Cabe recordar que el mensaje tiene entre sus objetivos el fortalecimiento de los instrumentos de gestión ambiental; ampliar la participación ciudadana en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA); y aumentar las certezas sobre estándares para una calificación ambiental y disminuir significativamente los plazos en etapas de revisión y modificación de proyectos.

La iniciativa fue analizada por las Comisiones de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales y la de Hacienda, respectivamente, y durante la sesión de Sala se sancionaron los artículos respaldados por mayoría, dejando pendientes las materias de Ley Orgánica Constitucional y las solicitudes de votaciones separadas.

El senador Sergio Gahona, quien informó sobre el texto legal, recordó que el proyecto recibió 148 indicaciones, «las que fueron estudiadas por la Comisión de Medio Ambiente a lo largo de 21 sesiones».

Precisó que se propuso, entre otros, la incorporación de la Ventanilla Única en el SEIA; una definición de impactos acumulativos y sinérgicos, la figura de la Declaración Jurada; ampliación del procedimiento de urgencia y la participación temprana.

En relación con la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), se incorpora una nueva atribución relacionada con los tiempos de evaluación; sumado a las modificaciones al recurso de reclamación, tanto en lo procedimental como con relación a quién toma la decisión.

Así -añadió- «se propuso la creación de Consejo de Reclamación Ambiental» y, en cuanto a la carga dinámica de la prueba, se propusieron precisiones, en vista de las dudas que generó la figura. Finalmente, se incorporó también la Evaluación Ambiental Estratégica.

Sala

Durante el debate intervinieron las y los senadores Diego Ibáñez, Fidel Espinoza, Vanesa Kaiser, Ricardo Celis, Cristián Vial, Andrés Longton, Sergio Gahona, Esteban Velásquez, Alfonso De Urresti, Sebastián Keitel y Claudia Pascual; además de la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo

Se hizo notar la importancia de «encontrar un equilibrio» entre medio ambiente y desarrollo, de la mano de una legislación «ordenada y más eficiente» que entrega certezas jurídicas. «Este proyecto es relevante para la reacción económica y la generación de empleos», se declaró.

Si bien, en términos generales, el proyecto fue calificado como «un avance», se recomendó «medir todos los efectos sinérgicos y acumulativos de los contaminantes«; e incluir en las causales de rechazo «los casos que atenten contra el ordenamiento territorial o impliquen riesgos de desastre o de cambio climático«.

En la misma línea, se instó a revisar lo relacionado con: terceros absolutos y derechos de reclamar y la eliminación del control administrativo, entre otras materias.

Con todo, también existieron críticas a la gestión medioambiental de la administración anterior y se criticó el «decrecimiento del desarrollo, a través de la permisología» y «la toma de decisiones -en ocasiones- con mirada ideológica», que redundó en «una falsa dicotomía en Chile, entre la protección ambiental y el crecimiento / la sostenibilidad y el desarrollo, cuando no son excluyentes».

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Además, la CPC entregó un informe al ente fiscalizador que analiza el conjunto de Guías y Criterios elaborados por el SEA en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aportando antecedentes adicionales para su adecuada resolución.

Dicho documento también fue entregado a la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, con quien la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, se reunió el lunes 6 en su primer encuentro de trabajo.

«El mundo empresarial está trabajando y colaborando con la autoridad frente a los complejos desafíos económicos y ambientales que hoy enfrenta nuestro país, en un contexto de bajo crecimiento y trabas para la inversión. Compartimos el propósito de avanzar en condiciones que permitan una adecuada implementación del desarrollo sostenible, sobre la base de reglas claras, certeza jurídica y pleno respeto al marco legal vigente», declaró Jiménez.

Contenidos y conclusiones del informe

El estudio identifica un punto de inflexión en la dictación de estos instrumentos por parte del SEA, observándose un peak en la emisión de Criterios de Evaluación durante el año 2022, así como un aumento en la elaboración de Guías durante el año 2023. Tras el análisis de 22 Guías y 29 Criterios, el informe formula un diagnóstico jurídico claro: la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente autoriza al SEA únicamente a «uniformar» los criterios técnicos.

Esto es, ordenar y otorgar coherencia a reglas preexistentes, sin habilitarlo para establecer nuevos estándares ni incorporar exigencias adicionales. El documento precisa que la creación de obligaciones ambientales corresponde de forma exclusiva al legislador, y en el ámbito reglamentario, a la potestad normativa ejercida por el Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente.

Según la CPC, las Guías y Criterios elaborados por el SEA constituyen instrumentos de rango inferior -infra reglamentarios- que deben operar como referentes de orientación técnica, sin aptitud jurídica para imponerse como normas obligatorias.

La Confederación precisa que, al establecer exigencias no contenidas ni en la Ley ni en el Reglamento, se debilita la certeza jurídica SEIA. El análisis, que no cuestiona el mérito técnico de los documentos sino su validez jurídica, advierte un cambio significativo a partir de abril de 2022. Desde entonces, junto con intensificarse su elaboración, se observa la incorporación de un lenguaje crecientemente prescriptivo, avanzando hacia un nivel de «micro gestión» que define cómo deben desarrollarse los estudios ambientales, transformando en los hechos estas Guías en una forma de regulación de facto.

De acuerdo con el informe, estas prácticas se han traducido en mayores niveles de burocracia, encarecimiento de los procesos, extensión de los plazos de evaluación y, especialmente, en una pérdida relevante de certeza jurídica, con efectos directos sobre la inversión.

En este contexto, los desarrolladores de proyectos enfrentan exigencias que no emanan de la Ley ni del Reglamento, sino de instrumentos cuyo carácter vinculante resulta discutible. En consecuencia, el informe plantea la necesidad de revisar el rol de las Guías y Criterios dentro del sistema, reafirmando su carácter de instrumentos de orientación técnica y asegurando su coherencia con el marco legal y reglamentario vigente.

Para ello, se formulan recomendaciones específicas orientadas a restituir a estos instrumentos su función propia. Respecto a las Guías, se propone dejar sin efecto aquellos instrumentos completos o contenidos específicos que introducen estándares prescriptivos al margen de la ley, y en los casos que se mantengan, modificar su redacción para que asuman un lenguaje de buenas prácticas, de carácter referencial y no vinculante.

Respecto a los Criterios de evaluación, se recomienda su eliminación como instrumentos autónomos, proponiendo que aquellos contenidos técnicos que resulten pertinentes sean reconducidos e integrados dentro de las respectivas Guías del SEA, evitando duplicidades y reforzando su carácter meramente orientador.

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Aclara ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la Adenda Excepcional de su proyecto de tierras raras en Penco, el primero de este tipo en Chile, que desarrolla junto a Grupo CAP en la Región del Biobío. Con este documento, la compañía responde a la última fase de observaciones técnicas formuladas por la autoridad, en el marco de la evaluación ambiental del proyecto.

Asimismo, la empresa incorporó un apartado con medidas adaptativas en el contexto de los incendios forestales ocurridos en la zona en enero de este año, manteniendo el estándar ambiental del proyecto.

“El ingreso de esta Adenda Excepcional da cuenta de un trabajo técnico riguroso y responsable. Responde de manera integral las observaciones de las autoridades, y además incorpora medidas adaptativas orientadas a la recuperación del área luego de los incendios. Estas se integran a las acciones de mitigación, compensación y a los compromisos ambientales ya existentes, manteniendo un estándar ambiental exigente y reforzando nuestro vínculo con la comunidad», expresó Enrique Donoso, gerente general de Aclara Resources Chile.

Por su parte, el gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Grupo CAP, Jorge Lagos, destacó que con la presentación de la Adenda “confiamos en concluir esta etapa del proceso de evaluación ambiental, que se ha desarrollado con rigurosidad y dando respuesta a cada una de las observaciones formuladas por la autoridad. Chile tiene un potencial único para convertirse en un actor relevante en la producción de tierras raras pesadas, minerales críticos cuya demanda superará la oferta en los próximos años. Desde CAP, vemos en esta iniciativa una oportunidad para contribuir a ese desafío global, impulsando un desarrollo responsable y con impacto positivo en el país y en la región”.

La Adenda Excepcional complementa un proyecto que propone un modelo de minería de tierras raras, basado en el sistema de procesamiento patentado por la empresa llamado Cosecha Circular de Minerales, que se caracteriza por operar sin relaves, utilizar agua 100% reciclada y considerar el cierre de sus zonas operativas con revegetación de especies nativas, aportando más de 100 nuevas hectáreas para la Región del Biobío.

Proyecto estratégico

El desarrollo de tierras raras ha adquirido una relevancia creciente a nivel global, al ser un insumo clave para tecnologías limpias como vehículos eléctricos, energías renovables, robótica y dispositivos electrónicos. En este contexto, la iniciativa busca convertirse en el primer proyecto de tierras raras en Chile y posicionar al país en la cadena de valor de minerales críticos, a través de una propuesta basada en innovación, sostenibilidad y trazabilidad.

La iniciativa contempla una inversión de US$130 millones y un estimado de 2.200 empleos directos e indirectos, impulsando el desarrollo de proveedores locales y nuevas capacidades productivas.

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Este año, la plataforma de capacitaciones del Servicio de Evaluación Ambiental contará con 17 cursos en línea gratuitos para titulares, consultores, personas funcionarias de la administración pública, a la ciudadanía y a las personas interesadas en profundizar sus conocimientos en ámbitos relacionados con el proceso de la evaluación ambiental. Durante 2025, la Academia SEA realizó 67 dictaciones de 15 cursos, que alcanzaron más 8.800 personas aprobadas y más de 36 mil inscritas.

Cursos disponibles

Para este 2026, la Academia SEA tendrá disponible los 17 cursos en línea y gratuitos, que se irán dictando, periódicamente, entre los meses de marzo y noviembre.

Entre las temáticas disponibles para este año se encuentran:

• Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)

• Área de Influencia de los Sistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos

• Bases teóricas y metodológicas para la compensación de la biodiversidad

• Descripción de proyectos

• Descripción de centrales eólicas de generación de energía eléctrica en el SEIA

• Evaluación ambiental de la calidad del aire

• Introducción a la evaluación del componente hídrico

• Normativa Ambiental Aplicable

• Participación Ciudadana

• Predicción y evaluación de impactos por ruido y vibración

• Proceso de consulta indígena

• Residuos y efluentes en el marco del SEIA

• Descripción integrada de proyectos de hidrógeno verde en el SEIA.

• Consideración del Cambio Climático en el SEIA

• Ecosistemas marinos en el SEIA

• Humedales en el SEIA

• Áreas de influencia en el SEIA

 Para conocer en detalle los cursos y el calendario 2026, ingresa en el siguiente enlace.

Como requisitos para acceder a los cursos, solamente se requiere un computador, tablet o dispositivo con acceso a internet, registrarse en la plataforma Academia SEA, que requiere de clave única. Las personas extranjeras que no dispongan de clave única deben completar una solicitud al Centro de Usuarios en el siguiente enlace.

Este contenido fue desarrollado en el contexto de la adhesión al Acuerdo de Escazú, con el objetivo de facilitar el acceso a la información ambiental.

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En consecuencia, este documento debe ser observado en los proyectos o actividades que sean presentados al SEIA, a partir de esta fecha.

El objetivo de esta segunda edición es incorporar los lineamientos para la descripción de las partes, obras y acciones asociadas al uso de las tecnologías de “extracción directa de litio” (DLE) y actualiza la información presentada en la primera edición respecto de las partes, obras y acciones de la extracción de litio a través de la tecnología de piscinas de evaporación solar, especialmente en lo relacionado con los sistemas de monitoreo, control de procesos y medidas de prevención de impactos ambientales.

El hito de entrada en vigencia se cumple tras la publicación del extracto de su resolución en el Diario Oficial, procedimiento establecido en el Instructivo N° 202499102679, del 30 de julio de 2024, que deja sin efecto y complementa instrucciones sobre la aplicabilidad de las guías y criterios de evaluación publicados por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental.

Trabajo colaborativo

Este documento fue elaborado en un trabajo colaborativo entre la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, las Direcciones Regionales y la División Jurídica del SEA, en conjunto con Ministerio de Minería, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la Dirección General de Aguas (DGA), el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Para conocer más de este documento, se puede acceder a los siguientes enlaces:

• Segunda edición de la Guía para la descripción de proyectos de explotación de litio y otras sustancias minerales desde salares en el SEIA
• Ficha ciudadana que resume sus contenidos
• Resolución de observancia que se publica junto a la Guía
• Extracto en el Diario Oficial que da inicio a la vigencia de la Guía

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Las iniciativas calificadas pertenecen principalmente a los sectores de Energía, Saneamiento Ambiental e Inmobiliarios, entre otros.

Del total de proyectos, 27 fueron evaluados mediante Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), mientras que los restantes presentaron un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en las regiones de Antofagasta, Atacama, Valparaíso, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes.

Las Comisiones de Evaluación Ambiental que calificaron proyectos durante período corresponden a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes.

Revise el listado de proyectos calificados en ESTE LINK.

¿Qué son las Coeva? 

Las Comisiones de Evaluación Ambiental (Coeva) son órganos regionales encargados de calificar ambientalmente los proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Están presididas por los(as) delegados(as) presidenciales regionales e integradas por los(as) secretarios(as) regionales ministeriales competentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Las Coeva tienen la facultad de aprobar, rechazar o aprobar con condiciones los proyectos evaluados.

La entrada Enero 2026: Comisiones de Evaluación Ambiental califican 34 proyectos de inversión se publicó primero en Mch.

El documento propone lineamientos y directrices técnicas que entreguen certeza jurídica a los distintos actores que participan del SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) y avanzar en la implementación progresiva del Acuerdo de Escazú, estableciendo orientaciones para definir objetivos, metodologías, actores y mecanismos efectivos de entrega de información, asegurando que el proceso sea comprensible, accesible e inclusivo para la comunidad.

Según relevaron desde el SEA, los monitoreos participativos, que pueden ser declarados de manera voluntaria por parte de los titulares de un proyecto o actividad que ingresarán al SEIA, constituyen un factor que incide y favorece el cumplimiento de la normativa ambiental y contribuye a la construcción de confianzas entre el titular de un proyecto y la comunidad del área de influencia del proyecto. Esto, en las distintas fases de una iniciativa, ya sea construcción, operación o cierre.

Además, aporta transparencia y confianza en la ejecución de medidas, exigencias y compromisos establecidos en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), a través de los diversos mecanismos de verificación que realiza la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

El texto ya se encuentra disponible en la sección de Criterios de Evaluación en el SEIA del Centro de Documentación y fue elaborado junto a la SMA, buscando disminuir la discrecionalidad en la toma de decisiones y reforzando la confianza entre las comunidades y los titulares de proyectos.

La entrada Entra en vigencia el nuevo criterio de evaluación sobre monitoreos participativos se publicó primero en Mch.

Según preciso el SEA, la Fase 2 de modificación del reglamento revisó 18 tipologías de proyectos y actualizó los umbrales de ingreso, de manera que proyectos de menor envergadura, no deban pasar obligatoriamente por una evaluación ambiental, siendo regulados en cambio por otros permisos sectoriales.

Al respecto, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, comentó que «esta modificación permite que el sistema concentre su esfuerzo donde realmente importa: en los proyectos con impactos ambientales relevantes. Es una mejora regulatoria basada en evidencia, que recoge la experiencia acumulada y que moderniza criterios, algunos de ellos vigentes desde 1997″.

Una de las principales innovaciones es la incorporación de criterios diferenciados para modificaciones de proyectos que ya cuentan con Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Con ello, no es exigible una nueva evaluación ambiental a cualquier modificación. En adelante, cuando se trata del mismo tipo de proyecto original, se solicitará una nueva evaluación sólo si la modificación genera nuevos impactos ambientales relevantes, lo que se determinará caso a caso.

Cabe destacar que todos los proyectos que no ingresen al SEIA seguirán regulados por normativas sectoriales, como las del Ministerio de Salud o de la Dirección General de Aguas, garantizando que no exista una desregulación de actividades con potencial impacto.

Con la modificación se incorpora un umbral de distancia mínima de 2 kilómetros para que las líneas de transmisión eléctrica deban ingresar al SEIA, siendo consistente con la legislación comparada de otros países. De acuerdo con el reglamento actual, todas las líneas de transmisión deben tener evaluación ambiental, sin distinguir entre aquellas de solo unos metros respecto de las que atraviesan varias regiones. Con esta modificación se está corrigiendo esta situación, concentrándose la institución en evaluar sólo aquellas líneas de transmisión de mayor envergadura.

Por otra parte, el Servicio de Evaluación Ambiental informó que ha dispuesto adecuaciones tecnológicas, técnicas y jurídicas en atención a la entrada en vigencia de la modificación al reglamento. Es así como se habilitó el e-SEIA para recibir los proyectos con sus debidas tipologías de ingreso actualizadas. Además, se realizaron los ajustes requeridos en el sistema de Pertinencia Ágil, recientemente modernizado y en el instructivo que norma ese proceso.

Esta modificación reglamentaria forma parte de un proceso más amplio de modernización del SEIA. En febrero de 2024 se publicó la Fase 1 de la modificación, que tuvo como principal objetivo la incorporación de la variable del cambio climático en la evaluación de impacto ambiental, en cumplimiento de la Ley Marco de Cambio Climático, y el fortalecimiento del acceso a la información y la participación ciudadana en materia ambiental, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú.

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Lo anterior por medio de la actualización de los criterios de ingreso por modificaciones de proyectos o actividades y de algunos umbrales del listado de tipologías establecidos en el artículo 3° del Reglamento del SEIA. Esto con el objeto de que el ingreso al SEIA cumpla con eficacia su rol predictor de proyectos y actividades susceptibles de causar impactos ambientales.

En efecto, esta modificación responde a un sobre ingreso de proyecto o actividades que no implican potenciales impactos ambientales, ya sea por el surgimiento de normativa sectorial o de mejores técnicas y tecnologías en el desarrollo de proyectos.

Lo nuevo

Entre algunas de las modificaciones que entrarán en vigencia este miércoles 21 de enero se destaca la incorporación del criterio de longitud mínima de trazado de 2 kilómetros, adicional al requisito de superar los 23 kV, para líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones (artículo 3 literal b.1), y el aumento del umbral a 850 mil litros en estaciones de servicio (artículo 3 literal e.6).

Además, está la incorporación de excepción de ingreso para proyectos de reprocesamiento de relaves y valorización de residuos mineros que cumplan con condiciones específicas (artículo 3 literal i.1); el aumento del umbral de almacenamiento de sustancias peligrosas en coherencia con la normativa sectorial (artículo 3 literal ñ); y una actualización completa del literal o del artículo 3, armonizando las definiciones de actividades y proyectos que deben someterse al SEIA con las disposiciones que establece la Ley N°20.920 (“Ley REP”), y ajustando los umbrales que determina el ingreso de proyectos a evaluación ambiental, de acuerdo al tipo de actividades según se trate de eliminación o tratamiento; entre otros.

Asimismo, se realizan cambios al criterio de ingreso por “modificación de proyecto o actividad”, establecido en el artículo 2 letra g) del RSEIA. Esta modificación exceptúa de un nuevo ingreso al SEIA a las modificaciones de proyecto que se refieran a las mismas tipologías de ingreso ya evaluadas en el proyecto original (que cuenta con RCA favorable), en la medida que no se vean modificados sustantivamente los impactos ambientales o medidas establecidas para un determinado proyecto o actividad.

Reglamento actual y las modificaciones

Debido a los ajustes técnicos y normativos que esta reforma exige, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) hizo saber que todos los proyectos o actividades (DIA o EIA) que, a la fecha de publicación en el Diario Oficial del D.S. 17/2025, no hayan concluido satisfactoriamente su proceso de envío y recepción en el sistema e-SEIA, deberán ajustarse a la nueva normativa.

Lo anterior, se traduce en que, a partir de esa fecha, la plataforma e-SEIA estará actualizada con los nuevos umbrales de ingreso (Art. 3) y los requerimientos de detalle de tipologías para partes, obras y acciones (Art. 60); por lo que los archivos cargados por aquellos usuarios que mantengan procesos de carga incompletos a dicha fecha serán eliminados y se deberá cargar nuevamente la información en la plataforma actualizada. Esto es indispensable para garantizar que el ingreso cumpla con los estándares legales vigentes.

Esta nueva reforma considera la realización de capacitaciones para fortalecer su implementación, las cuales serán difundidas oportunamente durante los próximos días.

• Respuestas a dudas que pueden surgir en base a esta modificación:

1. ¿Cuándo entran en vigor las modificaciones al DS 40/2012?

Los cambios al DS 40/2012 comienzan a regir el día que se publica en el Diario Oficial el DS 17/2025 que lo modifica.

2. ¿Qué pasa con los proyectos que ya habían ingresado al SEIA?

Los proyectos que hubiesen ingresado al SEIA hasta el día antes de la publicación en el Diario Oficial del DS 17/2025, continuarán su tramitación de conformidad a las exigencias del DS 40/2012, incluyendo su examen de admisibilidad.

3. ¿Qué ocurre si ya había iniciado la carga de información de mi proyecto en el e-SEIA?

El hito es el ingreso. Cualquier proyecto que al día de publicación en el Diario Oficial del DS 17/2025 no hubiese concluido su ingreso al SEIA, deberá cargar nuevamente la información en la plataforma actualizada del e-SEIA que estará disponible a partir de esa fecha, considerando las nuevas exigencias del DS 17/2025

4. ¿Cuándo se entiende que un proyecto está ingresado al SEIA?

Un proyecto está ingresado oficialmente al SEIA el día que comienza a correr el plazo de 5 días hábiles para que el Servicio efectúe el examen de admisibilidad. Cualquier etapa previa a eso significa que el proyecto aún no ha ingresado.

En el caso de proyectos que no se tramitan de forma completamente digital, ya sea porque tienen carga de archivos o documentos de gran tamaño, o bien requieren presentar copias en papel, sólo una vez finalizadas estas gestiones se entiende completado el ingreso y empieza a correr el aludido plazo.

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La actividad, desarrollada en formato híbrido, contó con la exposición de la directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, quien dio a conocer los avances del plan y su proyección para los próximos años. La jornada fue inaugurada por el presidente de Sonami, Jorge Riesco, quien destacó la relevancia de este proceso para el sector minero y para la inversión en el país.

En la ocasión, el líder gremial subrayó que la modernización del sistema de evaluación ambiental es un aspecto estratégico para la continuidad operacional y la viabilidad de los proyectos mineros, afirmando que “para muchas faenas, especialmente aquellas de vida útil corta o que se encuentran en procesos de modificación, los tiempos, la claridad y la certeza del sistema son tan importantes como el resultado final”.

Asimismo, valoró la incorporación de tecnología e inteligencia artificial en procesos que requieren analizar grandes volúmenes de información. “Estas herramientas permiten sistematizar y objetivar la evaluación, reducir espacios de discrecionalidad y fortalecer el carácter técnico del sistema”, agregó.

Plan de trasformación 

Durante su presentación, Valentina Durán explicó que el plan busca transformar en información útil los más de 27 millones de páginas y más de 29 mil proyectos actualmente contenidos en la plataforma, preparando al servicio para los próximos 15 años de evaluación ambiental. La iniciativa considera la implementación de inteligencia artificial, nuevos flujos de trabajo digitales, mejoras en la experiencia de usuario y herramientas de análisis territorial y comparativo.

En esa misma línea, la directora ejecutiva del SEA precisó que “el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental chileno es un activo para el país y cuenta con reconocimiento internacional. Esta modernización apunta a fortalecer la protección del medio ambiente, pero también a hacer el proceso más eficiente y transparente para todos los actores que participan del sistema”.

La autoridad añadió que los desafíos hacia adelante incluyen profundizar el uso de inteligencia artificial, asegurar los recursos necesarios para su desarrollo y avanzar en mayores niveles de certeza jurídica y técnica, así como en la continuidad de estos avances en el tiempo.

La exposición abordó, además, herramientas ya implementadas, como buscadores inteligentes capaces de analizar millones de documentos; comparadores de resoluciones con enfoque territorial; automatización de la gestión de observaciones ciudadanas y mejoras en la plataforma electrónica del SEIA, orientadas a optimizar los tiempos y la calidad de la evaluación ambiental.

La jornada finalizó con un espacio de preguntas y respuestas, donde los asistentes plantearon inquietudes sobre la implementación del plan y su impacto en el desarrollo de proyectos. Desde Sonami recalcaron la importancia de seguir promoviendo instancias de diálogo técnico entre el sector público y privado, como parte de un esfuerzo conjunto por fortalecer la institucionalidad ambiental y avanzar hacia un desarrollo productivo sostenible, competitivo y con mayores niveles de certeza.

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