“Este encuentro no solo es importante para la industria, sino para todas las personas: necesitamos acelerar el desarrollo de la desalación y el reúso si queremos asegurar agua potable para las próximas generaciones y sostener el crecimiento del país. Sin agua no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay bienestar para las personas”, declaró Alberto Kresse, presidente de Acades.

Entre las invitadas internacionales destacan Ismahane Elouafi, recientemente incluida en el listado Time100 Most Influential People in Climate 2025 por su liderazgo en seguridad alimentaria y gestión sostenible del agua; y Belén Gutiérrez, presidenta de la Asociación Española de Desalación y Reúso (AEDyR) y jefa del Departamento de Desalación en I+D+i de GS INIMA, reconocida por su trayectoria en desarrollo tecnológico en desalación y reúso, y gestión integral del agua.

También participarán Carlos Cosin, director general de Almar Water Solutions; José Miguel Diéguez, director de obras y proyectos en Ens d’Abastament d’Agua Ter-Llobregat; Stuart Khan, decano de la facultad de ingeniería de la Universidad de Sídney; Wim Alen, VP Business Development Generation International de Engie; y Marco Arcelli, CEO de ACWA Power, los que abordarán las tendencias internacionales en financiamiento, innovación y proyectos de infraestructura hídrica no convencional.

A nivel nacional, el Congreso contará con referentes del mundo privado como Iván Arriagada, presidente Ejecutivo de Antofagasta Minerals; Javier Moreno, gerente General de Aguas Pacífico; Lucas de Marco, gerente general de Sacyr Agua; Álvaro Arroyo, gerente general de Econssa; Alex Miquel, gerente general de Aguas Horizonte; Hernán Aravena, gerente general de Aguas CAP; Salvador Villarino, gerente general de Aguas Nuevas; y José Luis Murillo, gerente general de ESVAL; Juan Ignacio Escobar, CEO de Colbún; entre otros líderes empresariales.

Además, presentarán líderes gremiales y de la sociedad civil como Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero; Jorge Riesco, presidente de Sonami; Antonio Walker, presidente de la SNA; Camilo Charme, director ejecutivo de Generadoras de Chile; Marcos Kulka, director ejecutivo de H2Chile; Carlos Cruz, director ejecutivo del CPI; Dominique Viera, presidenta de Aprimin; Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram; y Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA, que debatirán sobre el papel del agua como eje del crecimiento económico sostenible.

Asimismo, expondrán representantes de empresas socias de Acades que lideran la transición hacia una gestión hídrica más resiliente, como Domingo Zarzo, director de Proyectos Estratégicos y Relaciones Institucionales de Sacyr Agua; y Michael Lesniak, vicepresidente Senior de Aquatech.

El programa contempla plenarios de alto nivel y 15 sesiones paralelas dedicadas a temas como regulación, innovación tecnológica, reúso, impactos ambientales, cooperación internacional y diálogo territorial, reforzando la visión de ACADES: garantizar agua para crecer, para la vida y para el futuro.

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Es así como el encuentro contó con la exposición de Francisco Saffie, Coordinador de Regulación Económica del Ministerio de Hacienda, quien enfocó su presentación en tres ideas claves. 

«La primera es la importancia que tiene la regulación para el crecimiento económico de calidad. Regulación y crecimiento van de la mano, a mi juicio. En segundo lugar, cuáles son aquellas medidas del Gobierno en materia regulatoria que se han estado implementando. Y en tercer lugar, la importancia que tiene la buena regulación y en particular un proyecto de ley”, puntualizó. 

 Tipos de regulación 

Al iniciar la presentación, Saffie se refirió el objetivo de la regulación, afirmando que “busca resolver problemas o riesgos colectivos, mediante decisiones de la autoridad, que en general se ejercen a través de mecanismos de monitoreo, de exigencia de información, u orientadas a modificar el comportamiento de distintos agentes de mercado”.   

A su vez, mencionó los fines de la regulación, declarando que “la regulación económica, que es aquella que en general conocemos para corregir fallas de mercado (…) a partir del establecimiento de precios, obligaciones de acceso, o regular las condiciones de entrada a una industria particular, es decir dar forma al mercado”. 

En este contexto, también aludió a la regulación social, afirmando que “es aquella que se refiere a la regulación que va habitualmente más allá de lo económica, y puede involucrar a más de un sector, preocupándose de establecer estándares valiosos desde un punto de vista social, tales como son el área medioambiental, la salud, la seguridad, los mercados financieros, etc.”. 

Al mismo tiempo, dio cuenta de la regulación procedimental o de gobernanza: “En general incluye o se refiere a las actividades que desarrollan las agencias independientes o los órganos del Estado que establecen costos para los regulados. Se asocia con la exigencia de los permisos rellenados en los formularios, como pueden ser las declaraciones de impuestos». 

 ¿Qué es la buena regulación? 

A continuación, el especialista abordó, desde su perspectiva, ¿qué es una buena regulación?: “Es aquella efectiva y eficiente. La regulación es efectiva cuando logra los bienes sociales que establece el gobierno para las autoridades regulatorias y es eficiente cuando logra aquellos bienes sociales que están establecidos en la regulación al menor costo económico posible”. 

En cuanto a las medidas tomadas por el Gobierno y la legislación, Francisco Saffie, detalló que “en términos económicos de la minería, ha creado el royalty y la Estrategia Nacional del Litio. Además, en cuanto a lo social, ha impulsado el Plan Nacional de Relaves y las normas de carbono neutralidad (…) complementando con la incorporación femenina en directorios de compañías estatales”. 

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En la oportunidad, Santiago Montt, fundador y actual presidente de Montt Group, fue el encargado de moderar la sesión junto a Melania López – Videla, directora comercial de la consultora internacional.

En materia tributaria, Norma López, representante de Argentina explicó que “la Ley RIGI pretende dar incentivos a las empresas, seguridad jurídica. Esta Ley calificó algunas industrias como prioritarios, en las que destaca la minería”.

A su vez, respecto a los proveedores, Paula Chincha, abogada de Perú, mencionó que “no hay una norma específica que obligue a contratar proveedores de empresas locales. En nuestro país, los contratistas mineros son quienes realizan la exploración y explotación, y ellos deben inscribirse en el registro de contratistas mineros”.

Además, Chincha mencionó que “uno de los requisitos es que la empresa debe estar constituida en Perú, además de tener un capital social equivalente a 146 mil dólares”.

En el caso de Argentina, María Belén Hocevar, abogada, enfatizó que “en San Juan, los proveedores locales son considerados antes que otras empresas. Sin embargo, a nivel nacional, no existe esta misma normativa. Es algo local”.

Por parte de Ecuador, Esteban Morales dijo que “no existe obligación para proveedores locales. De todas maneras, existe gran intención de las empresas para estar en territorio minero y así ayudar a las comunidades”.

Finalmente, María de Los Ángeles Nahid, abogada de Bolivia sostuvo que “existe una ley de compra para entidades públicas. Están obligadas a dar prioridad a productos nacionales”.

Chile

En el caso de Chile, Máximo Sotomayor abordó cómo ha sido el proceso de implementación de la Ley de Royalty, haciendo hincapié en que “la tributación Royalty ya quedó regulada”.

En tanto, la abogada Karina Guggiana hizo énfasis en el tratado binacional entre Chile y Argentina: “Se establece un marco legal para explotación en conjunto de zonas fronterizas. En ese sentido, el significado político-económico es lo más importante. Se busca generar un marco jurídico”.

Durante la sesión, otros temas abordados tuvieron relación con el Régimen legal de la propiedad minera; Exigencias Medioambientales para la exploración y Explotación; Régimen de Consulta y aprobación a comunidades; y la Obtención de derechos de Agua, entre otros tópicos.

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En su exposición, el experto comenzó explicando los objetivos de la OCDE, para luego ahondar en el tema regulatorio en particular en los países de Latinoamérica. Respecto de la primera temática, el experto dio a conocer la misión que los inspira y el trabajo que realizan con el objetivo de lograr que los gobiernos de sus países miembros tengan mejores políticas públicas.

En lo referente al ámbito regulatorio, Flores Romero dijo que en Latinoamérica existen muchas regulaciones de baja calidad que afectan el crecimiento económico. “Estamos plagados de permisos, licencias, trámites y autorizaciones que afectan mucho a las empresas”, y enfatizó en la importancia de tener buenas regulaciones para impulsar la competencia y aumentar la productividad económica de los países.

También, explicó que en su mayoría la regulación intenta proteger a la población contra los riesgos como, por ejemplo, la regulación ambiental y al desarrollo urbano y territorial que tienen como fin proteger a la población respecto a riesgos ambientales, poniendo énfasis en que la respuesta regulatoria debe ser proporcional al riesgo.

Para Flores, en Latinoamérica las empresas enfrentan grandes retos regulatorios, no obstante se destaca Chile como el país que tiene menos restricciones a la inversión, “aunque aún tiene posibilidades de mejorar”, aseguró y acotó que para eso la OCDE promueve optimizar el ciclo de la gobernanza regulatoria en el que participan tanto regulados y reguladores, y que está compuesto por cuatro etapas: desarrollo de la política pública y elección de los instrumentos; el desarrollo de nueva regulación o revisión de la existente; la implementación y hacer cumplir la regulación; y el monitoreo y evaluación del desempeño de la regulación.

Agradecimientos

Al finalizar la charla, la ministra presidenta del tribunal, Sandra Álvarez Torres, agradeció la voluntad del doctor Manuel Flores de acceder a poder dictar la charla y enfatizó en la importancia que tiene para el equipo del tribunal acceder a conocimiento experto y específico. “El tema de la regulación nos atañe de manera directa en la medida en que somos un tribunal especial dentro de un sistema de control judicial”, manifestó.

Asimismo, el ministro Alamiro Alfaro agradeció al doctor Flores y resaltó la importancia de la temática para el tribunal en especial en el contexto de la jurisprudencia ambiental chilena, donde el control que realizan los tribunales ambientales cada vez se está ampliando a un número mayor de instrumentos de gestión ambiental.

Expositor

Manuel Flores Romero es licenciado en economía por el Tecnológico de Monterey; México y doctor en economía por la Universidad de Warwick (Reino Unido).

Es administrador para la OCDE de la Red Iberoamericana y del Caribe de Mejora Regulatoria y coordinador del Programa de Política Regulatoria para Latinoamérica.

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Otros ejes temáticos de la conferencia serán lo que traerá 2022 en materia energética, así como el estado actual y futuro de las discusiones regulatorias en energía.

El evento será inaugurado por el subsecretario de Energía, Francisco López, quien verá el tema «Balance y lo que viene de la Ruta Energética 2018-2020», seguida de una presentación de Ana Lía Rojas, socia fundadora de Ener Connex, quien desde 2022 asumirá la dirección ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera A.G.).

Módulos

Ana Lía Rojas también moderará el primer módulo «Lo que traerá 2022 en materia energética», donde participarán José Venegas, secretario ejecutivo de la CNE; Juan Carlos Olmedo, presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional; Claudio Seebach, presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, y Céline Assemat, responsable del análisis y de la modelación del mercado eléctrico de DNV Antuko.

Posteriormente vendrá el módulo «Estado actual y futuro de las discusiones regulatorias en energía», el que será moderado por María Trinidad Castro, directora ejecutiva de WEC Chile, en que se contará con Daniela González, directora de DOMO Legal; Carlos Barría, jefe de la División de Políticas y Estudios Energéticos y Ambientales del Ministerio de Energía; Danilo Zurita, director ejecutivo de GPM A.G., y Aura Rearte, directora de Estudios y Regulación de Acesol.

Finalmente, el tercer panel «Energía en la política, Debate presidencial a portas de las elecciones» será moderado por Roberto Valencia, editor general de B2B Media Group, con la participación de Claudio Huepe,(Candidatura Gabriel Boric); Marcelo Mena, Co-Coordinador Programático, Yasna Provoste; Ramón Galaz  (Candidatura de Sebastián Sichel), y Julio Vergara (Candidatura José Antonio Kast).

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Así lo señaló Rodrigo Gálvez, director y miembro del Comité de Regulación de la Asociación Chilena de Hidrógeno (H2 Chile) durante la tercera jornada de Cavendish Tour Zona Centro Sur, organizada por este gremio y el Club de Innovación, donde planteó que el actual estado de la industria en el país no está maduro, por lo que “se debe regular en general los usos que puede tener el hidrógeno”, mientras que los detalles y pormenores se pueden dar cuando el mercado esté más maduro.

Incentivos

El especialista puso el acento en no establecer mayores restricciones para este sector, “a menos que sean por motivos de seguridad pública”.

“Se deben evitar trabas regulatorias, como imponer estándares o condiciones demasiado altas o muy bajas que no permitan el desarrollo del mercado”, sostuvo, agregando que la futura regulación que salga facilite la instalación de la infraestructura de almacenamiento.

En su opinión, en Chile es necesario considerar que el hidrógeno es una innovación, razón por la cual sostuvo que no se debiese regular en detalle, puesto que “las innovaciones son frágiles en sus inicios, requiriendo de apoyos, por lo que introducir nuevas regulaciones se pueden convertir en barreras de entradas y eso se puede volver complejo”.

También planteó que uno de los mayores desafíos regulatorios en torno al hidrógeno “es conciliar los diferentes intereses que existen en torno a los desarrollos que se puedan lograr a partir de él”.

Densidad normativa

El especialista recordó que la regulación se aplica cuando existen fallas en el mercado, barreras de entrada artificiales, falta de certeza jurídica o una baja en la inversión, señalando que este no es el caso del hidrógeno en el país, donde no existe hasta ahora un mercado, por lo que destacó el análisis realizado por H2 Chile, en que se identificaron cuatro capas regulatorias: normativas generales, sectoriales, normas que regulan los derivados del hidrógeno y las que lo norman directamente.

Según Gálvez, se registran 46 normas que regulan directamente al hidrógeno, de las cuales 36 son decretos supremos o reglamentos, y 9 son normas chilenas aprobadas.

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Es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un Diplomado en Derecho Administrativo Sancionador de la Universidad de Valladolid.

En su trayectoria ha participado en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, en el Comité de Ministros, en el Consejo Directivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo, en la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero y en el Comité Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (COMICIVYT), en la Mesa Nacional del Agua (MOP), entre otras instancias.

El objetivo del Consejo Geotérmico es la promoción y desarrollo de la energía geotérmica en el mercado chileno y está integrado por empresas desarrolladoras de proyectos.

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Luego, la ministra anunció que en 2019 se iniciaría “la construcción de un laboratorio de alta complejidad y con certificación internacional, el que además de medir compuestos en el aire servirá para analizar compuestos en suelo, agua y residuos, y se transformará en el laboratorio de referencia para todo Chile.” Sin embargo, la última cuenta pública del Presidente no tuvo ningún anuncio en la materia.

El diagnóstico de la ministra del Medio Ambiente se encuentra respaldado en un estudio contratado por el Estado chileno en 2017, en el que EUROChile[2] planteó respecto de los estudios de línea de base que se realizan para el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que estos “son costeados por las empresas titulares de los proyectos y realizados por empresas consultoras con apoyo de laboratorios. Actualmente no se tiene constancia que la información ambiental presente en los estudios, previos a la aprobación de los proyectos, haya sido generada con procedimientos que garanticen su validez y fiabilidad, ni que los laboratorios cuenten con trazabilidad a los patrones de medida internacional (BIPM)”, lo que “contribuye a generar desconfianza en la información ambiental relativa a los proyectos mineros.”

Este cuestionamiento se extiende a las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFA) que entregan la información ambiental de seguimiento de los proyectos evaluados en el SEIA, respecto de las cuales el mismo estudio informa que “de acuerdo a las mediciones realizadas por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), aproximadamente 40% de los laboratorios registrados como ETFA realiza (medidas) insatisfactorias”.

En otras palabras, nuestro país no tiene laboratorios con estándares y prácticas que den credibilidad a nuestras mediciones ambientales. En términos prácticos, ello se refleja en que Chile no cuenta con un Laboratorio de Aire, Agua y Suelo registrado en el Bureau International des Poids et Mesures en Sévres (BIPM). El registro en este organismo sirve para acreditar que un país dispone de buenas prácticas de medición ambiental y, por tanto, su información es confiable, ya que por una parte el laboratorio registrado (conocido como Instituto Designado) debe periódicamente demostrar a nivel

internacional sus buenas prácticas y, además, coordinar y supervisar a los laboratorios dentro del país, verificando métodos, capacidades y otros.

Por otra parte, la certificación COPPER MARK[3]  que el sector minería del cobre se ha definido recientemente en respuesta a exigencias del LME[4]  (London Metal Exchange), tiene como objetivo garantizar prácticas de producción responsable y la contribución de la industria a los objetivos de desarrollo sustentable (SDGs) de las Naciones Unidas. En este escenario, ¿cómo la minería del cobre chilena podrá garantizar su información ambiental tanto a la comunidad nacional como a los mercados internacionales? No tengo respuesta a ello, sólo decir que el LME ha anunciado que a partir de 2025 eliminará de sus listas de marcas aprobadas aquellas que no cuenten con la garantía de producción responsable[5].

Para entender el contexto, debe considerarse que las mediciones ambientales se insertan dentro de lo que es la metrología, disciplina que contempla además las mediciones de otras variables, tales como masa, temperatura, humedad, presión y fuerza. Estas mediciones deben tener trazabilidad con el BIPM a través de Institutos Designados. Un esquema del funcionamiento del sistema de metrología en nuestro país se ilustra en la Figura 1.

La Red Nacional de Metrología (RNM), perteneciente al Instituto Nacional de Normalización (INN), es una instancia reconocida por el Estado de Chile para articular y administrar el sistema de aseguramiento metrológico, que garantiza las mediciones realizadas en Chile, de modo que sean comparables, trazables y aceptadas en otros países.

Sobre este organismo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha señalado que se trata del “primer Instituto Nacional Metrológico virtual del mundo, al no poseer legalmente ningún

laboratorio”[6] y recomienda a nuestro país avanzar hacia un INN de carácter totalmente público, en el que las magnitudes y submagnitudes estén administradas, desarrolladas, financiadas y organizadas de manera centralizada. Constata además que las capacidades de medición propias con que cuenta la institucionalidad ambiental del país son muy acotadas o inexistentes, y éstas deben ser cubiertas en gran parte por laboratorios privados, lo que ocasiona situaciones de conflictos de interés[7].

Para lograr la calidad de Instituto Designado se requiere de recursos significativos, pues la actividad de medición y análisis ambiental conlleva una serie de complejidades. Obtener un resultado confiable no es una tarea trivial; depende de la metodología empleada, el tipo de muestra, su concentración y, en algunos casos, de la necesidad de aislar la muestra de la matriz, sin olvidar los requerimientos de calibración de la instrumentación asociada.

Ha habido esfuerzos discontinuados en esta materia. Podemos recordar capacidades que alguna vez existieron en la Fundación Chile, para luego extinguirse. Luego, el intento del Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA), dependiente de la Universidad de Chile. Más recientemente, se puede constatar el esfuerzo desde el ex Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM) por rescatar las capacidades demostradas a nivel internacional por su Laboratorio de Elementos Trazas y Ecotoxicología, habiéndose firmado en 2017 un acuerdo con la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) para instalar en uno de sus terrenos un Laboratorio de agua y suelos, y realizado la ingeniería del proyecto, respondiendo a los estándares de infraestructura de un Instituto Designado. Ello habría permitido que la minería de nuestro país contara con un Centro de Referencia Ambiental (CRA) del más alto estándar. Sin embargo, esta iniciativa no contó con respaldo al convertirse el CIMM en la Corporación Alta Ley, el personal del laboratorio fue desvinculado y el equipamiento existente presumiblemente permanece sin uso en alguna bodega.

Ante el desafío que se avecina para la minería del cobre chilena de avanzar hacia la certificación Copper Mark, no resulta del todo claro quién dentro del Estado debiera asumir el desafío de proveer al sector del Instituto Designado que se requiere en química ambiental. ¿El Ministerio de Minería? ¿El Ministerio del Medio Ambiente? ¿El Ministerio de Economía? Al revisar las 180 páginas del documento de trabajo “Insumos para la Política Nacional Minera 2050: Acuerdos y propuestas de las mesas de sostenibilidad económica, social, ambiental y de gobernanza para una minería sostenible”[8], se observa que no figuran las palabras “Copper Mark” ni “Centro de Referencia Ambiental” u otras equivalentes, dejando en evidencia que no existe una iniciativa ministerial al respecto.

Pretendemos ser un país muy activo en torno al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, sin embargo, aún no tenemos siquiera la capacidad de contar con información fidedigna acerca del impacto ambiental de nuestra principal actividad económica. Ya saben eso de que “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre.[9]”

[1] BID, Infraestructura para la calidad y competitividad, 2016, Nota Técnica N° IDB-TN-1166

[2] Informe EUROChile ya citado

[3] http://www.politicanacionalminera.cl/wp-content/uploads/2020/06/Insumos-para-la-PNM-2050.pdf

^[4] William Thomson Kelvin (Lord Kelvin), físico y matemático británico (1824 – 1907)

[5] https://coppermark.org/wp-content/uploads/2020/02/Copper-Mark-Criteria-Guide_FINAL_24FEB20.pdf

[6] https://www.mch.cl/reportajes/demanda-por-practicas-responsables-hacia-un-esquema-certificado-de-mineria-sustentable/#

[7] La relación de la certificación COPPER MARK con la métrica ambiental se da en al menos siete de sus 32 componentes: Gestión del riesgo ambiental; Emisiones de Gases efecto invernadero (GHG); Gestión y conservación del agua fresca; Gestión de residuos; Gestión de Relaves; Contaminación; Biodiversidad y áreas protegidas.

[8] https://mma.gob.cl/ministra-schmidt-informa-acuerdo-con-instituto-noruego-para-analizar-aire-de-quintero-puchuncavi-y-anuncia-construccion-de-moderno-laboratorio-en-la-zona/

[9] 2017, EURO Chile, Fundación Empresarial, PROYECTO: Diseño de un Instituto Tecnológico y Centro de Referencia Ambiental

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Al respecto el vicepresidente ejecutivo (s) de Cochilco, Jorge Cantallopts, señaló en los últimos años se ha avanzado en la comprensión que el desarrollo sostenible no es sólo hablar de medio ambiente, sociedad o economía, sino que de estos tres conceptos en su conjunto y en sintonía con las comunidades.

El seminario será inaugurado por el Ministro de Minería, Baldo Prokurica; y expondrán por Chile el subsecretario de esta cartera, Ricardo Irarrázabal, y el subsecretario de Relaciones Económicas de Chile, Rodrigo Yáñez.

Expondrá también la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE), entidad que presentará la “Guía de Debida Diligencia”, cuya elaboración inició en 2009, y que tiene por objetivo establecer un mecanismo que permitiera determinar que ciertos minerales no tuvieran su origen en zonas de conflicto, la cual se adoptó en 2011.

Otra de las instituciones que participará con orador es la Bolsa de Metales de Londres, entidad que está considerando aplicar esta normativa en primera instancia para el cobalto y estaño, y después para otros minerales.

También estará presente el Grupo Internacional del Cobre (GIEC) que entregará la visión de los países productores y consumidores de cobre del mundo sobre esta materia.

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Tras décadas de estelas grises y ruidos molestos, el transporte en la ciudad vive una auténtica revolución. Autos, buses, scooters y bicicletas eléctricas se han ido tomando cada rincón de Santiago. Y es que la electromovilidad llegó para quedarse, pues se trata de una alternativa limpia, sustentable y eficiente a los ya tradicionales combustibles fósiles.

Si bien Chile aún se encuentra distanciado respecto al escenario del transporte en países como Suecia y Noruega, donde desde hace algunos años esto ya es una realidad, hace sólo unos días se dio un paso clave: la firma por parte de 38 entidades públicas y privadas de la Estrategia Nacional de Electromovilidad.

Se trata de un acuerdo fundamental para el impulso de la tecnología de movilidad eléctrica en el país, lo que posiciona a 2018 como el año del salto definitivo en la materia.

Entre quienes firmaron, se encuentran los ministerios de Energía, Medio Ambiente y Transportes, además de Corfo, la Comisión Nacional de Energía, Volvo, Nissan, ABB, TurBus, Copec, Enex, las universidades de Chile, San Sebastián, Inacap y Duoc UC.

En pocas palabras, la estrategia define una serie de puntos a trabajar y metas que deberán cumplirse durante los próximos años. Por ejemplo, plantea el establecimiento de estándares mínimos de eficiencia energética para vehículos particulares.

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Además, impulsa la definición de una normativa de disponibilidad de instalaciones de carga en edificaciones e incorpora de manera explícita a los automóviles y sus componentes a la Ley de Reciclaje.

También genera incentivos para el desarrollo de la electromovilidad en el transporte público mayor y crea estímulos para el fomento de la Investigación y Desarrollo (I+D) en capital humano. Además, compromete a las universidades y centros de estudios técnicos a formar profesionales especializados en la materia.

José Miguel Arriaza, director de Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental de la Universidad San Sebastián, señaló que participar de este acuerdo les permite “estar en la primera línea sobre investigación y conocimiento de la temática, para generar trabajos, redes de contacto, proyectos y tesis al respecto”.

El tratado también contempla la incorporación de nuevos puntos de carga. Por ejemplo, Copec anunció la instalación de una red con 20 áreas dedicadas a este servicio, desde Papudo hasta Concepción. Además, incluirán nuevos equipos ultra rápidos, los cuales pueden reponer un 80% de una batería en sólo 20 minutos.

Este acuerdo también será clave para el sector automotriz. Por ejemplo, Volvo Trucks se comprometió a compartir su experiencia ganada con la operación de camiones pesados eléctricos en europea, así como las últimas innovaciones y descubrimientos realizados por la compañía.

“Firmamos un acuerdo con el gobierno por el desarrollo de la electromovilidad en Chile, poniendo a disposición de todos los chilenos toda la experiencia que hemos alcanzado globalmente en Volvo Trucks, como por ejemplo la puesta en marcha en el mercado global de camiones eléctricos y soluciones eléctricas que mejoran la vida de los conductores, como también reducen el impacto en nuestro medio ambiente”, dijo Manuel de Pablos, CFO y actual director interino de Volvo Chile.

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