Del total de declaraciones recibidas, 2.867.777 corresponden a personas y 1.502.939 a empresas.

La entidad destacó que los impuestos totales declarados en la Operación Renta 2022 aumentaron un 72% real respecto al año anterior, pasando de MMUS$12.027 a MMUS$20.684, equivalente a un aumento de MMUS$ 8.656.

Este incremento se debió principalmente a los impuestos determinados de primera categoría, que crecen 65,3% (MMUS$ 6.351), explicando el 73% del aumento total.

Al respecto, el SII destacó que las 10 Grandes Mineras Privadas crecieron en conjunto 125,9% (MMUS$1.851), que corresponde a un 29,1% del incremento total de este impuesto, mientras que el resto de las empresas de la economía aumentó un 54,5%.

Este resultado se encuentra alineado con los principales indicadores macroeconómicos que presentaron una recuperación importante tras el impacto negativo en la actividad que tuvieron los confinamientos del año 2020.

Entre estos indicadores se pueden considerar: el crecimiento económico, que registró una variación de +11,7% en el PIB del año 2021 respecto al 2020; el índice de actividad del comercio, que se incrementó en 12,9% real durante 2021; o el precio del cobre, que aumentó en un 46,3% real en mismo período, entre otros.

El Impuesto Global Complementario, en tanto, presentó un aumento de 44,6%, equivalentes a MMUS$465.  Por su parte, la base imponible del Impuesto Global Complementario aumentó 6,3% (MMUS$4.125), mientras que el impuesto lo hace en 20%.

Entre las partidas que explican el crecimiento de la base imponible, se encuentran, en orden de importancia, los sueldos, retiros de fondos previsionales afectos a impuestos, retiros de utilidades y dividendos. El segundo retiro de fondos previsionales, afecto a impuestos personales, comenzó a operar en diciembre de 2020. Si bien una fracción tributó en la Operación Renta 2021, la mayor parte lo hizo en la del 2022, aportando un mayor impuesto, respecto al año anterior, de MMUS$130 (explicando el 28% del aumento total del impuesto).

En conjunto, los impuestos Adicional, Global Complementario, Específico a la Actividad Minera y Adicional a las Empresas del Estado, en conjunto aumentan un 106% (MMUS$2.323), aportando el 26,8% a la variación total.

Por otro lado, el grupo de otros impuestos, disminuyen un 14,5% (MMUS$17), con un efecto marginal en el total.

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Este gravamen se aplica con tasa de 1% sobre el valor de los proyectos de inversión, o sus ampliaciones, lo que se enmarca en la Ley N° 21.256, de septiembre de 2020, en que se establecen medidas tributarias que forman parte del plan de emergencia para la reactivación económica y del empleo en un marco de convergencia fiscal de mediano plazo.

Detalles

La contribución se aplicará sólo a los nuevos proyectos de inversión, cuyo proceso de evaluación de impacto ambiental se inicie a contar del 24 de febrero de 2020

El documento pone como ejemplo de proyecto de inversión un minero: «Así, a título meramente ilustrativo, tratándose de un proyecto de inversión vinculado a la industria extractiva minera, formarán parte de este todas las estructuras e instalaciones donde se localizan los bienes físicos del activo inmovilizado que integren la faena minera, tales como: plantas de tratamiento, equipamiento, ductos, maestranzas, talleres, campamentos, bodegas y, en general, todos aquellos que aseguren el funcionamiento de las operaciones mineras. Lo anterior, aun cuando, por ejemplo, la planta de concentración se encuentre alejada del yacimiento minero».

Las iniciativas que están exentas del pago del tributo son las dedicadas al desarrollo de actividades de salud, educacionales, científicas, de investigación o desarrollo tecnológico, y de construcción de viviendas y oficinas.

La circular indica que se encontrarán liberados del impuesto los proyectos que hayan sido ingresados al SEIA este año, o que se hayan iniciado dentro del plazo de tres años, contado desde la notificación de la resolución que lo califica ambientalmente de manera favorable.

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Con el fin de promover un diálogo informado, y dada la circunstancia en las que tanto Chile y Perú transitan por procesos políticos claves, es que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal) y el Programa de Cooperación Regional para la Gestión Sustentable de los Recursos Mineros en los Países Andinos (MinSus) implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR), por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ, por sus siglas en alemán), realizarán el seminario “Comparación de los regímenes fiscales en la minería del cobre de Chile y Perú”.

La actividad, que se desarrollará el próximo 18 de mayo (11:00 CL – 10:00 PE), será abierta al público y se realizará en formato virtual.

En la instancia se presentará el estudio “Renta económica, régimen tributario y transparencia fiscal en la minería del cobre en Chile y Perú”, cuyo autor es el ex director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorratt. En este, se pone en contexto la situación del régimen fiscal actual sobre la minería del cobre en Chile, ofreciendo conceptos claves, conclusiones y recomendaciones en la búsqueda de mejoras del sistema, en ponderación de los criterios de progresividad, eficiencia, equidad y transparencia.

Para el representante de GIZ, Nicolas Maennling, “este estudio se completó en un momento muy oportuno en el cual Perú y Chile, los dos países productores de cobre más grandes del mundo, están apostando por el sector minero como un motor clave para la recuperación económica post pandemia, y necesaria para reducir las crecientes deudas estatales. Con el precio récord de cobre en casi una década, es inevitable que haya un debate acalorado si los gobiernos debieran o no recaudar una mayor parte de la renta minera. Esperamos que este estudio contribuya a un debate informado para equilibrar los objetivos de maximizar los beneficios del sector para los países productores y asegurar que aún sean jurisdicciones atractivas para inversiones futuras”.

Posteriormente a la presentación de Jorratt, un panel de expertos realizará comentarios al trabajo realizado por el consultor.

Inscripciones para el seminario en este link.

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El Programa de Compra Local de BHP, operado por SAWU, partió a mediados de 2019 con el objetivo de apoyar a las pequeñas y medianas empresas de Tarapacá y Antofagasta.

“El logro de estas 12 empresas se debe al esfuerzo de cada una de ellas y las ganas de ser competitivos. Nuestro Programa de Compra Local con la ayuda de SAWU ha simplificado los procesos de suministro para las Pymes y estamos muy contentos de ver cómo, a partir de esta iniciativa, algunas han crecido y ampliado sus horizontes de negocios”, señaló Ignacio Garrido, director de Abastecimiento Local de BHP.

Algunas de las 12 empresas, destacadas por sus altos volúmenes de ventas por la plataforma SAWU, son Valley Rubber, Velmar, Parts Supply Limitada.

“El aporte del Programa de Compra Local de BHP ha sido significativo ya que durante 2020 un 25% de nuestras ventas fueron a través de SAWU, considerando que en el año hubo clientes que nos cerraron las puertas ya que fueron afectados por la pandemia mundial. Gracias al apoyo de BHP y SAWU tuvimos la oportunidad de cotizar productos de los cuales somos especialista en nuestro rubro. Con esto logramos mantenernos durante el año 2020 y planificar el 2021 con mucho más optimismo y ganas de retribuir el apoyo y la confianza brindada”. Indicó Juan Mendiola, gerente general de Parts Supply Ltda.

Por su parte, Arturo Vicent, gerente de SAWU, expresó que «estamos muy orgullosos de ser parte del crecimiento de estas empresas, que sin duda hacen una labor esencial en el abastecimiento de suministros de la gran minería, y su crecimiento es reflejo del doble impacto de SAWU y el Programa de Compra Local de BHP, generando mayor flujo en el ecosistema económico local«.

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En respuesta a una solicitud de pronunciamiento sobre la posibilidad de este beneficio tributario para las empresas que participen en el APL, el Servicio de Impuestos Internos (SII) determinó a través del oficio N° 366, del 2 de febrero del 2021, que estos gastos se pueden considerar como necesarios para producir la renta, “por lo que se podrán deducir de la base imponible para la determinación de los Impuestos de Primera Categoría (IDPC)”.

Al respecto, Giovanni Calderón, director ejecutivo de la Agencia expresó que “la posibilidad de deducir los gastos de la base imponible del impuesto a la renta constituye un gran incentivo para las empresas que participen en el APL, especialmente en un tema neurálgico para el país como es la gestión del agua”.

Para Claudia Galleguillos, Líder de Estrategias Hídricas de la Gerencia de Sustentabilidad de Fundación Chile, «el incentivo tributario es un gran avance para que las empresas puedan adherirse voluntariamente al Certificado Azul, manifestando su compromiso con la gestión del agua en nuestro país, con la sociedad y el medio ambiente, implementando soluciones que hagan más eficiente el uso de agua en sus procesos productivos, pero además que aborden acciones estratégicas en los territorios y la cadena de proveedores, las que serán fundamentales para la sostenibilidad de su propia producción”.

De acuerdo a lo indicado por el Servicio de Impuestos Internos, los gastos señalados deberán cumplir los demás requisitos establecidos en el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, es decir, que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30, que se encuentren pagados o adeudados en el ejercicio comercial correspondiente y que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el SII.

Certificado Azul

Este Acuerdo de Producción Limpia es un instrumento voluntario, mediante el cual las empresas podrán implementar acciones concretas de resiliencia que les permitirán enfrentar los efectos adversos provocados por el cambio climático.

Este APL aplicará la herramienta Huella de Agua (ISO 14.046), gestión de información acerca de la disponibilidad de los recursos hídricos, prácticas de eficiencia hídrica y medidas de reducción en los sectores productivos y las empresas y proyectos de responsabilidad social del agua o de valor compartido, entre otros, implementando acciones reales que impacten en el territorio y los actores presentes en él.

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«La política de precios de transferencia de Albemarle con su matriz, daña el interés del Fisco, tanto por el menor pago de impuestos a la renta como por la regalía legal», dijo Bitran.

A fines de 2016, Bitran negoció y firmo la extensión del contrato de Albemarle en el Salar de Atacama, permitiendo que triplicara su producción de litio y extendiera su concesión por 27 años.

Pero, al poco andar, hubo complicaciones en los contratos ya que la estadounidense comenzó a vender a su matriz (y no a terceros) a menor precio, disminuyendo las regalías estimadas por la extracción del litio desde el salar y, de paso, ahuyentar a los interesados en la industrialización del mineral en nuestro país.

Albemarle «llevó al fracaso el programa de valor agregado (al litio) de Corfo. La decisión de vender el 100% de sus exportaciones de Chile a su matriz y el cambio unilateral de la modalidad de cálculo de la regalía afecta el interés de Corfo y dificulta la fiscalización de SII», aseguró desde Nueva York.

Bitran explicó que los pagos por comisiones a Corfo establecidos en 2016 dependían de los precios de transferencia a terceros y no a empresas relacionadas. «Esa es la modificación que hace unilateralmente Albemarle y que daña a Corfo, al pagar precios de transferencia por debajo del mercado».

De hecho, recordó que Corfo informó de esta situación al SII en 2018, entregando todos los antecedentes que disponía respecto a precios de transferencia distorsionados. «No estoy en antecedentes de que el SII haya tomado acciones sobre la materia. Tampoco conozco las razones para no actuar del Servicio», cerró Bitran.

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De esta forma, los envíos regionales pasaron de los US$3.631.741.969 millones exportados en 2019, a los US$4.537.426.363 en 2020.

Desde la oficina de ProChile Atacama valoraron estas cifras, destacando que en cuanto a las exportaciones de bienes No Cobre, estas registraron una importante alza en el período considerado, aumentando en más de US$710 millones en un año.

«El año 2020 nuestra región logró una variación positiva de 105% en comparación al año anterior, lo que significó pasar de US$676 millones en exportaciones de bienes No Cobre en 2019, a US$1.386 millones el año pasado», explicó la directora regional de ProChile, Claudia Pradenas.

Exportaciones no cobre

Desde Prochile explicaron que las positivas cifras regionales mostraron un aumento de las exportaciones en minería del hierro, donde se obtuvo un alza de 143,8% más respecto al mismo período anterior; seguido de otras actividades mineras como el molibdeno, con un aumento de 7,063% más.

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Respecto de las dos acusaciones de fraude económico ocurrido en administraciones anteriores, la instancia señaló que se verificó la razonabilidad de las denuncias, que correspondían a eventuales “boletas ideológicamente falsas”, por un monto total relevante (emitidas durante varios años) y una situación de adulteración bancaria, para permitir votar en enero 2020 a decenas de colegas sin haberse puesto al día en las cuotas.

Además, se refirió a la Resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII), con exigencia de pago de $103 millones por impuestos atrasados, señalando que dicho organismo entregó un aviso de cobro, que implica que podría traspasar a Tesorería, “la cual tiene poderes para embargarnos cuentas y sacar a remate los bienes raíces”.

Ante dicha situación, el Comité Ejecutivo de la institución optó por “intentar convencer al SII que nos permita hacer la rectificación tributaria de los últimos años (que es lo que la ley manda). Se mandó una carta al director del SII al respecto, y contestó positivamente, definiendo con quien operar”.

Además, se desvinculo al contador y se contrató un servicio contable especializado. Adicionalmente, se contrató una auditoría especializada (recomendada por el past president), para que entre ambos procedan a desarrollar dicha rectificación.

“Sin desmedro de no hacer nuestros mejores esfuerzos en tratar de resolver el problema (pagando lo menos posible), esta Presidencia definió lo siguiente:  Con la unanimidad del Directorio, se definió despedir de inmediato al contador y al gerente; se suspende por inepta y poco comprometida a la empresa auditora; se evaluó el desempeño de los encargados de cuentas y se les solicitará que a futuro tengan un mayor involucramiento en la revisión contable y tributaria”, expresó el Instituto.

Cabe indicar que en las sesiones de directorio del IIMCh se acordó efectuar una auditoría forense contable para el período 2016-2019, por las denuncias recibidas.

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La firma, una renovación del convenio suscrito en 2017, se realizó en el Edificio Industriales con la presencia del director regional del SII, Óscar Urdanivia, quien destacó la alianza de colaboración. “Ha sido un trabajo bastante fructífero y esta segunda etapa nos permitirá poder trabajar directamente con casos particulares. La idea es poder generar instancias de carácter preventivo para evitar que los contribuyentes caigan en brechas o incumplimiento tributario”, dijo.

Por su parte, el gerente general de la AII, Marcos Gómez, señaló que el convenio permitirá que “los asociados obtengan información adecuada para regularizar sus procesos, ver los nuevos elementos de la reforma y todas las nuevas maneras de tributar que se están verificando, a fin de que sólo se preocupen por el crecimiento y desarrollo de sus empresas”.

Esta alianza de cooperación considera una serie de actividades que permiten la promoción del cumplimiento tributario y la superación de brechas, dentro de las cuales se encuentran la declaración del formulario 29, la Declaración Jurada Anual de Fondo de Utilidades Tributarias, la Declaración Jurada Anual sobre trabajadores según casa matriz o sucursal, entre otras.

La entrada Asociación de Industriales de Iquique firma acuerdo con SII se publicó primero en Mch.

Ese día, la subdirectora de Fiscalización del SII, Carolina Saravia, recibió a Cristóbal Oelckers, gerente de Finanzas de la minera que se dedica a la explotación de carbón en Isla Riesco, Región de Magallanes. A la cita también concurrió el abogado especialista en temas tributarios Luis Felipe Ocampo de Recabarren & Asociados.

Según trascendió, la minera hizo ver su malestar en la demora de la devolución debido a una extensa revisión tributaria en un proceso que ha tomado más del tiempo estimado originalmente por la compañía. Expertos sobre esta materia estiman que el SII puede tomar hasta un año y medio en ese proceso de auditoría.

El mayor plazo se debe a discrepancias en el cálculo del IVA Exportador entre el Servicio de Impuestos Internos y la minera, a raíz de una serie de reparos que presentó la autoridad respecto de un número embarques. Esta situación le ha significado la retención tributaria de al menos $2.000 millones.

Las conversaciones así se han extendido más de lo programado, pues la Dirección Nacional del SII sostiene que la discrepancia debe ser resuelta por la División Regional. Sin embargo, desde esta última dicen, al revés, que el problema debe ser solucionado desde Santiago. Por lo mismo, en Minera Invierno han realizado gestiones ante el organismo para avanzar a una mayor coordinación que permita resolver el problema.

De hecho, dependiendo de la respuesta, la compañía evaluará si sigue adelante en su reclamo, pero ahora en la arena judicial, cuestión que tomaría al menos dos a tres años en zanjarse.

El escenario no es menor para la compañía. Más aún si se considera que con los recursos en disputa la minera podría contar con una mayor liquidez, y afrontar de mejor manera sus compromisos con proveedores.

El argumento principal de Minera Invierno para defender su posición es el impacto que ha tenido en sus balances la fuerte caída del mercado del carbón, por lo cual el dinero retenido es de vital importancia.

En los últimos dos años, el precio de la tonelada de carbón ha caído en forma sostenida. Desde US$90 toneladas a los US$35 la tonelada.

Mina Invierno cuenta con 73 millones de toneladas con aprobación ambiental de ser extraídas. El yacimiento ocupa una superficie de 1.509 hectáreas que corresponden a un 0,3% de la superficie total de Isla Riesco. Consultada de manera oficial, Minera Invierno declinó hacer comentarios al respecto.

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