Originalmente, la corporación estatal pidió una planta disponible para servicios mínimos equivalente al 12% del personal, mientras que los trabajadores proponían un 0%. La Dirección del Trabajo (DT) zanjó la disputa fijando un 5,4%.

Ese dictamen fue impugnado por Codelco ante los tribunales del trabajo, que se declararon incompetentes, por lo que la compañía apeló ante la corte para que se pronunciara sobre esa incompetencia, que la Corte de Apelaciones confirmó.

“La empresa acatará los dictámenes judiciales, sin perjuicio de lo cual se encuentra estudiando la interposición de los recursos legales que sean procedentes en contra de la resolución dictada por la corte”, dijeron desde Codelco. “Hay que considerar que a empresas de la misma envergadura, se les otorgó cerca del 8% de los servicios mínimos”, agregaron.

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El recurso de reclamación por juicio monitorio fue ingresado el lunes por la estatal ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, luego de que fuera notificada el viernes pasado del recurso jerárquico que resolvió el director nacional subrogante de la DT, Rafael Pereira, y que fue favorable a los intereses de los sindicatos.

La última vez que Codelco se enfrentó a la Dirección del Trabajo fue en 2007, cuando recurrió a la justicia para dirimir las diferencias de criterio existentes con la labor de fiscalización, sobre la Ley de Subcontratación, realizada por el fiscalizador laboral en sus principales divisiones. Esa vez, la DT dictaminó que unos 5.000 empleados debían ser pasados a planta de la estatal.

Si bien la contienda fue ganada en la Corte Suprema por Codelco, a nivel político generó una dura disputa interna entre los entonces ministros de Hacienda, Andrés Velasco, y del Trabajo, Osvaldo Andrade. También desencadenó un fuerte debate en el Parlamento y en la industria por el impacto de las fiscalizaciones de la DT.

De ahí que, según fuentes de gobierno, La Moneda ya está monitoreando el alcance que podría tener un nuevo conflicto entre las dos entidades públicas que están bajo su supervisión.

¿QUÉ PIDE CODELCO?

La acción firmada por el abogado Nemesio Orellana plantea una dura crítica contra el actuar de la Dirección del Trabajo. “El Director Nacional del Trabajo ha incurrido en graves errores al dictar la Resolución N° 0589, del 8 de febrero de los corrientes, excediendo de sus atribuciones e invadiendo las atribuciones de otras autoridades administrativas (como Sernageomin), y transgrediendo la finalidad que tuvo el legislador laboral al establecer los SSMM, y que quedó plasmado en la Discusión Parlamentaria sobre la materia”, reza el escrito.

Para defender la ampliación de los servicios mínimos en Chuquicamata, la minera recordó los dichos de la otrora ministra del Trabajo, Ximena Rincón, quien cuando se debatió en el Congreso los servicios mínimos que creó la Reforma Laboral expuso: “Respetando que efectivamente se trate de servicios mínimos que tienen por objeto mantener la producción normal de la empresa, se pueden definir ciertos niveles de funcionamiento necesarios en caso de huelga con el objeto de amparar la vida, la seguridad y salud de las personas, evitar accidentes, prevenir que se vulneren la atención de necesidades básicas de los usuarios (…) que se produzcan daños a los bienes de la empresa o daños al medio ambiente, pues en todos estos casos se trata de derechos que requieren de una protección legal especial”.

Inicialmente, Codelco requirió a la DT de Antofagasta una cuota de 13,4%, lo que equivale a 752 trabajadores incluyendo personal médico. Sin embargo, en la última instancia el fiscalizador acogió parcialmente el recurso jerárquico presentado por Codelco, fijando una dotación de servicios mínimos en 5,1%, considerando las actividades propias de la operación y a 5,6% sumando al Hospital del Cobre. Esto último se traduce en unos 313 trabajadores.

La estatal pidió ahora en tribunales dejar sin efecto lo resuelto por la DT y acoger en todas sus partes el requerimiento original de 13,4% de la dotación planteado a la DT de Antofagasta.

Como medida cautelar también solicitó suspender el inicio del proceso de negociación colectiva reglada con el Sindicato de Supervisores Rol A de la División Chuquicamata, hasta que no esté zanjada completamente la calificación de servicios mínimos en el tribunal.

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La semana pasada, en un dictamen emitido por la Dirección del Trabajo de Antofagasta, se dieron a conocer los servicios mínimos en caso de que no prosperen las negociaciones, dando una importante señal para la organizacón sindical, ya que la entidad acogió sus argumentos y otorgó una cuota de 4% del personal en caso de que se llegue a una huelga, un poco más del 1,7% solicitado por los trabajadores y muy lejos del 14% que había planteado la minera estatal.

En un hecho inédito para la industria, el dictamen abordó de manera conjunta las peticiones de supervisores y operadores, dictaminando que durante la huelga no deberá existir producción.

El personal seleccionado estará concentrado en el Hospital del Cobre, dado que éste posee una UCI, unidades de diálisis y oncología que atender, así como la necesidad de cumplir con acuerdos con las Fuerzas Armadas y otras mineras de la zona.

El personal restante estará destinado para el área industrial, para evitar robos o saqueos, y al monitoreo de algunos equipos. Respecto a la faena, los operarios estarán encargados de la observación de taludes, o de posibles desprendimientos de material, pero en términos operativos, no debiese haber maquinaria funcionando.

Negocian con el sindicato

Sin embargo, y tal como lo permite la nueva legislación laboral, la minera presentó el viernes pasado su apelación ante la Dirección del Trabajo, para que esta reconsidere la cantidad de trabajadores seleccionados.

“La empresa ha solicitado una reconsideración de los antecedentes, puesto que según los análisis técnicos de los servicios mínimos, la empresa requiere personal mayor a lo definido por la entidad, siempre en el marco de la legislación vigente”, señalaron desde Codelco.

En paralelo, la empresa ha sostenido una serie de reuniones con los trabajadores buscando llegar a un acuerdo técnico y ampliar la cuota de servicios mínimos “bajo la visión común de asegurar la sustentabilidad del negocio”, explicaron.

Representantes de la organización sindical aseguraron que “tenemos toda la disposición al diálogo, no queremos dañar ni perjudicar a la empresa, siempre hemos estado abiertos al diálogo, fue la empresa la que no quiso”.

En cuanto al detalle del petitorio, cercanos aclaran que los montos por bono de término debiesen superar al recibido en 2015, que rondó los $ 11 millones. Según dicen, el alza sostenida del precio del cobre y el fin a los reajustes cero que había impulsado la empresa, los alentaría a subir la puntería.

Este será un importante examen para la administración de la estatal, en la que podría ser la última negociación antes del cambio de directorio que se producirá en mayo próximo, cuando termina el ciclo del actual presidente, Óscar Landerretche, y posiblemente del presidente ejecutivo, Nelson Pizarro.

Asimismo, serán el piso de las negociaciones que se verán en un año más en la misma división, pero con los trabajadores Rol-B, que suman más de 5.000, uno de los sindicatos más grandes de Codelco.

En la división Andina se resolvió un 1% del personal

En paralelo, otro de los procesos que enfrenta Codelco ocurre en la división Andina, donde la Dirección del Trabajo de Valparaíso otorgó una cuota aún menor de trabajadores. Según explicaron desde el sindicato, se destinarían cerca del 1% del personal, a falta de la posible apelación por parte de la empresa, tal como ocurrió en Chuquicamata. El dictamen fijó una cuota de 2 supervisores y 68 operarios, de los 330 y 1.350 integrantes respectivamente que componen los sindicatos de la división ubicada en la Región de Valparaíso.

El proceso se desarrolla con miras a la negociación de agosto próximo, donde los trabajadores buscarán mejorar las condiciones pactadas en 2015, cuando recibieron $ 12 millones y un reajuste salarial de un 1,8%.

A falta de la ratificación por parte de las autoridades, desde el sindicato explican que en paralelo miran con atención el proceso por el que atraviesa la operación en el que se busca pasar de una mina subterránea a una de rajo abierto, lo que sería perjudicial para los trabajadores, explican desde la organización.

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Pese a que varias industrias, como la bancaria ya se han enfrentado a su calificación, el próximo año será el turno de la minería, sector en el que, según información pública del Consejo Minero, habrá 26 negociaciones colectivas.

Conforme a la norma laboral, en una primera instancia, el sindicato debe tratar de acordar la definición de servicios mínimos con la empresa, pero si estos no logran llegar a un acuerdo, la calificación queda en manos de la Dirección del Trabajo (DT).

Actualmente, solo contando la industria minera, hay 15 acuerdos vigentes de servicios mínimos en el organismo regulador, mientras que hay otros siete que son requerimientos pendientes que deberá resolver la DT en las próximas semanas.

Entre estos últimos está la minera Los Pelambres, de AMSA, y las divisiones Andina y Chuquicamata, de Codelco. Respecto de la división de Chuquicamata de Codelco -que deberá negociar colectivamente el próximo año-, el presidente de su sindicato N° 3, Hernán Guerrero, comentó que luego de no haber acuerdo entre el sindicato y el empleador, decidieron recurrir a la Dirección del Trabajo para que se pronunciara.

«Nos preocupa que el empleador tuviera poco interés en llegar a un acuerdo», afirmó Guerrero, quien indicó que ellos estuvieron disponibles para dar espacio a la negociación.

Con una dotación cercana a los 5 mil trabajadores, la empresa planteó que ante una huelga, debería operar como servicio mínimo un 14% de la dotación, mientras que el sindicato propuso un 2% del total de los funcionarios.

Una situación parecida ocurrió en la división Andina, también de Codelco, a la que le corresponde negociar colectivamente en agosto del próximo año. En esta minera tampoco hubo acuerdo entre el empleador y los trabajadores, y la DT será quien resuelva.

No prosperaron conversaciones previas en AMSA

En el caso de la minera Los Pelambres, principal faena de AMSA que es el brazo minero del grupo Luksic, también están a la espera de que la Dirección del Trabajo califique los servicios mínimos.

Sin embargo, previo a que esto suceda, el empleador intentó adelantar la negociación colectiva, que está programada para febrero del próximo año, pero finalmente no hubo acuerdo y tendrán que hacerlo bajo una negociación reglada.

Luego de cinco semanas de conversaciones entre la administración y el sindicato de trabajadores, estos últimos señalaron hace algunas semanas, a través de un comunicado, que existía una «brecha insalvable» entre las dos posiciones, por lo que en enero entregarán su proyecto de contrato colectivo a la administración siguiendo con lo programado.

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• Sigue leyendo [Dirección del Trabajo visitó Chuqui para definir los servicios mínimos]

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Es justamente en este último que en marzo expira el contrato del sindicato único de supervisores, que a la fecha cuenta con cerca de 700 socios y con el que la empresa ya inició las conversaciones: entregó su propuesta de servicios mínimos, la que fue analizada hasta el final de la jornada de ayer por los dirigentes sindicales. Aunque los trabajadores tienen plazo hasta el jueves para pronunciarse, hasta ayer había una visión contraria a lo solicitado por la corporación.

Cercanos al proceso explican que la definición de los servicios mínimos juega un rol relevante en esta oportunidad, a diferencia de procesos anteriores.

Esto está dado porque la negociación se dará con el telón de fondo de un precio del cobre más alto -que podría elevar las demandas de los trabajadores y restar atractivos a cerrar pactos por adelantado-, pero sobre todo por la particularidad de esta división, que cuenta con un hospital propio, cuyos trabajadores son también socios del sindicato.

La idea de los trabajadores es que los servicios mínimos solo contemplen atenciones de urgencia con las que cuenta el servicio de salud, así como la UCI pediátrica y la de adultos.

En el sindicato llamó la atención que la empresa consideró personal de emergencia para el proyecto Chuquicamata Subterránea, pese a que no está en operación.

“Queremos que la empresa tenga claridad que en caso de huelga del estamento supervisor, aunque tenga contratistas y operadores, no va a poder seguir funcionando la división, porque la función de los supervisores es clave para el desarrollo de la empresa, lo mismo que pasaría en el caso de que los operadores es fueran a huelga”, comentó un dirigente de la zona.

Consultados, desde la empresa no quisieron hacer comentarios sobre la negociación.

El caso de Escondida

De no haber acuerdo entre los trabajadores y Codelco, será la Dirección del Trabajo (DT) la que deba mediar y definir finalmente la dotación.

El precedente que existe no es positivo para la organización sindical, ya que en un primer dictamen emitido por la DT para una empresa de la gran minería, como ocurrió con Minera Escondida, se adoptó gran parte de las solicitudes de la compañía. En ese caso, de los 86 operarios y 96 supervisores que se pidieron, se fijaron en 80 y 92.

En términos generales, el experto laboral de Albagli Zaliasnik, Jorge Arredondo, señala que “el gran desafío es buscar un punto de equilibrio entre los beneficios que pueden pactarse con el sindicato, junto al hecho de la imposibilidad de pactar la extensión de estos sin acuerdo de la organización sindical. Lo complejo es mantener una estructura de remuneraciones o beneficios que permita hacer atractiva la inclusión de nuevos talentos, teniendo en consideración el nuevo marco legal”.

Estatal eleva primas de venta de cobre por primera vez desde 2014

Las mejores perspectivas para el precio del cobre ya comienzan a surtir efecto en las proyecciones de Codelco, que en medio de la semana del cobre de la Bolsa de Metales de Londres, habría elevado el premio que exige por cada tonelada de mineral que vende a sus clientes europeos.

Según informó Bloomberg, la estatal por primera vez en cuatro años elevó este indicador, ofreciendo vender con una prima de US$ 88 por tonelada durante 2018, lo que representa un alza de 7,3% respecto a lo que se pactó para las ventas de este año y que es considerado como un parámetro para las demás empresas de la industria.

El movimiento fue interpretado como una respuesta al fortalecimiento del sector manufacturero en Europa, donde uno de los índices, el IHS Markit, alcanzó su nivel más alto en más de seis años, a lo que se suma la mejora en el consumo de los mercados de China y de Estados Unidos, que en conjunto han llevado al precio del cobre a subir más de un 23% en lo que va del año.

Otro de los aspectos claves que debe negociar la corporación por estos días es el cargo que cobran las fundiciones chinas por procesar el cobre.

Según medios internacionales, este indicador bajaría respecto a los años anteriores y se espera que en 2018 el costo de tratamiento podría ser incluso cercano a US$ 85 mientras que el de refinación estaría en los US$ 0,85 por libra.

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Fuentes cercanas a la compañía dijeron que bien en la empresa en un principio no veían como negativa la resolución de primera instancia de la Dirección del Trabajo (DT) regional de Antofagasta, finalmente se optó por reclamar la calificación para poder conseguir un servicio mínimo en caso de huelga más amplio.

Las organizaciones sindicales de Escondida también tenían contemplado elevar un recurso jerárquico ante la dirección nacional de la DT.

El pronunciamiento de primera instancia de la DT sobre Escondida equivalía al 4,7% de la dotación de trabajadores propios de la cuprera, que según datos actualizados de la empresa asciende a 3.600 empleados.

La propuesta original del equipo de la minera liderado por el vicepresidente legal de BHP Nicolás Lustig y el estudio Sáez & Fernández, consideraba la calificación como servicio mínimo para un equipo de emergencia a cargo de 86 operarios y mantenedores y de 96 supervisores. Finalmente, el fiscalizador laboral fijó el SS.MM en 80 trabajadores para el primer grupo y en 92 para el segundo.

En su última resolución, la DT mantuvo el total de 80 funcionarios para el estamento de operarios mantenedores que ya había sido aprobado como servicio mínimo el pasado 7 de febrero por la Inspección Regional del Trabajo de Antofagasta para operar en la fallida negociación del verano pasado. Dicho pronunciamiento después fue ratificado por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta. En la reciente calificación se agregó el estamento supervisores, el cual no fue considerado en la resolución anterior.

Para calificar el nuevo equipo de emergencia de Escondida, la Dirección del Trabajo solicitó informes al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y la Superintendencia de Medio Ambiente. Este último organismo regulador el 15 de septiembre se abstuvo de emitir un pronunciamiento, declarándose incompetente para el análisis, mientras el Sernageomin evacuó su respuesta el 20 de septiembre, la cual fue considerada como clave en la definición de SS.MM. por fuentes allegadas al proceso. La DT, por su parte, realizó procesos de fiscalización en las faenas de Escondida.

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A comienzos de mayo, la empresa inició conversaciones con los sindicatos de El Teniente, división en la que tendrá que negociar con los supervisores en octubre. En esa instancia, aprovechó de discutir los servicios mínimos de la división con el resto de los sindicatos. El 23 de mayo se comenzó a cerrar el acuerdo, el que considera que El Teniente tendrá 195 trabajadores que cumplirán los deberes relacionados con servicios mínimos en caso que exista una huelga en la división. De ese total, 36 trabajadores corresponderán al rol “A” o supervisores, y 159 al rol “B”, que corresponden a los operarios de la empresa.

La cifra representa cerca del 4,3% de la dotación total de trabajadores propios de la cuprera, que totaliza 4.524 trabajadores, de los cuales 4.238 están sindicalizados, de acuerdo con las cifras que maneja la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC). La negociación entre la empresa y los trabajadores se dividieron en cinco mesas correspondientes a los procesos que posee la División: mina, planta, fundición, servicios y rajo.

“A nosotros no nos extraña este acuerdo. Tradicionalmente, cuando tenemos movimientos de huelga o de paros, nosotros tenemos que poner gente de emergencia para que la empresa no se paralice”, dijo Hernán Garrido, presidente del sindicato N°5 de El Teniente.

Durante 2016, Codelco tuvo negociaciones con 12 sindicatos de trabajadores, que agruparon a cerca de 7.851 trabajadores. Estos procesos han estado marcados por cero reajuste de sueldos, además de una reducción considerables de los bonos de término de negociación. En diciembre del año pasado, seis sindicatos de Chuquicamata aprobaron la última oferta de la empresa, consistente en cero reajuste y un bono de término de negociación de $ 4,3 millones.

Comisión investigadora

En tanto, ayer la sala de la Cámara de Diputados resolvió, por 57 votos a favor y tres abstenciones, la creación de una comisión investigadora de Codelco.

Esta comisión se enfocará en recabar información sobre la adquisición de bienes y servicios por parte de Codelco a privados, y los contratos entre partes relacionadas. Además tiene como objetivo investigar la política de indemnizaciones de la minera estatal, tanto de ejecutivos como trabajadores, y que surge tras el dictamen de Contraloría de principios de mayo, que cuestiona el pago de una indemnización de $ 511 millones al ex director de la cuprera, Augusto González.

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En el documento, que fue encargado a Konsultorías Ambientales Ltda. (Koam), se identifican 23 instalaciones o procesos -de más de 100- en que prácticamente todas las faenas requieren de la provisión de servicios mínimos ante la paralización de actividades durante una huelga.

Para realizar esta definición, según se declara en el texto, se aplicó lo “estrictamente” señalado en el artículo 359 del Código del Trabajo de acuerdo a las modificaciones introducidas por la nueva ley, es decir aquellos destinados a: proteger los bienes corporales y las instalaciones de la empresa, prevenir accidentes, y garantizar la prestación de servicios de utilidad pública, la atención de las necesidades básicas de la población y la prevención de daños ambientales o sanitarios.

De esta forma, aunque no se identifica al personal necesario para trabajar en los servicios mínimos (equipo de emergencia), se identificó cuál o cuáles de los criterios señalados por la ley definen la necesidad de un servicio mínimo para ese proceso o instalación, una breve justificación de dicha necesidad y las potenciales consecuencias en caso de no proveer el servicio mínimo.

Entre las instalaciones o procesos seleccionados, figura la mantención de maquinarias y herramientas, detenciones, y el sistema de manejo de aguas.

En este último, por ejemplo, se argumenta que “dado que la cantidad de agua en un depósito de relaves se encuentra relacionada con la estabilidad de esta obra y con la descarga de aguas claras hacia el ambiente, se requiere mantener funcionando el sistema de manejo de aguas, tanto superficiales como subterráneas”.

Las consecuencias de no prestarse el servicio, agrega el informe, son filtraciones o derrames de relaves que afecten a las personas, el medio ambiente y otras instalaciones en su entorno.

Eso sí, se advierte que la propuesta no pretende ser un listado exhaustivo, ya que pueden existir otras instalaciones y procesos no identificados en el texto que podrían requerir de servicios mínimos según las particularidades propias de una faena.

En el informe se reseña que para identificar las instalaciones y procesos que requerían mantenerse operativas se tuvo presente algunas consideraciones. Una de ellas es que para resguardar los bienes corporales e instalaciones de las empresas de daño, robos y otros atentados a la propiedad, es necesario que cuenten con vigilancia mientras estén paralizadas sus operaciones y sin operarios, lo que se considera como servicio mínimo.

Este trabajo también fue socializado con Sernageomin y la Superintendencia de Medio Ambiente.

Previamente, a principios de marzo, se presentaron los avances del documento a la comisión laboral de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

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