la autoridad.

En esa línea, el Ministerio impulsa en el Congreso una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que busca establecer causales taxativas de ingreso al sistema y fortalecer la Evaluación Ambiental Estratégica. También avanza un proyecto que reorienta la fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente hacia los regulados más relevantes. La cartera trabaja, además, en un proyecto de ley para modernizar el nombramiento y funcionamiento de los Tribunales Ambientales.

Visión 2026-2030

La ministra Toledo también presentó la visión del Ministerio para el período 2026-2030, estructurada en tres pilares. El primero busca consolidar al SBAP en las 16 regiones del país, completando el traspaso de funcionarios, bienes y guardaparques desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf). El segundo apunta a la agilización institucional, a través del cumplimiento efectivo de los plazos legales y un enfoque de fiscalización más preventivo.

«El cumplimiento de los plazos legales es clave para dar legitimidad a todo el sistema. Por eso la agilización institucional es una de nuestras prioridades», sostuvo Toledo.

El tercer pilar se concentra en la gestión de residuos y la economía circular. El Ministerio plantea coordinar con SUBDERE y el Ministerio de Salud la transformación de los rellenos sanitarios en centros integrales de tratamiento, además de incorporar nuevos productos prioritarios a la Ley REP, como baterías, envases y textiles.

Avances 2025

La ministra Toledo destacó la entrada en operación del SBAP el 1 de febrero de 2026, hito que completa la institucionalidad ambiental diseñada en 2010 junto al Ministerio, el SEA y la SMA. El proceso contempla un traspaso ordenado de más de 400 funcionarios desde Conaf, que se completará en marzo de 2027, conforme al protocolo de acuerdo firmado con los guardaparques.

En materia de inversión, el Comité de Ministros y el SEA resolvieron reclamaciones pendientes por más de US$15 mil millones desde el inicio de la actual administración. La SMA, por su parte, alcanzó cifras históricas de fiscalización, con 8.197 denuncias ingresadas y 5.395 resueltas, un 31% más que en 2024.

En otras temáticas, se incorporó a los textiles como nuevo producto prioritario de la Ley REP, Chile actualizó su Contribución Determinada a Nivel Nacional, fortaleciendo su posicionamiento internacional en instancias como la COP4 del Acuerdo de Escazú. «Buscamos una gestión ambiental que dé certeza para la inversión, que proteja la biodiversidad y que mejore la calidad de vida de las personas. Ese es el equilibrio que vamos a profundizar de aquí a 2030″, concluyó Toledo.

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El caso se origina en una formulación de cargos en la que se imputaron ocho infracciones, de las cuales cuatro fueron calificadas como graves y cuatro como leves, por incumplimientos ambientales detectados.

Los cargos graves se relacionan con incumplimientos de medidas destinadas a proteger formaciones vegetacionales azonales; la no implementación total del plan de rescate y relocalización de la vizcacha (Lagidium viscacia); el incumplimiento de las medidas para la protección de la golondrina de mar (Oceanodroma markhami); y la afectación potencial de individuos de la especie vegetal Metharme lanata.

En tanto, los cargos leves están asociados a incumplimientos en medidas de control de tránsito vehicular, así como a deficiencias en la protección del gaviotín chico (Sterna lorata), en el seguimiento de recursos bentónicos y ecosistemas marinos, y en la actualización de información en el Sistema de Resoluciones de Calificación Ambiental de la SMA.

Frente a esta situación, la compañía minera presentó un Programa de Cumplimiento, el cual considera acciones orientadas a la protección de formaciones vegetacionales azonales, tales como el monitoreo de sectores sensibles y la delimitación física de flora singular, junto con la implementación y actualización del plan de rescate y relocalización de la vizcacha, incorporando mejoras metodológicas, capacitación de personal y planes de enriquecimiento de hábitat.

Asimismo, el programa contempla medidas específicas para mitigar los impactos sobre fauna y flora protegida, incluyendo acciones para la golondrina de mar como el control de iluminación en instalaciones, estudios conductuales, rescate, liberación y seguimiento de ejemplares, además de la implementación de medidas para evitar afectaciones a la especie vegetal Metharme lanata mediante estudios, monitoreo ampliado, resguardo físico de individuos y procesos de inducción al personal respecto de la sensibilidad ambiental del área.

El monto comprometido por el total de las acciones propuestas en el PDC asciende a aproximadamente a $9.849.345.711, las que deberán ser cumplidas en un plazo de 24 meses. 

Con la aprobación del PDC, la Superintendencia da por suspendido el procedimiento sancionatorio, el cual podrá ser reanudado en cualquier momento si se verifica el incumplimiento de alguna de las acciones comprometidas.

Más información del caso, ingresando al Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA): https://snifa.sma.gob.cl/Sancionatorio/Ficha/2847

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En la oportunidad, el Mandatario recorrió las instalaciones del Ministerio -el primero que visita fuera de La Moneda-, incluyendo el laboratorio y la sala de calibración de equipos del Departamento de Redes de Monitoreo de Calidad del Aire, así como la demostración del funcionamiento de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental. Estas herramientas permiten contar con información técnica clave para la gestión ambiental y la toma de decisiones basadas en evidencia.

Durante la reunión, las autoridades analizaron los desafíos en materia de evaluación ambiental y la necesidad de fortalecer la gestión institucional, especialmente en lo relativo a la revisión de reclamaciones de proyectos de inversión y el cumplimiento de plazos en los procesos asociados.

La ministra Toledo destacó que «tuvimos una fructífera reunión con el Presidente. Pudimos conversar sobre cómo estamos dando cumplimiento al instructivo presidencial sobre resolver reclamaciones pendientes de proyectos de inversión. De hecho, tuvimos este lunes un Comité de Ministros donde se revisaron tres iniciativas de energía renovable. Estamos haciendo ajustes con el equipo del SEA para cumplir con los plazos, acortaremos los tiempos de pronunciamiento, porque queremos tener respuestas ágiles para todos los actores».

La secretaria de Estado agregó que «nuestra gestión como Ministerio priorizará tres áreas de trabajo. La primera, una buena implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Segundo, la agilización institucional, por un lado resolver este stock de reclamaciones, pero también recoger parte de la agenda legislativa que se ha venido trabajando, ajustando el Sistema de Evaluación Ambiental y mejoras en la Superintendencia del Medio Ambiente, además de ingresar un proyecto de ley con ajustes a los Tribunales Ambientales. Tercero, el área de residuos, ajustando aspectos de la Ley REP o haciéndonos cargo de los residuos orgánicos».

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La superintendenta (s) es Ingeniera Civil en Química de la Universidad de Santiago y cuenta con cerca de 30 años de trayectoria en el sector público. De ellos, 16 años los ha desarrollado en la SMA, donde ha cumplido un rol clave en el fortalecimiento de la fiscalización ambiental. Desde julio de 2023 se desempeñaba como jefa de la División de Fiscalización, cargo al que accedió a través del sistema de Alta Dirección Pública.

Desde el MMA comunicaron que su nombramiento estará marcado por importantes desafíos: seguir fortaleciendo la fiscalización ambiental a lo largo del país, avanzar en procesos más eficientes y oportunos, y consolidar el rol de la SMA como un actor clave en la protección del medioambiente.

Al asumir este nuevo rol, la superintendenta (s) expresó que “recibo este desafío con un profundo sentido de responsabilidad y compromiso con la SMA y sus equipos. Nuestro foco estará en dar continuidad al trabajo que hemos construido, fortaleciendo nuestro rigor técnico como servicio especializado”.

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A través de este proceso, buscan que el tribunal declare ilegal el archivo de su denuncia, además de ordenar a la SMA que inicie un procedimiento sancionatorio.  

De acuerdo con lo argumentado en la reclamación, la SMA en su Resolución Exenta N° 469, dictada el 27 de febrero del año en curso, reconocería que el titular del proyecto ejecutó obras sin haber ingresado éstas de manera previa al SEIA. En tal sentido, la comunidad cuestiona que para la SMA la denuncia haya carecido del mérito suficiente ya que la autoridad tiene el deber de perseguir las infracciones constatadas, sin que pueda decidir si sancionar o no la conducta sobre la base de una regularización posterior.   

Agregan que la decisión sería ilegal, ya que la SMA incurriría en un error jurídico al considerar que la infracción sólo se configura cuando existen efectos ambientales actuales. Indican que, conforme el artículo 8° de la Ley N° 19.300 y el principio preventivo, los proyectos deben contar con evaluación ambiental antes de comenzar su ejecución, de manera que su realización sin dicho ingreso previo constituye una infracción por si sola.  

La denuncia, ingresada el 20 de marzo de 2022, se fundó en el incumplimiento de la obligación de ingresar al SEIA el proyecto «Sistema Global de Saneamiento», en los términos exigidos por la Resolución de Calificación Ambiental N° 117/2015. En concreto, la denuncia se fundó en que dicho sistema, que debía considerar la reevaluación del tratamiento de aguas de Quebrada La Coipa, no habría sido sometido a evaluación ambiental antes del cierre o de la paralización temporal de la faena minera, pese a tratarse de una exigencia expresamente establecida en esa resolución de calificación ambiental. 

El proyecto 

Kinross-La Coipa está ubicado en el sector Quebrada La Coipa, a 130 km al noroeste de la ciudad de Copiapó, por la Ruta CH-31, comuna de Copiapó, Región de Atacama, cuyo titular es Compañía Minera Mantos de Oro. 

Con la admisión a trámite se da inicio al proceso de revisión judicial de la decisión de la SMA de archivar la denuncia de la comunidad reclamante. Al acoger a trámite la acción, el Tribunal requirió a la SMA presentar un informe con los antecedentes y fundamentos que consideró para adoptar la decisión impugnada.  

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El nuevo portal tiene como objetivo facilitar el acceso a la información y optimizar la interacción entre la SMA y el sector regulado, reforzando la transparencia, la trazabilidad y la eficiencia de los procedimientos administrativos. La plataforma no sólo centraliza antecedentes, sino que también entrega herramientas que permitirán a los titulares gestionar de mejor forma sus obligaciones y anticiparse a eventuales incumplimientos.

“Mi SMA representa un avance concreto en nuestra transformación digital. No sólo mejora el acceso a la información ambiental, sino que también simplifica y ordena la relación con los regulados, entregándoles mayor claridad sobre sus obligaciones y el estado de sus procedimientos. Con esta herramienta damos un paso decisivo hacia una gestión más moderna, transparente y eficiente”, destacó la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer.

Un solo portal para gestionar el cumplimiento

La plataforma cumple dos funciones principales:

En esta primera etapa se incorpora el módulo de Requerimientos de Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), procedimiento que permite gestionar de forma completamente electrónica los casos en que se detecte una eventual elusión al sistema. Mediante esta funcionalidad, los titulares podrán ingresar con su clave única y cargar directamente sus antecedentes en la plataforma, asegurando la integridad del expediente electrónico, la trazabilidad de sus modificaciones y la transparencia del proceso dentro de la institucionalidad ambiental.

En segundo lugar, “Mi SMA” facilita el acceso a la información ambiental mediante la integración de diversos sistemas institucionales. De este modo, los titulares con RCA vigente que estén registrados en el Sistema de Administración de Regulados (SAR) podrán revisar en un solo repositorio los antecedentes relevantes sobre sus unidades fiscalizables, fiscalizaciones, procedimientos sancionatorios, reportes de seguimiento ambiental y otros datos asociados a los proyectos que administran.

La SMA proyecta que “Mi SMA” se convierta en el principal canal de interacción con el sector regulado, incorporando progresivamente nuevas funcionalidades orientadas a fortalecer el cumplimiento normativo. Entre las mejoras previstas se encuentran la incorporación de más procedimientos administrativos, alertas de plazos de reporte, notificaciones, mayor visualización de datos y recordatorios de obligaciones ambientales, con el objetivo de avanzar hacia un panel de gestión activa que apoye la prevención de incumplimientos.

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