Cabe recordar que el mensaje tiene entre sus objetivos el fortalecimiento de los instrumentos de gestión ambiental; ampliar la participación ciudadana en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA); y aumentar las certezas sobre estándares para una calificación ambiental y disminuir significativamente los plazos en etapas de revisión y modificación de proyectos.

La iniciativa fue analizada por las Comisiones de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales y la de Hacienda, respectivamente, y durante la sesión de Sala se sancionaron los artículos respaldados por mayoría, dejando pendientes las materias de Ley Orgánica Constitucional y las solicitudes de votaciones separadas.

El senador Sergio Gahona, quien informó sobre el texto legal, recordó que el proyecto recibió 148 indicaciones, «las que fueron estudiadas por la Comisión de Medio Ambiente a lo largo de 21 sesiones».

Precisó que se propuso, entre otros, la incorporación de la Ventanilla Única en el SEIA; una definición de impactos acumulativos y sinérgicos, la figura de la Declaración Jurada; ampliación del procedimiento de urgencia y la participación temprana.

En relación con la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), se incorpora una nueva atribución relacionada con los tiempos de evaluación; sumado a las modificaciones al recurso de reclamación, tanto en lo procedimental como con relación a quién toma la decisión.

Así -añadió- «se propuso la creación de Consejo de Reclamación Ambiental» y, en cuanto a la carga dinámica de la prueba, se propusieron precisiones, en vista de las dudas que generó la figura. Finalmente, se incorporó también la Evaluación Ambiental Estratégica.

Sala

Durante el debate intervinieron las y los senadores Diego Ibáñez, Fidel Espinoza, Vanesa Kaiser, Ricardo Celis, Cristián Vial, Andrés Longton, Sergio Gahona, Esteban Velásquez, Alfonso De Urresti, Sebastián Keitel y Claudia Pascual; además de la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo

Se hizo notar la importancia de «encontrar un equilibrio» entre medio ambiente y desarrollo, de la mano de una legislación «ordenada y más eficiente» que entrega certezas jurídicas. «Este proyecto es relevante para la reacción económica y la generación de empleos», se declaró.

Si bien, en términos generales, el proyecto fue calificado como «un avance», se recomendó «medir todos los efectos sinérgicos y acumulativos de los contaminantes«; e incluir en las causales de rechazo «los casos que atenten contra el ordenamiento territorial o impliquen riesgos de desastre o de cambio climático«.

En la misma línea, se instó a revisar lo relacionado con: terceros absolutos y derechos de reclamar y la eliminación del control administrativo, entre otras materias.

Con todo, también existieron críticas a la gestión medioambiental de la administración anterior y se criticó el «decrecimiento del desarrollo, a través de la permisología» y «la toma de decisiones -en ocasiones- con mirada ideológica», que redundó en «una falsa dicotomía en Chile, entre la protección ambiental y el crecimiento / la sostenibilidad y el desarrollo, cuando no son excluyentes».

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Además, la CPC entregó un informe al ente fiscalizador que analiza el conjunto de Guías y Criterios elaborados por el SEA en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aportando antecedentes adicionales para su adecuada resolución.

Dicho documento también fue entregado a la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, con quien la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, se reunió el lunes 6 en su primer encuentro de trabajo.

«El mundo empresarial está trabajando y colaborando con la autoridad frente a los complejos desafíos económicos y ambientales que hoy enfrenta nuestro país, en un contexto de bajo crecimiento y trabas para la inversión. Compartimos el propósito de avanzar en condiciones que permitan una adecuada implementación del desarrollo sostenible, sobre la base de reglas claras, certeza jurídica y pleno respeto al marco legal vigente», declaró Jiménez.

Contenidos y conclusiones del informe

El estudio identifica un punto de inflexión en la dictación de estos instrumentos por parte del SEA, observándose un peak en la emisión de Criterios de Evaluación durante el año 2022, así como un aumento en la elaboración de Guías durante el año 2023. Tras el análisis de 22 Guías y 29 Criterios, el informe formula un diagnóstico jurídico claro: la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente autoriza al SEA únicamente a «uniformar» los criterios técnicos.

Esto es, ordenar y otorgar coherencia a reglas preexistentes, sin habilitarlo para establecer nuevos estándares ni incorporar exigencias adicionales. El documento precisa que la creación de obligaciones ambientales corresponde de forma exclusiva al legislador, y en el ámbito reglamentario, a la potestad normativa ejercida por el Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente.

Según la CPC, las Guías y Criterios elaborados por el SEA constituyen instrumentos de rango inferior -infra reglamentarios- que deben operar como referentes de orientación técnica, sin aptitud jurídica para imponerse como normas obligatorias.

La Confederación precisa que, al establecer exigencias no contenidas ni en la Ley ni en el Reglamento, se debilita la certeza jurídica SEIA. El análisis, que no cuestiona el mérito técnico de los documentos sino su validez jurídica, advierte un cambio significativo a partir de abril de 2022. Desde entonces, junto con intensificarse su elaboración, se observa la incorporación de un lenguaje crecientemente prescriptivo, avanzando hacia un nivel de «micro gestión» que define cómo deben desarrollarse los estudios ambientales, transformando en los hechos estas Guías en una forma de regulación de facto.

De acuerdo con el informe, estas prácticas se han traducido en mayores niveles de burocracia, encarecimiento de los procesos, extensión de los plazos de evaluación y, especialmente, en una pérdida relevante de certeza jurídica, con efectos directos sobre la inversión.

En este contexto, los desarrolladores de proyectos enfrentan exigencias que no emanan de la Ley ni del Reglamento, sino de instrumentos cuyo carácter vinculante resulta discutible. En consecuencia, el informe plantea la necesidad de revisar el rol de las Guías y Criterios dentro del sistema, reafirmando su carácter de instrumentos de orientación técnica y asegurando su coherencia con el marco legal y reglamentario vigente.

Para ello, se formulan recomendaciones específicas orientadas a restituir a estos instrumentos su función propia. Respecto a las Guías, se propone dejar sin efecto aquellos instrumentos completos o contenidos específicos que introducen estándares prescriptivos al margen de la ley, y en los casos que se mantengan, modificar su redacción para que asuman un lenguaje de buenas prácticas, de carácter referencial y no vinculante.

Respecto a los Criterios de evaluación, se recomienda su eliminación como instrumentos autónomos, proponiendo que aquellos contenidos técnicos que resulten pertinentes sean reconducidos e integrados dentro de las respectivas Guías del SEA, evitando duplicidades y reforzando su carácter meramente orientador.

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La secretaria de Estado explicó que “tenemos un mandato del Presidente de la República de responder en forma ágil, en todos los ministerios, porque siempre hay personas detrás y no podemos llegar tarde a ellas. En el caso del SEA, el mandato es llegar con respuestas técnicas, sensatas, fundamentadas y respaldadas en el marco regulatorio”.

 La ministra Toledo agregó que “el nuevo director del SEA va a tener un desafío muy importante que es agilizar las respuestas del servicio, llegar con las resoluciones y con los pronunciamientos de forma oportuna”.

Trayectoria

Arturo Farias, cuenta con una trayectoria de ocho años en la institución: Primero se desempeñó como abogado en la Dirección Ejecutiva, para luego pasar a ser encargado del área jurídica de la Dirección Regional del SEA Metropolitano.

Fue precisamente esa última repartición la que ha liderado desde julio de 2021 hasta la fecha, primero como director regional subrogante y, luego de un proceso de selección por Alta Dirección Pública, como titular en el cargo desde 2022.

El nuevo director ejecutivo, es abogado de la Universidad Alberto Hurtado; Magíster en Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo y diplomado en Derecho de Recursos Naturales y Energía en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El director Farías aseguró que “asumo este desafío con un profundo sentido de responsabilidad. Agradezco sinceramente al Presidente de la República, José Antonio Kast, a la ministra, Francisca Toledo, y también al subsecretario, José Ignacio Vial por la confianza depositada en mí. Quiero reafirmar mi compromiso con una gestión a la altura de las exigencias del país”.

“El desafío que hoy asumimos es claro, fortalecer el sistema, que entregue certezas, que funcione oportunamente, y que responda a las necesidades de desarrollo sostenible del país. Siempre en el marco de la normativa ambiental”, agregó.

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Estos proyectos han sido ingresados a evaluación ante las Comisiones de Evaluación Regionales o la Dirección Ejecutiva del SEA, y su publicación oficial se realizó a través del Diario Oficial.

Revisa aquí el listado de proyectos ingresados como DIA

Participación Ciudadana en DIA

El SEA recordó que es posible solicitar la apertura de un Proceso de Participación Ciudadana (PAC) para las Declaraciones de Impacto Ambiental.

Esta solicitud puede realizarse por al menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, a través de sus representantes, o un grupo mínimo de diez personas naturales directamente afectadas por el proyecto.

La solicitud debe presentarse por escrito a través de los siguientes canales:

• Plataforma e-SEIA
• Aplicación SEA Móvil (para personas naturales)
• Oficinas de Partes del SEA

Plazo:

La solicitud debe hacerse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicación del listado de proyectos ingresados en el Diario Oficial y en un medio de circulación regional o nacional.

Haga clic en el siguiente enlace directo: Solicitar inicio de PAC en DIA desde el Portal Ciudadano del SEA

La entrada SEA da a conocer listado de Declaraciones de Impacto Ambiental presentadas en marzo 2026 se publicó primero en Mch.

Este año, la plataforma de capacitaciones del Servicio de Evaluación Ambiental contará con 17 cursos en línea gratuitos para titulares, consultores, personas funcionarias de la administración pública, a la ciudadanía y a las personas interesadas en profundizar sus conocimientos en ámbitos relacionados con el proceso de la evaluación ambiental. Durante 2025, la Academia SEA realizó 67 dictaciones de 15 cursos, que alcanzaron más 8.800 personas aprobadas y más de 36 mil inscritas.

Cursos disponibles

Para este 2026, la Academia SEA tendrá disponible los 17 cursos en línea y gratuitos, que se irán dictando, periódicamente, entre los meses de marzo y noviembre.

Entre las temáticas disponibles para este año se encuentran:

• Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)

• Área de Influencia de los Sistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos

• Bases teóricas y metodológicas para la compensación de la biodiversidad

• Descripción de proyectos

• Descripción de centrales eólicas de generación de energía eléctrica en el SEIA

• Evaluación ambiental de la calidad del aire

• Introducción a la evaluación del componente hídrico

• Normativa Ambiental Aplicable

• Participación Ciudadana

• Predicción y evaluación de impactos por ruido y vibración

• Proceso de consulta indígena

• Residuos y efluentes en el marco del SEIA

• Descripción integrada de proyectos de hidrógeno verde en el SEIA.

• Consideración del Cambio Climático en el SEIA

• Ecosistemas marinos en el SEIA

• Humedales en el SEIA

• Áreas de influencia en el SEIA

 Para conocer en detalle los cursos y el calendario 2026, ingresa en el siguiente enlace.

Como requisitos para acceder a los cursos, solamente se requiere un computador, tablet o dispositivo con acceso a internet, registrarse en la plataforma Academia SEA, que requiere de clave única. Las personas extranjeras que no dispongan de clave única deben completar una solicitud al Centro de Usuarios en el siguiente enlace.

Este contenido fue desarrollado en el contexto de la adhesión al Acuerdo de Escazú, con el objetivo de facilitar el acceso a la información ambiental.

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La acción judicial buscaba dejar sin efecto la resolución que rechazó la reclamación administrativa presentada respecto de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto, cuestionando principalmente la determinación del área de influencia, la evaluación de los impactos sobre recursos hídricos y el medio humano, así como un posible fraccionamiento respecto del proyecto «Extensión de vida útil con transición hídrica» y la eventual necesidad de apertura de un proceso de consulta indígena. 

El Tribunal concluyó que las observaciones ciudadanas de la comunidad fueron debidamente consideradas, estableciendo que determinación del área de influencia se ajustó al estándar técnico, delimitándose los espacios donde potencialmente podrían manifestarse impactos del proyecto. 

Se estableció también que la ejecución del proyecto no contemplaba una nueva extracción de agua ni una modificación a la autorización que se encuentra actualmente vigente en relación con su uso. Además, se constató que los únicos posibles efectos sobre los recursos hídricos se limitan al área mina, los cuales fueron correctamente abordados descartando la generación de impactos significativos.  

Asimismo, el fallo analizó la eventual existencia de un fraccionamiento de la iniciativa respecto del proyecto «Extensión de vida útil con transición hídrica», concluyendo que no se configura, por cuanto no existe ejecución simultánea ni superposición temporal entre ambos, y además difieren sustancialmente en su naturaleza, objetivos y obras. A ello se suma que este último proyecto ingresó al sistema bajo un estándar de evaluación más exigente (Evaluación de Impacto Ambiental – EIA), de modo que no concurren los presupuestos necesarios para estimar configurado el fraccionamiento.

La sentencia determinó que fue debidamente descartada la existencia de impactos significativos sobre grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, ya que estos se ubican a una distancia considerable del proyecto, sin que se encuentren dentro de su área de influencia, no existiendo usos, asentamientos o receptores indígenas en lugares que será intervenido. Por esto, se concluyó que no existe susceptibilidad de  afectación directa, por lo que no correspondía la apertura de un proceso de consulta indígena.  

Todos estos fueron antecedentes suficientes para que el tribunal finalmente resolviera rechazar esta reclamación judicial, confirmando así que el actual del SEA estuvo apegado a la legalidad.  

En la oportunidad, el ministro presidente Alamiro Alfaro, redactor de la sentencia, explicó que esta «confirma que las observaciones ciudadanas de la Comunidad Indígena Atacameña de Peine fueron debidamente consideradas y que la reclamación no logró desvirtuar la legalidad del acto impugnado. En particular, el tribunal verificó, sobre la base de la evidencia técnica aportada durante la evaluación de impacto ambiental, que los diversos elementos impugnados abordados correctamente en sede administrativa«. 

Prevenciones 

Por su parte, el ministro del tribunal Marcelo Hernández previno que, si bien no procede la consulta indígena en este caso, su configuración no debe depender únicamente de la verificación de determinados efectos del artículo 11 de la Ley N° 19.300, sino que ha de interpretarse en un sentido amplio, respecto de cualquier circunstancia que potencialmente pueda afectar a personas, comunidades o grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas. 

En tanto, la ministra Sandra Álvarez previno que la reclamación debía rechazarse también por pérdida de objeto, atendido que el proyecto tenía por finalidad extender la vida útil de la faena por 20 meses, periodo que ya había transcurrido y cuyas obras ya se encontraban ejecutadas. 

La entrada Tribunal Ambiental confirma aprobación ambiental de proyecto en la Región de Antofagasta se publicó primero en Mch.

Esto, en el marco del Plan de Modernización Tecnológico del SEA, que incorporó de forma inédita el uso de inteligencia artificial en buscadores y comparadores de resoluciones en la evaluación ambiental.

Según relevaron desde la institución, el Protocolo de IA es una herramienta para las y los funcionarios del SEA, que se desarrolló en coherencia con los principios de la OCDE y la Política Nacional de Inteligencia Artificial.

En el texto se definen lineamientos aplicables a proyectos de desarrollo interno y a la contratación de servicios o softwares que incorporen IA u otros sistemas automatizados de apoyo a decisiones administrativas. Su implementación busca asegurar el cumplimiento del marco legal vigente, especialmente en materia de protección de datos personales, promoviendo un uso responsable e innovador de la tecnología en el Servicio.

Este protocolo, adicionalmente, viene a dar respuesta a la creciente disponibilidad de herramientas de IA, que en los últimos años ha impulsado su uso tanto a nivel institucional como individual por parte de las personas funcionarias, apoyando tareas como la automatización de procesos, la generación de documentos y la gestión de trámites. Este escenario plantea el desafío de fortalecer capacidades internas, adecuar las plataformas tecnológicas y establecer criterios claros para su uso responsable dentro del Servicio.

Asimismo, considera aspectos tales como los riesgos asociados al uso de IA, vulneraciones a la privacidad, protección de datos personales, velar por la no discriminación y la transparencia en la toma de decisiones. También se encuentra la posible incorporación de sesgos en los algoritmos, el perfilamiento indebido de personas, la pérdida de seguridad de la información y la falta de explicabilidad de los modelos utilizados, lo que hace indispensable contar con controles y supervisión humana.

La entrada Nuevo protocolo guiará uso de la inteligencia artificial en el SEA se publicó primero en Mch.

El objetivo del documento es entregar criterios técnicos para la evaluación de impactos sobre los diferentes componentes que integran los ecosistemas terrestres, facilitando la determinación de la significancia de estos. Además, entrega lineamientos para la correcta presentación de medidas de mitigación, reparación y compensación para abordar estos impactos, así como orientaciones y consideraciones para la elaboración de los respectivos planes de seguimiento.

El hito de entrada en vigencia se cumple tras la publicación del extracto de su resolución en el Diario Oficial, procedimiento establecido en el Instructivo N° 202499102679, del 30 de julio de 2024, que deja sin efecto y complementa instrucciones sobre la aplicabilidad de las guías y criterios de evaluación publicados por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental.

Este documento fue elaborado en un trabajo colaborativo entre el Departamento de Estudios y Desarrollo, los demás departamentos de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, las Direcciones Regionales, la División Jurídica, el Departamento de Comunicaciones. También participaron generando importantes aportes el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente, el Servicio Agrícola y Ganadero y la Corporación Nacional Forestal, a quienes se les agradece su importante colaboración.

Para conocer más de este documento, puede acceder a los siguientes enlaces:

• Guía para la predicción y evaluación de impactos sobre ecosistemas terrestres

• Ficha ciudadana que resume sus contenidos

• Resolución de observancia que se publica junto a la Guía

• Extracto en el Diario Oficial que da inicio a la vigencia de la Guía

La entrada SEA: Entra en vigencia Guía para predicción y evaluación de impactos en ecosistemas terrestres se publicó primero en Mch.

El documento propone lineamientos y directrices técnicas que entreguen certeza jurídica a los distintos actores que participan del SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) y avanzar en la implementación progresiva del Acuerdo de Escazú, estableciendo orientaciones para definir objetivos, metodologías, actores y mecanismos efectivos de entrega de información, asegurando que el proceso sea comprensible, accesible e inclusivo para la comunidad.

Según relevaron desde el SEA, los monitoreos participativos, que pueden ser declarados de manera voluntaria por parte de los titulares de un proyecto o actividad que ingresarán al SEIA, constituyen un factor que incide y favorece el cumplimiento de la normativa ambiental y contribuye a la construcción de confianzas entre el titular de un proyecto y la comunidad del área de influencia del proyecto. Esto, en las distintas fases de una iniciativa, ya sea construcción, operación o cierre.

Además, aporta transparencia y confianza en la ejecución de medidas, exigencias y compromisos establecidos en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), a través de los diversos mecanismos de verificación que realiza la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

El texto ya se encuentra disponible en la sección de Criterios de Evaluación en el SEIA del Centro de Documentación y fue elaborado junto a la SMA, buscando disminuir la discrecionalidad en la toma de decisiones y reforzando la confianza entre las comunidades y los titulares de proyectos.

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Del total, cuatro están a cargo del SEA Biobío y uno de la Dirección Ejecutiva de la institución por tratarse de una iniciativa interregional.

En detalle, se trata de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto del Desarrollo Minero de Extracción de Arcillas para Producción de Concentrado de Tierras Raras, y del Parque Eólico Los Tulipanes.

A lo que se suman las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de la Regularización y Urbanización del Parque Logístico y Empresarial del Biobío, y la Modificación de Cauce Estero Landa – Parque Sendero Concepción.

Una vez concluida la suspensión, se retomarán actividades como las participaciones ciudadanas y otras actividades del proceso.

Tierras raras en Biobío

Este proyecto, según la EIA contenida en el SEIA, apunta a la construcción y operación de una faena minera y una planta de procesamiento de arcillas, con presencia de tierras raras, específicamente en la comuna de Penco, Región del Biobío. Considera una inversión de US$130 millones.

La planta de procesamiento tendría una capacidad para procesar hasta 320 toneladas/hora de arcillas húmedas y producir aproximadamente 3.100 toneladas húmedas anuales de concentrado, que equivalen al orden de 1.700 toneladas secas anuales de concentrado de tierras raras. La planta de procesamiento operará bajo un sistema de intercambio iónico que recircula el agua, el Sulfato de Amonio (principal reactivo) y acondiciona la arcilla para que sea apta para restaurar con especies vegetativas nativas.

Sumado a lo anterior, el proyecto considera tres zonas de extracción de arcillas: Victoria Norte, Luna y Maite; una zona de disposición para lastre y arcillas lavadas; una zona de acopio de suelo vegetal; una planta de procesamiento de arcillas; un stockpile (acopio); una línea eléctrica y su conexión a línea existente, y la construcción de caminos internos para acceder a las distintas áreas.

Además, se considera la modificación de un tramo existente de aproximadamente 1,22 km del oleoducto Hualpén – San Fernando, propiedad de Enap, motivo de la explotación de la zona de extracción «Maite».

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