En ese contexto, se evaluó el nivel de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos correspondientes al Fondo de Comunas Mineras y Fondo de Equidad Territorial (denominados “Fondos Puente”), de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable y especialmente en la Ley N°21.591, que es la que establece este impuesto específico que se aplica a las grandes empresas explotadoras mineras, así como el deber de las municipalidades de informar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) sobre el uso de estos recursos.

Asimismo, la Ley de Presupuestos 2024 estableció la obligación de publicar en sus sitios de transparencia activa cómo se gestionaron esos recursos, lo que no se mantuvo en la Ley de Presupuestos 2025, dificultando así la posibilidad de controlar la inversión de estos recursos.

La metodología empleada por el CPLT para el período 2024 fue la revisión de los portales de transparencia activa de todas las municipalidades, así como la realización de solicitudes de acceso a la información a la Subdere y a una muestra que consideró los 20 municipios con mayor incremento proporcional en sus presupuestos como consecuencia de la recepción de estos fondos.

Desde el Consejo para la Transparencia sostuvieron que para el período 2025, en que la publicación de transparencia activa dejó de ser obligatoria para las municipalidades, se revisaron los sitios de transparencia activa de este grupo de 20 municipios para ver si realizaban publicaciones voluntarias de la rendición de estos fondos.

Dentro de los principales hallazgos de la investigación para el período 2024, se pudo constatar que un 61% de las municipalidades beneficiarias de los Fondos Puente (187) no cumplió plenamente con la obligación de publicar en sus sitios de transparencia activa los reportes sobre el uso de estos recursos en el ítem “Información Presupuestaria”, sub ítem “Informe fondos transitorios Royalty a la Minería. Ley de Presupuestos 2024”.

Al respecto, cabe destacar que las comunas beneficiarias fueron 307, entre las que se distribuyó $93.645 millones, los cuales son de libre disposición para los propósitos que cumplen las municipalidades, con la limitación de que no pueden utilizarse para el pago de deudas.

En relación con los tipos de incumplimiento de los 187 municipios con infracciones, estos fueron no habilitar el sub ítem específico de Royalty, no publicar los reportes de rendición de fondos, subir información incompleta o publicar los reportes en un sub ítem distinto al que establece la normativa.

En relación de las 38 comunas que no recibieron Fondos Puente, pero igualmente debían informar en sus portales que no eran beneficiarias, un 24% no cumplió con esta obligación.

Ejecución de recursos 

En cuanto a la ejecución de los recursos en 2024, pudo extraerse de la información enviada por las municipalidades a la Subdere, que la totalidad de los municipios beneficiarios de los Fondos Puente imputaron los dineros a algún ítem presupuestario, de los que un 97% reporta haber hecho algún gasto con cargo a estos.

El análisis reveló además que, un 37% de los fondos se destinó a iniciativas de inversión, un 23% a bienes y servicios de consumo, un 18% a transferencias corrientes, un 12% a adquisición de activos no financieros y un 8% a gastos en personal. Entre los 5 mayores receptores se cuentan Puente Alto, Calama, Maipú, Copiapó y La Pintana.

Por su parte, entre los cinco mayores gastos reportados se evidencia una amplia diversidad de usos. El gasto más alto reportado corresponde a una transferencia de la Municipalidad de Maipú a su Corporación Municipal de Educación (Codeduc) por $1.670 millones. Lo sigue la Municipalidad de La Pintana en recarpeteo de calles por $1.332 millones, La Granja en aseo domiciliario por $732 millones, Cerro Navia en pago de sueldos por $628 millones y San Ramón en aseo de calles y mantención de jardines por $514 millones.

En cuanto al detalle de la ejecución misma de los recursos, también se reporta una gran variedad de usos para este período, detectándose transferencias a corporaciones municipales de salud, educación y deporte, así como ayudas sociales a personas naturales y organizaciones comunitarias. También celebraciones comunales, producción de eventos, compra de vehículos municipales como ambulancias, buses y camiones aljibe y adquisición de mobiliario y equipos computacionales, entre otros.

En relación con este mismo periodo (2024), de 21 solicitudes de información enviadas a la muestra de 20 municipios, un 71% respondió en plazo, un 14% fuera de plazo y un 14% derechamente no respondió.

En cuanto al período 2025, la revisión de los portales de transparencia activa de la muestra de 20 municipios arrojó que sólo el 20% reporta voluntariamente algún tipo de información sobre la ejecución de los recursos, con formatos dispares entre sí.

Sobre estos hallazgos, la presidenta del CPLT, Natalia González, advirtió que “la normativa es clara al establecer que los recursos provenientes del royalty minero que se distribuyen a las municipalidades deben gastarse en promover la inversión, el desarrollo y mejorar la calidad de vida de las comunidades. Asimismo, se trata de cuantiosas sumas de dineros públicos. Por ello, conocer cómo se gastan es una materia de alto interés público, que los ciudadanos tienen derecho a conocer. Los resultados de nuestra fiscalización evidencian que los gobiernos locales aún tienen una brecha importante en transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de estos recursos. El compromiso de nuestra corporación es acortar esta brecha con todas las herramientas que la ley nos otorga”.

La entrada Consejo para la Transparencia revela que más del 60% de los municipios beneficiados con el royalty minero no publica sus gastos se publicó primero en Mch.

La norma surge a partir de la vigencia, el 1 de enero de 2024, de la Ley 21.591, sobre Royalty a la Minería. Una de sus innovaciones fue la creación de tres fondos: el Regional para la Productividad y el Desarrollo de Comunas Mineras; de Apoyo para la Equidad Territorial y Puente, que va en apoyo directo de las regiones.

Desde ellos se espera financiar proyectos de investigación científica y tecnológica, así como de fomento al desarrollo de actividades productivas. Cabe recordar que en noviembre se aprobó una iniciativa similar que estableció la obligación de cuenta pública a los alcaldes, por este mismo concepto.

La presente propuesta corresponde a una moción del diputado Matías Ramírez (PC)y la firman también María Candelaria Acevedo (PC), Nathalie Castillo (PC), Cosme Mellado (PR), Jaime Mulet (FRVS), Camila Musante (IND), Rubén Darío Oyarzo (IND), Lorena Pizarro (PC) y Catalina Pérez (FA).

Beneficio de Royalty Minero

En sus fundamentos, el proyecto consigna que es de gran relevancia que la destinación y ejecución de estos fondos sea transparente. Especialmente, añade la iniciativa, cuando la ciudadanía ha sido testigo de los problemas que surgieron tras la entrega de fondos públicos a entidades privadas de forma discrecional.

Asimismo, la entrega de una parte de estos recursos obtenidos implica una nueva responsabilidad para los gobiernos regionales. Por ello, se vuelve indispensable fomentar medidas destinadas a velar por la transparencia y el correcto uso de los fondos.

En la discusión intervinieron el diputado Matías Ramírez, quien también entregó el informe del proyecto. Además las diputadas Marta Bravo (UDI), Viviana Delgado (IND), Joanna Pérez (DEM) y Carolita Tello (FA).

En las presentaciones revelaron el objetivo de esta iniciativa, cuyo fin es dar tranquilidad a la ciudadanía sobre el buen uso de los recursos públicos. A su vez, los diputados recalcaron que la obligación de rendir cuenta pública se debe ver como una forma de fortalecer la gestión realizada.

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Según se recuerda en el texto, el 1 de enero de 2024 comenzó a regir la Ley 21.591, sobre Royalty a la Minería. Una de sus innovaciones fue la creación de tres fondos: el Regional para la Productividad y el Desarrollo de Comunas Mineras; de Apoyo para la Equidad Territorial; y Puente, que va en apoyo directo de las regiones.

Desde ellos se espera financiar proyectos de investigación científica y tecnológica, así como de fomento al desarrollo de actividades productivas.

Tal como se detalla, parte de estos recursos comenzarán a entregarse en 2024 y se ampliarán en 2025. Esto significa un apoyo directo a 307 municipios. En este contexto, se estima necesario dar a su utilización la necesaria transparencia y evitar un mal uso. “La mayor recaudación fiscal que implica el royalty debe ser una oportunidad de crecimiento y no una problemática”, se sentencia en la moción.

En tal plano, el proyecto robustece el contenido de la cuenta pública anual que deben realizar las municipalidades. Así, se incorporan nuevas materias a informar. De ahí que la propuesta obliga a incluir en esta rendición el uso y destinación de los fondos recibidos por la Ley 21.591. Además, se deberá comunicar sobre la ejecución de estos en los proyectos y programas donde se hubiesen destinado.

Debate por cuenta del Royalty

La propuesta se originó en una moción presentada por el diputado Jaime Mulet (FRVS). También la firman Jaime Araya (IND), Danisa Astudillo (PS), Bernardo Berger (IND), Juan Fuenzalida (UDI), Marta González (IND), Javiera Morales (FA), Joanna Pérez (DEM), Rubén Darío Oyarzo (IND) y Carolina Tello (FA).

En el debate expusieron Carolina Tello (FA), Matías Ramírez (PC), Viviana Delgado (IND), Leonidas Romero (IND), Stephan Schubert (IND), Daniel Lilayu (UDI), Héctor Barría (DC), Joanna Pérez (DEM), Nelson Venegas (PS), Camila Musante (IND), Yovana Ahumada (IND), Andrés Celis (RN), Natalia Romero (IND), Emilia Nuyado (PS), José Carlos Meza (PREP), Clara Sagardia (FA), Miguel Ángel Calisto (IND), Sergio Bobadilla (UDI), Johannes Kaiser (IND), Bernardo Berger (RN), Luis Alberto Cuello (PC), Alejandro Bernales (PL), Camila Rojas (FA), Miguel Ángel Becker (RN), Marta Bravo (UDI), Nathalie Castillo (PC), Leonardo Soto (PS), Cristián Tapia (IND), Renzo Trisotti (IND), Ericka Ñanco (FA), Rubén Darío Oyarzo (IND), Ricardo Cifuentes (DC), Jaime Araya (IND), Tomás Hirsch (PAH), Benjamín Moreno (PREP), Catalina Pérez (FA), Diego Schalper (RN), Miguel Mellado (RN) y Jorge Rathgeb (RN).

Entre las opiniones se relevó la importancia de esta iniciativa para dar tranquilidad a la ciudadanía sobre el buen uso de los recursos públicos. Por ello se la llamó a fiscalizar estas cuentas para verificar, no sólo eventuales casos de corrupción, sino también una destinación acorde a los propósitos de la ley.

Igualmente, se recordaron diversos casos de malversación de dineros en municipalidades de todo el país. En este contexto, se estimó pertinente avanzar en transparencia y en control, tanto en el nivel municipal como en el regional.

Algunos lamentaron que sólo se llegue a poco más 300 municipios. Otros, en tanto, estimaron necesario que se definan exigencias similares de transparencia respecto de otros ingresos, como los provenientes del pago de patentes. Asimismo, se pidió destinar profesionales adecuados que levanten proyectos propios. De tal modo, se espera evitar derivar iniciativas a fundaciones.

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En total son 43 comunas de seis regiones las que recibirán $22.891 millones, replicando la estructura del Fondo de Comunas Mineras creado con el Royalty, adelantando desde 2025 a 2024 estos ingresos. Los recursos serán transferidos en abril a los municipios, los que podrán disponer libremente de ellos bajo estrictos estándares de transparencia.

En la presentación a los vecinos, realizada en el Centro Cultural de Machalí, Región de Oâ€Higgins, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que “dado que estos son recursos que se van a recibir desde el año 2024 y luego serán duplicados del 2025 en adelante, permitirá también hacer planes a mediano plazo, no solamente inversiones que se completen en el curso del año. También significa poder complementar recursos del Gobierno Regional con aportes de los municipios o recursos del Gobierno Regional en los municipios, con aportes de los ministerios sectoriales para desarrollar proyectos”.

Además, la autoridad detalló que “los recursos que se van a distribuir a municipios y regiones no son el total de la recaudación. También se comprometió, como parte del acuerdo político para aprobar el Royalty, aportar recursos a inversiones en seguridad ciudadana. Todos sabemos lo importante que es el tema”.

Criterios de elegibilidad

Según manifestaron desde el Gobierno durante la ceremonia, este fondo será destinado a aquellas comunas pertenecientes a regiones mineras donde se ubiquen refinerías, fundiciones, yacimientos y depósitos de relave activo asociado a explotadores mineros sujetos al Impuesto Específico a la Minería durante el año tributario 2023. Además, será destinado a comunas pertenecientes a regiones mineras donde se ubiquen relaves abandonados de carácter prioritario o puertos cuya actividad esté asociada mayoritariamente a la actividad minera. Las comunas elegibles por ser parte de una región minera, de acuerdo a la definición de la Ley de Presupuestos del año 2024, son las que pertenecen a las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Oâ€Higgins.

Para determinar qué zonas recibirán recursos, la mesa de trabajo compuesta por el Ministerio de Hacienda, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y el Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin), sesionó durante cinco meses y estableció que las comunas deben cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos:

•    Poseer yacimientos mineros operados por empresas sujetas al Impuesto Específico a la Minería (IEM) durante el año tributario 2023. Se consideran minas a rajo abierto, minas subterráneas y pozos de extracción, en estado activo, paralizado por medida provisional, o irregular operativo.
•    Poseer refinerías y/o fundiciones operadas por empresas sujetas al IEM el año tributario 2023. Las instalaciones deben estar activas, paralizadas por medida provisional, o irregular operativa.
•    Poseer relaves activos operados por empresas sujetas al IEM el año tributario 2023, incluyendo dentro de esta categoría los relaveductos.
•    Poseer relaves abandonados de carácter prioritario. Para ser considerado prioritario, el relave abandonado debe estar a menos de un kilómetro del centro de una zona urbana (ciudad o pueblo).
•    Poseer puertos cuyas exportaciones mineras representen más del 50% del total de exportaciones.

La Subdere emitirá próximamente una resolución en la que determinará, en base a criterios objetivos establecidos en un Documento Metodológico, la manera en que se distribuirán los casi $23 mil millones asignados, que irán en beneficio directo los más de dos millones y medio de personas que viven en esas zonas.

En línea con lo anterior, se recalcó que es importante recordar que los aportes establecidos en el Fondo Puente a través de la ley de Presupuestos 2024 son adicionales, y en ningún caso reducirán los aportes que se recibirán desde el año 2025.

Los municipios deberán informar trimestralmente al Congreso cómo se están usando los recursos, en un compromiso de transparencia y probidad que también fue relevado por el ministro Marcel: “Esto, demás está decirlo, va a ser mirado con lupa por los medios, por los parlamentarios; y es importante que podamos mostrar buenos proyectos, proyectos en beneficio de la comunidad, proyectos con visión de mediano y largo plazo que resuelvan necesidades inmediatas, pero también las que vienen a futuro. Y de esa manera demostrar que, en contraste quizás con otras comunas más ricas donde hemos visto recientemente ciertos escándalos de fraude, comunas rurales, mineras, de gente de trabajo, son capaces de usar bien estos recursos, dar cuenta de ello a la comunidad y demostrar que haber aprobado el Royalty Minero, haber logrado los acuerdos políticos que necesitamos para hacerlo, fue un paso importante en la descentralización, en el progreso social y en la responsabilidad fiscal”, finalizó Marcel.

En el anuncio también estuvieron presentes el alcalde de Machalí, Juan Carlos Abud; el Delegado Presidencial Regional, Fabio López; el Gobernador Regional, Pablo Silva; el senador Juan Luis Castro; las diputadas Marcela Riquelme, Marta González y el diputado Raúl Soto; además de vecinos y vecinas de la zona.

Comunas beneficiadas

Por región reciben: 
•    En Tarapacá: Iquique, Pozo Almonte y Pica.
•    En Antofagasta: Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda, Taltal, Calama, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Tocopilla, María Elena.
•    En Atacama: Caldera, Chañaral, Copiapó, Diego de Almagro, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla, Vallenar.
•    En Coquimbo: La Serena, Coquimbo, Andacollo, La Higuera, Illapel, Canela, Los Vilos, Salamanca, Combarbalá, Punitaqui.
•    En Valparaíso: Puchuncaví, Los Andes, Calle Larga, Cabildo, Petorca, Nogales, Catemu.
•    En Oâ€Higgins: Rancagua, Coltauco, Doñihue, Machalí, Requínoa, Litueche.

Otros aportes contemplados en el Royalty

La Ley de Royalty a la Minería establece que una parte significativa de la recaudación, equivalente a US$450 millones, va a destinarse en favor de las regiones y municipios del país. Dicha ley establece que los recursos se distribuirán desde el año 2025 entre los siguientes fondos:

•    Fondo para la Productividad y el Desarrollo, de 225 millones de dólares a beneficio de los presupuestos de inversión de los gobiernos regionales. Este Fondo beneficiará a todos los gobiernos regionales, siguiendo los criterios de distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
•    Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, de 170 millones de dólares a beneficio de alrededor de 300 comunas vulnerables, que son las más dependientes al Fondo Común Municipal. Estos recursos llegarán a cerca de 11 millones de personas.
•    Fondo de Comunas Mineras, de 55 millones de dólares para compensar externalidades negativas en municipios que tengan faenas relacionadas directamente con la actividad minera, como yacimientos, relaves, puertos, etc. Este fondo beneficiará a alrededor de 43 comunas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Oâ€Higgins.

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1- Es positivo que se haya aprobado un proyecto semi-consensuado con los diferentes stakeholders y en términos más equitativos que el proyecto original. Sin embargo, consideramos que faltó asegurar una invariabilidad tributaria de largo plazo que dé certeza a los potenciales inversionistas en cuanto a que no habrá nuevas alzas de impuestos en un periodo consistente con los plazos que toma ejecutar, operar y rentabilizar un proyecto minero.

2- Sin perjuicio de compartir la buena idea de distribuir parte de los potenciales nuevos ingresos por royalty en las diferentes comunas del país, coincidimos en que las comunas mineras no serían debidamente compensadas por las externalidades negativas de la actividad minera en sus territorios y tendrán que conformarse con el consabido dicho de “peor es nada”. La mayor proporción de los ingresos esperados del royalty irán al Presupuesto General de la Nación, permitiendo mitigar los menores ingresos de parte de Codelco.

3- En cuanto a competitividad, es esperable un deterioro adicional del atractivo de Chile como país de destino de nuevas inversiones en minería, frente a otros países competidores. En efecto, si con anterioridad al royalty Chile ha tenido una tasa de impuestos a la minería inferior a la de otros países y aún así nuestra producción de cobre se ha mantenido constante durante los últimos diez años, frente a países como Perú que ha duplicado su producción en dicho periodo a pesar de su mayor tasa impositiva, es esperable que ante este nuevo escenario post royalty nuestra competitividad sufra un deterioro adicional, a no ser que corrijamos los factores adversos no tributarios que la han afectado.

4- Junto con la aprobación del royalty, el Gobierno ha comprometido corregir dichos factores adversos, tales como la incerteza jurídica y los largos y discrecionales procesos de aprobación de permisos. Es esperable e imprescindible que el Gobierno cumpla tal compromiso, si no queremos seguir siendo testigos de cómo los flujos de inversión, tan necesarios para las nuevas inversiones en minería, siguen buscando oportunidades en otros países.

5- Finalmente, si la solución considerada apropiada para generar nuevos y necesarios ingresos para nuestro país desde la minería del cobre ha sido el royalty, ¿por qué no podría serlo para el litio?

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En julio y en octubre del año pasado, el Gobierno envió indicaciones a la iniciativa. Las primeras fueron tajantemente rechazadas por los principales actores de la industria, mientras que las últimas recibieron mejores críticas, aunque tampoco logran convencer, ya que la mayor preocupación apunta a la posible baja en la inversión extranjera a la industria chilena.

Para analizar la propuesta gubernamental, y cómo afectaría al sector minero, desde MINERÍA CHILENA conversamos con el abogado Carlos Claussen, magíster en Derecho de Minería y magíster en Derecho Ambiental, socio en Claussen & Velasco Abogados.

El Gobierno estima que el royalty aportaría a las comunas y regiones más vulnerables, que subirían de US$ 420 a US$ 450 millones. Y respecto del aporte al Fondo Común Municipal, la transferencia de recursos se incrementaría desde US$ 90 millones a US$ 140 millones. A su parecer, ¿es viable esta propuesta y cómo afectaría a la gran, mediana y pequeña minería?”

Los ajustes al proyecto del Royalty minero presentados por el Ministerio de Hacienda a la Comisión de Energía y Minería del Senado significan una flexibilización importante de parte del Gobierno, comparado con la indicación presentada en julio de 2022 (y más aún respecto del proyecto original), mejorando los aspectos más perjudiciales que la industria minera criticaba; pero manteniendo la idea de su implementación, como si fuera la única alternativa para mejorar la recaudación del sector y la distribución social de esos ingresos.

Sin embargo, esos cálculos -de ser efectivos- han sido efectuados asumiendo que las inversiones mineras en Chile continuarán llegando de manera semejante a la que hemos tenido en los últimos lustros, lo que no resulta tan claro si es que el proyecto se aprueba.

Recordemos que el proyecto original derogaba el royalty actualmente vigente (que, aunque se denomine eufemísticamente “Impuesto Especial a la Minería”, es un verdadero royalty, a las utilidades) y creaba un Royalty a la Minería, con un fuerte componente ad valorem.

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Desde el centro de estudios explicaron que en el seminario las y los panelistas expusieron sus estudios y análisis respecto al Royalty minero, proyecto presentado en octubre por el Gobierno. Se habló sobre las modificaciones en cuanto a los porcentajes en materia de impuestos a las mineras y, asimismo, cómo esto afectaría en relación con la competencia en el mercado.

En su exposición, Hernando explicó que se proyecta un aumento del PIB en un 0,46%, de acuerdo a las modificaciones planteadas para el actual royalty minero que -se espera- esté operando en el año 2026, aproximadamente.

En UCN indicaron que el encuentro contó, además, con la participación del presidente ejecutivo del Consejo Minero de Chile, Joaquín Villarino; la abogada y consejera en Derecho Minero, Energía y Recursos Naturales, María Paz Pulgar; y el senador de la República, Sergio Gahona Salazar. La moderación del panel estuvo a cargo del académico Dr. Cristian Morales Letzkus Cristian Morales, director del Magíster de Administración de la UCN.

Seminario

Desde el centro de estudios sostuvieron que la actividad fue valorada de forma positiva por los asistentes y panelistas, así lo expresó el senador Gahona, quien consideró que “me parece muy importante lo que hace el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, porque así se puede generar una discusión sobre el royalty y juntar a los actores y comunidad para saber cómo les beneficia o les afecta”.

Desde la perspectiva de las empresas mineras, Fernando Velasco Bahamondez, jefe de relaciones institucionales de Minera Los Pelambres, comentó que “participar en estas instancias nos beneficia para saber cómo va a afectar de manera negativa a las compañías mineras, ver cuáles serían los impactos en este caso negativo, puesto que nos resta competitividad”.

Joaquín Villarino, en tanto, señaló que “valoro positivamente todas las instancias de intercambio de visones entre distintos sectores que se ven beneficiados o afectados por el desarrollo de la industria, por lo que felicito a la universidad por promover este tipo de encuentros tan importantes para toda la comunidad”.

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Desde el Ministerio de Hacienda explicaron que la estimación de la inyección total de recursos provenientes de la recaudación de royalty para estos fondos regionales y comunales es de US$ 420 millones. De este monto, se destinarán US$ 161 millones a las comunas y gobiernos regionales de regiones mineras, mientras que US$ 259 millones van a zonas no mineras. Lo anterior implica que las regiones mineras recibirán un 70% más de recursos per cápita que las del resto del país.

El ministro Mario Marcel señaló que “esto representa un aumento muy significativo de recursos para regiones y municipios, claramente con un énfasis en las zonas con actividad minera. Y esto permitiría financiar proyectos de investigación y desarrollo, creando un círculo virtuoso en torno a las rentas provenientes de la explotación de recursos naturales. Es decir, usar estos recursos para generar más capacidad productiva, más diversificación y también, bienestar para los habitantes de las regiones y comunas más afectadas por la actividad minera”.

Distribución de los fondos

Durante la presentación, el ministro Marcel explicó que los US$ 420 millones se distribuyen en cuatro componentes: el Fondo regional para la productividad y el desarrollo (US$ 280 millones); Aporte para la investigación y desarrollo en regiones (US$ 50 millones); Fondo comunas mineras (US$ 20 millones) y el Fondo de apoyo para la equidad territorial (US$ 70 millones).

En tanto, el subsecretario Cataldo se concentró en el detalle del fondo de apoyo para la equidad territorial, cuyo objetivo es llegar con mayores recursos a las comunas que más lo necesiten. Para ello, se asignarán recursos a aquellas comunas que más dependan del Fondo Común Municipal (FCM), asegurando un nuevo aporte a aquellas que tengan menor capacidad de generar ingresos propios. Se proyecta que este fondo iría en beneficio de 198 comunas, donde viven más de 5,3 millones de personas. Esta inyección de recursos permitiría duplicar el aporte fiscal al FCM.

El Ministerio aseveró que el fondo para comunas mineras -destinado a aquellas comunas que mantengan faenas de explotación sujetas al pago de royalty – se proyecta iría en beneficio de 23 comunas ubicadas en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Oâ€Higgins, beneficiando a 1,4 millones de personas.

En la oportunidad, el titular de la Subdere destacó que “lo significativo es que la creación de estos fondos hace un reconocimiento a los efectos que tiene la explotación minera en un determinado territorio, pero sobre todo también buscan avanzar en el cierre de brechas que hoy día tenemos, sobre todo con un foco en aquellas comunas que tienen mayor dependencia del Fondo Común Municipal (FCM) y que cuentan con menos ingresos propios permanentes”.

Las indicaciones presentadas por el Ejecutivo hace unas semanas incluye la inyección de US$ 280 millones para el nuevo Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, otorgando recursos propios a todos los gobiernos regionales. Además, se destinarán US$ 50 millones adicionales para la investigación y desarrollo en regiones.

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Desde el Senado indicaron que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio a conocer los cambios realizados por su cartera a la propuesta en segundo trámite, luego de recoger parte de los comentarios expresados por distintos actores en la etapa de audiencias que realizó la citada instancia.

De esta forma, explicó que “se cambió la base del componente variable, que se determinará en base a rangos de Margen Operacional Minero en lugar de precios del cobre; se reduce o elimina el componente Ad Valorem para empresas que pudieran enfrentar pérdidas operacionales como producto de su aplicación; y se incluye la depreciación como parte del cálculo del margen operacional minero”.

• Si los productores generan menos de 50 mil toneladas de cobre fino al año, quedan exentos de pago.
• Si generan más de 50 mil toneladas, deben pagar un 1%.
• Si tienen margen operacional negativo, quedan exentos.
• Si por aplicar el Ad Valorem, el Margen Operacional es negativo, la tasa se reduce hasta llegar a cero.

• En caso de que el margen operacional sea negativo, no procederá el pago de este gravamen.
• También se modifica la escala de tasas para aplicar el impuesto en función del margen operacional de las empresas mineras, las que fluctuarán entre un 8% y un 26%.
• Para el cálculo de margen operacional se podrán descontar los gastos propios de la faena productiva, insumos y la depreciación.

Ahora se incorporan nuevos destinatarios distribuyendo parte importante de los recursos a gobiernos locales y regionales. Así se generan los siguientes fondos que totalizan 420 millones de dólares:

• Fondo Regional para la Producción y el Desarrollo: tiene por destino los gobiernos regionales con énfasis en las regiones mineras. Corresponde a 280 millones de dólares.
• Aporte para la Investigación y Desarrollo a nivel regional. Corresponde a 50 millones de dólares.
• Compensación por externalidades para las comunas mineras: se destinarán 20 millones de dólares a las comunas que posean faenas de explotadores sujetos a royalty. Se trata de 25 comunas de las regiones de Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Oâ€Higgins.
• Mayor aporte fiscal al Fondo Común Municipal: se entregarán 70 millones de dólares a las comunas más vulnerables.

En términos generales, -según precisan desde el Senado- Loreto Carvajal, Juan Luis Castro, Esteban Velásquez y Rafael Prohens, se mostraron a favor de los cambios introducidos por el Ejecutivo, sin embargo reconocieron necesitar tiempo para procesar bien cuánto variará la carga impositiva del sector y los ingresos que percibirá el Estado, y los efectos de estas modificaciones en la competitividad del sector.

Al respecto, el ministro Marcel aseguró que “si comparamos la indicación que presentamos en julio con ésta, la captura de rentas para el Estado pasó de un 63,1% a un 56%; mientras que la carga tributaria de las compañías pasó de un 45,5% a un 41,5%. Igualmente esperamos recaudar un 0,6% del PIB en régimen (al 2026)”.

La autoridad aseguró que “estamos bastante confiados en que este es un esquema que equilibra bastante mejor el objetivo de recaudación, con el objetivo de mantener la oportunidad de desarrollo para la industria minera en Chile». A su vez, el subsecretario de Minería, Willy Kracht reconoció que el texto presentado “permite aumentar la recaudación, pero a la vez, no queda duda de que no pone en riesgo el desarrollo futuro de la industria y mantiene a Chile como un país competitivo para el desarrollo de proyectos mineros”.

En el Senado, señalaron que el impacto de los fondos en las rentas regionales generó amplio debate en la sesión. El senador Prohens solicitó que “los dineros no sean per cápita sino que se sumen a lo que se tiene pensado entregar a cada región. Queremos que efectivamente las regiones mineras reciban un 35%”.

En tanto los senadores Velásquez y Castro hicieron ver “la importancia del Fondo Común Municipal. Es necesario conocer la distribución de los fondos porque siempre están presentes las luchas entre las comunas y los gobiernos regionales”. A su vez, la senadora Carvajal se sinceró indicando que “este Fondo nunca ha terminado con la inequidad. No queda claro a dónde van los recursos, por eso se necesita tener un desglose de los aportes y su destino”.

De acuerdo al cronograma establecido por la Comisión de Minería, el próximo 9 de noviembre debería votarse la indicación presentada, tras lo cual su informe financiero deberá ser conocido por la instancia de Hacienda, solo ahí la norma irá a Sala.

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En detalle, la publicación precisa que “la minería tiene un rol relevante en el desarrollo y la economía de Chile. La industria representa cerca del 15% del PIB del país y su aporte a las arcas fiscales ascendió a casi US$ 10 mil millones el año 2021, lo que representó el 13% de los ingresos del Gobierno”.

Según CEP, en julio de 2022, en el contexto de la Reforma Tributaria, el ejecutivo ingresó una propuesta de nuevo Royalty a la Minería que aumenta los impuestos de la gran minería a través de un componente ad valorem, sobre las ventas del cobre, y uno sobre el margen operacional minero. Con este proyecto se busca aumentar la recaudación en un 0,5% del PIB en 2025 y en un 0,6% del PIB en régimen.

La publicación añade que para asegurar que el rol de la minería en el país continúe fortaleciéndose a lo largo del tiempo es necesario encontrar un equilibrio entre recaudación y competitividad. En particular debe cuidarse que se mantengan los incentivos a invertir y desarrollar el sector, para que Chile continúe en su posición de liderazgo minero en el mundo.

Tasa efectiva y carga tributaria

Según CEP, en base a empresas mineras tipo se simuló la tasa efectiva de tributación para el nuevo royalty propuesto, según una serie de supuestos y para distintos precios del cobre. Este cálculo se realizó para empresas maduras con producción superior a 50.000 TMCF (toneladas métricas de cobre fino) y cuyas ventas provienen en más de un 50% del cobre, según su situación financiera el año 2021.

Se obtuvo que para empresas con producción de más de 200.000 TMCF, la carga tributaria efectiva, de aprobarse el proyecto, variaría entre 47% y 74%, dependiendo del precio del cobre. Para el caso de una empresa con menos de 100.000 TMCF de producción, la tasa efectiva variaría entre 56% y 70%. Estas tasas son sustancialmente mayores a las que aplican bajo el régimen actual, que oscilan entre 36% y 43%.

El estudio también evidencia que, el Royalty a la Minería propuesto exhibe algunos efectos que requieren un análisis en profundidad de los incentivos que podrían generar. Destaca en especial la penalización a las empresas que tienen menores márgenes. En efecto, la tasa efectiva de tributación del componente ad valorem es tres veces más alta en empresas con bajo margen, cuando el precio del cobre es bajo. Junto con lo anterior, mientras en el IEAM (impuesto específico a la actividad minera) la tasa sobre el margen depende del margen operacional de la empresa, en el proyecto del ejecutivo depende del precio del cobre, afectando especialmente a las empresas con bajo margen.

Además, -sugiere el documento- es relevante el efecto de no poder descontar como costo la depreciación y los costos de organización y puesta en marcha para la base imponible del componente sobre el margen. Al excluir estos costos, las nuevas tasas efectivas de tributación aumentan entre 2 y 10 puntos porcentuales, y afectaron especialmente a la empresa con menor producción (menor a 100.000 TMCF).

A la vez, el reporte indica que el Royalty a la Minería propuesto dejaría a Chile con tasas superiores a las del resto de los países con los cuales es relevante compararse. Solo una de las simulaciones de carga tributaria efectiva fue menor al 50%. Este resultado es importante, porque se reconoce en este umbral un límite para poder mantener la competitividad. En los estudios que existen sobre carga tributaria comparada, son pocos los países y distritos que tienen tasas estimadas por sobre el 50%.

En conclusión, -según se indica en la publicación de CEP- la propuesta de Royalty a la Minería tal como está en el Congreso, podría poner en riesgo la competitividad del país para atraer nueva inversión minera. Con ello también la recaudación tributaria a mediano y largo plazo.

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