En su presentación, que se extendió por 10 minutos, el titular del gremio minero resaltó que en la minería chilena participan tres segmentos complementarios y fuertemente interdependientes como pilares productivos. “Estos sectores han logrado conformar una arquitectura de la minería chilena admirada en el extranjero, y que es necesario preservar y promover: Codelco, la gran empresa estatal; gran minería privada, internacional y nacional, y  mediana y pequeña minería nacional”, aseveró Hernández.

Mencionó asimismo que Enami ha sido un factor relevante que ha permitido el desarrollo y continuidad de la pequeña y mediana minería, a lo largo de muchos años, algunos de bonanza y otros de estrechez.

Al referirse a las garantías constitucionales generales de la industria, el presidente de Sonami mencionó: poder realizar cualquier actividad económica lícita cumpliendo las normales legales que la regulen; la garantía de un trato justo, equitativo, proporcional y no discriminatorio en materia económica y tributaría; el derecho de propiedad, que permita confiar que se obtendrán los beneficios de la actividad económica lícita que se emprende; un adecuado equilibrio entre dichas garantías y aquellas otras que justificadamente puedan establecerse, como la protección del medioambiente o el reconocimiento de los pueblos indígenas, a fin de no paralizar innecesariamente emprendimientos y obras de desarrollo que vayan en beneficio sustentable de todo el país; y la seguridad de que los preceptos legales que regulen tales garantías o las limiten en los casos que la  Constitución lo autorice, “no afecten los derechos en su esencia ni impidan su libre ejercicio”.

Mirada normativa

En su exposición ante la Comisión respectiva y al abordar las normas constitucionales específicas para la minería, el presidente de Sonami mencionó:

• El dominio especial del Estado sobre todas las minas, distinguiéndose ese dominio del dominio sobre el predio superficial en cuyas entrañas se encuentran los yacimientos.
• Que la explotación de las sustancias concesibles se haga a través de concesiones de origen judicial.
• Dominio del titular sobre su concesión minera.
• Que tanto la Constitución de dichas concesiones mineras como todos los aspectos relacionados con su caducidad o extinción queden entregados de manera exclusiva a los tribunales ordinarios de justicia.
• Que las causales de extinción y sus efectos sean aquellas establecidas en la ley al momento de otorgarse la concesión, a fin de proveer la certeza necesaria para las enormes inversiones involucradas.
• Que  la explotación de las sustancias que la ley declare no concesibles podrá hacerse mediante concesiones administrativas o contratos especiales de operación.
• Que la regulación de los demás aspectos fundamentales asociados a la propiedad minera quede entregado a una ley de quórum superior, como la actual Ley Orgánica Constitucional, y que el rango constitucional de Codelco, para que tanto su carácter de empresa estatal como las restricciones a la venta y enajenación de sus concesiones mineras quede protegido.

En cuanto a las normas laborales, Diego Hernández dijo ante la Comisión de Medio Ambiente de la Convención que “aun cuando la teleoperación de maquinaria y equipos mineros, y el teletrabajo, son cada vez más comunes en la minería chilena, los sistemas de turnos son un aspecto clave para el correcto desarrollo de esta actividad”.

Finalmente, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería se refirió al régimen tributario que afecta a la minería, señalando que aquellos ad-valorem, eso es que no tienen relación con el margen  ni la utilidad de la compañía minería, “tienen el efecto de encarecer los costos operaciones, lo que afecta las decisiones de inversión en  yacimientos de menor calidad, particularmente en periodos de bajos precios».

“Los impuestos que aplican a la utilidad o al margen operacional evitan afectar la inversión y recargar los costos de la explotación minera durante los periodos de bajos precios. Asimismo, elevan el ingreso fiscal durante los periodos de bonanza”, concluyó Diego Hernández.

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En la instancia se presentaron los resultados del estudio “Renta económica, régimen tributario y transparencia fiscal en la minería del cobre en Chile y Perú”, realizado por el exdirector del Servicio de Impuestos Internos de Chile, Michel Jorratt.

El documento tiene como objetivo contribuir a la discusión de algunos de los temas claves de los regímenes fiscales en la minería, como la recolección de las rentas económicas por parte de los gobiernos, con instrumentos que ofrezcan mayor progresividad, equidad y eficiencia a los sistemas fiscales, o la transparencia en la apropiación, uso y distribución de los ingresos fiscales derivados de la actividad minera. 

Para ello, se estudiaron casos de la minería del cobre en Chile y Perú, analizándose la renta económica, el régimen fiscal, la estructura de ingresos tributarios y no tributarios y la transparencia en la apropiación, el uso y la distribución de los ingresos fiscales provenientes del sector de ambos países.

El director de estudios y políticas públicas de Cochilco, Jorge Cantallops, destacó que “es un aporte muy oportuno  y muy robusto. Es de las mejores cosas que uno puede encontrar de manera pública para la discusión del tema royalty. Refiriéndose al documento, lo que más valoro es realizar de manera detallada distintas estructuras tributarias que es justo lo que se necesita hoy. En Cochilco hacemos algo parecido, pero es muy útil tener uno sobre el cual trabajemos. Se valora también la simplicidad, la distribución del riesgo y la estabilidad, todas estas características deberían considerarse en la elaboración de un buen sistema tributario para la minería”.

Para el representante de GIZ, Nicolas Maennling, “este estudio se completó en un momento muy oportuno en el cual Perú y Chile, los dos países productores de cobre más grandes del mundo, están apostando por el sector minero como un motor clave para la recuperación económica post-pandemia y necesario para reducir las crecientes deudas estatales. Con el precio récord de cobre en casi una década, es inevitable que haya un debate acalorado sobre si los gobiernos debieran o no recaudar una mayor parte de la renta minera. Esperamos que este estudio contribuya a un debate informado para equilibrar los objetivos de maximizar los beneficios del sector para los países productores y asegurar que aún sean jurisdicciones atractivas para inversiones futuras”.

Chile

En el caso de Chile, se estimaron las rentas económicas por separado para la empresa estatal Codelco y para las empresas privadas. 

Aproximadamente un 12% de los ingresos de Codelco corresponden a ventas de cobre comprado a terceros. Dada la importancia de este rubro, y considerando que sobre el 83% de las ventas de la empresa estatal corresponden a cobre refinado, y que no tiene incentivos a subvalorar los precios del concentrado, se optó por considerar como ingresos para efectos de la estimación de la renta económica aquellos reportados en los estados financieros.

Bajo los supuestos anteriores se estima que las rentas económicas asociadas a los yacimientos de cobre explotados por Codelco, entre 2000 y 2019, alcanzaron a US$45.746 millones, equivalentes a un promedio de 1,2% del PIB.

Respecto de las empresas mineras privadas, se contó con información de la producción anual de cobre y subproductos para el período 2000-2019. La producción de estas empresas con información financiera disponible representa el 90% de la producción privada total de cobre.

En base a eso, se estimó que las rentas económicas asociadas a los yacimientos de cobre explotados por empresas privadas, entre 2000 y 2019, alcanzaron a US$127.168 millones, equivalentes a un 3,3% del PIB.

Perú

En Perú, la producción de cobre es 100% privada. Para la estimación se contó con información de la producción anual de cobre y subproductos para el período 2000-2019. En base a las consideraciones anteriores, se estimó que las rentas económicas asociadas a los yacimientos de cobres explotados, entre 2000 y 2019, alcanzaron a U $70.425 millones, equivalentes, en promedio, a un 2,6% del PIB.

Es interesante observar que las rentas económicas en Perú alcanzaron  a un promedio de US $2.541  por tonelada métrica de cobre fino, mientras que en Chile este promedio fue de US $1.624. Esto se debe a que la minería de cobre en Chile tiene costos operacionales más altos, debido en parte a la menor ley de los minerales. Para el último quinquenio de la serie, el costo operacional en Perú fue de 1,7 dólares por libra, mientras que en Chile fue de 2,2 dólares por libra, esto es, un 30% más alto.

El Estado se apropia de parte de las rentas económicas mediante la aplicación de impuestos generales y especiales a la minería. Se estima que esta recaudación alcanzó durante el período analizado a US$25.936 millones (un 37% del total). 

Revisa el estudio en este link.

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Con el fin de promover un diálogo informado, y dada la circunstancia en las que tanto Chile y Perú transitan por procesos políticos claves, es que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal) y el Programa de Cooperación Regional para la Gestión Sustentable de los Recursos Mineros en los Países Andinos (MinSus) implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR), por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ, por sus siglas en alemán), realizarán el seminario “Comparación de los regímenes fiscales en la minería del cobre de Chile y Perú”.

La actividad, que se desarrollará el próximo 18 de mayo (11:00 CL – 10:00 PE), será abierta al público y se realizará en formato virtual.

En la instancia se presentará el estudio “Renta económica, régimen tributario y transparencia fiscal en la minería del cobre en Chile y Perú”, cuyo autor es el ex director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorratt. En este, se pone en contexto la situación del régimen fiscal actual sobre la minería del cobre en Chile, ofreciendo conceptos claves, conclusiones y recomendaciones en la búsqueda de mejoras del sistema, en ponderación de los criterios de progresividad, eficiencia, equidad y transparencia.

Para el representante de GIZ, Nicolas Maennling, “este estudio se completó en un momento muy oportuno en el cual Perú y Chile, los dos países productores de cobre más grandes del mundo, están apostando por el sector minero como un motor clave para la recuperación económica post pandemia, y necesaria para reducir las crecientes deudas estatales. Con el precio récord de cobre en casi una década, es inevitable que haya un debate acalorado si los gobiernos debieran o no recaudar una mayor parte de la renta minera. Esperamos que este estudio contribuya a un debate informado para equilibrar los objetivos de maximizar los beneficios del sector para los países productores y asegurar que aún sean jurisdicciones atractivas para inversiones futuras”.

Posteriormente a la presentación de Jorratt, un panel de expertos realizará comentarios al trabajo realizado por el consultor.

Inscripciones para el seminario en este link.

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