El proyecto entra con buen pie a ser evaluado, ya que cuenta con un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) con recomendación de “aprobar”, al tiempo que la empresa ya tiene un acuerdo con Corporación de Fomento para la Producción (Corfo) para producir 82 mil toneladas de productos de litio grado batería, y la opción de desarrollar la tecnología necesaria para producir 5 mil toneladas de hidróxido de litio.

La “Ampliación Planta La Negra – Fase 3” proyecta una inversión de US$300 millones y consiste en el aumento de la capacidad de producción de la planta de carbonato de litio ubicada en La Negra, desde la autorización actual de 45.300 toneladas a 88.000 toneladas al año de carbonato de litio, manteniendo la capacidad de producción de 4.500 toneladas anuales de cloruro de litio.

Esta es la tercera modificación a la planta desde que fue aprobada en 1990. La primera recibió luz verde en 2008 y tuvo por objeto autorizar la producción de la planta de carbonato de litio, con una capacidad instalada de 45 millones de libras anuales, hasta alcanzar los 53 millones de libras anuales; mientras que la segunda -aprobada ambientalmente en octubre de 2012- autorizó la producción de 100 millones de libras al año de carbonato de litio.

Según la Declaración de Evaluación Ambiental (DEA) de la iniciativa -que fue ingresada en noviembre pasado-, la idea es iniciar las obras tempranas del proyecto a mediados de este año, para pasar a una segunda fase, las obras de capital, hacia fines de 2017. Esto, con el objeto de tener en operación el proyecto en enero de 2019.

En la misma sesión que será analizado la ampliación de La Negra, también se evaluará el proyecto Lixiviación de Concretados, de Ecometales -filial de Codelco-, que incluye una inversión de US$370 millones para la implementación de una planta de lixiviación en autoclave con una capacidad de 220 ktpa, para procesar concentrados cobre con contenidos de arsénico y polvos de tostación.

Además se votará el proyecto por US$30 millones para la construcción de una nueva planta de Cytec, una empresa dedicada a la fabricación de productos químicos principalmente para minería.

GNL Talcahuano

Pero este no son los únicos proyectos que viven una semana crítica. Ayer, GNL Talcahuano -con una inversión de US$160 millones-, fue aprobado en su trámite ambiental. El proyecto consiste en la instalación y operación de un terminal marítimo del tipo isla near-shore en el cual atracará regularmente la unidad de transporte de GNL y donde también se encontrará permanentemente amarrada la balsa de almacenamiento y regasificación de GNL.

“Este terminal marítimo será capaz de recibir, almacenar y regasificar Gas Natural Licuado, generando Gas Natural, el que será transportado a tierra mediante un gasoducto que se conectará al sistema de transporte y distribución de gas natural. El Terminal Marítimo GNL Talcahuano será el primer Terminal Carbono Neutro en su tipo”, indicaba el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto.

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La estrategia destacada por Bitran busca posicionar al litio como la mejor alternativa para el desarrollo tanto de la «manufactura avanzada», como de baterías destinadas a automóviles eléctricos que, según comentó, pasarán de fabricarse cerca de un millón en 2017 a entre 20 y 40 millones en 2035.

En entrevista con Tele13 Radio, Bitran expuso que el país cuenta con el 50% de las reservas probadas del mineral no metálico en el mundo, «el principal insumo que va en la batería de esos autos eléctricos, y como está escaso en el mundo».

«Esto hay que planificarlo ahora, si usted no lo planifica ahora, perdió, pasó la vieja. Esto es una gran oportunidad de transformación de la economía», agregó.

Con todo, aseguró que la aspiración a 18 años plazo es alcanzar una producción de 350 mil toneladas de litio, «con lo que Chile va a tener cerca del 50% del mercado mundial y vamos a ser los reyes, los actores principales y vamos a usar ese poder estratégico en esta nueva olade la electromovilidad para generar desarrollo en el norte».

Finalmente, dijo que «ya estamos haciendo cosas» con la creación del Instituto Solar-Minero en noviembre, que «va a tener un presupuesto basal de US$ 8 millones».

Litigios con SQM

Por otra parte, Bitran recordó los diversos litigios que mantienen con SQM, a lo que se suma acusaciones de la Superintendencia de Medioambiente a raíz de incumplimientos a la RCA que la compañía tiene para explotar el Salar de Atacama.

En eso, aseguró que «no queremos vincular nuestro litigio con el tema ambiental, porque nos interesa per se. Este es un ecosistema muy vulnerable y queremos hacer todo lo necesario para que se corrijan de inmediato todos los incumplimientos».

No obstante, planteó que «tenemos serias dudas, eso sí, que con la cultura corporativa de esta compañía, que tiene que ver el controlador, sin lugar a dudas, esto pueda ser sostenible en el largo plazo».

«Necesitamos empresas que realmente cumplan con las leyes y con estándares éticos razonables», concluyó Bitran.

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El salar, cuyas pertenencias mineras son de Corfo y están concesionadas a SQM y Rockwood (RLL), tiene según las proyecciones dadas por la estatal el año pasado a la Cámara de Diputados reservas estimadas entre las 5,1 y 9,1 millones de toneladas de litio metálico equivalente (LME).

Cifras que podrían aumentar considerando que existe escasa información sobre el litio depositado a más de 40 metros de profundidad y el existente en las áreas no concesionadas de la zona. Reservas que llevadas a valor comercial y calculadas por La Segunda equivalen a entre US$62.800 millones y US$111.227 millones, si se valorizan al precio de mercado de cierre del año pasado, que llegó a US$12.200 la tonelada (al cuarto trimestre), según reportó Deutsche Bank la semana pasada.

Es decir, comparativamente, en el mejor escenario de proyección de reservas de litio, éstas equivaldrían a casi la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) actual de Chile, de unos US$241 mil millones al año. Cifras que se podrían incrementar en los próximos meses si se cumplen las estimaciones del Deutsche Bank, que proyectó para el litio un precio efectivo de US$12.900 la tonelada en el segundo trimestre del año, con una demanda que crecería 24%, y que tendería a una estabilización de precios producto del ingreso de nuevos productores.

Proyecciones complejas Medir las reservas de litio en el Salar de Atacama es una tarea compleja, debido a que dependen de una serie de variables como la profundidad a la que se encuentren las salmueras, la porosidad del suelo y la reinyección de salmueras no utilizadas por parte de SQM y RLL.

Pese a ello, según Corfo, una vez que terminen los procesos de extracción por parte de ambas compañías en el salar (el 2030 para SQM y el 2044 para RLL) aún quedara litio. Según la estatal, el 2030 «lo más probable» es que en el área de SQM queden 3,4 millones de toneladas de litio. El 2044 en el área de RLL habrá unas 180 mil toneladas, mientras que en las restantes pertenencias de la estatal existirán unas 2,7 millones de toneladas, proyectó.

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Hoy el país tiene cerca del 25% de la elaboración mundial de este mineral, con cerca de 70 mil toneladas equivalentes, dividido en 45 mil de SQM y 25 mil de Rockwood, con datos a 2015, sobre un mercado de 190 mil.

La proyección del vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, es que a 2035 el mercado será de 1 millón de toneladas y, para no perder posiciones, Chile deberá elaborar del orden de 300 mil.

Una parte de la nueva oferta vendrá de Rockwood, con quien la estatal acaba de firmar un acuerdo que le permitirá producir 80 mil toneladas de litio anuales. Otra parte será probablemente lo que está haciendo Codelco con la búsqueda de un socio y otros proyectos menores en otros salares. ¿Y el resto?

“Mas temprano que tarde tendemos que resolver los líos con el vecino de Rockwood”, dice el ex ministro.

Para resolver el conflicto con SQM, hay dos caminos dice Bitran: uno que nos vaya bien en el arbitraje, que de todos modos reconoce es un tema incierto, y la otra es lograr un acuerdo si SQM cambia.

Sin embargo, alcanzar un trato con la minera controlada por Julio Ponce Lerou aún se ve lejano, ya que a pesar del acuerdo anunciado hace unos días por los accionistas principales de la empresa, en el que se perfeccionan aspectos del gobierno corporativo, en Corfo lo encuentran insuficiencia, ya que este tiene un carácter transitorio y eventualmente, sería reversible al término del mandato de este directorio. Incluso, dice, un cambio en los estatutos de la minera, que sumara nuevas modificaciones, tampoco sería suficiente.

Aunque la venta es necesaria, Bitran matizó señalando que no necesariamente buscan que Ponce salga de la empresa, “si él quiere tener acciones de cuanta compañía quiera, es problema de él, pero no puede tener un rol, ni pactos de accionistas”, sentenció.

De todos modos, Bitran corre contra reloj en esto. En menos un año terminará su periodo en la estatal, dado el cambio de gobierno. ¿Este plazo lo presiona a buscar un acuerdo que le reportaría fuertes ingresos al país? “A uno le gustaría resolver los problemas, pero no a cualquier costo, no por generar una solución lo va a hacer con una empresa que no tenga garantías”.

Según explica Bitran, replicar las condiciones del trato celebrado con la norteamericana Rockwood, por ejemplo, pero a la escala de SQM, implicaría beneficios para el Fisco que podrían alcanzar entre los US$ 300 millones y US$ 400 millones al año.

Pero dice que no tiene apuro. “No tengo ningún problema con que sea la siguiente administración la que llegue a un acuerdo (con SQM), en la medida que el estándar sea el que dejamos nosotros, porque hay una razón ética y pragmática de ser capaz de asegurar la sostenibilidad del salar”.

Bitran hace referencia al proceso sancionatorio que enfrenta SQM en la Superintendencia de Medio Ambiente, entre otras cosas, por extraer salmueras por sobre lo autorizado.

“La evidencia que tenemos es que no se han estado respetando los acuerdos de la RCA por parte de la empresa, lo que es gravísimo. Sabemos que ya hay algunos daños y hay que ver si la causalidad corresponde”, aseguró.

Corfo hará road show en Alemania

Para el próximo 18 de mayo está fijado el road show que realizará Corfo en Alemania, en conjunto con Invest Chile.

El objetivo es promocionar el plan de desarrollo que busca impulsar la estatal, en el que se licitará el 25% de la producción de litio pactada con la norteamericana Rockwood, lo que representa unas 20 mil toneladas. «Esto les permitirá a las empresas ganadoras tener un abastecimiento asegurado, a un precio que va a ser siempre más bajo que el del mercado spot y más conveniente comparado con los demás contratos a largo plazo», comentó Bitran.

Así, la idea es que entre las compañías que se hagan con la licitación, le den un valor agregado al mineral extraído, el que puede ser a través de la creación de componentes, como cátodos o ánodos de litio, o de baterías en sí, opción que es más complicada.

Los cálculos son que este tratamiento le entregue hasta cuatro veces más valor al mineral.

Actualmente el proceso se encuentra en su etapa de precalificación, fecha que recientemente fue extendida para el 30 de junio, luego de la petición realizada por empresas interesadas. Bitran espera que cerca de 20 firmas muestren interés en el proceso.

Luego se iniciará una nueva etapa para recibir ofertas vinculantes. La idea es tener hacia diciembre o enero proyectos concretos que se instalarán en el norte del país, donde se creará un polo de desarrollo

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El regulador, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, rechazaría la propuesta de SQM -aseguran cercanos-, por lo que sus equipos legales se encuentran estudiando de manera minuciosa y cabalmente todos los antecedentes del caso para fundar de la mejor forma su dictamen.

¿La razón? El plan ambiental propuesto no contaría con todos los antecedentes exigidos por la autoridad para su aprobación.

La propuesta de la minera no metálica considera obras avaluadas en $11.305 millones, unos US$18 millones, siendo el segundo plan más caro de la historia, tras el de la Minera Sierra Gorda que costó US$20 millones.

De concretarse el rechazo del plan de la minera, la firma tendría instancias de apelación a través de tribunales ambientales, por los peritos de la SMA están analizando con precisión sus consecuencias.

La autoridad ambiental detectó seis faltas ambientales en SQM Salar, ubicada a 100 kilómetros de San Pedro de Atacama, en la Región de Antofagasta. Los cargos apuntaban básicamente a falta de medidas para el control de emisiones a la atmósfera y la operación del sistema de relaves en forma distinta a lo autorizado.

Según la autoridad, SQM extrajo salmuera por sobre lo permitido, afectando el estado de vitalidad de algarrobos aledaños al proyecto, junto con entregar información incompleta respecto de la extracción de agua dulce, niveles de pozos y formaciones vegetales.

El caso ha encendido las alarmas al interior de la compañía que hoy es presidida por Eugenio Ponce Lerou.

En el marco del proceso sancionatorio, Rockwood, su mayor competencia en el mercado del litio en Chile, se hizo parte del proceso en febrero pasado y pidió a la autoridad que le exige a la minera corregir la propuesta, puesto que está no cumpliría con los requisitos de la ley ambiental. Así, a través de un escrito lanzó fuertes acusaciones en contra de la firma, y solicitó a la SMA que SQM revele más antecedes sobre su operación en el Salar de Atacama. “Existen graves deficiencias en relación con los requisitos y criterios que un Plan de Cumplimiento (PdC) debe tener para ser aprobado”, se lee en el documento.

Ante eso SQM respondió que: “Mi representada ha hecho permanentes esfuerzos por mantener la confidencialidad de la información relativa a puntos y volúmenes de extracción, que como se ha expresado constituye información sensible de carácter comercial y económico”. Y disparó: “es evidente que el sustento de la comparecencia de Rockwood en este proceso se procura ampararse en objetivos de protección ambiental, en circunstancias que su fin último es meramente comercial”.

En esa línea explica que: “Nos parece impresentable que un titular que ha ejecutado extracciones de salmuera significativamente por sobre lo autorizado (34% en cuatro años) comparezca en este procedimiento como adalid de la integridad ambiental de los sistemas lagunares de la cuenca o que presenta arrastrar a SQM Salar, a la aplicación de un plan de contingencias que pretenda evidentes errores conceptuales”, concluyó la firma.

Factor Corfo

El 23 de febrero pasado, la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) se hizo parte del proceso sancionatorio. Y un mes después presentó un escrito pidiendo el rechazo del plan propuesto por SQM.

“Se estima que las medidas de compensación propuestas por SQM Salar en el Plan de Cumplimiento presentado no resultan en absoluto satisfactorias, pues se trata de mitigaciones tendientes a producir efectos en el largo plazo, no permitiendo restablecer inmediatamente el equilibrio medioambiental, ni reducir o eliminar en el corto plazo los efectos adversos provocados por el incumplimiento”, sostuvo Corfo.

Para Corfo, las infracciones ambientales cometidas por SQM Salar, menoscaban gravemente la sustentabilidad del ecosistema del Salar en su conjunto y afectan en forma directa los componentes ambientales que la RCA intentó proteger, lo que implica una vulneración de los intereses de Corfo”.

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Y la minera ligada a Julio Ponce respondió en duros términos a su competidor. Según SQM, el propósito de Rockwood al presentar observaciones a las medidas paliativas entregadas a la autoridad sólo buscan obtener «información sensible y con elevado valor económico» sobre su producción con una «finalidad comercial y puramente particular» , ya que dicha información a la que pide acceso: niveles de extracción de salmueras por pozos y otra información hidrogeológica, afecta directamente a SQM Salar, pues en esos procesos ha invertido cuantiosos montos y tales datos se relacionan directamente con el know how y costos de la compañía.

SQM también acusó a su competidora de presentar observaciones a sus descargos «antojadizas e inexactas» y de haber superado los máximos de extracción de salmueras los años 2008, 2010, 2011 y 2012.

En ese contexto SQM solicitó a la superintendencia que al considerar las alegaciones de Rockwood, lo haga «considerando desde dónde provienen y cómo sólo contribuyen a entorpecer el proceso».

Acusaciones 

El 28 de noviembre pasado, la SMA levantó seis cargos contra SQM Salar (filial de SQM), todos relacionados con la extracción de agua en salmueras y las consecuencias de esas faenas en el salar. A mediados de febrero, su competidor Rockwood se hizo parte en el proceso y a fines de marzo entregó un informe con una serie de observaciones contra las medidas paliativas planteadas por SQM.

Consultadas tanto SQM como Rockwood, no quisieron pronunciarse respecto al tema, pero fuentes relacionadas a ambas compañías reconocieron que la situación ha vuelto a tensionar las relaciones dentro del Salar de Atacama.

Ambas compañías firmaron en julio de 2016 un acuerdo para poner fin a sus disputas y conformaron una mesa de trabajo para proteger ambientalmente el salar, pero sin avances hasta hoy.

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La iniciativa nace de la obligación de la norteamericana Rockwood -que extrae litio desde el salar de Atacama- de vender a precio preferente hasta un 25% de su producción. La exigencia está contenida en el reciente contrato firmado con Corfo, que le permitirá producir 82 mil toneladas.

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, cuenta que los interesados tendrán hasta el 31 de mayo para hacer llegar sus cartas con manifestación de intereses. Precisa que deberán informar sobre cuál sería su producto a desarrollar, la capacidad tecnológica, la experiencia en el mercado, capacidad financiera y responsabilidad ambiental.

Una vez analizados los antecedentes, en junio, estima Bitran, tendrán la precalificación lista y para noviembre el proceso debería estar resuelto, «con contratos en vías de ser formalizados». Entre los «ganchos» para cautivar a inversionistas destaca el precio de venta rebajado comprometido por Rockwood, que según la autoridad, en el mediano y largo plazo, se ubicaría entre 5% y 7%.

Otro atributo es la posibilidad de contar con un suministro seguro en el largo plazo. «El mayor beneficio se refiere a disponer de una oferta estable, de largo plazo. Sabemos que en 2016 algunos productores de baterías, por escasez del recurso, tuvieron que pagar precios spot , superiores a US$ 13 mil la tonelada, cuando los precios en contratos de largo plazo para carbonato de litio (grado batería) estaban alrededor de US$ 6 mil la tonelada», sostiene Bitran.

Añade que el llamado «busca clarificar cuáles son aquellos usos de valor agregado del litio que las empresas internacionales estarían interesadas por desarrollar en Chile (…) los factores económicos definirán hasta dónde es razonable agregar valor en Chile al litio».

Comenta que entre la producción con valor agregado se encuentran los cátodos, componentes de baterías de litio o sales especiales. Agrega que, además de la industria automotriz, este mineral es usado en la industria cerámica, de vidrios, lubricantes, o dispositivos móviles como celulares o tablets.

En primera instancia, el llamado señala que la producción con precio preferente alcanzará a 16 mil toneladas en 2023, pero podría llegar hasta 20 mil toneladas. «Esto nos permite la instalación de varias empresas, no solo una. Hoy, la producción global de litio para baterías no supera las 40 mil toneladas».

Bitran indica que esperan recibir al menos cinco manifestaciones de interés real y adelanta que «tenemos señales de empresas líderes mundiales». Cómo operarán los grupos negociadores ha sido uno de los puntos más controversiales:

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A fines del 2016, la SMA formuló cargos contra la firma por seis faltas ambientales en esta operación, ubicada a 100 kilómetros de San Pedro de Atacama, en la Región de Antofagasta. Dichas faltas -de las cuales tres son graves, dos leves y una gravísima- la exponen a perder su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), a ser clausurada, o pagar una multa de hasta 27 mil UTA, unos US$ 22,3 millones.

En detalle, entre los cargos imputados figura el haber extraído un mayor volumen de salmuera fresca respecto de la autorizada por la autoridad, lo que tendría efectos en la operación de Rockwood, que se emplaza en el mismo salar.

«Dada la proximidad de las labores, y los potenciales efectos sinérgicos sobre el medio ambiente debido a la explotación de la salmuera y del agua del área del Salar de Atacama, hacen que se manifieste un evidente interés», señala Stephen Elgueta, gerente general de Rockwood, a través de una carta en la que pide hacerse parte del proceso.

Pese a que la minera nacional presentó un plan de cumplimiento para salvar las observaciones realizadas, la norteamericana pretendería revisarlo en detalle. «Dicho programa contiene una serie de compromisos y medidas que pueden afectar directamente a mi representada con consecuencias, por el momento, indeterminadas», dice la misiva.

Consultada la firma por mayores detalles sobre su posición, no se refirieron al tema.

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Este subproducto es un derivado del litio y el potasio que se extrae del salar de Atacama y que se usa para servicios de estabilización de caminos básicos y supresión de polvo. En Chile, Salmag era la firma que desarrolló este negocio y era el único proveedor de la zona norte. Por ello, hay quienes le llamaban a esta asociación «el cartel de la bischofita» y pidieron de forma reservada a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que investigara este mercado. Los resultados de las indagatorias se conocieron esta semana.

La FNE archivó la investigación por el joint venture y afirmó en su resolución que Salmag había alcanzado una participación de mercado cercana al 100% en ese producto en la zona norte y consideró que la participación conjunta de Rockwood y SQM generaba riesgos significativos para la libre competencia, sin embargo el organismo antimonopolios da cuenta de que las compañías decidieron de manera voluntaria poner término al joint venture . De todos modos, fuentes cercanas al caso explican que la FNE derechamente le recomendó a una de las dos empresas vender su parte.

La forma para deshacer el cartel de la bischofita consistió en que SQM remató a sobre cerrado sus derechos sociales en Salmag. Rockwood se la adjudicó y tuvo que pagar, según dicen conocedores, entre US$ 5 millones y US$ 10 millones.

Fuentes ligadas al caso, aseguran que ahora SQM montará su propio negocio de la bischofita y que competirá con su antiguo socio, Rockwood.

La resolución de la FNE también advirtió otros riesgos en el cartel que mantenía SQM con Rockwood.

«El nivel de los riesgos identificados permiten concluir que esta asociación, de continuar, tendría la capacidad de producir restricciones a la competencia, así como el riesgo de que, a través de Salmag, SQM y Rockwood compartieran información estratégica de otros mercados, como el litio y potasio, debido a que en su administración participaban ejecutivos de primera línea de ambas compañías», reza el documento.

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El organismo persecutor afirmó que Salmag, la compañía objeto de la investigación, había alcanzado una participación de mercado cercana al 100% en ese producto en la zona norte. El derivado es utilizado para la supresión de polvo y la estabilización de caminos.

Después que la FNE consideró que la participación conjunta de Rockwood y SQM Salar en Salmag generaba riesgos significativos para la libre competencia, las compañías decidieron de manera voluntaria poner término al joint venture . Así, se adjudicaron a Rockwood los derechos sociales que SQM Salar tenía en Salmag.

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