En el marco de la actividad, la ministra expresó que “nosotros, como ministerio, tenemos una muy buena evaluación del trabajo de la Superintendencia del Medio Ambiente. Por lo tanto, ha sido nuestra decisión confirmar al superintendente Cristian Franz en esta labor”.

Añadió que “tenemos una buena opinión de la gestión del Superintendente y de su equipo, y queríamos venir a transmitir eso. A darles las gracias por el trabajo que hacen, son una tremenda institución y pueden contar con todo el apoyo del ministerio para seguir mejorando, siempre con la independencia que corresponde, por la naturaleza de sus funciones, y también con toda la agilidad que queremos que tengan los procesos, sin alterar la certeza y la calidad del trabajo que se hace en este rubro”, consigna la nota publicada por la SMA.

Respecto al rol de su cartera, sostuvo que “van a tener un ministerio respetuoso de la naturaleza de las funciones de la Superintendencia, y al mismo tiempo, un ministerio apoyador, porque al final entre todos los organismos que conforman la institucionalidad ambiental es que tenemos que sacar la tarea adelante.”

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En tanto, el subsecretario Benítez afirmó que “conozco el alto estándar que tiene la Superintendencia. Gran parte de la validación de la institucionalidad ambiental tiene que ver con la acción de la SMA y en ese sentido, queremos darle todo el apoyo al Superintendente y a ustedes, para que se siga validando el accionar de esta institución que es muy importante para el país. Cuenten con mi apoyo, estaremos trabajando codo a codo con la Ministra”.

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Además en el informe el Gobierno destaca los acuerdos favorables a la inversión realizados con los pueblos indígenas Quechuas y Aymaras que viven en el área de influencia del proyecto.

Condiciones

Según explica el ex subsecretario del Medio Ambiente, Rodrigo Benítez, la ley establece que el SEA debe recomendar la aprobación o rechazo de los proyectos en el Informe Consolidado de Evaluación (ICE).

«Luego de esto, la Comisión de Evaluación Regional, compuesta por el Intendente y Seremis debe calificar el proyecto, y de lo resuelto se puede reclamar al Comité de Ministros. En este caso (Cerro

Colorado) se ha recomendado la aprobación, sujeta a una serie de condiciones específicas», apunta el abogado de Baker & Mckenzie.

Las condiciones impuestas a Cerro Colorado son 26 y en su mayoría piden que la minera controlada por BHP Billiton realice monitoreos de su sistema hídrico en la zona, además que implemente un sistema de medición de emisiones atmosféricas y que asegure la presencia de vegetación en un bofedal circundante el proyecto minero que busca seguir operando.

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De acuerdo a las cifras del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sitio donde deben registrarse todas las inversiones que generen un eventual impacto, desde enero a agosto entraron a evaluación 28 proyectos por US$8.212 millones, un aumento de más de 250% respecto a los US$2.300 millones ingresados a esta misma fecha el año pasado.

¿Cómo se entiende?

Para los expertos, el fenómeno se explica porque las mineras no están poniendo sobre la mesa dinero para nuevos proyectos, sino más bien están trabajando en mejorar lo que ya tienen, ajustando sus iniciativas de cara al mal momento que vive el sector.

«Hasta 2013 hubo paralización total de proyectos, pero ahora hay una fase muy distinta donde predominan los rediseños de proyectos ya existentesí¾ eso hace mover el nivel de inversión. Ahora la búsqueda pasa por tener proyectos más viables, con costos mucho más aterrizados que los que habían antes con tamaños casi insostenibles», comenta el director de Plusmining, Juan Carlos Guajardo.

Una visión similar tiene el ex subsecretario de Medio Ambiente, Rodrigo Benítez. El abogado explica que gran parte de lo ingresado a trámite «tiene que ver con ampliaciones de proyectos existentes, extensiones de vida útil y ajustes para eficientar procesos (…) De los datos públicos existentes, aparece que los proyectos de mayor inversión son los de Spence, que corresponde a una extensión de vida útil, y Minera Centinela, que considera ampliar su operación».

BHP y Antofagasta Minerals lideran

La principal apuesta del listado es del brazo minero del grupo Luksic, Antofagasta Minerals. Con Centinela, la firma contempla la explotación de los rajos Esperanza Sur y Encuentro, ubicados inmediatamente al sur del rajo Esperanza, con una inversión de US$4.350 millones y que permitirá extender sus operaciones hasta el año 2056.

Actualmente, la minera se encuentra respondiendo las observaciones de los organismos gubernamentales vinculantes en la obtención del permiso ambiental.

Otra empresa que ha generado movimiento en el SEIA es BHP Billiton, mediante minera Spence. La compañía tiene en tramitación el proyecto Minerales Primarios (conocido en inglés como Spence Growth Option o Spence Hipógeno). La iniciativa, sujeta a la aprobación del directorio de BHP Billiton, tiene el potencial de extender la vida de la operación en 50 años y cuenta con una inversión de US$2.500 millones, sujeta a posibles ajustes posteriores. Adicionalmente, la compañía presentó un proyecto relacionado al anterior y que busca la construcción de una planta desalinizadora en la comuna de Mejillones. La inversión es del orden de los US$800 millones.

Otra iniciativa de optimización fue presentada por la división El Teniente de Codelco, por US$485 mills, y se denomina explotación recursos norte. El proyecto dará continuidad operativa a las actuales instalaciones de procesamiento de mineral disponibles en las plantas de Sewell y de Colón, además de dar flexibilidad al programa de producción de la actual mina subterránea.

Buscando el músculo

Para el socio del estudio Ferrada Nehme y abogado de minera El Morro, Patricio Leyton, está claro que las mineras están trabajando en bajar sus costos, incluso reduciendo sus plantas laborales, pero pensando en que el precio del cobre tenderá a mejorar en un par de años.

«A pesar de que el cobre esté a US$2,3 la libra, el precio subirá más pronto que tarde. Un par de años en minería no es nada. Ahora las mineras está ajustándose, liberando grasa, sacando músculo y ajustándose», apunta el abogado quien se anima a anticipar que «tramitar permisos ahora puede ser positivo, ya que con un nivel menor de inversión, puede haber incluso menor presión contra las iniciativas de inversión».

Primeros 8 meses proyectos caen un 40%

Hasta agosto de este año ingresaron a tramitación ambiental 285 proyectos de diversos rubros, contra 480 iniciativas que entraron en el mismo lapso del ejercicio anterior.

Eso sí, en cuanto a montos, en 2015 la inversión acumulada a agosto era de US$19.588 millones contra los US$17.954 millones de 2014, registrando un crecimiento de un 9%.

Los proyectos energéticos cayeron un 44% en cuanto al monto invertido, ya que este año se consignan iniciativas por US$7.203 millones frente a los US$12.868 millones del año pasado en el mismo periodo.

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Se podría decir que una de las principales prioridades  de la agenda medioambiental (desde el año pasado) ha sido el envío y ahora la tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Éste fue uno de los compromisos del Gobierno de Michelle Bachelet, el cual fue enviado los primeros 100 días de su mandato. En diciembre del año pasado, luego de varios meses de discusión en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, se aprobó la idea de legislar y el proyecto se encuentra actualmente en trámite parlamentario. La iniciativa, es la última que falta para completar la institucionalidad ambiental en Chile, proceso que se inició el año 2010 con la creación del MMA.

“Permitirá, por primera vez en nuestro país, contar con un organismo mandatado por el Estado de Chile que vele por la conservación y promoción de nuestro patrimonio natural, o sea su biodiversidad, que es la base de todos los servicios ecosistémicos que sostienen a la mayor parte de las industrias nacionales y el bienestar de toda la población chilena”, indica Bárbara Saavedra, directora de Wildlife Conservation Society (WCS) para Chile.

La bióloga agrega: “La gestión de la conservación de la biodiversidad tiene la necesidad de ser ampliada, pues de ella depende la generación de la industria agrícola, especialmente en escenarios de cambio climático”.

2. Ley de Fomento al Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor (REP)

Hoy se encuentra en segundo trámite en el parlamento la Ley de Fomento al Reciclaje y REP, que busca formalizar la industria del reciclaje en el país y disminuir así, los impactos que generan los 17 millones de toneladas de basura que produce Chile, de las cuales 6,5 millones, son residuos domiciliarios. A esto se suma la indicación que se ingresará al Parlamento para regular el uso de las bolsas plásticas.

Al respecto, Rodrigo Benítez, ex subsecretario del Medio Ambiente (administración de Sebastián Piñera) y actual socio del estudio Baker & McKenzie opina que “a futuro, debemos revisar todo lo relacionado con la función de las municipalidades en recolección y disposición. Hoy los incentivos están orientados a la disposición final y eso debe mejorarse”.

Por su parte, Bárbara Saavedra (WCS) indica que para el medio ambiente, la mayor ganancia es la reducción de residuos “con la consecuente reducción en el uso/generación de vertederos, muchos de los cuales son ilegales, lo que afecta directamente el bienestar de poblaciones humanas (y de otras especies), muchos de ellos normalmente de sectores socioeconómicos bajos.”

Pero ya hay grandes empresas que vienen preparándose al respecto. Por ejemplo, Unilever, mediante su Plan de Vida Sustentable,  ha logrado optimizar los procesos productivos para conseguir que las plantas fueran “zero waste to landfill” (sin desechos a vertedero). Primero con la planta de alimentos Panamericana, para luego traspasar la metodología al resto de sus instalaciones.

3. Políticas para enfrentar el cambio climático y preparación para la COP 21 en Francia

A fines de 2015 se realizará en Francia una de las conferencias referidas a cambio climático más importantes de las últimas décadas: la COP 21. En la capital gala debería firmarse el Protocolo de París, que reemplazará al de Kioto, que fue insuficiente en términos de reducciónes de gases de efecto invernadero (GEI) y en la lucha con el cambio climático.

Para poner un ejemplo, el 31 de marzo, el Presidente Barack Obama anunció el compromiso formal de EEUU de reducir sus emisiones entre 26% y 28% a 2025, con respecto a los niveles de 2005. El Presidente chino, Xi Jinping, se comprometió a que sus niveles de emisiones alcancen su nivel máximo en 2030 y de ahí comiencen a reducirse. México anunció antes su meta de reducción de un 22% al 2030.

Así, 32 países ya han presentado sus objetivos de reducción, incluyendo Chile. De hecho, la Presidenta Bachelet anunció en septiembre de 2014 en la Cumbre del Cambio Climático desarrollada en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, que Chile reduciría en un 20% las emisiones contaminantes al 2020.

En la COP 21, nuestro país presentará los resultados de su contribución nacional al cambio climático, luego de realizar una inédita consulta pública efectuada durante este año, la que se puede ver en el siio web de esta entidad.

A todas estas políticas,  se suma la elaboración de un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el que fue aprobado por el Consejo de Ministros a fines del año pasado.

4. Planes de descontaminación

En materia de contaminación atmosférica, el Gobierno posee 14 planes de descontaminación. La idea es invertir $2 mil millones este año para hacer frente a un problema que afecta a más de 10 millones de chilenos y es el causante de 4 mil muertes prematuras por enfermedades asociadas a la polución del aire.

Según Rodrigo Benítez, del estudio Baker & McKenzie, desde el punto de vista regulatorio, “sin duda que lo pendiente son los planes de descontaminación para el sur de Chile. Si bien hay un avance con las alertas sanitarias, las medidas estructurales que permiten hacerse cargo del problema de la calidad del aire se incorporan en los planes”.

Para lograr estos objetivos, este año se publicarán los planes de descontaminación del aire por material particulado fino (el más dañino para la salud) de las ciudades de Talca y Maule, Temuco y Padre Las Casas, Osorno y Coyhaique. Además, según indican en el MMA, se terminará el plan de Chillán y Chillán Viejo y los anteproyectos de los planes de la Región Metropolitana, Huasco, Valdivia, y la actualización del plan de descontaminación del complejo industrial Ventanas.

5. Modificaciones al SEIA

En materia de evaluación ambiental y luego de 18 años de operación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), se constituyó una Comisión Presidencial encabezada por el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, que entregará en un plazo de nueve meses una propuesta para modificar al SEIA, ajustándolo al nuevo escenario del país.

Gonzalo Asencio, gerente general de la consultora medioambiental GISMA, cree que es clave el fortalecimiento institucional de todos los instrumentos ambientales, “así como una mejor coordinación entre el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). A esto se suma la imperiosa necesidad de mejorar los sistemas de monitoreo y seguimiento de los componentes y parámetros ambientales, para que la autoridad tome mejores decisiones”.

El SEIA es una pieza clave para los proyectos de grandes inversiones.  De hecho, Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero y parte de la Comisión Presidencial, acaba de presentar sus propuestas de mejoras al SEIA, considerándolo que “está bien enfocado e  identifica los impactos, los evalúa y establece mitigaciones y compensaciones”.

6. Protección de los glaciares

Para dar cumplimiento al compromiso presidencial del año pasado, se ingresó al Congreso un proyecto de ley de protección y resguardo de los glaciares, de forma de asegurarlos como fuentes  y reservas de agua dulce y declararlos como bienes nacional de uso público.

Roberto Troya, director regional para Latinomaérica y el Caribe de World Wildlife Fund (WWF) indica que el agua es un recurso estratégico que depende en muchos casos de los glaciares y de fuentes hídricas. “El reto de Chile es seguir explotando lo que necesitamos para el desarrollo, pero de una manera responsable, que se aplica también al uso agrícola. Países como Chile deben mostrar que se puede lograr la sostenibilidad entre la necesidad de producir y proteger ese capital natural que nos permite tener las rentabilidades”, dice Troya.

Por su parte, Gonzalo Asencio, de GISMA, indica : “es indispensable avanzar también hacia una gestión integral de los recursos hídricos, especialmente desde el punto de vista de su calidad, asociado a las implicancias en los distintos usuarios del recurso y de la protección de la biodiversidad”.

7. Programas de recuperación ambiental

El Gobierno está constituyendo una serie de Programas de Recuperación Ambiental y Social en lugares como Coronel, Puchuncaví, Quintero, Huasco y Tierra Amarilla. El objetivo es recuperar el fuerte impacto medioambiental que históricamente han sufrido estas zonas, como consecuencia de la contaminación y la desprotección.

Y el “caballito de batalla” de este plan es la zona de Quintero y Puchuncaví, donde se realizará una intervención integral y multisectorial, con participación de otros organismos del Estado, las industrias y habitantes del sector, “a través de un proceso participativo y vinculante”, como se especifica en el proyecto.

Para ello se creó el “Consejo para la Recuperación Ambiental y Social de Quintero y Puchuncaví”, que se encuentra representado por ambas comunas de manera equitativa, con 26 integrantes divididos en: 11 representantes de la sociedad civil (dos territoriales, cuatro funcionales, dos organizaciones ambientales, dos consejos de la sociedad civil y un Consejo Consultivo Regional de Medio Ambiente), seis representantes del sector productivo local, tres representantes del sector empresarial y seis representantes del sector público.

8. Impuestos verdes

En el marco de la Reforma Tributaria, se aprobaron los llamados impuestos verdes, un instrumento de gestión ambiental inédito en nuestra región que permite controlar las externalidades negativas que generan las fuentes móviles, el cual está enfocado principalmente a las termoeléctricas.

Según Rodrigo Benítez: “sin duda que los instrumentos económicos son muy valiosos y hay que avanzar en esa línea, pudiendo utilizarse impuestos verdes o permisos de emisión transables. Estos últimos son los únicos que permitirían alcanzar una meta. Pero un aspecto importante es  tener el cuidado de estudiar bien su interacción con los demás instrumentos de gestión ambiental (por ejemplo planes de descontaminación)”.

Por su parte, Bárbara Saavedra, cree que  estos impuestos son una buena noticia para lo que se denomina principio de equidad ambiental. “Permitirán avanzar, por ejemplo, en implementar planes de descontaminación en ciudades a lo largo de Chile, como Andacollo, Talca, Osorno, Coyahique, por nombrar algunas, las que sufren problemas de contaminación tan severos como los que tenía Santiago en los años 90”, concluye la directora de WCS.

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¿Qué elementos pueden ser “revisables” del fallo de Tranque El Mauro?

Creo que no se ha evaluado lo que significa ambientalmente  la demolición del muro de contención de un tranque de relaves, que desde el punto de vista de la seguridad y del medio ambiente, no tiene ninguna lógica. ¿Dónde se lleva ese relave? ¿Cómo se traslada? ¿Qué medidas de seguridad y control se requieren? En este sentido, falta el criterio ambiental global en el análisis.

¿Existe algún elemento técnico ambiental que podría haber sido incluido en las determinaciones de la justicia?

Lo relevante a mi juicio es si el proyecto puede asegurar que aguas abajo del muro se entregará agua en cantidad y calidad similar al uso histórico. En la autorización ambiental ese tema esta claramente abordado en la misma forma en que se aprueban otras obras similares en el país, a través de canales de contorno que es la medida usualmente aceptada. Demoler para asegurar el libre escurrimiento, como señala la resolución, es pasar por alto la evaluación ambiental del proyecto, y los efectos ambientales no evaluados de demoler el muro. Para eso hay autoridades con competencia para fiscalizar estos temas.

Para generar un cambio en el tranque, ¿qué trámites administrativos ambientales deben realizarse? ¿Ingresar al SEIA?

La decisión judicial no dice nada porque probablemente subestimó los efectos de lo ordenado. Mover ese relave tiene costos y riesgos, además de las eventuales evaluaciones ambientales del futuro lugar de disposición y del proceso de demolición mismo y traslado de los relaves a otro sitio.

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[Aidan Davy: “Los gobiernos debieran permitir un diálogo constructivo”]

Delegados de los pueblos Aymara, Quechua, Atacameño, Colla, Rapa Nui, Diaguita, Mapuche, Yagan y Kawéskar se dieron la mano con las máximas autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, en un recinto construido con madera nativa y vigas a la vista.

Si bien, el posible ministerio aún no se crea, el Gobierno quiere ingresar los proyectos de ley respectivos durante el primer semestre de 2015, a pesar de que hay sectores indígenas que no están de acuerdo con  los alcances y cómo se está llevando a cabo el proceso.

Los 152 delegados reunidos en San Esteban, definieron además la creación de nueve consejos y un Consejo Nacional, comprometiéndose a hacerse responsables de los cambios necesarios para este nuevo organismo, acogiendo el Convenio 169 de la OIT.

¿Cómo un ministerio de este tipo podría afectar a los grandes proyectos de inversión, principalmente en el área minera y energética? ¿Será un ente que disminuirá o aumentará la judicialización de proyectos?, ¿Cómo trabajará en conjunto y se complementará con el Ministerio y la superintendencia del Medio Ambiente en este aspecto? Específicamente, ¿Cuál será su rol en  el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)? son algunas de los cuestionamientos que surgen. Para hacerse una idea, según el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), un 69% del total de procesos de consultas finalizadas, en desarrollo y proyectadas corresponde a proyectos del sector energético. La minería abarca un 25%  y la industria  de celulosa y embalses de ríos, un 6%. Por otro lado, el sur de Chile concentra el 44% de consultas indígenas y el norte, el 37%. Sólo un 6% de las consultas son interregionales.

El panorama

Según especialistas y el Gobierno, uno de los primeros pasos será establecer una institucionalidad fuerte. “Hoy en día existen  limitantes estructurales en la actual institucionalidad. La Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) no tiene presencia en todas las regiones y en varias de ellas, posee uno o dos funcionarios, lo que  impide  dar  solución a los distintos problemas de los pueblos indígenas. También carece de las facultades de tener sus propias iniciativas legislativas”, indica María Fernanda Villegas, ministra de Desarrollo Social.

En cuanto a los proyectos de inversión, Villegas es clara: “Al igual que todos los demás organismos de este tipo, tendrá por finalidad  relevar y coordinar las políticas sectoriales. Por lo tanto, en lo  relativo a las inversiones, el futuro Ministerio de Pueblos Indígenas tendrá la misma injerencia, que cualquier otra cartera”.

El abogado Rodrigo Benítez, ex subsecretario del Medio Ambiente (administración de Piñera) y actual Socio en Baker & McKenzie, comenta que actualmente, la aprobación de proyectos, mediante consulta indígena se rige por el SEIA, por lo que  en la medida que se mantenga el sistema, un nuevo ministerio, no generaría grandes cambios en los proyectos de inversión. “La diferencia podría darse con relación al organismo que se va a pronunciar respecto a los proyectos. Se ha dicho que seguirá siendo la Conadi para algunas cosas, pero aún no se sabe con certeza. Lo importante es que sea una sola entidad, no varias, porque eso sí que significaría una mayor judicialización y paralización de los proyectos”, dice Benítez. Agrega: “Lo que no me parecería razonable es extraer la consulta indígena del SEA para llevarla a un nuevo procedimiento. Eso sería un completo error, porque se está dando mayor burocracia a los temas administrativos. No tendría mucha lógica en cuanto a recursos y personal”.

Lorenzo Soto, abogado y  doctor en Derecho Ambiental, estima que un ministerio debería tender a perfeccionar el sistema de consultas indígenas para los proyectos de inversión. “Pero para eso, es fundamental que quien lo dirija, al igual que sus funcionarios, tenga una mirada indigenista, en vez de una productivista. O sea, que posean una vocación por defender los derechos indígenas”. Según Soto, definitivamente, el posible ministerio debería sustituir a la Conadi e incluso, cree que en las regiones se deberían crear seremis, que lo representen.

“Una vez conformado, lo más urgente sería hacerse cargo de las consultas indígenas que están en proceso. Pero sobre todo, proveer los recursos financieros o los medios para que las comunidades puedan defenderse o entender los problemas de impacto ambiental, con gente que se los explique, que tengan una real participación. En definitiva, la primera necesidad es hacerse cargo de que las consultas indígenas se hagan conforme a los estándares internacionales”, concluye soto.

Si se logra concretar el ministerio en los próximos años, sería un verdadero hito, considerando que en 1992 fue la primera vez que los pueblos indígenas plantearon la necesidad de su creación, en una histórica cumbre realizada en el simbólico cerro Ñielol.

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Por estos días, en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) se trabaja de manera incesante. En la entidad de calle Miraflores esperan publicar en noviembre una guía o lineamiento que entregue certidumbre a los titulares y aclare el panorama frente a una eventual caducidad masiva de permisos.

Desde el SEA confirman que el lineamiento definirá principalmente cuáles serán las obras mínimas de cuales habla el reglamento -a la fecha no hay definición. De esta manera, las empresas podrían tener a mano un instrumento para cumplir la ley.

“Desde que entró en vigencia la Superintendencia de Medio Ambiente (enero 2013), los titulares de proyectos deben informar de sus acciones. Los años anteriores, sólo algunas RCA indicaban que debían informar sobre su inicio de actividades”, afirman en el SEA. Debido a esta razón, es una verdadera incógnita cuántos proyectos se encuentran en riesgo de perder sus permisos. Por lo pronto, algunos expertos se aventuran y señalan que podrían ser cerca de 4.000  iniciativas, en su mayoría proyectos de centrales de energías renovables no convencionales.

Una eventual caducidad en masa de permisos ambientales preocupa a los gremios eléctricos y mineros, tanto así que muchas empresas ya han consultado a sus abogados sobre el impacto que podría tener el mentado artículo.

“Las dudas de titulares van por la forma en que debe acreditarse ante el SEA el acto, gestión o faena mínima, y si es que existirá la capacidad de resolver estas solicitudes antes del 26 de enero. Otro de los temores es si la Superintendencia, además de requerir la caducidad, tiene la intención de iniciar algún procedimiento sancionatorio”, dice Rodrigo Benítez, ex subsecretario de Medio Ambiente.

Esta interrogante es bastante concreta, ya que en la SMA no descartan luego de la caducidad sancionar a los proyectos: “Si los titulares no cumplen con la obligación de acreditar ante el SEA en los plazos señalados, además de verse expuestos a las consecuencias de la caducidad, la SMA se encontrará habilitada para ejercer su potestad sancionadora”, afirman en el regulador.

Según la mirada del ex jefe jurídico de la Conama, Rodrigo Guzmán Rosen, la ley  presentó ripios en su elaboración, ya que debió incorporar desde un comienzo excepciones en su aplicación, puesto que la caducidad de permisos para las empresas implica un “efecto patrimonial importante para las compañías; segundo, porque las RCA antiguas fueron dictadas bajo un sistema de reglas diferentes; y porque de todos modos esas RCA anteriores a 2010 se encuentran sujetas a otra regla, que es la revisión de las licencias”.

Desde octubre de 1992 a enero de 2010, ingresaron 10.205 proyectos al SEA, con una inversión cercana a los US$127 mil millones.

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La ex ministra María Ignacia Benítez y el ex subsecretario Rodrigo Benítez expusieron a «El Mercurio» sus cuestionamientos al detalle de las medidas, aunque recalcaron que, en principio, no se oponen al establecimiento de impuestos que incentiven el comportamiento responsable en materia ambiental.

Sin embargo, a juicio de los expertos, en este proyecto se dispone gravar algunas actividades sin que primero se haya pasado por una implementación de normas de emisión básicas. «Si bien el diagnóstico es correcto, y el mecanismo es eficiente para internalizar externalidades ambientales, lo primero sería disponer de normas de emisión que aseguren un nivel aceptable y luego implementar este mecanismo, lo que no ocurre en el caso de las calderas, que hoy carecen de norma de emisión», comentó la ex ministra.

Uno de los puntos de la propuesta de impuestos verdes más cuestionado por ambos es el que establece un gravamen a los vehículos a diésel de menos de dos toneladas de capacidad; esto es, a los automóviles y camionetas que no tienen fines comerciales.

A nivel técnico, el impuesto establece una carga tributaria de 540 UTM dividida por el rendimiento urbano (en kilómetros por litro), lo que en la práctica -según los cálculos de las automotoras- encarecería entre 18% y 30% el costo de importación de estos vehículos.

A juicio de la ex ministra Benítez, esto es «discriminatorio», ya que solo se aplica a un tipo de vehículo a diésel y excluye a otros. El ex subsecretario complementó que el foco se pone precisamente en los modelos a diésel nuevos, que son los que menos contaminan, por incorporar la nueva normativa de emisiones Euro V. «Estos modelos contaminan significativamente menos que los existentes u otro tipo de vehículos, como camiones o buses», dijo la ex autoridad de la cartera.

Ambos coincidieron, además, en que si bien se trata de una idea bien intencionada, es discutible el beneficio ambiental concreto.

Otro de los reparos al proyecto de reforma tributaria se centra en la aplicación de impuestos a las emisiones de fuente fija de más de 50 MW. Esta iniciativa grava las emisiones de material particulado (PM), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO {-2} ) y dióxido de carbono (CO {-2} ) de calderas o turbinas.

El primer cuestionamiento tiene que ver, nuevamente, con la discriminación. María Ignacia Benítez criticó que se diferencia entre las fuentes fijas descritas y los hornos y las fundiciones, que quedan excluidos en el proyecto. «Nosotros dejamos iniciado el proceso para una norma de emisión para calderas y otros procesos industriales y sería bueno para el país que esta agenda se concluya. Ojalá el impuesto verde no deje relegada esta norma», manifestó la ex jefa de la cartera medioambiental.

El ex subsecretario agregó que la forma definida para calcular el impuesto genera una alta incertidumbre porque, por ejemplo, aún no están claros los montos para NOx o MP.

Explicó que el proyecto define que será un reglamento el que determine diversos factores técnicos, indicándose someramente que se realizará conforme a una metodología que no se explicita. «El problema no es necesariamente que tenga un ámbito de discrecionalidad, sino que no se establezcan criterios que acoten esa discrecionalidad», dijo. A su juicio, lo mejor sería someter el reglamento a un análisis de costo-beneficio, una consulta pública o una revisión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

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Es además uno de los principales instrumentos para prevenir el deterioro ambiental permitiendo introducir la dimensión ambiental en el diseño y la ejecución de los proyectos y actividades que se realizan en el país.

Rodrigo Benítez, subsecretario de Medio Ambiente, sostiene que el funcionamiento del SEIA durante el último periodo ha tenido un gran avance “lo que puede verse en una tecnificación del proceso de evaluación ambiental”, sostiene.

En esta línea, la autoridad explica que se ha trabajado en generar guías que permitan mejorar el estándar de evaluación, lo cual es fundamental para dar garantías sobre la calificación de los proyectos. Además, explica Benítez, “se ha hecho un gran trabajo en mejorar la participación ciudadana, incluyendo la consulta a las comunidades indígenas”.

La participación de la ciudadanía es pieza fundamental dentro de este sistema, ya que permite que las personas se informen y opinen sobre proyectos y actividades, permitiéndoles a la vez obtener a la vez respuestas a sus observaciones.

Benítez dice que la gente efectivamente está participando más “y poco a poco lo va haciendo de manera más informada”. Aunque afirma que se debe seguir trabajando “ya que la participación requiere de un buen nivel de información, para disminuir de esta manera los posibles conflictos”.

En cuanto a la situación de la normativa ambiental, el subsecretario señala que “por parte del Ministerio hay una línea clara en tener más y mejor regulación que permita tener reglas claras facilitando la evaluación ambiental y haciéndola menos discrecional”.

Ejemplo de lo anterior son la norma de emisión para termoeléctricas, la norma de emisión para fundiciones, las normas de calidad de aire para MP2,5 y las normas de calidad de aguas que están actualmente en contraloría para toma de razón, indica la autoridad.

En el caso del SEA destaca el avance en el nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual “busca hacerse cargo de las modificaciones legales, de mejoras a problemas detectados en la historia del SEIA y pretendiendo mejorar el estándar de evaluación definiendo mejor algunos conceptos esenciales y clarificando los contenidos”.

Actualmente diez proyectos están en la etapa de consulta ciudadana. Para participar se debe acceder a la web del SEA.

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El Subsecretario Orrego señaló a la audiencia la relevancia del encuentro basado en el intercambio de experiencias profesionales. «Este taller representa un esfuerzo por contribuir al avance del desarrollo sustentable de nuestra minería, el cual es uno de los ejes estratégicos del Ministerio. En este contexto, las inspecciones en seguridad minera son un elemento esencial para el desarrollo de ésta actividad productiva en el país».

Jason T. Riley, Coordinador de Proyectos de la Oficina de Asuntos Internacionales de DOI, comentó, «este taller corresponde a un conjunto de iniciativas en Chile para el fortalecimiento de capacidades institucionales en los ámbitos de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad. El Programa de Asistencia Técnica Internacional del Departamento del Interior busca generar instancias concretas que permitan mejorar las estructuras de gestión del sector minero, mediante la individualización de buenas prácticas y modelos regulatorios».

Durante el encuentro de tres días, se revisarán modelos internacionales de buenas prácticas, así como las actuales tendencias y desafíos de la inspección minera. El evento comprenderá presentaciones de expertos, visitas a terreno y la elaboración de conclusiones para fijar los próximos pasos a seguir.

Fuente / Ministerio de Minería

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