Desde el SEA aseguraron que han adoptado las medidas para asegurar la vigencia inmediata de la nueva ley.

Antecedentes

Desde el Senado explicaron que la propuesta se funda en el hecho que, sometido un proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), éste puede derivar en una Declaración de Impacto Ambiental, o en un Estudio de Impacto Ambiental, según el tipo de proyecto de que se trate.

Una de sus principales diferencias -según indicó la Cámara Alta- está en los procesos de participación ciudadana contemplados en cada caso, el cual es obligatorio en el caso de los Estudios, pero que, tratándose de las Declaraciones, esta situación es distinta.

Cuando un proyecto es sometido al SEIA, se ordena una Declaración y, en la medida que éste genera cargas ambientales para las comunidades próximas, se hace necesario que el proceso de participación ciudadana sea activado mediante una solicitud formulada por, a lo menos, dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica.

Desde el Senado señalaron que el problema identificado por los legisladores radica en el plazo. Existen solo 10 días siguientes a la publicación en el Diario Oficial del proyecto sometido a Declaración de Impacto Ambiental, para que dichas organizaciones activen el proceso de participación.

Entonces, la normativa propuso un aumento de 10 a 30 días el plazo para presentar la solicitud de realización de un proceso de participación ciudadana en el caso de Declaraciones de Impacto Ambiental que se presenten a evaluación y se refieran a proyectos que generen cargas ambientales para las comunidades próximas.

La entrada Publicada en el Diario Oficial Ley que amplía plazo para solicitar participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental se publicó primero en Mch.

El titular de Economía indicó que con miras a atraer inversión extranjera, también se fortalecerá la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), en una estrategia conjunta con Cancillería y con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Además, al actual proyecto en discusión de Reforma Tributaria, se le agregarán elementos pro inversión como la depreciación automática inmediata, “que hasta el momento está en un 50% y estamos viendo qué porcentajes podemos utilizar para poder generar inversión en estos dos años que tenemos por delante. Es  muy importante poder recuperar el ritmo de la inversión porque inversión significa empleo, desarrollo y recaudación”, sostuvo Palacios.

La autoridad también recalcó que no ha mermado la inversión extranjera con motivo del estallido social. “Nosotros le hacemos seguimiento a 256 proyectos internacionales que están generando inversión en Chile y todos se han mantenido en sus mismos procesos”

Nueva planta de AB InBev

Estas declaraciones las entregó tras realizar un recorrido por las nuevas instalaciones de la firma cervecera AB InBev (ex Cervecerías Chile), que forman parte del plan de expansión con el que la compañía triplicará su capacidad de producción.

El gerente general de la compañía, Luis Vives, comentó que a los US$100 millones adicionales que costaría el proyecto, se sumaron otros US$30 millones. “Eso implica una apuesta por el país, una renovación del compromiso. Nosotros creemos en Chile, más allá del contexto. Miramos a mediano y largo plazo”, indicó el ejecutivo.

Las obras, hasta la fecha, han implicado contratos con 80 empresas, que se traduce en cerca de 4.500 trabajadores “que se suman a los 350 empleos permanentes y ya tenemos 210 empleos nuevos para lo que va de este año”.

Una vez inaugurada el 100% de la nueva infraestructura, AB InBev pasará de una producción de 1,1 millones de hectolitros a 3,3 millones, lo que la deja en una posición más competitiva frente a su rival CCU. Al respecto, Vives agregó que “queremos seguir compitiendo de una manera sana en Chile y que sea el consumidor chileno el que elija qué cerveza quiere disfrutar, en qué ocasión y bajo qué condiciones”.

La entrada Gobierno le pondrá suma urgencia al proyecto de reforma al SEIA se publicó primero en Mch.

Dentro de las materias del proyecto aprobado se considera que el establecimiento de un delito de contaminación se configura por la superación normativa de estándares reglamentarios.

Además, el daño ambiental se establece como agravante para el delito de contaminación. Otro aspecto que se toma en cuenta, es que el ejercicio de la acción penal le corresponde al Ministerio Público y no a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), como era la idea del ejecutivo.

También se destaca que al proyecto se incorporan delitos penales especiales que estaban contenidos entre otras leyes, como, por ejemplo, el delito de contaminación de aguas establecido en el artículo 136 de la Ley de Pesca. Además, se establecen delitos contra la administración ambiental y se sanciona con penas privativas de libertad a los funcionarios públicos que obren maliciosamente en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Se considera también que se sanciona la obstrucción a la fiscalización que realice la Superintendencia del Medio Ambiente y se sanciona la entrega de información falsa a la autoridad por parte de los titulares de proyectos.

El proyecto se despachó para su revisión a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. Este posee urgencia simple.

La iniciativa se enmarca en el compromiso asumido por Chile ante la Ocde en 2016 en la última Evaluación de Desempeño Ambiental.

La entrada Se aprueba proyecto de delitos ambientales en comisión del Senado se publicó primero en Mch.

El parlamentario también especificó que las indicaciones fueron ingresadas junto a sus pares Cristina Girardi (PPD), Félix González (PEV), Amaro Labra (PC), Catalina Pérez (RD) y Ricardo Celis (PPD). De igual modo, detalló que otra de las propuestas es que evalúen iniciativas que hoy no son sometidas al proceso, como por ejemplo las plantaciones agrícolas, “que consumen grandes cantidades de agua”.

En tanto, trascendió que los diputados oficialistas Sebastián Álvarez (Evópoli) y los RN José Miguel Castro, Hugo Rey y Sebastián Torrealba también ingresaron indicaciones.

La iniciativa del Ejecutivo busca entre otras cosas, reducir los tiempos de tramitación de los proyectos que ingresen al sistema, aumentar el componente técnico de las decisiones (disminuyendo el político), a través de la eliminación del Comité de Ministros; y ampliar la participación ciudadana a iniciativas que se tramiten tanto mediante Estudios de Impacto Ambiental (EIA); como también a través de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA).

La entrada Oposición ingresa 72 indicaciones a proyecto de reforma al SEIA se publicó primero en Mch.

Esto, con el objetivo de mejorar el muro del depósito de relaves Laguna Seca, propiedad de la faena minera, para el período 2020-2030.

Según informa la compañía minera en el documento, «los áridos serán extraídos desde un área aledaña al depósito de relaves Laguna Seca y transportados hasta el sector de construcción del muro del depósito de relaves».

La iniciativa contempla la extracción de 15 millones de m3 de áridos y una inversión de US$ 9,2 millones.

La entrada Escondida presenta DIA para proyecto de áridos se publicó primero en Mch.

Otros datos muestran que, en Chile, los conflictos socioambientales duran en promedio 9,7 años, y el diagnóstico bastante compartido entre autoridades, gremios y comunidades es que para reducir esta conflictividad faltan procesos de diálogo entre los incumbentes, los gestores de proyectos y las comunidades donde se insertarán estas iniciativas.

Por ello, a fines de septiembre, un grupo multidisciplinario y transversal de trabajo -integrado por representantes de la academia, el mundo privado y las comunidades- entregó una propuesta al Gobierno, de modo de generar una agencia pública pero autónoma que permita institucionalizar, regular y garantizar los procesos de participación ciudadana anticipada y de relacionamiento comunitario, entregándole al Estado un rol como garante de los acuerdos y compromisos que estas instancias alcancen.

El diseño de la agencia fue liderado por Valor Minero – una alianza público-privada para promover la inserción de proyectos-, y participaron el Consejo Minero, el Consejo de Políticas de infraestructura, la Sociedad Nacional de Minería, Generadoras de Chile, Comunidad Mujer, la Escuela de Líderes Sociales, la Federación de Trabajadores del Cobre y las fundaciones Junto al Barrio, América Solidaria, Casa de la Paz, Colunga y Para la Superación de la Pobreza.

En el detalle, la propuesta -inspirada en el modelo suizo (ver recuadro)- apunta a aprovechar la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) -en trámite desde inicios de agosto-, para que esta incluya una indicación que genere esta agencia para actuar de manera paralela e independiente al SEIA, y con autonomía, no dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, de forma similar a la institucionalidad del actual Consejo para la Transparencia.

«La modificación al SEIA establece la participación ciudadana anticipada, mecanismo que también está en nuestra propuesta para la agencia pública y autónoma de diálogo, pero concebida de una forma más acabada de lo que plantea el Ejecutivo, que deja aspectos abiertos y no le adjudica un rol al Estado. Nuestro proyecto, en cambio, es un buen complemento para entregar las garantías que esa participación requiere y nivelar las asimetrías que ese modelo mantiene y que alimentan los temores que algunos sectores han manifestado respecto de la propuesta del Gobierno», explica Danae Mlynarz, gerente del proyecto Institucionalidad de Diálogo Territorial (IDT) de Valor Minero.

La cientista política, que hasta febrero del año pasado se desempeñó en el Ministerio de Desarrollo Social, comenta que esta instancia, en la que también participaron representantes sindicales, ONGs y organizaciones sociales, trabajó durante casi dos años por mandato del gobierno anterior, y con financiamiento de Corfo, para consensuar esta política pública que busca repensar la forma de hacer la participación para asegurar el desarrollo de los proyectos de inversión y de los territorios, desde una perspectiva sostenible, ambiental, económica y social, certificando estos procesos, que deberán extenderse a lo largo de todo el ciclo de vida de las iniciativas productivas.

Mlynarz comenta que están desplegados para convencer a la autoridad política de que para agilizar las inversiones y dinamizar la economía, no basta con iniciativas como las oficinas GPS y Open, sino que también hay que cubrir el factor social. «No hay una política específica que se haga cargo de la cohesión social, la confianza, las garantías que los territorios requieren y el desarrollo territorial que los proyectos deben dejar. Hay que superar la mirada transaccional y de uno a uno que se tiene actualmente», apunta.

Proyectos pagan para nivelar la cancha

En el detalle, la propuesta plantea que la agencia funcione de manera paralela al SEIA. En la práctica, esta agencia regularía mesas de trabajo que se formarán para cada proyecto de inversión que requiera de trabajo con la respectiva comunidad, en un proceso que como máximo puede tomar 18 meses. La idea es que la conversación transcurra en paralelo a la fase de prefactibilidad de los proyectos, previo a la evaluación ambiental, de forma que los acuerdos que se alcancen puedan ser incorporados al diseño.

«El SEIA está sobrexigido, por eso la idea es dejarle sólo el análisis de lo que es técnico y medioambiental, poniendo en otro carril -igual de importante- los acuerdos colaborativos de desarrollo territorial para que esta agencia pueda darles seguimiento», explica la gerenta del proyecto IDT.

Para dar simetría a todas las partes, durante las seis etapas que considera el mecanismo -desde la instalación de la mesa hasta el reporte de lo acordado- se considera la participación de equipos facilitadores y asesores técnicos, al igual que mediadores para los casos en que haya diferencias que pudieran derivar en conflictos. El financiamiento de estos apoyos externos se obtiene de un fondo ciego que se alimenta con pagos de las empresas, los que dependerán del tamaño y la complejidad de los proyectos.

El ministro Sergio Muñoz, quien desde la Tercera Sala de la Corte Suprema ha visto de cerca el escalamiento de estos conflictos, planteó hace unos días en una columna de opinión que «la IDT nos permitiría distinguir el conflicto jurídico del conflicto de interés (…). Tengo la firme convicción de que esta política pública nos llevará a transparentar los aspectos en que no existe pleno entendimiento, para enfrentarlos mediante una conversación en un plano más humano, horizontal, igualitario, con los apoyos que corresponda, donde podamos encontrar consensos, entendimientos y soluciones anticipadas en beneficio de las partes en pugna y del país, descartando la idea de que ante la existencia de un conflicto la primera puerta a golpear es la vía judicial, puesto que esta -debe entenderse- es siempre la última».

Mlynarz comenta que desde que presentaron formalmente esta propuesta, a fines de septiembre, han sostenido encuentros con distintas autoridades de Gobierno, como la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y también parlamentarios de las comisiones donde se revisará la reforma al SEIA. «La ministra ha señalado que le interesa que el modelo sea probado y remitió una carta a la Corfo señalando la importancia de seguir con el proyecto, pero para eso es importante que exista un caso privado que esté dispuesto a participar y también a cofinanciar», dice.

Por ello, explica que ya están en conversaciones con varias empresas para ver si es posible acompañar el proceso legislativo con un caso concreto donde puedan demostrar la efectividad de su diseño o ejecutar los ajustes que pudieran ser necesarios.

«El proyecto que moderniza el Sistema de Evaluación Ambiental, que actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso, es clave para avanzar en el desarrollo sustentable del país. Reconocemos la propuesta de Valor Minero porque justamente contribuye a reforzar la participación ciudadana en el proceso de evaluación de los proyectos», asegura la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

La propuesta de Valor Minero concibe la instalación de la agencia en dos etapas. La primera, de transición, para la que no se necesitan cambios legales, sino que solo modificaciones administrativas y que funcionaría con un presupuesto anual en torno a los $600 millones. La segunda, en régimen, que además de tramitación legislativa, demandaría recursos del orden de $2.000 millones anuales. En plazos, dice Mlynarz, si durante 2019 se pudiera probar la metodología, al año siguiente recién necesitarían recursos fiscales, y en 2021 entraría en operación, calzando con los plazos que se estiman para la tramitación de la reforma al SEIA, «que no se ve de fácil despacho», comenta. «El tema es empezar a avanzar para legitimar la metodología y para eso lo único que se necesita es voluntad política», puntualiza.

La entrada Grupo experto plantea propuesta para crear agencia autónoma que destrabe conflictos sociales de proyectos de inversión se publicó primero en Mch.

Sin embargo, para el presidente ejecutivo de Alianza Valor Minero, Álvaro García, la propuesta carece de institucionalidad para ser implementada. «La actual institucionalidad no va a dar abasto para hacer ese diálogo temprano. Por eso creemos que una agencia territorial es un complemento indispensable a la reforma; de lo contrario, no va a contar con las condiciones y no se evitarán los conflictos», explica García.

La asociación público-privada que dirige el ex ministro afina detalles para presentar en septiembre el diseño de la política pública para una Institucionalidad de Diálogo Territorial (IDT) al Presidente Sebastián Piñera, luego de casi dos años de trabajo. La idea es crear una especie de agencia que dependa de algún ministerio, pero que cuente con autonomía del gobierno de turno, al estilo del funcionamiento del Consejo de la Transparencia.

Con esta propuesta se busca habilitar y facilitar el diálogo entre los actores que participan en la planificación de un proyecto, identificando primero quiénes serán los que participan, traspasando información y acercando el diálogo para que las partes lleguen a acuerdos protocolizados que durante la implementación de la iniciativa puedan ser exigibles.

«Buscamos crear instituciones que den certeza a todas las partes. Como inversionistas, que sus trámites estén a tiempo, de que se cumplan los acuerdos, y además, que los ciudadanos sepan de los proyectos que llegan a su territorio», agrega el ejecutivo, que apunta a que se vería también favorecida la atracción de nuevas inversiones al país.

Con instituciones como esta, añade, proyectos como Dominga podrían haber visto la luz, evitando la fase de conflicto por la que ha atravesado la iniciativa, hoy judicializada en la Corte Suprema.

«En este caso, dudo que se justifique tener dos puertos (considerando que muy cerca estará el de Cruz Grande de CAP ya aprobado), uno al lado de otro en una misma zona. Si ese diálogo se hubiese hecho temprano, podría haberse llegado a la conclusión de que solo se necesitaba uno y quizás en otra locación, pero no se consideró esa posibilidad y ahí están los resultados».

[Lea también: Schmidt llega a Medio Ambiente con foco en reforma al SEIA]

La entrada Álvaro García y reforma al SEIA: «La institucionalidad actual no va a dar abasto para hacer el diálogo temprano» se publicó primero en Mch.

Así, los primeros días de junio, la cartera ya contaba con un texto para esta reforma, que ha ido perfeccionando con la Segpres, desde donde se apresta su envío a la Cámara de Diputados este lunes.

El punto de partida fue aprovechar todos los insumos disponibles, sin convocar a una mesa de expertos que dilatara la misión. Y uno de los más importantes fue el informe de 492 páginas de la Comisión Asesora Presidencial para Revisión del SEIA en el gobierno anterior, que integraron diversos expertos del mundo académico, gremial y de las organizaciones sociales. Esa instancia, que lideró el ex ministro Pablo Badenier, trabajó durante nueve meses en un diagnóstico y posibles soluciones para hacer más efectivo y objetivo el proceso de calificación ambiental al que deben someterse los proyectos de inversión de distintos sectores de la economía. Lo entregaron a la Presidenta Bachelet en 2016, pero la tarea quedó postergada.

Según explica la ministra Cubillos -quien asistirá el martes a la sala de la Cámara para exponer-, el proyecto que ingresará a la Cámara tiene como base varias coincidencias con ese informe de la comisión asesora. Entre ellas, una mirada crítica a la labor de las comisiones evaluadoras regionales y al Consejo de Ministros, cuyas atribuciones se eliminan, y la necesidad de uniformar los criterios, potenciar el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), definir mejor el tipo de proyectos que ingresan al sistema, cambiar la forma de otorgar los permisos ambientales sectoriales y ampliar la participación ciudadana.

En parte, la reforma al SEIA toma de ahí la idea de establecer una exigencia previa de un proceso de «participación anticipada de la comunidad», según la denomina el proyecto. Esa es la puerta que el titular de un proyecto deberá abrir, con una metodología regulada, para poder ingresar a calificación su estudio de impacto ambiental (EIA). No obstante, la fórmula difiere con la propuesta por la comisión asesora, que recomendaba un «relacionamiento temprano» con la comunidad, pero de carácter voluntario.

«Optamos por participación ciudadana previa obligatoria para los EIA, porque estamos convencidos de que es un proceso necesario para corregir las asimetrías de información que hoy sufren las comunidades. Cuando la participación se da solo después de ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental, los proyectos se les presentan a las comunidades ya definidos. Eso genera desconfianza, y la desconfianza genera rechazo», enfatiza la ministra Cubillos.

Según la iniciativa del Ejecutivo, esta etapa puede extenderse por un plazo máximo de 18 meses, el cual corre desde que se publica en el Diario Oficial la convocatoria a la comunidad para que participe. Al final, todo termina en un acta protocolizada de eventuales acuerdos y desacuerdos, los cambios que se hicieron en el proyecto a raíz de este proceso, y debe incorporarse en los «términos de referencia ambientales» que sirven de base para la presentación del estudio de impacto ambiental en su ingreso a calificación. Una vez ingresado el EIA, se mantiene la etapa de actual participación (art. 29), pero se reduce el plazo para observaciones de 60 a 30 días.

En el caso de las obras y actividades que requieren solo declaraciones de impacto (DIA), la participación ciudadana previa será de carácter voluntario.

Al igual que ahora, los resultados de la participación ciudadana no serán vinculantes, advierten en el Ministerio del Medio Ambiente, porque más allá de los acuerdos y desacuerdos entre proponente y la comunidad, la evaluación de riesgos y medidas de mitigación en la zona de influencia tiene que ser técnica.

Se prevé que puede aumentar la injerencia de las comunidades donde se inserta un proyecto y lograr que el proponente haga cambios antes de tramitar su EIA.

El proyecto de reforma al SEIA contempla una estructura nueva para la calificación de los proyectos, que implica eliminar las comisiones de evaluación regionales y el Consejo de Ministros. Los permisos ambientales, si se aprueba el proyecto de ley, serán otorgados por una Comisión de Evaluación Macrozonal del área donde se desarrollen las obras materiales del proyecto ingresado al SEIA.

La iniciativa define tres comisiones macrozonales: Norte, con asiento en Antofagasta, integrada por las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo; Centro, con asiento en Santiago, para las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule; y Sur, para las regiones Ñuble, Biobío; La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Una vez obtenida la resolución de calificación ambiental (RCA), las quejas se pueden dirigir al tribunal ambiental correspondiente.

A su vez, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) se desconcentrará territorialmente en las tres direcciones macrozonales correspondientes, las cuales se coordinarán con la dirección ejecutiva del SEA para establecer los criterios y lineamientos de evaluación de impacto. Pero se mantendrán oficinas regionales, donde se canalizará la participación ciudadana.

[Te puede interesar: Consejo de Ministros aprueba proyecto para reformar el SEIA]

La entrada Reforma al SEIA: Hasta 18 meses puede durar participación ciudadana previa a ingreso de estudio de impacto ambiental se publicó primero en Mch.

En la reunión, los secretarios de Estado revisaron en detalle la propuesta, aportando ideas que se incluyeron en el proyecto de Ley aprobado por esta instancia.

La ministra Marcela Cubillos comentó que “el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad cumple nuestro objetivo de fortalecer el SEIA como un instrumento de protección del medio ambiente”.

La secretaria de Estado explicó que tras la aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, el proyecto podrá ser ingresado por Segpres al Congreso. Detalló que el Ejecutivo está abierto a enriquecer la propuesta con las ideas que surjan en el debate parlamentario.

La ministra Cubillos se ha reunido con representantes de todos los sectores para dar a conocer la iniciativa y, también, escuchar sus planteamientos sobre el proyecto de Ley.

Esta iniciativa busca fortalecer el SEIA como el principal instrumento de protección del medio ambiente, mejorar las instancias de participación ciudadana y dar certeza jurídica, aumentando estándares de calidad de los procesos, y optimizando los tiempos asociados.

Entre las medidas propuestas está la obligatoriedad de la participación ciudadana previa para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), teniendo como objetivo generar un diálogo temprano entre la comunidad y el titular de un proyecto. También se elimina el Comité de Ministros y el Recurso de Reclamación Administrativo, evitando una doble revisión administrativa de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Clasificación de especies

En la reunión también se aprobó el Decimocuarto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres, el que permite evaluar el nivel de amenaza al que está expuesta la diversidad biológica del país.

Así, el Consejo de Ministros aprobó la clasificación de 55 especies, 29 de ellas animales (5 insectos, 16 aves y 7 mamíferos), 16 hongos (líquenes) y 10 plantas (4 árboles, 4 arbustos y 2 herbáceas).

Entre las especies consideradas ese encuentran el gaviotín de San Félix, la golondrina de mar de garganta blanca, entre otras.

La entrada Consejo de Ministros aprueba proyecto para reformar el SEIA se publicó primero en Mch.

No obstante, hace unos días, en el marco de la cuenta pública del 1 de junio, el ejecutivo anunció una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que incluirá uno de los puntos que ha sido abordado por Valor Minero: la participación ciudadana temprana de las comunidades.

-¿Cómo ven la propuesta del gobierno?

-Nos parece muy positiva la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de instaurar una etapa de diálogo temprano, en especial para aquellos proyectos de mayor incidencia en el territorio, porque es un complemento importante para la oficina que buscará acelerar los proyectos (GPS). Esa oficina le da más certeza a los inversionistas y ésta se los da a los ciudadanos.

-¿Ya no es suficiente con intentar acelerar proyectos?

-No, por eso nosotros hemos trabajado en ambas propuestas de manera conjunta, la de GPS -que la llamábamos Oficina de Coordinación de Inversiones- y la Institucionalidad de Diálogo Territorial, que es lo que la ministra Marcela Cubillos en parte acoge.

Hay una dimensión de lo que hemos hecho en esta institucionalidad que propondremos, que a nuestro juicio es indispensable: crear las condiciones para que las partes concurran al diálogo de manera igualitaria, que todos puedan representar bien sus intereses, porque eso es lo que al final del día los compromete con lo que se convenga. Para eso diseñamos un sistema de información para todos los actores que participan de este diálogo.

-¿Qué pasa si no se hace nada respecto a la relación comunidades-proyectos?

-Nosotros miramos los 50 proyectos más grandes que tiene Chile para los próximos cinco años, que explican poco menos del 60% del total de la inversión. Si esos proyectos no se hacen, el país se va para abajo.

Además, si miramos los cinco años para atrás, 60 proyectos grandes encontraron problemas socioambientales, lo que da cuenta de la lección: hay un número pequeño de proyectos con gran incidencia en el país y en el territorio donde operan, que son los que mueven la aguja del crecimiento. Se pueden caer por temas como que los trámites son engorrosos, o porque en su diseño no se consideraron los instereses de las personas en el territorio. Por eso había que trabajar en estas dos instituciones.

-¿Cómo es lo que proponen?

-Crear una nueva institución pública que provea el servicio de información, de diálogo, de habilitación de los actores, de generación de información neutra y objetiva, y que sea parcialmente financiado por las empresas, pero que ellas no tengan ningún vínculo con quien crea la información. Eso es un cambio muy radical frente a lo que hoy ocurre.

-¿Dónde se ubica este nuevo servicio?

-Pensamos que debería ser un servicio público, lo más autónomo posible y con una gobernanza multiactor, es decir, que tenga un directorio con representantes de los múltiples intereses. Creemos importante -y esto no está recogido en las propuestas de cambio al SEIA- que la instancia de diálogo tiene que seguir después de los acuerdos, monitoreando que estos se cumplan.

El SEA contempla hoy la consulta ambiental y tiene funcionarios para esa tarea, pero hoy no tendría los necesarios para hacer esto que proponemos. La idea es que este nuevo servicio provea esto en el marco del SEIA. Hemos hecho el diseño para integrar dentro de esta institucionalidad los procesos que ya existen, como consultas ciudadanas e indígenas, pero sin cambios. Solo las hacemos parte de un proceso que es más amplio y coherente.

-¿Cómo se elaboró esta propuesta?

-Llevamos más de un año trabajándola en diálogo con distintos actores, ONG, sectores empresariales, procesos en regiones. La propuesta está terminada, solo nos resta ver los cambios legislativos que implica.

La entrada Álvaro García y Reforma Ambiental: “Proponemos una nueva institución pública” se publicó primero en Mch.