La acción está dirigida contra Marco Aurelio Zoza y Manuel Zúñiga Serrano, representantes de la fallida empresa Allpa, la que en abril de 2016 ingresó la solicitud para someterse a un procedimiento de reorganización, la cual fue aceptada el 2 de mayo. Sin embargo, según consta en la querella, a pesar de encontrarse en un procedimiento judicial, no se hizo entrega del traspaso completo de antecedentes, y sólo se entregaron libros referentes a aspectos laborales, pero ninguno sobre la contabilidad de la firma.

Por ello, Chahuán presenta la querella aludiendo los delitos contemplados en los artículos 463 ter N° 2 (no conservar los libros de contabilidad y respaldos que deben ser puestos a disposición de liquidador) y 436 quater (si dirección o administración de la empresa hubiese ejecutado actos u omisiones en medio de un proceso de reorganización). Ambos delitos están castigados con presidio menor en su grado mínimo.

La entrada Chahuán presenta querella contra subcontratista de Pampa Camarones se publicó primero en Mch.

Según los escritos, los persecutores formalizarán a la mayoría de los acusados por delitos tributarios y a otros por violación a la ley de donaciones, apropiación indebida y, por primera vez, por la simulación de contratos.

Hasta ahora, la fiscalía había levantado cargos en contra de empresarios y políticos ligados a la Alianza. Sin embargo, en esta solicitud, y luego de cumplirse más de un año de investigación, Chahuán pide imputar cargos en contra de figuras de la Nueva Mayoría.

Tal es el caso del operador político y recaudador de la campaña de Michelle Bachelet, Giorgio Martelli, a quien se formalizará por presuntos delitos cometidos entre 2009 y 2013, período que comprende las gestiones realizadas por el geógrafo en la última precampaña presidencial.

Asimismo, se incluyó la formalización de la contadora DC Clara Bensán, ligada a la campaña de Eduardo Frei en 2009 y que, según su versión, facilitó facturas para SQM a petición de Martelli.

Se levantarán cargos además contra el ex diputado PR -y, hasta junio, asesor en el Ministerio de Minería- Alejandro Sule; y del ex asesor de la alcaldesa PPD, Carolina Tohá, David Flores.

Todos ellos serán formalizados en la causa SQM, la que incluye nuevas acusaciones contra otras dos personas ya formalizadas: Patricio Contesse, ex gerente general de SQM; y Roberto Guzmán Lyon, asesor de Julio Ponce.

La petición de formalización en el caso Penta enumera a 13 personas. Y en ella el Ministerio Público evidencia un giro en relación a quienes hasta ahora han sido objeto de formalizaciones: esta vez incluyó a emisores de boletas de honorarios que habrían servido para recaudar fondos para campañas políticas. En las formalizaciones anteriores, la fiscalía había apuntado a ejecutivos y políticos, pero no a emisores.

Ahora se imputarán cargos a quienes facilitaron boletas al senador UDI Iván Moreira. Figuran su chofer Rodrigo Molina; sus asesores, Andrea Shultz y Eduardo Montalva; la secretaria de la UDI, Verónica Nieto y la pareja del parlamentario, Isabel Marinovic.

Quienes conocen el tenor de la determinación de levantar cargos en contra de los emisores explican que la fiscalía apunta a quienes no han prestado colaboración en el avance de la indagatoria. De hecho, las cinco personas ligadas a Moreira han optado hasta ahora por usar su derecho a guardar silencio. En ese sentido, según interpretan algunos abogados defensores, la fiscalía busca dar una dura señal a quienes no han entregado su testimonio. Entre ellos, numerosos emisores de boletas a SQM que por estos días son interrogados por la Fiscalía y la PDI que han seguido la misma estrategia. Ello, según un abogado, explica que en esta formalización no se incluyera, por ejemplo, a otros emisores que sí han declarado y han admitido que no prestaron servicios a Penta ni a SQM, como los representantes de Reactor SpA, quienes incluso están querellados por el SII.

Del mismo modo, la fiscalía esta vez incluyó a un colaborador cercano del ex presidente Sebastián Piñera, Santiago Valdés.

El ex gerente de administración de Bancard -empresa del ex Mandatario- también ha guardado silencio. Valdés, quien trabajó en la firma hasta mayo de 2010, no ha entregado su versión sobre un contrato a futuro celebrado con CB, pagos hechos por SQM a Bancorp entre 2009 y 2010 y los pagos realizados por SQM y otras empresas a ejecutivos de Chilevisión.

En total, 12 personas que serán formalizadas están vinculados a personeros políticos y siete son ejecutivos o relacionados a Penta, SQM y CB (ver fichas).

Debate por querellas

La acción penal además volverá a poner a prueba al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, que hace algunas semanas rechazó la formalización de Claudio Eguiluz -ex vicepresidente de RN- por no contar con una querella del Servicio de Impuestos Internos.

Esta vez, de las 19 personas que serán formalizadas, hay varios que no han sido perseguidos por el SII. Otros, en cambio, sí han sido querellados, como Giorgio Martelli, Clara Bensán, Roberto Guzmán, Patricio Contesse, Carolina de la Cerda, Oscar Buzeta, Hernán Concha, Antonio Espinoza y Mauricio Pinto.

La entrada Fiscalía pide formalizar a 19 personas por Penta y SQM e incluye a figuras oficialistas se publicó primero en Mch.

Así lo anunció ayer el jefe del Ministerio Público tras la ceremonia en que la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley de fortalecimiento del organismo de persecución penal.

Consultado, comentó escuetamente: «Tengo que pedir una (audiencia) de formalización mañana».

El escrito donde se solicitará la audiencia de formalización se ingresaría hoy al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, donde se tramita la causa.

Según fuentes allegadas a la investigación, la nueva imputación de delitos incluiría, al menos, a cuatro personas. Una de ellas, sería un ex diputado quien habría pedido boletas de honorarios a terceros para, luego, facilitarlas a la minera.

También se espera que en esta solicitud, Chahuán pida al tribunal que fije fecha para formalizar al geógrafo Giorgio Martelli, recaudador de fondos para campañas del oficialismo. Sin embargo, el fiscal declinó confirmar esta información.

La audiencia contra Martelli, que había sido programada originalmente para el 30 de junio último, fue postergada a la espera de que se resolviera la ampliación de plazo de la indagatoria, lo que ya se encuentra zanjado.

De acuerdo a los antecedentes del caso, Martelli recibió pagos por cerca de $246 millones de una de las filiales de SQM, Salar, en período electoral.

Al ex diputado y el recaudador se sumarían otras dos personas vinculadas con la compañía.

La entrada Chahuán anuncia nueva imputación de cargos en caso SQM se publicó primero en Mch.

El recurso sería presentado anoche o a primera hora de hoy ante la Corte de Apelaciones de Santiago, con el fin de impugnar el fallo que acogió por primera vez la la tesis planteada por varias defensas y que impidió la formulación de cargos de Eguiluz, por delitos tributarios al emitir boletas y facturas ideológicamente falsas, apropiación indebida y estafa por devoluciones fiscales por un total de $465 millones.

La presentación del Ministerio Público ingresará a tabla ordinaria, por lo cual podría tardar varias semanas en conocerse ante el tribunal de alzada capitalino.

El fiscal nacional, Sabas Chahuán, ha sido crítico del fallo de la magistrada, el que calificó de un «error» y afirmó que de perseverar, el criterio «claramente derivaría en una restricción grande a la investigación de la fiscalía».

Chahuán también mostró su preocupación por la no presentación de acciones judiciales de parte de Impuestos Internos en los últimos casos, ya que a su juicio el organismo «no ha hecho todo lo que el Ministerio Público espera», aludiendo a la falta de querella o denuncia directa en contra de más de 200 contribuyentes mencionados en sus acciones judiciales, lo que a su juicio podría perjudicar la investigación del caso Penta-SQM.

Citados

A partir del lunes 3 de agosto comenzará una ronda de interrogatorios a parte de los cerca de 200 contribuyentes que aparecen mencionados en las denuncias interpuestas por el SII.

La gran mayoría de ellos aparecen en la denuncia del 2 de abril presentada por el Servicio, y habrían emitido boletas a la minera no metálica.

Ninguno de ellos aparece directamente denunciado en la presentación de Impuestos Internos.

La entrada SQM: Fiscalía impugna en la Corte fallo que impidió formalizar a Claudio Eguiluz se publicó primero en Mch.

Morales, removido de la causa el miércoles pasado por el fiscal Nacional Sabas Chahuán, totalizó 48 tomos en su investigación, que fue calificada en las últimas semanas por los querellantes del caso, el administrador de fondos de inversión Moneda, la AFP Habitat y el minoritario Roberto Lobos representado por Mauricio Daza, como poco acuciosas y de falta de una línea investigativa clara.

Como sea, la carpeta que llevaba adelante Morales, y a la cual tuvo acceso La Tercera, da cuenta de pesquisas orientadas a probar una eventual falsificación de actas de las sociedades cascadas, en una primera instancia. Pero también, los documentos que adosó en los últimos meses de su investigación tienen relación con declaraciones e informes sobre las operaciones bursátiles por las que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) sancionó en septiembre de 2014, en lo que se conoce como la arista administrativa de este caso.

Mattar y su asesoría

Entre las últimas declaraciones que Morales encargó en el caso se encuentra la de Pedro Mattar, ex titular de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Mattar declaró como testigo el 10 de julio ante las fiscales adjuntas Tania Sironvalle y Valentina Spencer. A ellas dio cuenta de asesorías a las sociedades cascadas entre 2011 y 2013. También dijo que fue contratado por Patricio Contesse Fica y Aldo Motta para esas labores y que se le solicitó revisar las actas de las sociedades de entre 2006 y 2011.

“Para realizar esta labor se me entregaron fotocopias de las actas de directorio de dicho período, las cuales fueron enviadas a mi oficina. Esta revisión comprendió las actas de directorio de las empresas Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande”, dice Mattar en las tres páginas que abarca su declaración.

El ex titular de la FNE no quiso entregar copias de las actas que revisó, ni de las facturas que emitió por sus servicios ni permitió levantar su secreto bancario.

Pero la de Mattar no fue la última declaración que alcanzó a tomar Morales este mes. Un nuevo testimonio del imputado Aldo Motta fue agregado a la carpeta investigativa el pasado 8 de julio, el que, básicamente, se remite a su declaración del 3 de junio de este mismo año, pero en el que afirma también, sobre las operaciones cuestionadas de la sociedad SQ, que “la decisión de comprar o invertir por SQ no fue mía. Supongo que debe haber sido Julio Ponce o alguien vinculado a la administración de esta sociedad, pero, además, la decisión era bien obvia y con razonabilidad económica desde la perspectiva de mantener control”.

También recalca que “si se analiza el precio histórico de la acción, en los años relevantes, se encuentra que los minoritarios siempre ganaron más plata que el controlador, así que no puede suponerse una intención de perjudicar a nadie. Siempre los minoritarios de la cascada han ganado más dinero que los controladores”.

En el último tiempo también, Morales citó a casi todos los involucrados en el caso. El lunes 8 de junio convocó a Leonidas Vial para el 16 de junio, a Felipe Errázuriz (18 de junio), Alberto Le Blanc (19 de junio), Manuel Bulnes (16 de junio).

El 9 de julio, Morales pidió información a Alberto Le Blanc, Roberto Guzmán y a Julio Ponce sobre diversas sociedades con fechas entre 2009 y 2011. También a Juan Carlos Spencer, gerente de la Bolsa Electrónica de Chile sobre diversas operaciones de cascadas en dicha plaza bursátil, desde el 2009, incluso hasta la actualidad.

La entrada Las últimas pesquisas del ex fiscal a cargo del caso cascadas se publicó primero en Mch.

Se trata de eventuales vulneraciones a la Ley del Mercado de Valores (LMV), pero particularmente en lo que dice relación con la entrega de información maliciosamente falsa al mercado, enfoque que está siendo monitoreado.

Según conocedores del caso, si se demostrara una inconcordancia entre los reportes contables de la empresa contenidos en los Estados Financieros enviados a la SVS, con los que realmente se generaron, podría configurarse este tipo penal que responsabiliza a quienes proporcionen o certifiquen información falsa al mercado.

Según fuentes conocedoras, en la Ley del Mercado de Valores no sólo se persigue la responsabilidad de la administración de la compañía, sino que también se podría investigar a directores, administradores, gerentes de un emisor de valores de oferta pública o bien a las auditoras externas que certificaron los Estados Financieros.

“Se debe analizar si es que hubo un error y se actuó de buena fe o bien si existió responsabilidad tributaria que a la postre generó estados de resultados falsos. Ahí se debe definir si la responsabilidad viene desde la interna y si hubo responsabilidad en las auditorías externas. Otro elemento que se debe determinar, y que está en la Ley de Sociedades Anónimas, es si la administración de la compañía destinó fondos para campañas políticas sin la aprobación del directorio. Ahí también existiría un tema complejo a investigar”, explica un destacado abogado que pidió mantener su nombre en reserva.

Así las cosas, no sólo la Fiscalía y la SVS monitorean el caso: las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), como Cuprum, que solicitó explícitamente a la entidad liderada por Carlos Pavez investigar el caso. También los querellantes que han litigado en cada etapa del extenso proceso Penta-SQM se encuentran monitoreando este flanco en la bullada investigación.

“En el marco de la LMV, la entrega de información maliciosamente falsa al mercado es algo que se debe investigar (…). Además, creemos que, eventualmente, más adelante se deberá citar a declarar a las auditoras externas de las empresas vinculadas al caso para obtener información. La idea es que el Ministerio Público tenga las herramientas para investigar”, comenta Mauricio Daza, abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente.

Alerta externa

Las primeras llamadas de alerta sobre una eventual entrega de información falsa al mercado vinieron desde EEUU: el estudio Pomerantz LLP presentó una demanda colectiva acusando de dicha irregularidad a Patricio Contesse González, Patricio De Solminihac y Ricardo Ramos.

“Los estados financieros de la compañía fueron materialmente falsos y engañosos en todos los períodos relevantes”, se señala. Adicionalmente, en la demanda se expresa que “la compañía carecía de controles internos adecuados sobre la entrega de reportes financieros”.

El documento agrega que, “como resultado de los actos ilegales y omisiones de los demandados, y la precipitada disminución en el valor de mercado de valores, los demandantes y otra clase de miembros de la compañía han sufrido significativas pérdidas y daños”. Además de la demanda colectiva presentada por Pomerantz LLP, en paralelo otro estudio de abogados, Peiffer Rosca Wolf, en Ohio, trabaja en acciones legales del mismo tipo.

[Fiscalía allana oficinas de SQM y minoritarios arremeten contra Julio Ponce]

La entrada Vulneración de la Ley del Mercado de Valores abre nuevo flanco en Caso SQM se publicó primero en Mch.

Éste buscaba impedir que se diera curso a la solicitud de información contable de la firma, acusando que «el fiscal nacional, al margen de las facultades legales que la ley le concede», habría hecho las peticiones excediendo la querella del SII.

El TC consideró que «lo planteado en el requerimiento es una cuestión de interpretación y armonización de distintas normas de rango legal, propia de la órbita de los jueces del fondo, y no una cuestión de constitucionalidad de aquellas que deba resolver el tribunal». Además, indicó que el recurso excedía los límites de una acción de este tipo.

Con la resolución de ayer, la fiscalía podrá seguir con las diligencias que estaban a la espera de que se pronunciara el TC, algo que reconoció el fiscal nacional, Sabas Chahuán. Por lo mismo, agregó que con la respuesta del TC, ahora esperan que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago se pronuncie sobre las diligencias que pidió la semana pasada.

Chahuán también hizo referencia a una serie de críticas que se han esgrimido contra la fiscalía y su trabajo, entre ellas por el ex senador Jovino Novoa, quien dijo que la investigación era «ideológicamente falsa». Al respecto, el persecutor nacional indicó que «no las considero adecuadas, pero están en su derecho de opinar lo que quieran».

Los argumentos

Poco después de las 16 horas de ayer, la segunda sala comenzó los alegatos para revisar la admisibilidad del recurso. El primero en presentar sus argumentos fue el abogado de Contesse, Samuel Donoso, quien señaló que «no es que el Ministerio Público pueda investigar cuando se le ocurra, acá el monopolio lo tiene el SII. Acá se requiere que el SII haya ejercido la acción judicial, y ése es el tema que hemos sometido al conocimiento del tribunal».

En tanto, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, alegó que con el recurso «lo que se pretende es obstaculizar las acciones del Ministerio Público».

Además, señaló que éste carece de fundamentos, entre ellos porque existe una falta de legitimidad en la acción del ex gerente general de SQM, pues «es evidente que permanece la duda respecto de la calidad en que comparece Contesse y de los intereses que quiere representar (…). Es un hecho que ya no representa legalmente a SQM». Sumado a esto indicó, dos veces en su alegato, que «la empresa no es parte de esta audiencia».

El siguiente en intervenir fue el subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas, quien remarcó que el requerimiento de la fiscalía tenía fundamentos legales, por lo que procedió a la entrega de lo que solicitaba el Ministerio Público.

El Consejo de Defensa del Estado también se opuso a que se declarara admisible el recurso, así como otros querellantes del caso.

La entrada Tribunal Constitucional declara inadmisible recurso de Contesse se publicó primero en Mch.

La compañía ligada a Julio Ponce se ha visto salpicada por el escándalo de la emisión de boletas para el financiamiento de campañas electorales, investigación que encabeza el Fiscal Nacional, Sabas Chahuan, y en el que la propia compañía inició una revisión interna creando un comité ad-hoc de directores.

[Arista Penta-SQM: directorio separa aguas de investigación liderada por comité interno]

Según un informe de Morgan Stanley, este es uno de los factores que pueden complicar el desempeño de la compañía, que hoy cotiza a ratios bastante desmejorados respecto de sus promedios históricos.

“Creemos que los múltiplos de la compañía podrían permanecer bajo presión dada la incertidumbre en los precios del potasio, el yodo y el ruido acerca del gobierno corporativo que hoy se observa en los diarios chilenos”, señala el reporte de Morgan Stanley.

El día martes la compañía dio a conocer sus resultados para el cuarto trimestre de 2014, los que alcanzaron los US$78 millones, cifra que es 13% más alta que lo logrado en igual período de 2013, con lo que la firma acumuló una utilidad de US$296,4 millones en 2014.

Ayer, en conferencia con analistas, el gerente general de SQM Patricio Contesse destacó el resultado obtenido en último cuarto de 2014, señalando que gran parte del éxito del trimestre obedece al resultado de los recortes de costos que impulsó la administración.

“El fuerte resultado obtenido en el cuarto trimestre está relacionado con nuestro esfuerzo de recorte de costos. El éxito de este esfuerzo se define de acuerdo con nuestro margen Ebitda, que se incrementó desde 35,5% a 36,9% en relación con igual período de 2013. Este incremento se dio a pesar de un descenso en los precios del yodo, y nitratos. Trabajamos diligentemente durante todo el año en la reducción de costos, alcanzando éxitos en cloruro de potasio, nitrato y yodo”, explicó Contesse.

En relación con nuevas inversiones, Contesse aseguró que este año tienen contemplado un desembolso cercano a los US$180 millones, en el marco del plan a dos años definido el año pasado. El total de inversiones realizado por la compañía en 2014 fue de US$115 millones. La mayor parte de las inversiones se destinará a mantenimiento, enfocado en mejorar significativamente la calidad de los productos.

La entrada SQM podría verse afectada ante «ruido» por gobierno corporativo se publicó primero en Mch.

Wagner, al igual que otros nueve imputados, será formalizado hoy en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago (a partir de las 9 horas) en una audiencia que será dirigida por el juez Juan Manuel Escobar y que se podría prolongar hasta el jueves (ver perfil).

A la petición se adherirán también -según fuentes de la institución- los querellantes del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Partido Socialista (PS). “En ese caso entendemos que se dan los presupuestos para decretar la prisión preventiva”, dijo el abogado del PS, Enrique Aldunate.

El encargado de comunicar los cargos al ex subsecretario de Minería será el fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien en una inédita decisión asumió la indagatoria. Por esta razón la máxima autoridad del Ministerio Público formalizará a Wagner por cohecho, lavado de activos y delitos tributarios. La lectura de los hechos duraría cerca de una hora, en que la fiscalía hará una exposición en Powerpoint.

Según la investigación de la fiscalía, Wagner habría recibió entre 2010 y 2011 un total de 14 pagos de Penta mientras era funcionario público. Dichos fondos, según la querella del Servicio de Impuestos Internos (SII), los habría recibido a través de boletas que emitió su cuñada, María Carolina de la Cerda.

La solicitud de prisión preventiva adoptada por la fiscalía y los querellantes coincide con la postura del senador de RN Alberto Espina. “He sido muy partidario de que la prisión preventiva se aplique respecto a delitos graves y los de esta magnitud son delitos graves. No se puede pedir la prisión preventiva para delitos comunes y para otro no, sino ¿cuál es la credibilidad que tendremos frente a la opinión pública? Hay que aplicar todo el rigor y peso de la ley”, señaló el legislador.

Junto a Pablo Wagner, hoy también serán formalizados los dueños del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Los controladores del holding afrontarán cargos por delitos tributarios y el presunto soborno de Wagner, a quien habrían pagado $ 42 millones cuando ejercía el cargo de subsecretario.

En este caso, los querellantes del CDE -encabezado por su presidente Juan Ignacio Piña- y el PS también solicitarán el arresto preventivo de los empresarios. “Lo que vamos a solicitar en el caso de los controladores es la prisión preventiva”, dijo el abogado PS, Enrique Aldunate.

Al cierre de esta edición, el fiscal nacional y el jefe de Alta Complejidad de la zona Oriente, Carlos Gajardo, evaluaban las medidas cautelares a solicitar contra Délano y Lavín. Tras concurrir ayer al Congreso, Chahuán aseguró que “hay algunas decisiones tomadas, otras que se deben tomar con el equipo de fiscales”.

Una de las principales dudas en torno a la situación de los empresarios era el real aporte que realizaron a la investigación y que podría calificarse como “colaboración sustancial” para aclarar los hechos. La discrepancia en el caso de los dueños del holding surge debido a que si bien declararon y detallaron los presuntos aportes irregulares a campañas políticas, no entregaron en ese interrogatorio información sobre los millonarios contratos de forward que abrió una nueva arista contra el grupo Cruzat.

Marcos Castro, ex gerente de Penta, fue quien reveló estas operaciones ficticias a la fiscalía.

En la misma instancia de hoy serán formalizados cinco altos ejecutivos de la empresa, entre ellos el testigo clave de la fiscalía, Hugo Bravo, y el ex senador UDI Carlos Bombal. En sus casos, el CDE solicitaría también la prisión preventiva.

La entrada Fiscalía solicitará arresto preventivo contra Pablo Wagner se publicó primero en Mch.

[Ministerio Público amplía cargos contra Wagner y le imputará delitos tributarios]

Siete días más tarde, el 22 de enero, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, envió un oficio al jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Carlos Gajardo, en el cual remitía un informe de 31 páginas.

Alertas detectadas

Entre las señales de alerta que reporta la UAF está la cuenta corriente de Wagner, donde se puede comprobar que, si bien la mayor parte de los abonos se justifican con el pago de remuneraciones, transaccionalmente entre los años 2010 y 2011, «recibió dos depósitos con cheque por $6 millones de Inversiones Penta II Ltda. y depósitos en efectivo por más de $43 millones, enterados en montos individuales de $3 millones cada uno, y cuyos depositantes son Gerardo Tapia G. y el reportado». Adicionalmente se confirmó que el número de teléfono ingresado en las papeletas de depósitos en efectivo coinciden con el de empresas Penta S.A. registrado en la SVS».

En el documento, se consigna que Wagner «ordenó desde el Banco Penta dos transferencias electrónicas por más de $20 millones, señalando en los mensajes swift que corresponden a: ‘especificación de gastos’, lo cual no permite esclarecer el sentido concreto de estos movimientos y el origen de dichos fondos».

La UAF destaca la participación de la cónyuge del ex subsecretario, Irene de la Cerda, como «la principal beneficiaria». La entidad sostiene que «ésta facilitó el flujo de dineros en la cuenta corriente» de Wagner, a través del depósito de cheques endosados por parte de Inversiones Penta III Ltda. (M$6000) y como beneficiaria de cheques por más de $40 millones, entre 2010 y 2011″.

Fue el Banco de Chile el que, el 3 de noviembre de 2014, informó a la UAF un reporte de «operaciones sospechosas» de Wagner, tras recibir oficio de fiscalía.

Cargos

El 4 de marzo Pablo Wagner será formalizado por cohecho, lavado de activos y delitos tributarios. Caso Fraude al FUT: Cinco años de libertad vigilada para tres contadores

A cinco años de libertad vigilada fueron condenados tres contadores por delito tributario y soborno, tras acreditarse su participación en el fraude de $2.700 millones que afectó al Servicio de Impuestos Internos (SII) y que dio origen al caso Penta. En su resolución, además, el 8° Juzgado de Garantía de Santiago ordenó el pago de $503 millones, correspondiente a la suma del monto total defraudado. En el desglose, tocará a Francisco Civit devolver $149 millones, a Hernán Díaz $77 millones y a Horacio Mayquel $277 millones.

Mientras dure el tiempo de su sentencia, la libertad vigilada de los contadores estará bajo la supervisión de Gendarmería de Chile.

Estas salidas alternativas se suman a la que accedió el también contador Orlando Carvajal. Ahora, solo los ex funcionarios del SII Iván Álvarez y Mitzi Carrasco, y los contadores Juan Carlos Prieto y Sergio Díaz, enfrentarán un juicio oral.

La preparación de este, en tanto, quedó suspendida, luego que el tribunal accediera a una petición de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, a cargo de esta causa, ya que dos de sus miembros -los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena- participan también en la investigación encabezada por el fiscal nacional Sabas Chahuán que involucra a los dueños del grupo Penta, entre otros, cuya formalización se realizará el próximo miércoles. La preparación se retomará el 9 de marzo.

La entrada Unidad de Análisis Financiero reporta «operaciones sospechosas» de Pablo Wagner se publicó primero en Mch.