Eso, dado que la dirigencia sindical presentará el viernes un petitorio en el que, entre otras cosas, se solicitará un bono por término de negociación equivalente al 4% de los dividendos repartidos por Escondida durante 2017, cifra que fluctúa entre $ 21,5 millones y $ 25,9 por trabajador, dependiendo el cálculo.

“Comunicacionalmente el mensaje es malo”, dijo una fuente del sector, que añadió que ello podría subsanarse siempre y cuando el sindicato esté dispuesto a disminuir ciertos costos permanentes del contrato para futuros trabajadores, como la salud, cosa que a su juicio también permitiría el pago de un bono del nivel que están considerando los alrededor de 2.500 trabajadores de la operación perteneciente a BHP Billiton.

En ese sentido, cabe destacar que las aprensiones frente a bonos de esa cuantía, según explicaron, tiene que ver con las lecciones que dejó para la industria el denominado fin del súper ciclo del cobre, que en el fondo mostró que era necesario que el pago de estos beneficios estuvieran relacionados con mejoras en la productividad de los trabajadores

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Así lo confirmaron ayer fuentes sindicales, luego que en la semana se realizaran seis asambleas extraordinarias que culminaron ayer, cerca de las 18.00 horas, con las votaciones en la sede sindical de Coloso.

La negociación anticipada se da luego del fallido proceso que se generó el año pasado, cuando por falta de acuerdo los trabajadores paralizaron las faenas de Minera Escondida por 43 días, siendo esta la huelga más larga en la historia de la minería chilena. Dicha paralización implicó más de US$800 millones directos que se dejaron de recibir por parte de la minera más otros US$2.000 millones de daño indirecto. También significó que la actividad económica del país se contrajera 1,3% en febrero del año pasado, su principal caída desde octubre de 2009. Entonces, el sindicato decidió activar un mecanismo de la ley laboral que le permite a los sindicatos prorrogar por 18 meses el convenio vigente.

De no haber existido consenso en esta oportunidad, las conversaciones habrían pasado a la denominada negociación reglada, que se habría iniciado en junio.

Las dudas del proceso

El actual proceso no estaba exento de dudas, ya que a los dirigentes no les habría parecido correcta la forma en que fue hecha la solicitud, que estipulaba plazos y formas de votación.

“Se intenta comprometer plazos perentorios de negociación de tres semanas y que se deberá votar en forma secreta ante ministro de fe una eventual oferta. Al respecto, estimamos que los plazos de negociación dependen de la dinámica y avances en las conversaciones, los que pueden ser más o menos extensos a los propuestos, por lo que comprometer un plazo a todo evento no es adecuado”, señaló la directiva del sindicato en su página web.

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