Riquelme no es deconocido para la Presidenta Michelle Bachelet. Ya en su primera administración ocupó el mismo cargo. Además, durante el período de campaña presidencial, tuvo un activo rol en el comando de la Mandataria al ser el administrador de la Sociedad Marketing Asesorías y Eventos Limitada (Somae), contratada para prestar servicios de administración y que pagaba los honorarios del equipo de Bachelet, entre ellos, del ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.

En su declaración, Giorgio Martelli reconoció que “conozco a don Cristián Riquelme Urra, a quien conocí a propósito de la etapa previa a la campaña del 2013. Me lo presentó (el ex ministro del Interior, Rodrigo) Peñailillo, él no participó en la génesis ni en la gestión de AyN”, detalló el geógrafo.

A renglón seguido, Martelli aclaró a la fiscalía que “mi relación con él (Riquelme) fue una relación exclusivamente de trabajo para la futura campaña, al final de la gestión activa de AyN nos reuníamos en su casa, en mi domicilio, cafés y en la oficina de Peñailillo, ubicada en (Francisco) Bilbao con Antonio Varas, en la Fundación Dialoga, y también en la casa de Peñailillo, ya que Cristián Riquelme vivía al lado de Peñailillo, en Ñuñoa, nos reuníamos por temas políticos pero con el tiempo nos fuimos haciendo amigos, estas reuniones fueron hasta fines de la campaña, es decir, hasta comienzos de 2014”.

Préstamo millonario

En medio del interrogatorio a Martelli -quien está formalizado por emitir facturas presumiblemente falsas a SQM por más de $ 245 millones-, la fiscal Carmen Gloria Segura le exhibió sus cartolas bancarias del año 2013, en las cuales se registraron transferencias de fondos a Cristián Riquelme.

En total fueron ocho transacciones por un total de $ 32,5 millones, que comenzaron a realizarse el 11 de marzo de 2013 y que concluyeron el 16 de agosto del mismo año, parte de los antecedentes que la fiscalía le mostró a Martelli y sus abogados.

En respuesta, el operador político aclaró: “(Cristián Riquelme) me solicitó recursos para la campaña y yo le hice estos préstamos porque yo tenía compromisos políticos con la campaña. Creo que yo pedí un crédito para hacerle estos préstamos. Sé que en alguno de estos recursos Cristián me los devolvió, pero no estoy seguro, voy a procurar obtener la información”, dijo.

Martelli agregó que “no estoy seguro de cómo se pagaron estos créditos al banco o si Cristián Riquelme me devolvió todo lo que le presté, y si los pagos de estos créditos se produjeron con dinero de AyN, lo voy a averiguar con mi banco”.

Otro de los puntos que intentó aclarar el Ministerio Público se relacionó un terreno en Peñalolén que en 2012 habría adquirido el ex ministro del Interior y el actual director administrativo de la Presidencia.

“Este préstamo que me solicitó Riquelme para la campaña, que yo sepa, no tiene nada que ver con la compra de la propiedad que en conjunto adquirió Peñailillo y Riquelme, y a esa época yo tampoco tenía conocimiento de esa compra sino hasta ahora, que se ha hecho público”.

Según manifestó Martelli durante su declaración, “el préstamo a Riquelme no se hizo a través de AyN porque yo quería que la empresa AyN SPA fuera un tema previo a la campaña presidencial y estos préstamos son casi al final de la gestión activa de AyN SPA”. Del mismo modo, el operador político recalcó que “no fue Peñailillo quien me pidió que le prestara (el dinero) a Riquelme”.

Consultado sobre el rol que tuvo el ex ministro Rodrigo Peñailillo en la empresa AyN, Martelli aseguró que “yo cumplí las instrucciones de Peñailillo, porque él me lo pidió y además porque (Jorge) Rosenblut, cuando me reconecta con Peñailillo, me dice que voy a trabajar con él, y que busquemos alguna figura legal que sirva para ayudar a estos profesionales”, aludiendo al grupo que trabajó en la campaña.

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Desde RN y la UDI acusaron que el Ministerio Público ha tenido un rol político en la investigación del caso SQM, que aseguran ha beneficiado a dirigentes de la Nueva Mayoría en desmedro de militantes de la Alianza.

El diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) afirmó que «la Fiscalía tiene un doble estándar para tratar a ciertas personas en desmedro de otras», y enfatizó que «uno puede cuestionar que la Fiscalía se está basando más en criterios políticos, que jurídicos y de sentido común».

Su par de la UDI José Antonio Kast aseguró que «lo que hemos visto en otras causas es que hay un efecto mediático más que judicial, y por eso creo que a la investigación le hace bien que los fiscales sean prudentes en la manera en que interrogan a las personas que concurren».

En tanto, el jefe de bancada de RN, Alejandro Santana, agregó que «sin duda, la reserva con que se mantuvo la declaración del ex ministro del Interior marca una diferencia en el trato de la Fiscalía con los distintos actores que son hoy investigados», y recalcó que «esa es una señal equivocada, sobre todo cuando las instituciones están haciendo un esfuerzo de dar elementos de seguridad para la ciudadanía y todos los sectores políticos».

Su par de la UDI María José Hoffmann enfatizó: «No sabemos qué justifica los privilegios del ex ministro Peñailillo ante el Ministerio Público», al tiempo que pidió equidad de trato para todos los sectores políticos.

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En una reservada diligencia, en horas de la tarde, el ex secretario de Estado fue interrogado en calidad de imputado en el tercer piso de la Fiscalía Nacional acerca de las cuatro boletas por cerca de $16 millones que emitió a Asesorías y Negocios (AyN), la empresa del recaudador del oficialismo y geógrafo Giorgio Martelli, entre enero y mayo de 2012.

El interrogatorio -que duró cerca de seis horas- lo realizó el propio fiscal nacional, Sabas Chahuán, acompañado de los persecutores Carmen Gloria Segura y Emiliano Arias.

Si bien Peñailillo tenía derecho a guardar silencio, habría preferido colaborar con el Ministerio Público y entregar su versión de los hechos.

La citación a Rodrigo Peñailillo surgió como una de las varias diligencias que el fiscal Chahuán decretó tras la declaración de cuatro jornada de Giorgio Martelli, realizada entre el 27 de mayo y el 4 de junio pasado.

El vínculo con el ex ministro

Martelli sostiene en su declaración ante la fiscalía que el objetivo de la creación en 2011 de la empresa AyN fue el financiamiento de varios profesionales que requerían tiempo para preparar información y análisis «para una nueva opción de gobierno», entre ellos Peñailillo y el ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt.

El recaudador del oficialismo señaló en su extenso testimonio -que está contenido en cuatro documentos por separado- que habría sido Peñailillo quien le instruyó a qué profesionales había que contratar en AyN. Además, el ex titular de Interior se encargaba personalmente de ello, según dijo a los fiscales el operador político.

Según Martelli, él no tuvo injerencia en la contratación de los profesionales como Michel Jorratt, la amiga de Bachelet y secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, María Estela Ortiz; Ximena Andrea Albornoz; el asesor de gabinete, Claudio Mauricio Santis Acosta; Jorge Cristian Rodríguez Cabello; y los G-90 Flavio Candia, Héctor Cucumides, Robinson Pérez, Cristian Manríquez, Harold Correa (que también fue citado a declarar por la fiscalía) y Gabriel Sepúlveda.

El dueño de AyN sostiene que estas personas no le rendían cuentas y que desconoce los informes que realizaron estos profesionales y el propio Peñailillo. Este último, según la versión del geógrafo, era quien definía las tareas.

Teléfono y viajes

Martelli también identifica a Rodrigo Peñaillillo como quien le pidió que pagara su cuenta de teléfono celular el 9 de julio de 2012 por un monto de $157.631, y tres pasajes de avión Santiago-Nueva York a su nombre, cuando ya estaba desde la fundación Dialoga preparando el retorno de Michelle Bachelet, previo a su candidatura a La Moneda.

Estos tickets aéreos y el pago de su celular se hicieron en una fecha posterior a las boletas de honorarios que tenía el ex ministro con AyN, que se emitieron entre enero y mayo de 2012.

Sobre el vínculo laboral de Peñailillo con AyN, el ex jefe de gabinete ha asegurado a la prensa que «a principios del 2012 yo trabajé cuatro meses en una empresa que efectivamente es de Giorgio Martelli, trabajé durante esos cuatro meses en mi calidad profesional y como magíster en análisis político»

Entregó detalle de informes

Además, Martelli afirmó ante los fiscales que él realizó informes para SQM y entregó el detalle de esta documentación.

La formalización del operador político y el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, será el próximo 30 de junio.

El 23 de junio será interrogado por los fiscales el ex director del SII Michel Jorratt .

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Casi una hora más tarde, en un hecho inédito, la propia Mandataria informó por televisión -en una entrevista a Mario Kreutzberger en T13- haber solicitado la renuncia de todos sus secretarios de Estado, para definir en un plazo máximo de tres días un ajuste a su gabinete. “Le voy a contar algo, hace algunas horas le pedí la renuncia a todos mis ministros y me voy a dar 72 horas para tomar la decisión de quiénes se quedan y quiénes se van”, afirmó.

La decisión de la Presidenta tomó por sorpresa al oficialismo y a la oposición, aunque se da luego de que sectores de la Nueva Mayoría intensificaran sus cuestionamientos a la conducción política de La Moneda en medio de los casos Penta-SQM y Caval.

[La crítica mirada empresarial a las reformas impulsadas por Bachelet]

De hecho, en los últimos días se incrementaron las críticas al titular de Interior por la forma en que ha encarado la polémica por las boletas emitidas a la empresa del recaudador de campañas Giorgio Martelli, que está siendo indagado en la arista SQM. Por eso, es que anoche se daba casi por segura la salida de Peñailillo. No obstante, los que en el oficialismo apostaban por su permanencia lo hacían asegurando que sacarlo significaría para Bachelet reconocer que su apuesta de gobierno -el primero de la Nueva Mayoría y no el quinto de la Concertación, como ella ha dicho- fracasó.

En Palacio también comentaron que otro de los ministros que dejarían el gobierno sería el titular de Hacienda, el PS Alberto Arenas. En esa línea, se apuntó a que la modificación del equipo de máximos colaboradores involucraría a todo el equipo político.

Detrás de la señal de la Mandataria, afirman en el oficialismo, estaría su apuesta por recuperar el liderazgo y revertir la caída en la popularidad reflejada en distintas encuestas (ayer Adimark ubicó su evaluación en un 31%). Por lo mismo, Bachelet también abordó anoche el caso Caval y, admitiendo errores propios y de su hijo Sebastián Dávalos, se mostró esperanzada en recuperar la confianza de la gente.

La incómoda situación del canciller

Aunque anoche la Presidenta se autoimpuso un plazo máximo de 72 horas para definir su nuevo equipo ministerial, en Palacio estiman que el cambio podría concretarse el viernes o incluso hoy mismo.

Y es que pese a los respaldos transversales de partidos de la Nueva Mayoría y la Alianza a su decisión, también hubo algunas aprensiones a la forma utilizada por la Mandataria y al virtual desgobierno que supone la inexistencia de un gabinete ratificado.

De hecho, en el oficialismo se comentó anoche la incómoda posición en que quedó el canciller Heraldo Muñoz, quien se encuentra en La Haya acompañando al equipo que defiende la postura chilena de objetar la competencia de la corte frente a la demanda boliviana.

En círculos de gobierno dan por segura la permanencia de Muñoz en el gobierno y admiten que su situación se analizó antes de que la Presidenta hiciera el anuncio. Sin embargo, primó la necesidad de solicitar una dimisión generalizada de todo el gabinete como un intento de dar un golpe de timón.

“Este es el momento para hacer un cambio de gabinete”, dijo Bachelet anoche, junto con señalar que la decisión no fue tomada antes por las emergencias vividas en Atacama y Calbuco. “Uno no puede traer, en algunas áreas, gente nueva que venga a aprender cuando la gente está urgida por la atención del gobierno. Por eso no he tenido tiempo de sentarme pensar a quién cambio y quién llega”, reconoció.

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a) mayores plazos para pagos y obligaciones tributarias,

b) condonaciones de multas administrativas a pequeños comerciantes y emprendedores,

c) las familias de las zonas afectadas no paguen los servicios básicos o los cargos fijos,

d) la compra de textos y útiles escolares y computadores para ser entregados a los estudiantes afectados,

e) la realización de un completo catastro de todas las viviendas de la Región,

f) se efectúe un estudio de los sedimentos que fueron arrastrados por las aguas, para evaluar si existe daño a la población, entre otras medidas”.

En la nota publicada por el portal del Senado se consigna que la parlamentaria planteó que es necesario efectuar una alianza público-privada, para la realización de un plan regional y estratégico que solucione a la brevedad la interrupción, suspensión y la entrega adecuada de dichos servicios básicos de agua, luz y gas. Además, subrayó que “son las empresas las que deben asumir el costo de la restauración de los servicios, sin traspasar, bajo ningún motivo, el costo a los clientes”.

De igual forma, la senadora de la Región de Atacama dijo que es muy importante “estudiar la entrega de fondos para la realización de un Plan Fomento Productivo Regional, para levantar y apoyar a los sectores productivos afectados, en especial, la pequeña minería, pequeños comerciantes, los pescadores artesanales, la agricultura y los emprendimientos familiares”.

Finalmente, la senadora Allende subrayó que “es necesario realizar un Plan Estratégico de Desarrollo, Fomento y Reconstrucción de la Región de Atacama y de las comunas afectadas, como realizar el nombramiento de un delegado presidencial para la reconstrucción de la zona”.

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La nueva institucionalidad estará conformada por un Comité de Ministros que asesorará al presidente de la República en la formulación de políticas y por una Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, acorde a los estándares de la OCDE, que las implementará.

Así, la iniciativa da cumplimiento al compromiso adquirido en la tramitación de la reforma tributaria, de ingresar a trámite legislativo esta institucionalidad a más tardar el 31 de enero de este año.

El texto se basó en las propuestas de la Comisión Asesora Presidencial, que entregó su informe final el 13 de enero, y debe promulgarse este año para reemplazar al Decreto Ley (DL) 600 que será derogado a partir del 1 de enero de 2016.

Nuevo marco institucional

El Comité de Ministros será presidido por el titular de Economía y estará integrado por el ministro de Hacienda y los demás secretarios de Estado que con carácter permanente nombre la Presidencia.

La nueva Agencia -que en un principio formó parte de las medidas de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento- será la sucesora del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) y se enfocará en la promoción de inversión extranjera hacia sectores estratégicos o hacia aquellos que carecen de inversión debido a fallas de mercado.

Contará con las facultades que le permitan ser la entidad coordinadora de los esfuerzos por atraer inversión a Chile. El director del servicio será nombrado mediante el sistema de Alta Dirección Pública (ADP).

Entre sus facultades destaca la posibilidad de crear un Consejo Asesor Consultivo, al que se incorporan representantes del sector privado que aporten al mejor desarrollo de su función.

Asimismo, el proyecto de ley reconoce a los inversionistas extranjeros la garantía de acceso al mercado cambiario formal y a la repatriación de capital y utilidades, con pleno resguardo de las facultades que le competen al Banco Central de Chile. También les garantiza la no discriminación arbitraria.

Asimismo, el texto mantiene la exención del impuesto a las ventas y servicios en la importación de bienes de capital que efectúen los inversionistas extranjeros, por sus proyectos acogidos al DL 600. Sin perjuicio de lo anterior, se moderniza y actualiza el procedimiento para acceder a ella. Según el mensaje, esta modificación apunta a promover el desarrollo de grandes proyectos de inversión en Chile, los que por sus características toman largo tiempo, evitándoles incurrir en altos costos financieros en las etapas iniciales.

Invariabilidad excepcional

Para permitir la adaptación de las empresas al cambio del régimen para la inversión extranjera, se establece un derecho excepcional que, por un plazo máximo de cuatro años, los inversionistas extranjeros puedan solicitar autorizaciones de inversión extranjera en los términos del artículo 3° del DL 600, con los derechos y obligaciones que contempla dicho decreto ley, pero con invariabilidad tributaria por una tasa total de 44,45%. Bajo el DL 600 el inversionista extranjero puede optar por un tributo del 42% en vez del Impuesto Adicional de tasa 35%.

El proyecto regula los efectos de los contratos leyes celebrados durante la vigencia del DL 600 para asegurar la plena vigencia de los derechos adquiridos por los inversionistas extranjeros bajo ese régimen legal.

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El hecho causó molestia, ya que dicho documento liderado por la subsecretaría de la cartera, aún no era conocido por Williams ni por la Presidenta, Michelle Bachelet. De hecho, la Mandataria planeaba lanzar las conclusiones con bombos y platillos en enero.

La filtración a La Tercera, según fuentes, dejó en evidencia la existencia de dos bandos al interior del Ministerio, que ya habían tenido episodios previos de tensión.
Semanas antes, había causado inquietud un articulo titulado “Los Problemas de Aurora” en la Revista Qué Pasa, en el que se hablaba de la mala evaluación del Ministerio y se decía que el nombre de Williams era uno de los “probables para dejar esta administración”.

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A lo anterior, se sumaron otras filtraciones sobre las conclusiones de la Comisión del litio en distintos medios, lo que habría aumentado el malestar de la ministra, y en especial el de su jefe de gabinete, Adolfo Galindo.

Es más, ambos habrían sospechado que el subsecretario de Minería, Ignacio Moreno; la secretaria Ejecutiva de la Comisión del Litio, Alejandra Vásquez; y la directoria de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno (Secom), Paula Walker, fueron quienes filtraron dichas informaciones.

Los desencuentros no pasaron inadvertidos dentro del Gobierno. El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, mandató la intervención de la cartera y designó a uno de sus hombres de confianza para que se hiciera cargo del asunto.

Se trata de Flavio Candia, ingeniero civil, encargado de la Unidad de Análisis Estratégico del Ministerio del Interior, amigo íntimo de Peñailillo y parte del grupo G90 del PPD, quien ya habría iniciado reuniones con Moreno desde hace al menos un mes. Se presume que una de sus conclusiones será que tanto Williams como Moreno dejen la cartera, lo que sucedería en la primera semana de enero, en el marco del cambio de gabinete.

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Otras repercusiones

Fuentes de gobierno indicaron que la llegada de Candia habría incomodado a Galindo -también del G90- dada la cercanía entre ambos. Asimismo, confidenciaron que los problemas que se han detectado en Minería tienen que ver con personalismos políticos entre Williams (PRSD) y Moreno (PPD).

También precisan que dentro del Ministerio habrían diferencias con las conclusiones que alcanzó la Comisión, ya que no todos estarían de acuerdo con la conformación de una empresa estatal y con que el recurso mantenga su carácter estratégico.

Es más, dicen que la filtración deja sin margen de acción a la Presidenta, la que ahora deberá pronunciarse sobre la creación de la firma estatal.

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El encuentro, que será liderado por la Presidenta Michelle Bachelet, tiene como objetivo abordar de manera conjunta las prioridades legislativas que impulsará el Ejecutivo para lo que queda de este año, pero principalmente para definir la hoja de ruta del gobierno de cara a 2015.

En la reunión, aseguran en La Moneda, se definirá la propuesta que será presentada a los presidentes de partidos y jefes de bancada de la Nueva Mayoría durante el cónclave que se realizará el próximo 1 de diciembre.

La intención del gobierno es presentarle a los líderes oficialistas el detalle completo de los proyectos de ley que serán impulsados durante el próximo año, además del cronograma respecto a la tramitación de cada uno de ellos.

Fuentes de Palacio reconocen que en el gobierno se ha visto con molestia la presión que han ejercido parlamentarios y dirigentes de la Nueva Mayoría respecto de cuál debiesen ser las prioridades en los próximos meses.

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El encuentro de la Sofofa se conjugó con una semana en que la DC criticó la conducción política del Gobierno, la Presidenta Michelle Bachelet llamó a sus ministros a «trabajar más», y la posibilidad de un cambio de gabinete se instaló como un debate ineludible en la Nueva Mayoría.

Peñailillo aborda los flancos y perspectivas de La Moneda antes de partir a Talca, donde participó anoche en el Consejo Nacional del PPD.

-¿Existe el clima antiempresarial que manifestó la Sofofa?

-No, en ningún caso. El empresariado en Chile juega un rol fundamental, y el 80% de la economía se mueve por la inversión privada.

-Se cuestionó que el Gobierno esté echando a andar una reforma tributaria, cambios en el sistema de AFP, modificaciones en el código de aguas, en el código minero y en los derechos de los consumidores, entre otras cosas.

-Las reformas que estamos llevando adelante son una inversión en estabilidad y paz social para el país.

En Chile hay problemas de los que tenemos que hacernos cargo. La desigualdad, la segregación en la educación, el fortalecimiento del sistema político. Tiene que ver con un desafío que el país necesita enfrentar y que va en la línea de que este sea un país con un sistema político que dé estabilidad, gobernabilidad y donde el desarrollo llegue a todos. Y creo que en esa perspectiva el empresariado juega un rol fundamental. El empresariado puede contar con el gobierno de la Presidenta Bachelet para que podamos avanzar en una economía eficiente, donde el mundo laboral y empresarial tengan cada vez relaciones mucho más institucionalizadas, pensando en el desarrollo que necesariamente tiene que llegar a todos.

-El empresario Bernardo Matte afirmó que el ambiente contrario al empresariado es una de las causas por las cuales la economía se está desacelerando. ¿Cuál es su visión?

-La desaceleración de la economía tiene claramente orígenes a finales de 2012, principios de 2013, y tiene que ver con aspectos más bien externos y con el tema del ciclo minero (…) Lo que tenemos que hacer es trabajar juntos para que el empresariado tenga las condiciones para llevar adelante sus proyectos con la certidumbre que requiere un proyecto de inversión, y para eso tienen que trabajar los organismos del Estado con la celeridad necesaria y, al mismo tiempo, respetar todas las normativas en el aspecto ambiental.

-Matte también señaló que a nadie le gusta invertir en un escenario en que no lo quieren.

-Yo creo que en Chile todos queremos que el mundo privado cumpla su rol, todo el mundo quiere que siga jugando un rol relevante, y tienen que estar dadas todas las condiciones para que eso se lleve adelante.

-La Presidenta llamó a disminuir la burocracia y proteger el empleo. ¿Qué medidas adoptará el Gobierno?

-Son un conjunto de temas sobre los que hay que seguir trabajando. Uno de ellos tiene que ver con modificaciones legales, de reglamento, de una serie de normativas que permitan que los pasos o los tiempos a la hora de pedir las autorizaciones para el desarrollo de las inversiones se reduzcan considerablemente y, por lo tanto, vamos a dar todas las facilidades que necesita el mundo privado para que lleven adelante sus proyectos. Eso es fundamental en un Estado más moderno, más ágil, un Estado que de verdad promueva la iniciativa privada.

-¿Con el modelo de las concesiones en el centro?

-Creemos que donde el modelo de concesiones ha funcionado bien y ha permitido dar un salto relevante a Chile es en materia de infraestructura, lo que no solo hay que mantener, sino que también impulsar con mayor fuerza.

-El Gobierno acaba de aprobar una reforma tributaria que generó un impacto en el ambiente económico del país. Los empresarios han manifestado inquietud ante la agenda laboral.

-La agenda laboral fue debatida por mucho tiempo en el país, especialmente en el último año. La agenda laboral es inversión en estabilidad y gobernabilidad, busca que haya mayor simetría entre empresarios y trabajadores, que se institucionalice más la relación. En definitiva, que haya una relación entre el mundo empresarial y el de los trabajadores que camine en conjunto, con un objetivo común, y para eso se requiere modernizar toda nuestra agenda laboral.

-A propósito de las reformas, el cardenal Ricardo Ezzati dijo que a veces la reforma educacional «pareciera no tener rumbo o un rumbo que no pareciera tener claro de dónde se arranca y hacia adónde se orienta».

-Lo que no tiene rumbo es el modelo actual.

Frente interno

-¿A qué atribuye que la Presidenta Bachelet aparezca con mayor rechazo que apoyo en la encuesta Adimark?

-Sin querer entrar a opinar sobre todas las encuestas, lo que está claro es que se requiere explicar mejor, especialmente la reforma educacional. Y, por otro lado, como dijo la Presidenta, trabajar más. Lo que nos ha pedido es que aceleremos el trabajo. Nos ha pedido que ahora que vamos a tener el primer presupuesto de la Presidenta, que es el de 2015, salgamos a la calle a explicarlo.

-La Mandataria llamó a evitar discusiones políticas incomprensibles, en alusión a los conflictos de la Nueva Mayoría. En los partidos, sin embargo, acusan falta de manejo político del Gobierno y se ha cuestionado una ausencia de Bachelet para ordenar el conglomerado.

-No he escuchado ninguna crítica directa de los partidos al Gobierno. Lo que hay es una declaración de la DC, que, si se lee bien, es un llamado a mejorar la coordinación y el manejo político en su conjunto. Todos aquí tenemos un rol. Me queda claro que el central es del Gobierno y nos hacemos cargo de ello, y yo en lo personal. Pero también aquí se necesita que los partidos, en conjunto con nuestro mundo parlamentario, mejoremos todas las condiciones de coordinación interna.

-La Presidenta llamó a los ministros a «trabajar más». ¿Fue un «cartillazo»?

-No. La Presidenta es una persona que conoce muy bien el Estado y conoce muy bien cómo funciona el país. Ella gobernó cuatro años, fue ministra de Estado y, por lo tanto, sabe que hay más espacio para hacer cosas en forma mucho más rápida, y eso es lo que nos ha pedido.

-Hay quienes lo han criticado a usted por no dar espacio a los ministros Álvaro Elizalde y Ximena Rincón.

-Aquí, el trabajo entre los ministros Rincón y Elizalde conmigo es permanente. Cada uno tiene claro sus tareas y tenemos un rol fundamental junto con el ministro de Hacienda: establecer vínculos fluidos y permanentes no solo con la Nueva Mayoría, sino que también con el conjunto de los actores políticos, la oposición también. Ximena y Álvaro trabajan mancomunadamente conmigo.

-¿Existe un déficit político de este equipo político?

-No, lo que hay es que nosotros estamos llevando adelante una agenda de cambio, con una reforma como la educacional, que es extremadamente exigente, y que siempre va a generar distintos debates. Entonces, se necesita siempre estar revisando esos mecanismos de coordinación, cuán efectivos están siendo y cuán adecuados son. Ahora, en el caso de que existiera alguna insuficiencia, por supuesto que somos los primeros en estar de acuerdo en corregirla. El Gobierno es el que tiene en ese sentido la primera palabra.

-Los partidos de la Nueva Mayoría han planteado un ajuste ministerial. ¿Se están considerando sus opiniones?

-Quien define, decide y comunica un cambio en el equipo y en el gabinete es la Presidenta, y ahí no hay nadie que pueda ni dar una opinión ni nada por el estilo.

-La Presidenta también hizo un llamado a que «como país, nos concentremos en tener un ambiente de confianza y diálogo». ¿En qué se traducirá?

-En el período legislativo de 2015, que culmina en enero de 2016, ya debiéramos tener culminadas las principales reformas del programa para que la gente comience a ver los frutos (…) Esperamos que el próximo año culminemos el principal proceso de reformas, y se inicie con el Presupuesto 2015 un giro bien importante en las políticas públicas, el cual tiene expresión plena y completa de lo que la Presidenta quiere para el país.

-¿Se terminará el frenesí legislativo, como señaló el obispo Alejandro Goic?

-No hay frenesí legislativo.

«Quien define, decide y comunica un cambio en el equipo y en el gabinete es la Presidenta, y ahí no hay nadie que pueda ni dar una opinión ni nada por el estilo».

«No estoy tranquilo con los resultados en materia de delincuencia»

-Los resultados de las últimas investigaciones no han sido lo esperado. Existen nueve fiscales preferentes, siete detenidos, 22 millones de dólares que se han robado desde camiones de valores. Se critica la falta de resultados.

-Enviamos el proyecto de ley de la reforma constitucional que da cuenta de la posibilidad de tener una fiscalía de alta complejidad y vamos a enviar después en diciembre un proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público. Creemos que es indispensable para enfrentar el terrorismo y el crimen organizado que no solo las policías tengan organismos altamente especializados, sino que la inteligencia en Chile también tenga las atribuciones y la especialización necesaria. Y el organismo persecutor, que dirige y lleva adelante las investigaciones, tenga también el personal adecuado.

-¿De quién es la responsabilidad de los robos a los cajeros automáticos y a los transportadores de dinero?

-Aquí hay bandas criminales mucho más sofisticadas que las que teníamos hace 10 años, y prevenir esa situación es esencialmente rol de los distintos organismos del Estado. Para eso se requiere un sistema de inteligencia y un sistema de prevención muy robusto, que permita ir anticipándose a los hechos. Pero por otro lado también las empresas privadas tienen que adaptarse a las normativas que el Estado les va exigiendo. Y en materia de cajeros automáticos, desde el 2013 tenemos un Decreto Supremo que modifica en forma importante las condiciones de seguridad de los cajeros automáticos. Y lo que nosotros hemos dicho es que esperamos que la banca se debe adaptar a esas normativas, que son internacionales.

-¿El Gobierno está tranquilo con los resultados en materia de delincuencia?

-No, no estoy tranquilo con los resultados. Tenemos que tener pronto resultados de quiénes están detrás de los asaltos que hemos visto últimamente y tenemos que tener pronto resultados en todos los atentados que hemos tenido en los últimos años.

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Antes de la cita, y en medio de la tramitación de la propuesta impositiva de La Moneda, los diputados de la bancada habían redactado un protocolo, solicitando que “los mayores recursos a recaudar mediante la reforma tributaria deberán distribuirse en forma equitativa y equilibrada en todos los territorios y regiones del país”.

La medida acompaña otra decena de peticiones al Ejecutivo en el marco del debate tributario, entre ellas, que el gobierno inicie el segundo semestre de este año “la discusión de una Ley de Rentas Regionales y la revisión de la Ley de Rentas Municipales“, y “autorizar a las regiones para diseñar y recaudar impuestos sobre actividades en bienes nacionales o que alteren ecosistemas como compensación al impacto ambiental” (ver recuadros).

Junto al texto, y antes de la cita con el jefe de gabinete, algunos diputados habían planteado la posibilidad de condicionar la firma del protocolo a sus votos para la reforma, lo que el ministro buscó desactivar durante la masiva reunión.

Así, durante la cita, Peñailillo se comprometió ante los diputados a llevar adelante una potente agenda para las regiones, que calificó como “la reforma más importante hecha en materia de descentralización (…) desde que se hizo el proceso de regionalización en dictadura”.

Sellando el compromiso, el titular del Interior agregó que “vamos a ingresar los proyectos el primer año de gobierno para que sean ley de la República y estén implementados durante el gobierno de la Presidenta (Michelle) Bachelet” .

Las iniciativas legales están siendo trabajadas desde hace tiempo por una comisión de expertos, al alero de la cartera del Interior. Entre las medidas que se anunciarán está la elección de intendentes.

Si bien la reforma fue vista con buenos ojos por los presentes -ninguno presentó objeciones en la reunión tras el anuncio-, la diputada independiente Alejandra Sepúlveda intentó amarrar un protocolo previo para conocer, al menos, los “titulares” de la propuesta del gobierno.

Y el presidente de la bancada, el PPD Rodrigo González, solicitó que dicho pacto se firmase en La Moneda el 1 de septiembre.

Aunque algunos interpretaron una garantía de Peñailillo al respecto, para otros el compromiso del secretario de Estado sólo se suscribió a la agenda de regionalización, y no a las medidas solicitadas por los diputados en su texto.

De hecho, ante la solicitud de González, Peñailillo fue enfático en señalar: “Yo no quiero que se vea que estoy participando de un condicionamiento a la reforma tributaria. Sé cómo son las cosas desde el punto de vista comunicacional, y lo que le quiero decir es que tienen mi palabra de que vamos a ingresar los proyectos en materia de descentralización (…). Eso no tengo ningún problema en poderlo certificar, pero no tiene que ver con el tema de la reforma tributaria”.

“Lo vamos a plantear, ministro, en esos términos (…) no es un condicionamiento”, replicó el parlamentario PPD.

El ministro aprovechó el anuncio para intentar reunir respaldos iniciales a la reforma. “Quiero que después, ojalá, esta conversación la tengamos con los proyectos en el Congreso y vamos a ver cuánto estamos dispuestos a avanzar, sobre todo desde el punto de vista político”, concluyó.

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