El proceso de formación, ejecutado por el Centro de Entrenamiento Industrial y Minero (CEIM), consideró cursos de Soldadura (80 horas) e Instalación Eléctrica Domiciliaria (144 horas), donde los participantes desarrollaron habilidades prácticas en seguridad, fundamentos técnicos, ejecución en terreno e interpretación de planos, entre otros contenidos clave. Ambas líneas incluyeron procesos de certificación —a través de ChileValora en soldadura y certificación SEC en electricidad—, permitiendo validar formalmente las competencias adquiridas bajo estándares reconocidos y fortaleciendo sus oportunidades de empleabilidad.

El programa incluyó, además, talleres de apresto laboral y asesorías personalizadas, con un 32% de participación femenina e integración de personas provenientes de comunidades indígenas de Mamiña y Parca.

Beneficios

Elizabeth Cameron, directora de Asuntos Corporativos de Cerro Colorado | BHP, destacó que “contar con personas certificadas en la comuna permite generar capacidades técnicas concretas que impulsan el desarrollo de la región y facilitan su inserción laboral. En ese sentido, la reapertura de Cerro Colorado es un proyecto clave para la reactivación económica de Tarapacá y el país, ya que generará más de 3.000 empleos, priorizando mano de obra local, equidad de género y comunidades indígenas, con altos estándares ambientales y un modelo sostenible basado en energías renovables y fuentes hídricas sustentables”.

Por su parte, Abdón Ramírez, director de sedes de CEIM, expresó que “este tipo de iniciativas refleja cómo, a través del trabajo colaborativo, es posible acercar formación técnica de calidad a los territorios, combinando entrenamiento práctico, certificación oficial y acompañamiento, con foco en la empleabilidad de las personas”.

Del total de participantes, 12 se certificaron como Instaladores(as) Eléctricos(as) Clase D y 16 como Soldadores(as), procesos de evaluación realizados por el Centro Acreditado Fulcro en base a las competencias y los perfiles ocupacionales definidos por Chilevalora, validando sus conocimientos, habilidades y conductas en base al estándar de la Ley 20.267.

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Las empresas multadas son: Cristalerías Chile, con 300 UTM; Compañía Minera del Pacífico, con 250 UTM; CGE, con 400 UTM; Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, con 300 UTM; y Minera HMC, con 250 UTM.

Compromisos contraídos

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En fallo unánime (causa rol 28-2022), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Marisol Rojas, Inelie Durán y María Paula Merino Verdugo– descartó actuar ilegal de la superintendencia recurrida al aplicar la sanción reclamada.

“Que, por lo anteriormente relacionado y razonado, solo es dable concluir que, no existió vicio alguno en cuanto al origen del procedimiento administrativo, en relación con la actuación oficiosa de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, puesto que lo hizo estando facultada para ello y en cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que son aplicables a su respecto, razón por la cual, igualmente el recurso será desestimado”, sostiene el fallo.

La resolución agrega: “Que, en lo que atañe a la proporcionalidad y cuantía de la multa impuesta, de acuerdo con lo previsto por los artículos 15, 16 y 16 A de la Ley N°18.410, la sanción aplicada a la infractora corresponde o se encuentra dentro de los límites señalados en la norma, esto es, multa de hasta 500 UTA, lo que corresponde a 6.000 UTM (para cada una de las infracciones leves)”.

“Para dicho fin, el artículo 16 indica que en la determinación de la sanción deben considerarse las siguientes circunstancias: a) La importancia del daño causado o del peligro ocasionado; b) El porcentaje de usuarios afectados por la infracción; c) El beneficio económico obtenido con motivo de la infracción; d) La intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación en el hecho, acción u omisión constitutiva de la misma; e) Conducta anterior; y, f) La capacidad económica del infractor, especialmente si se compromete la continuidad del servicio prestado por el afectado”, añade.

En la especie, para el tribunal de alzada: “(…) de la lectura de la resolución impugnada, particularmente, en su considerando 11°, se advierte que se desarrollaron todos los literales del artículo 16 de la Ley N° 18.410, señalados en el motivo precedente, por lo que tales circunstancias han sido debidamente consideradas y ponderadas, y teniendo presente, además, que la sanción aplicada a la empresa reclamante fue calificada como ‘leveâ€, conforme al artículo 15 de la Ley N° 18.410, en los términos señalados en el inciso final de dicho artículo, permitiendo –el legislador, en el artículo 16 A– que se imponga una multa de hasta 500 UTA (6.000 UTM), cuestión que se determina en base a las circunstancias del artículo 16 ya indicado, lo que fue ponderado por la Superintendencia al resolver aplicar a la recurrente una multa de 600 UTM, por las seis infracciones cometidas y no controvertidas en autos”.

“Que, por lo expresado ha de concluirse que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, órgano de la administración del Estado encargado por ley para fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias dentro de su ámbito de atribuciones, previo al procedimiento de rigor, sancionó a la empresa fiscalizada, contando la resolución reclamada con fundamento suficiente, tanto en los hechos como en el derecho, lo que impide calificar la decisión impugnada, especialmente en la determinación de la cuantía, como infundada o gobernada por el mero capricho”, consigna el fallo.

“Que, por los razonamientos expuestos, esta Corte rechazará el recurso de reclamación intentado, por estimar que la SEC, con su actuar, se ha ajustado a derecho, no advirtiéndose arbitrariedad ni ilegalidad alguna, ciñéndose estrictamente al ordenamiento jurídico vigente y aplicable a la materia específica de que se trata, el proceso administrativo se desarrolló dentro del ámbito de la competencia de la autoridad reclamada y que en este se observó el principio del debido proceso administrativo en un orden consecutivo legal donde la reclamante tuvo la posibilidad de ejercer sus derechos, imponiendo en definitiva a la recurrente una multa por 6 infracciones calificadas por la ley como leves, que en los hechos no han sido desconocidas por la reclamante, aplicándose dentro de los márgenes y parámetros establecidos por la legislación especial al efecto”, concluye.

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El primer documento «establece los requisitos mínimos de seguridad que deberán cumplir las instalaciones de hidrógeno con fines energéticos, en las etapas de diseño, construcción, operación, mantención, reparación, modificación, inspección, puesta en servicio y término definitivo de operaciones, y en las cuales se realizarán las actividades de producción, acondicionamiento, envasado y consumo de hidrógeno».

También se estipulan las responsabilidad y obligaciones de los actores que intervengan en estas actividades, además de mencionar las normas nacionales e internacionales que son aplicables.

Uno de los puntos que contempla el reglamento es que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y otros organismo autorizados, establecerá un protocolo o norma de certificación.

Asimismo, se indica que las tuberías que transporte hidrógeno deberán ser de color amarillo, con dos anillos de color rojo.

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Dos fueron las discrepancias surgidas entre la Cámara Baja y el Senado durante la tramitación de este proyecto y resueltas por la Comisión Mixta. La primera era respecto de la depreciación acelerada de los vehículos eléctricos, híbridos o cero emisiones; y la segunda, sobre las metas del primer Plan Nacional de Eficiencia Energética.

Es así como se definió que el Servicio de Impuestos Internos (SII) podrá, dentro de los 10 años siguientes –una vez que la ley entre en vigencia– establecer, en forma extraordinaria y diferenciada, una vida útil de tres años para efectos de la aplicación del régimen de depreciación normal o acelerada.

Respecto del primer Plan Nacional de Eficiencia Energética, se deberá establecer una meta de reducción de la intensidad energética para el país de, al menos, 10% 2030 en relación con 2019. También deberá contemplar una meta para los Consumidores con Capacidad de Gestión de Energía consistente en la reducción de su intensidad energética de, al menos, 4% promedio para su periodo de vigencia.

Contenido

Según lo informado por la Cámara de Diputados, esta ley permitirá generar “una cultura del buen uso de la energía en todo el país, promoverá la seguridad energética y apoyará a las metas de reducción de emisiones nacionales. Además, mejorará las condiciones locales medio ambientales y de confort de los ciudadanos”.

Entre otras medidas, el Ministerio de Energía deberá crear un Plan Nacional de Eficiencia Energética cada cinco años, que será sometido al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

El plan deberá considerar los siguientes mínimos: eficiencia energética residencial; estándares mínimos y etiquetado de artefactos; eficiencia energética en la edificación y el transporte; eficiencia energética y ciudades inteligentes; eficiencia energética en los sectores productivos, y educación y capacitación en eficiencia energética.

Además, deberá establecer metas de corto, mediano y largo plazo, así como los planes, programas y acciones necesarios para alcanzar dichas metas.

Para la gestión energética de grandes consumidores, los que representan más de un tercio de la energía consumida en el país, se los insta para que realicen una gestión activa de su energía. En esta categoría pueden considerarse las empresas de la gran minería. 

Para lo anterior, el Ministerio determinará los consumidores con capacidad de gestión de energía, quienes deberán implementar un sistema en dicha línea. Adicionalmente, deberán informar anualmente los consumos de energía y otros indicadores, con los que el Ministerio elaborará anualmente un reporte público. Corresponderá a la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) la fiscalización y sanción de dicha gestión.

Electromovilidad

Por otro lado, se establece que las edificaciones, como viviendas y edificios, deberán contar con una calificación energética (etiquetado) para obtener la recepción final o definitiva, toda vez que ellas consumen casi un 15% de la energía total del país y parte importante de esta se destina a calefacción.

También se entregan facultades al Ministerio de Energía para normar la interoperabilidad del sistema de recarga de vehículos eléctricos, con el fin de facilitar el acceso y conexión de los usuarios de vehículos eléctricos a la red de carga. Esto pretende migrar esta red hacia una infraestructura más homogénea y armonizada, que asegure el libre acceso a los cargadores públicos.

En el mismo contexto, el proyecto busca promover la renovación del parque vehicular, promoviendo el uso de mecanismos más eficientes, con énfasis en aquellos de propulsión eléctrica, y mandata la fijación de estándares de eficiencia energética para el parque de vehículos nuevos

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«En el marco del evento de salud pública, por brote de Coronavirus COVID-19, declarada, recientemente como Pandemia por la Organización Mundial de la Salud, esta Superintendencia ha estimado necesario que, para garantizar la operación de las empresas del sector energético que prestan servicio público, éstas deberán adoptar todas las medidas pertinentes que, en su calidad de propietarios y/u operadores de los activos y de las instalaciones, les corresponda asumir, para su debido resguardo frente a la alerta sanitaria, en función de preservar la seguridad y continuidad de las operaciones, y que les son exigibles, por expreso mandato de la normativa establecida, al efecto, por el ordenamiento jurídico vigente y cuyo cumplimiento compete fiscalizar a esta Superintendencia», indica el oficio enviado por el organismo a las compañías.

La medida de la SEC se suma a la del Coordinador Eléctrico Nacional, para que las empresas que operan en el sistema eléctrico local informen las medidas que están tomando para reguardar sus labores operacionales.

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Eso, hasta que firmaron un acuerdo con el regulador de mercado de ese país, la SEC (símil de la SVS) y con el Departamento de Justicia de EE.UU. en el que reconocieron haber violado leyes estadounidenses, acordando el pago de multas por US$30 millones para evitar ir a juicio.

En la demanda colectiva que se sigue desde mayo de 2015, diferentes tenedores de ADS (acciones de SQM en Nueva York) acusan millonarias pérdidas luego de conocerse los casos de financiamiento político irregular. En la Corte de Nueva York, SQM presentó en octubre de 2016 un escrito ejemplificando con el caso entre la empresa Pirnik y Fiat Chrysler, donde la primera no había admitido violación de leyes estadounidenses, para tratar de desestimar el caso en su contra.

«El 13 de enero de 2017, SQM acordó pagar más de US$30 millones para resolver los casos penales y civiles presentados por el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), encontrando que SQM violó la ley de EE.UU. Los acuerdos y las acusaciones contenidos y admitidos en el mismo, contravienen directamente la afirmación de SQM en su carta del 13 de octubre de 2016», dice el escrito ingresado a la Corte el pasado 18 de enero por los abogados de los tenedores de ADS.

Y agregan que, en el mismo acuerdo con la SEC y la DOJ «SQM admite, acepta y reconoce que es responsable bajo las leyes de los Estados Unidos por los actos de sus funcionarios, directores, empleados y agentes (…) Adicionalmente, la orden de la SEC establece que SQM ‘admite la jurisdicción de la Comisión'», es decir, EE.UU.

Pero el enfrentamiento sigue, citando el acuerdo de la minera con la autoridades del país del norte. «La información indica que SQM ‘deliberadamente y voluntariamente no implementó un sistema de controles contables internos’ suficiente para cumplir con la ley de los Estados Unidos», recalca el documento. «El acusado falsificó, a sabiendas, registros relacionados con pagos a PEP y entidades asociadas con PEP, con el fin de ocultar el verdadero propósito de esos pagos», remata.

SQM, el 25 de enero, respondió a los minoritarios y volvió a insistir en su tesis del forum non conveniens, que permite que un tribunal extranjero desestime un caso que no es de su jurisdicción. «Nada en los acuerdos de la DOJ y la SEC cambian el hecho que este caso está siendo revisado largamente por cortes chilenas y puede ser dimitido por la doctrina del forum non conveniens», dice el documento.

Y la minera agrega que dicho acuerdo «refuerza que las cuestiones presentadas en este caso tienen todo que ver con Chile y poco con los Estados Unidos, y que surgen exclusivamente de los pagos efectuados por chilenos a figuras chilenas usando moneda chilena e implicando la ley chilena de impuestos y financiación de campañas».

El tribunal aún no define si la class action sigue su curso o acoge los argumentos de SQM para desestimarla.

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“Endesa Chile fue notificada esta semana por la SEC, por el cargo relacionado con la operación de su central termoeléctrica GasAtacama y los posibles efectos en el SING. La compañía está revisando los antecedentes y fundamentos del documento, con la finalidad de responder dentro del plazo legal a la SEC”, señaló la firma.

Los cargos a la generadora derivan de la investigación que el regulador llevó adelante, en base a una auditoría realizada por el coordinador de las eléctricas que operan en el Norte Grande que detectó la sobreestimación de los parámetros de mínimo técnico y tiempo mínimo de operación, lo que habría derivado en sobrecostos para el sistema valorados en unos US$ 260 millones entre 2011 y octubre del año pasado.

Según señaló el titular de la SEC, Luis Ávila, el incumplimiento es de carácter “grave”, pues habría afectado a clientes libres, principalmente mineras e industrias, y a otros generadores.

Endesa sostuvo que los parámetros cuestionados son determinados por el fabricante de los equipos. “Toda esta información ha sido siempre entregada a la autoridad, bajo la perspectiva de la seguridad, cuidado de los activos y, sobre todo, bajo las restricciones ambientales que se deben ver reflejadas en la operación de la planta. En esta línea, la operación de GasAtacama cumple con toda la normativa técnica y ambiental, y su estructura de operación se ajusta a las variables de mercado”, señaló Endesa consultada por el tema.

En octubre pasado, y tras conocerse la auditoría realizada por el CDEC-SING, Endesa modificó los mencionados parámetros.

Entre las generadoras, las principales afectadas por esta operación habrían sido las firmas ERNC, ya que las diferencias en el costo marginal producidas por el despacho forzado de la central, que opera como respaldo en este sistema, habría desplazado generación más barata, produciendo perjuicios económicos a aquellos que por este motivo no lograron colocar su energía en el mercado.

Según comentan fuentes del sector, en una primera instancia las empresas afectadas podrían recurrir al Panel de Expertos para solicitar reliquidaciones, aunque no se descarta que acudan a la justicia.

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“Se basa en normativa de Estados Unidos, que tiene diferencias importantes”, enfatizó ayer Pavez, e hizo hincapié en que en Chile la SVS no tiene las facultades para investigar hechos de corrupción, como sí ocurre con la Securities and Exchange Commission (SEC).

“Desde el punto de vista de investigaciones de corrupción, probablemente el que tiene las facultades para seguir avanzando en esa materia es el Ministerio Público”, aseguró Pavez.

Consultados respecto a este documento, desde la Fiscalía Regional de Valparaíso confirmaron que recibieron el informe.

En relación a si el estándar estadounidense de la FCPA es suficiente para determinar que no hubo corrupción o la legislación chilena podría determina otro resultado, desde el Ministerio Público precisaron que “la legislación chilena nos puede llevar a conclusiones diversas”. Es decir, que no es necesariamente aplicable la ley estadounidense a la realidad chilena.

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