Así lo concluye el estudio «Royalty 2.0: entendiendo y analizando el nuevo royalty en Chile«, elaborado por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), que examina la recaudación, distribución y ejecución de los recursos durante los primeros años de funcionamiento del nuevo régimen.

El análisis se conoce en momentos en que el royalty vuelve al centro del debate público, luego de que el Gobierno completara en julio la tercera transferencia municipal de 2026. De acuerdo con la Subdere, con este último desembolso, los recursos entregados durante el año alcanzaron $169.901 millones, un 75% de los fondos a distribuir directamente en las comunas, y beneficiaron a 309 comunas, en medio de la discusión generada por la entrada y salida de municipios de la nómina de comunas mineras.

El nuevo royalty comenzó a regir en enero de 2024 y estableció una carga tributaria para las grandes empresas mineras, junto con tres mecanismos para distribuir parte de la recaudación en los territorios: el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo (FRPD), destinado a los gobiernos regionales; el Fondo de Equidad Territorial (FET), orientado principalmente a comunas con mayor dependencia de los ingresos municipales comunes; y el Fondo para Comunas Mineras (FCMI), creado para compensar a las zonas directamente vinculadas con la actividad extractiva.

En conjunto, estos tres fondos sumaron aproximadamente $454 mil millones en 2026. La cifra equivale a cerca de 28% de los montos recaudados durante el mismo año.

Al respecto, Cristián Cifuentes, líder senior de Estudios y Contenidos de Cesco, sostuvo que “el royalty ha significado una fuente relevante de nuevos recursos para las regiones y comunas. Sin embargo, el balance también muestra que poco más de una cuarta parte de lo recaudado tiene una distribución territorial claramente identificable a través de los fondos creados por la ley. La discusión que viene debe abordar cómo fortalecemos ese componente y cómo vinculamos una mayor proporción de estos ingresos con capacidades permanentes para los territorios y para el desarrollo de la propia minería”.

El documento precisa que la ley establece que los montos de estos fondos son definidos en unidades tributarias, lo que se traduce en cierta estabilidad, porque las transferencias no disminuyen automáticamente si cae la recaudación, pero al mismo tiempo significa que tampoco aumentan en igual proporción cuando los ingresos del royalty crecen.

Como resultado, cerca de 72% de lo recaudado en 2025 quedó fuera de los tres fondos territoriales e ingresó a rentas generales de la nación, desde donde puede financiar distintas prioridades públicas a través de la Ley de Presupuestos.

El estudio aclara que esto no significa que los recursos dejen de utilizarse. El problema es que, una vez incorporados a rentas generales, ya no es posible distinguir con facilidad qué programas, inversiones o políticas públicas fueron financiados específicamente con los ingresos del royalty.

En este contexto, Sebastián Díaz, analista de Estudios y Contenidos de Cesco y autor del informe, explicó que “el punto no es que esos recursos desaparezcan o no financien gasto público. Lo que ocurre es que se pierde la posibilidad de seguirlos de manera diferenciada. Una mayor trazabilidad permitiría saber con claridad qué se está financiando con la renta minera y evaluar si esos recursos están generando nuevas capacidades, inversión y desarrollo de largo plazo”.

Frente a esta brecha, Cesco propone avanzar hacia destinos permanentes, definidos y transparentes para una mayor proporción de la recaudación. Entre sus recomendaciones plantea destinar 10% a investigación, desarrollo e innovación minera, lo que habría representado más de $160 mil millones en 2025. También propone evaluar instrumentos para financiar exploración, información geocientífica pública, proveedores locales e infraestructura habilitante en las regiones mineras.

Una recaudación creciente, pero altamente concentrada

El estudio también muestra que el aumento de la recaudación no se distribuyó de manera uniforme entre las empresas. Tres faenas explicaron cerca de 91% de los ingresos en 2024 y aproximadamente 95% en 2025. Minera Escondida fue el principal contribuyente y elevó su aporte en casi 50%, compensando la disminución registrada en otras operaciones.

Para Cesco, esta alta concentración hace necesario contar con una plataforma pública que reúna la información sobre la recaudación por empresa y por componente tributario. Esto permitiría conocer de manera sencilla cuánto aporta cada operación, seguir la evolución de los ingresos y transparentar también los pagos realizados por la mediana minería y por productores de minerales distintos del cobre.

El análisis, elaborado a partir de la Ley de Royalty, las leyes de Presupuestos entre 2024 y 2026, los estados financieros de las empresas contribuyentes y los reportes municipales de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), también identifica una tensión en la forma en que se distribuyen los fondos.

Aunque fueron creados para fortalecer la descentralización y compensar a los territorios, los criterios utilizados no responden exclusivamente a la presencia de actividad minera. También consideran factores como población, vulnerabilidad y dependencia del Fondo Común Municipal.

Por esta razón, el documento reveló que la Región Metropolitana recibió en 2026 la mayor proporción conjunta de los tres fondos, con 15% del total, seguida por Valparaíso. No obstante, cuando se compara el aporte del royalty con el tamaño de los presupuestos municipales, su efecto es considerablemente mayor en las regiones mineras. En Atacama, por ejemplo, estos recursos equivalieron a 9,37% del presupuesto consolidado de sus municipios.

Según dieron a conocer los expertos, el Fondo para Comunas Mineras busca compensar de manera más directa a las zonas productoras, pero representa la menor proporción de los tres fondos. Además, como la nómina de beneficiarios se actualiza anualmente, la entrada o salida de una comuna puede generar variaciones significativas en sus ingresos.

Ese fue el caso de Pozo Almonte, que salió de la nómina en 2026. La decisión significó una disminución cercana a $770 millones y la pérdida de más de 60% de los recursos que recibía a través de los fondos del royalty.

Para evitar cambios tan abruptos, Cesco recomienda revisar la definición de comuna minera cada tres o cuatro años y crear un mecanismo complementario que permita incorporar nuevos territorios sin reducir automáticamente los recursos asignados a otros municipios.

El desafío de convertir los recursos en proyectos concretos

El estudio constató que todos los municipios reportaron haber recibido los fondos correspondientes a 2024 y 2025. También se observaron avances en su incorporación a los presupuestos locales: la asignación alcanzó 96% en 2024 y 92% en 2025.

La principal brecha aparece al momento de ejecutar esos recursos. Al 9 de julio de 2026, los municipios habían utilizado 66,44% de los fondos correspondientes a 2025 que ya contaban con asignación presupuestaria. En términos simples, cerca de un tercio de esos recursos todavía no se había traducido en gasto efectivo.

Las iniciativas de inversión —entre ellas obras civiles, consultorías y adquisición de equipamiento— concentraron la mayor parte del gasto informado. Sin embargo, el nivel de detalle entregado varía considerablemente entre municipios, lo que dificulta determinar qué proyectos se financiaron, cuál es su estado de avance y qué impacto están generando en las comunidades.

En este escenario, Cesco propone extender el seguimiento de los recursos durante dos o tres años, considerando que numerosas obras requieren más de un ejercicio presupuestario para completarse. Esto permitiría diferenciar entre retrasos propios de proyectos de mediano plazo y dificultades relacionadas con la capacidad técnica o administrativa de los municipios.

“Chile dio un paso importante al asegurar nuevos recursos para los territorios. La siguiente etapa debe ser más ambiciosa: aumentar la trazabilidad, fortalecer el componente territorial y convertir la renta minera en inversión, innovación y capacidades que permanezcan más allá de cada ciclo de precios”, concluyó Cifuentes.

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El resultado general de la fiscalización a los gobiernos regionales fue un promedio nacional de 92,27%, alcanzando así el nivel de cumplimiento más alto registrado desde la fiscalización de 2015. El puntaje representa un avance de 16,2 puntos respecto de 2025.

En el detalle, el Gobierno Regional del Biobío fue el único organismo que obtuvo el 100% de cumplimiento. A su vez, otros doce GOREs presentaron promedios superiores al 90%. Dentro de ellos, destaca el caso de La Araucanía, que registró la mayor recuperación del país, al pasar de 43,9% a 95% en solo un año. En una zona media, dos gobiernos regionales obtuvieron más de 80%; y, en el otro extremo, el Gobierno Regional de Los Ríos quedó como el peor evaluado, con 56,72% de cumplimiento.

A pesar del buen resultado agregado, la pesquisa revela que persisten ciertas brechas de acceso a información pública. Sobre todo, respecto del aquellas materias relacionadas con el uso de recursos públicos. En específico, las peores evaluadas fueron “modificaciones presupuestarias” con 56,8% y “contrataciones formalizadas por órdenes de compra” con 75%. Le siguieron, “mecanismos de participación ciudadana en ejecución” que presentó un 80%, y “actos y resoluciones con efectos sobre terceros” con 81,1%.

Asimismo, el informe detectó brechas en la información que los gobiernos regionales deben publicar por aplicación de la Ley de Presupuestos y la Instrucción General sobre Transparencia Presupuestaria del CPLT. Efectivamente, 14 de los 16 GOREs no publican información sobre el uso de los recursos del Royalty Minero, correspondiente a los informes sobre el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, recursos destinados a financiar actividades productivas, de desarrollo regional y la promoción de la investigación científica y tecnológica. Solo los Gobiernos Regionales de La Araucanía y Magallanes cumplen actualmente con esta exigencia.

En la misma línea, 9 GOREs no tienen disponible información relativa a sus concursos públicos y proyectos adjudicados, y 10 no publican información remitida por instituciones privadas receptoras de transferencias por un monto superior a 2.000 UTM.

“Vemos un buen resultado general, que da cuenta avances institucionales importantes. Sin embargo, no basta, ya que persisten brechas en información que es de sumo interés público. Las personas tienen derecho a saber cómo se usan los recursos públicos que impactan directamente en su territorio, especialmente cuando se trata de fondos cuantiosos como los que provienen del Royalty Minero, así como los proyectos adjudicados o las transferencias que se realizan a instituciones privadas”, expresó la presidenta del CPLT, Natalia González.

Respecto de la metodología de la fiscalización, esta combinó revisión automatizada de datos desde el Portal de Transparencia del Estado con verificación manual de los sitios institucionales de cada GORE.

Revise el informe nacional del CPLT. 

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La actividad, que cada año congrega a instituciones, empresas y expertos vinculados al uso de Sistemas de Información Geográfica (GIS), tuvo como punto central la Sesión Plenaria, instancia en la que se entregaron los galardones en las categorías Usuario Distinguido, Usuario Trayectoria Geoespacial y Partner del Año. 

En esta versión, Sernageomin fue reconocido por su implementación de las soluciones Esri, que han permitido fortalecer la gestión de información geológica, mejorar la visualización territorial y apoyar la toma de decisiones estratégicas. 

“Nos sentimos muy orgullosos de este reconocimiento, que refleja el esfuerzo de nuestros equipos por incorporar nuevas tecnologías al servicio del país”, expresó Andrés León, director nacional (s) de Sernageomin. 

Gestión del conocimiento

Entre las iniciativas destacadas de Sernageomin estuvo la Plataforma de Relaves y el Storymap del Acceso al Fondo de Comunas Mineras de Royalty.

“Este reconocimiento refleja el compromiso permanente de Sernageomin con la modernización tecnológica y su liderazgo en la aplicación de herramientas digitales orientadas al conocimiento del territorio, la investigación científica y la gestión de riesgos naturales”, puntualizó Hugo Neira, jefe del Subdepartamento de Analítica Territorial. 

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Los ingresos ordinarios asociados a ventas sumaron US$7.349 millones, lo que representó un aumento de un 32% en comparación al mismo periodo del año 2024.

Los costos (excluidos costos financieros netos) fueron de US$2.830 millones, un 5% más que en el mismo periodo del año 2024. Esto principalmente debido a inflación y mayor producción.

El resultado por actividades de la operación fue un ingreso de US$4.519 millones, lo que representó un aumento de 56%, debido principalmente al mayor precio del cobre y a una mayor cantidad vendida.

Entre enero y junio del presente año Minera Escondida contabilizó impuestos a la renta y royalty a la minería (componente sobre el margen minero) por un total de US$1.782 millones, un 59% más que en similar período del año 2024. Este aumento se explica principalmente por el aumento de los resultados operacionales de la compañía.

Desde la minera destacaron que el componente “Ad Valorem” del Royalty a la Minería por US$66 millones está registrado como parte de los costos operacionales de la compañía. A ello se añade el pago de US$153 millones en impuestos por distribución de dividendos. La ganancia neta del periodo, en consecuencia, fue de US$2.644 millones, un 59% superior al obtenida en igual período de 2024.

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En esta entrevista, Riesco no sólo expone su intención de continuar en el cargo en la reelección prevista para agosto de 2025, sino que además entrega un balance del escenario nacional de la minería, repasando los últimos avances de la Sonami, y compartiendo su visión sobre el royalty minero y las condiciones de inversión que se dan en el sector por factores país.

¿Cuáles han sido los principales retos que ha debido enfrentar en este tiempo al frente del gremio?

El primer reto fue nuestro propio programa, porque pusimos metas bastante altas. Sonami tiene un peso importante en la industria, pero nosotros nos propusimos dar un giro hacia la mediana y pequeña minería y revitalizar su funcionamiento interno. Tuvimos que analizar la estructura y las metas que nos habíamos planteado, y creo que lo hemos ido logrando. Fuimos capaces de revitalizar el funcionamiento interno y adecuar algunas estructuras a los cambios que han surgido desde los mismos socios y empresas.

Las comisiones se han adaptado a cambios de temática y funcionamiento, logrando actualizar su composición. Un ejemplo es la Comisión de Asuntos Legislativos, donde hemos plasmado una nueva forma de analizar temas desde el punto de vista legal.

Otro hito importante fue la creación del Centro de Estudios de la Minería de Sonami (CEMS), que significó una nueva forma de abordar los estudios, bajo la dirección de una gerencia de proyectos y con profesionales jóvenes de diversas disciplinas, incluido un economista.

¿Cómo evalúa el clima actual para la minería? ¿De qué dependen señales de mayor estabilidad?, considerando también factores de incertidumbre a nivel global

El problema con el clima actual es que está encrespado, con mucha discusión, y no hay tiempo para conversar y lograr consensos necesarios para dar estabilidad al sector minero. Nuestra minería es heterogénea y requiere visiones distintas para tomar medidas concretas, pero antes necesitamos que la legislación y el ordenamiento retomen un nivel de aplicación uniforme y coherente, algo que creemos no ha ocurrido en los últimos años debido a una vorágine legislativa que ha desafiado la normativa existente. Esto genera sensación de inestabilidad, falta de certeza y continuidad.

Esa falta de consenso y estabilidad es muy negativa para la minería, que es una actividad de largo plazo y requiere tiempo para madurar inversiones y proyectos. Esa es la principal dificultad.

¿Qué percepción tiene acerca del actuar del Estado en relación a la minería nacional? ¿siente que se ha abierto a darle mayor espacio a la relevancia del sector por su contribución?

Si hablamos del Estado como su conjunto, todos los poderes del Estado trabajando juntos, yo creo que estamos lejos todavía de dar la estabilidad que nosotros requerimos para funcionar en el largo plazo.

Después de finalizar el proceso constitucional, han existido una serie de controversias en torno a la tramitación ambiental de tantos proyectos. Ahora último hubo una controversia de competencia entre Tribunales Ambientales y el Comité de ministros que depende del Ejecutivo, con un Poder Legislativo que todavía no se puede poner de acuerdo rápidamente en cuáles son las condiciones legislativas para poder zanjar un proceso de evaluación ambiental razonable, es decir, sólo en ese plano ya estamos muy al debe.

El Estado en la medida que garantice una buena institucionalidad, que funcione, puede generar una condición favorable para que se realicen inversiones, proyectos y se desarrolle la actividad empresarial. Si eso no es así, abrimos la puerta a una inseguridad y a una inestabilidad en las reglas del juego que nunca es buena.

¿Qué avance se puede visualizar?

El gobierno, con su poder como colegislador y la iniciativa exclusiva en varias materias, ha avanzado en una línea que no esperábamos, principalmente con el proyecto impulsado por el Ministerio de Economía. Sin embargo, las autoridades de medio ambiente mantienen una posición más dubitativa.

Recientemente, el Consejo de Ministros aprobó una modificación al reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental con facilidades para la continuidad operacional de algunos proyectos, lo que valoramos positivamente. Dado que hay una indicación aprobada en el proyecto de institucionalidad ambiental en trámite, deberíamos aprovechar para reforzar esto legislativamente.

Por otro lado, extrañamos otras medidas, como la elevación del umbral aplicado a la pequeña minería, que parece no estar aprobada aún. Sería una lástima perder la oportunidad de introducir ese cambio.

Ya ha pasado casi un año desde la aprobación de la nueva Ley de Royalty. ¿Qué efectos concretos ha visto hasta ahora en el sector?

Superado el tema de la tramitación, de las condiciones específicas, que van a impactar de manera distinta a distintas empresas, el sector se ha ido decantando más hacia valorar lo que ha sido el destino que los recursos recaudados por el Royalty puedan tener para financiar proyectos o planes a nivel regional y a nivel comunal. Ha habido ahí una valoración de lo que significa que los recursos generados por la minería dentro de una determinada región queden en parte en esa misma zona, porque se produce un reconocimiento también en la gente que es más patente, respecto a cuál es la importancia de la minería en la generación de recursos.

Pero eso plantea un desafío también, y es que esos recursos se usen de una manera conveniente en inversiones que den buenos resultados, y ojalá que permitan sostener en el largo plazo la misma actividad que van produciendo los recursos. O que sirvan para, de alguna manera, mejorar las condiciones en que se desarrollan actividades que son de las regiones, especialmente la pequeña minería.

Continúe leyendo la entrevista a Jorge Riesco, presidente de Sonami, en ESTE LINK.

La entrada Jorge Riesco: “Interés hay. Seguir al frente del gremio es una motivación, no un reconocimiento” se publicó primero en Mch.

La cifra es un 15,7% superior a la del mismo período del año 2024, cuando la producción fue de 288,2 mil toneladas, principalmente debido a un aumento esperado en la ley del mineral y mayor cantidad de mineral alimentado a las plantas concentradoras.

Los ingresos ordinarios asociados a ventas sumaron US$3.827 millones, lo que representó un aumento de un 73% en comparación al mismo periodo del año 2024.

Los costos (excluidos costos financieros netos) fueron de US$1.461 millones, un 23,6% más que en el mismo periodo del año 2024. Esto debido principalmente debido a inflación y mayor producción.

El resultado por actividades de la operación fue un ingreso de US$2.366 millones, lo que representó un aumento de 128,7%, debido principalmente al mayor precio del cobre y a una mayor cantidad vendida.

Entre enero y marzo del presente año, Escondida contabilizó impuestos a la renta y Royalty a la Minería (componente sobre el margen minero) por un total de US$923 millones, un 166% más que en similar período del año 2024. Este aumento se explica principalmente por el aumento de los resultados operacionales de la compañía.

Cabe destacar que el componente “Ad Valorem” del Royalty a la Minería por US$32 millones está registrado como parte de los costos operacionales de la compañía. A ello se añade el pago de US$77 millones en impuestos por distribución de dividendos.

La ganancia neta del periodo, en consecuencia, fue de US$1.382 millones, un 122,6% superior al obtenida en igual período de 2024.

Resumen de resultados enero-marzo 2025

Producción de cobre fino: 333,6 mil toneladas 

Ganancias operacionales: US$2.366 millones

Impuestos contabilizados: US$923 millones

Impuestos por distribución de dividendos: US$ 77 millones.

Total ganancias: US$1.382 millones

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El resultado responde, principalmente, a un alza liderada por los impuestos asociados a la actividad minera, que crecen 288,5% nominal (MM$1.539.195), explicando el 45% del total. Este fuerte incremento se explica por la introducción del nuevo Royalty Minero (Ley 21.591), que entró en vigor en enero 2024 y que, para el ejercicio tributario 2025, generó un monto de MM$1.914.222.

El Impuesto de Primera Categoría explicó la mayor parte del incremento nominal evidenciado el año tributario 2025, creciendo un 15,6% (MM$1.858.492), lo que representa un 54,3% del incremento total.

Por su parte, el Impuesto Adicional también muestra un resultado positivo, con un aumento de 76,9% (MM$286.058).

El Impuesto Adicional a las Empresas del Estado disminuyó en un 52,6% (-MM$332.471).

Desde el SII comunicaron que en el ejercicio comercial 2024, la declaración de los impuestos a la renta personales se incrementó en 5,9% nominal, alcanzando los $6,8 billones.

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Según explicaron las autoridades, Atacama recibirá $13.538 millones.  Las nueve comunas de la región recibirán fondos: 8 comunas por Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial (FET), Copiapó queda excluido de este fondo. Y 8 comunas recibirán por Fondo de Comuna Minera (FCMI), quedando excluida Alto del Carmen.

Durante 2024, las municipalidades de Atacama recibieron más de $6 mil millones, mientras que 2025 ese monto superará los $13.500 millones, ante lo cual el delegado presidencial regional, Rodrigo Illanes, destacó que “nos reunimos con los alcaldes y alcaldesa de seis municipios, de los nueve que conglomeran la Región de Atacama, para informarles sobre los recursos que serán entregados a cada municipio. Para la región son más de $13.500 millones, de libre disposición y ejecución, que le va a otorgar más desarrollo y dignidad a los territorios”.

Por parte de minería, el seremi Juan Carlos Peña explicó el origen de estos fondos: “Es un nuevo impuesto a las empresas de la gran minería que basa su recaudación en las externalidades que genera la actividad minera en los territorios con foco en la descentralización y en la solidaridad con las demás comunas del país, y sobre todo para nuestra región, una región minera por excelencia”.

Tierra Amarilla se convirtió en la comuna cuyo presupuesto aumentó más en comparación a los ingresos propios, con un aumento del 24%. Al respecto, su alcalde Cristóbal Zúñiga manifestó que “somos de las comunas de la región de Atacama, que más recibe. Son alrededor de $2.500 millones. Esto es un poco de justicia y dignidad, y digo un poco porque es mucha la riqueza que se produce en nuestra comuna, también es importante poder regular los pasivos ambientales y poder integrar a todas las comunas de la región de Atacama”.

En tanto, la alcaldesa de Caldera, Brunilda Gonzalez, resaltó  que esta comuna «recibe más de $1.069 millones de pesos. Sin embargo, yo quisiera poner el énfasis en la importancia que tiene y que el gobierno del Presidente Gabriel Boric, después de innumerables negociaciones con el parlamento, logró sacar una ley esperada y ansiada por todos los municipios del norte de Chile. Estamos hablando que esta es una lucha que representa más de dos décadas. Lucha que se dio de manera ferviente dirigida por la Asociación de Municipios del Norte de Chile, donde participa la mayoría de los municipios de la Región de Atacama, por lo tanto, nos sentimos representados en esta lucha”.

Mientras que el alcalde de Huasco, Genaro Briceño, afirmó que “también queremos buscar la equidad a través de la segunda y tercera región, especialmente de nuestra región, que los recursos sean los más adecuados, así que vamos a trabajar porque son 10 años de Royalty aquí, y tenemos que ir buscando las modificaciones que permita un mayor ingreso que va a favorecer a nuestra comunidad”.

Finalmente, Juan José Moreno, jefe de la Unidad Regional de la Subdere, concluyó que “queremos relevar esta política del gobierno del Presidente Gabriel Boric como una medida de justicia territorial. Entendemos que parte de la riqueza que se produce en territorio, tiene que quedar en territorio para el bienestar de su gente. Es incomprensible que zonas que producen gran cantidad de riqueza tengan también grandes vulnerabilidades. Queremos mencionar, por ejemplo, esta medida que incorpora más de 13.000 millones de pesos en todas las comunas de la región a través de dos modalidades, el Fondo de Equidad Territorial y el Fondo de Comunas Mineras, al menos cuatro comunas de la región, Chañaral, Diego de Almagro, Tierra Amarilla y Huasco aumentan en más de un 20% su presupuesto municipal, este es un aumento histórico”

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Durante el año pasado, Collahuasi reconoció impuestos por US$970 millones, cifra que incluye US$383 millones por concepto del royalty minero calculado sobre la renta imponible operacional. Adicionalmente, la compañía reportó US$44 millones correspondiente al componente ad valorem calculado sobre las ventas, totalizando aportes al fisco por US$1.014 millones en impuestos y royalty durante 2024.

Así, los US$427 millones reportados bajo el nuevo esquema de royalty, se comparan positivamente con los US$202,6 millones de Impuesto Específico a la Minería reconocidos durante 2023, lo que representa un aumento de 111%, debido a la entrada en vigor de la nueva Ley de Royalty a la Minería en enero de 2024, la cual permite una mayor recaudación para el fisco en periodos de altos precios del cobre.

La utilidad neta de la compañía alcanzó los US$1.543 millones, mientras que los ingresos por ventas de concentrado de cobre y subproductos totalizaron US$4.819 millones. Este resultado se vio apalancado por un precio promedio del cobre de US$4,15 por libra, un 8% superior al promedio de 2023, y una producción de 558.611 toneladas de cobre fino, levemente inferior a la registrada el año anterior, y en línea con el plan minero contemplado para este periodo. La empresa resaltó que, continuando con el estricto control de los costos operacionales, registró un Ebitda de US$3.146,5 millones, mientras que el margen Ebitda alcanzó un 68%.

Relevante contribución

“Si bien 2024 fue un año desafiante, logramos resultados en línea con el periodo anterior, destacando el aumento en nuestra contribución fiscal. En Chile, se paga alrededor del 27% de impuesto corporativo, y nosotros, sumando el royalty, estamos pagando cerca del 40% como empresa”, afirmó el presidente ejecutivo de Collahuasi, Jorge Gómez.

“El nuevo royalty ha permitido aumentar la entrega de recursos a más de 300 comunas, lo que ha sido una oportunidad para que los chilenos reconozcan nuestra actividad y la importancia que tiene para el país. Esperamos que estos recursos estén generando mayor prosperidad y desarrollo económico y social”, añadió.

En cuanto a eficiencia, la productividad alcanzó las 112,4 toneladas de cobre fino por trabajador, y la planta de procesamiento logró un récord de tratamiento de 60 millones de toneladas durante el año. Esto fue posible, en parte, gracias a la entrada en operación del quinto molino, que compensó parcialmente la menor disponibilidad hídrica y la baja en la calidad del mineral.

Por último, el proyecto C20+, que contempla la construcción de una planta desaladora, un sistema eléctrico y de impulsión, avanzó según lo previsto, alcanzando un 86,6% de progreso en su ejecución.

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En la oportunidad, Santiago Montt, fundador y actual presidente de Montt Group, fue el encargado de moderar la sesión junto a Melania López – Videla, directora comercial de la consultora internacional.

En materia tributaria, Norma López, representante de Argentina explicó que “la Ley RIGI pretende dar incentivos a las empresas, seguridad jurídica. Esta Ley calificó algunas industrias como prioritarios, en las que destaca la minería”.

A su vez, respecto a los proveedores, Paula Chincha, abogada de Perú, mencionó que “no hay una norma específica que obligue a contratar proveedores de empresas locales. En nuestro país, los contratistas mineros son quienes realizan la exploración y explotación, y ellos deben inscribirse en el registro de contratistas mineros”.

Además, Chincha mencionó que “uno de los requisitos es que la empresa debe estar constituida en Perú, además de tener un capital social equivalente a 146 mil dólares”.

En el caso de Argentina, María Belén Hocevar, abogada, enfatizó que “en San Juan, los proveedores locales son considerados antes que otras empresas. Sin embargo, a nivel nacional, no existe esta misma normativa. Es algo local”.

Por parte de Ecuador, Esteban Morales dijo que “no existe obligación para proveedores locales. De todas maneras, existe gran intención de las empresas para estar en territorio minero y así ayudar a las comunidades”.

Finalmente, María de Los Ángeles Nahid, abogada de Bolivia sostuvo que “existe una ley de compra para entidades públicas. Están obligadas a dar prioridad a productos nacionales”.

Chile

En el caso de Chile, Máximo Sotomayor abordó cómo ha sido el proceso de implementación de la Ley de Royalty, haciendo hincapié en que “la tributación Royalty ya quedó regulada”.

En tanto, la abogada Karina Guggiana hizo énfasis en el tratado binacional entre Chile y Argentina: “Se establece un marco legal para explotación en conjunto de zonas fronterizas. En ese sentido, el significado político-económico es lo más importante. Se busca generar un marco jurídico”.

Durante la sesión, otros temas abordados tuvieron relación con el Régimen legal de la propiedad minera; Exigencias Medioambientales para la exploración y Explotación; Régimen de Consulta y aprobación a comunidades; y la Obtención de derechos de Agua, entre otros tópicos.

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