En medio de la definición de esos últimos detalles, la cartera recibió la noticia de la renuncia del subsecretario Rodrigo Benítez, el primer integrante del nuevo Gobierno en abandonar su cargo. Al respecto, Cubillos asegura que el trabajo de la cartera sigue adelante.

Además, explica detalles del proyecto de reforma al SEIA, defiende la creación de las denominadas macrozonas ante las críticas por supuestamente quitar poder a las regiones.

Sobre la salida del subsecretario Benítez, si uno revisa la prensa una de las palabras que más se repite es “quiebre”.

¿Hubo un quiebre en el ministerio?

-El subsecretario presentó su renuncia al Presidente de la República aludiendo a motivos personales y eso es que está oficialmente establecido.

Pero pareciera que no es normal que una dupla dure tan poco tiempo…

-Lo que he dicho. Creo que es un principio que lo tengo marcado en mi vida y en la política, que es la lealtad, con los equipos que trabajo y con los que han partido. Por lo tanto, no emitiré ningún comentario.

¿Pero no es al menos complejo que se haya ido considerando que queda poco tiempo para que ingrese este proyecto?

-Tengo el mandato del Presidente para una agenda en materia medioambiental muy exigente y a eso estamos abocados. Se lidera un equipo, que es el que sigue adelante y cuando un subsecretario renuncia por motivos personales y es un cargo de confianza, el presidente nombrará al siguiente subsecretario.

En relación con la reforma al SEIA. ¿En qué etapa está?

-La primera definición es que modificar el SEIA requiere un acuerdo transversal. Ningún sector tiene los votos suficientes para modificar el sistema por sí solo. Acá hay dos etapas: una, la que hemos hecho hasta ahora, con reuniones con parlamentarios, gremios, ONG, ambientalistas, etc. Hemos hecho un diálogo bastante importante desde ese primer borrador.

¿Y cómo será la segunda etapa?

-Eso vendrá cuando ingresemos el proyecto. Yo vengo del mundo parlamentario y le tengo un profundo respeto. Ahí se abrirá un proceso de discusión y de diálogo. Lo que le he pedido a la presidenta de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara es que se abra un período para ello. Y que nosotros estamos dispuestos a que el proyecto que finalmente se vote esté enriquecido por esta discusión parlamentaria.

Respecto al borrador que se conoce, se ha cuestionado la creación de las macrozonas, pues quitarían poder a las regiones. ¿Se planea flexibilizar eso?

-Cuando uno dice que se requiere un acuerdo transversal, la manera de conseguirlo es presentar una propuesta, pero estando abierto a enriquecerla en la discusión. Respecto a las macrozonas, su razón de ser, a diferencia de lo que ha salido, es fortalecer la participación regional. Hoy las regiones tienen fuerte participación en esta comisión regional, pero todo lo que resuelven va al Comité de Ministros, que es centralizado. Entonces había una sensación de mayor participación, pero todo terminaba siendo resuelto a nivel central. Lo que se apruebe en las macrozonas será mucho más definitivo que lo que es hoy día. Entonces, sentimos que al revés de lo que se ha criticado, se está fortaleciendo la participación regional.

¿Cómo se abordará la judicialización?

-En la propuesta se mejora en dos términos la judicialización. Estamos planteando que previo a los proyectos haya una participación temprana o PAC anticipada. El resultado de ello será un acta de términos de referencia ambiental, que se protocoliza y que se publicará por el SEA. Ahí puede haber ya una primera instancia de judicialización, pues se podrá impugnar hasta 30 días después de su publicación. Muchas personas nos han dicho que una manera de tener un “no” temprano, es tener una judicialización temprana. Esto, a través de un recurso especial a los tribunales ambientales. Por lo tanto, si bien siempre existe la posibilidad de recurrir a los tribunales de justicia, hoy queda más acotado. Y además, al eliminarse el trámite del Comité de Ministros, se anticipa esa judicialización.

¿Va a ser requisito lograr el acta de la PAC anticipada?

-No. Lo que será requisito es la PAC anticipada en los estudios de evaluación ambiental. En las declaraciones, va a ser voluntario. No es requisito llegar a acuerdo. De los acuerdos se deja constancia, de los desacuerdos también, o de los cambios.

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¿Hay alguna meta respecto del plazo de trámite de los proyectos?

-Nuestro eje como Ministerio de Medio Ambiente no es disminuir los plazos ni facilitar los proyectos de inversión, el eje es que el SEIA se pueda fortalecer como un instrumento de protección ambiental. La mejor manera de destrabar una inversión y acortar los plazos, es que el proyecto entre desde un inicio respetando las normas ambientales. Pero obviamente que hay medidas que disminuyen los plazos en términos de judicialización. Al no haber Comité de Ministros se elimina un periodo bastante largo.

¿El proyecto dará certezas a los proponentes?

-Este proyecto tiene cuatro objetivos: fortalecer el SEIA (…), dar certeza jurídica -no solamente a los titulares de los proyectos sino también a los titulares-, mejorar la participación ciudadana y el fortalecimiento de la participación regional.

¿Las macrozonas solo serán técnicas o también políticas?

-Lo que queremos con el proyecto es que lo técnico y lo político convivan de mejor manera. Hoy nadie duda de que tiene que haber una coexistencia de ambas características. Los proyectos deben ser evaluados técnicamente en materia ambiental, pero una comunidad, una región, un país, puede plantearse y decidir si ese proyecto que cumple los requisitos técnicos lo queremos o no. Por lo tanto, buscamos que en esta macrozona puedan convivir lo técnico y lo político. Pero al mismo tiempo, es importante señalar que todos los organismos sectoriales técnicos siguen siendo el eje fundamental de la evaluación y siguen estando a nivel regional, como la Conaf, los organismos de salud, todos los organismos sectoriales son regionales y son técnicos.

¿Qué pasa con la entrega de permisos sectoriales?

-Se entienden incorporados dentro de la RCA, pero hay una norma que estamos poniendo que dice que los permisos que sean compatibles con la RCA y de acuerdo a un reglamento, pero en general permisos que hoy se demoren mucho tiempo en otorgarse después se entienden integrados en la RCA, en la medida que sean compatibles con ella.

Una de las preocupaciones es que hoy se pide demasiados permisos. ¿Eso se podría revisar?

-Eso se verá en el reglamento. Aquí hay tres maneras: reforma legal, reforma al reglamento del SEIA y está el tema del SEA. En todo el tema de los permisos creo que se puede revisar muchísimo y en eso es clave el debate del Consejo de Ministros porque cada ministerio tiene la experiencia de sus propios permisos sectoriales.

Gobierno nombra a Felipe Riesco como nuevo subsecretario de la cartera

A dos días de la renuncia de Rodrigo Benítez a la subsecretaría del Medio Ambiente, el Gobierno dio a conocer en la tarde de ayer que el abogado de la Universidad Católica, Felipe Riesco Eyzaguirre, ocupará ese cargo, integrándose de inmediato al equipo liderado por la ministra Marcela Cubillos.

Riesco, que ya cuenta con una amplia trayectoria en el mundo ambiental, cursa, en la actualidad, un magíster en Derecho Constitucional, mención en Derecho Procesal Constitucional, en la Universidad de Talca.

Anteriormente, se desempeñó como Secretario Abogado del Tercer Tribunal Ambiental. Mientras que en la primera administración de Piñera, fue director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental en La Araucanía (2010-2011); jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Medio Ambiente (2011-2012), y asesor jurídico de la Superintendencia del Medio Ambiente.

“Tiene toda la capacidad y experiencia para ejercer el cargo y para sacar adelante juntos el programa de gobierno del Presidente Piñera en materia ambiental”, dijo sobre su nombramiento la ministra Marcela Cubillos.

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Daniel Guevara, del TA de Antofagasta: “Las macrozonas de evaluación administrativa irían en una línea correcta”

1.- ¿Comparten el diagnóstico de que se hacía necesaria una reforma al SEIA?

“Las actuales exigencias globales de la sociedad, en aspectos tan urgentes como el cambio climático, hacen indispensable revisar si nuestro Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es el más indicado para llevarnos a transitar de un país en vías de desarrollo a un país de desarrollo humano y de medioambiente avanzado. Siempre debe cuidarse que las reformas legales no sean simple reacción a contingencias.

“El primer tribunal ambiental inició la recepción jurisdiccional de causas el 2 de septiembre de 2017. Estimo que es un plazo breve como para realizar una evaluación compleja desde la perspectiva jurisdiccional”.

2.- De la propuesta del Ejecutivo, ¿qué aspectos destacaría y cuáles cree que debieran modificarse o someterse a un análisis más exhaustivo?

“Los presidentes de los tribunales ambientales hemos sido invitados por la ministra del Medio Ambiente a conocer alcances del anteproyecto de ley. Lo valoramos, pues nos permitirá ser un aporte, con la consideración de no exceder ámbitos propios de la Corte Suprema”.

3.- ¿Está de acuerdo con el fin del Comité de Ministros de Medio Ambiente?

“Más allá del nombre que se pueda colocar a una institución, es relevante que en sede administrativa de evaluación de proyectos exista una instancia colegiada de responsabilidad política, que dentro del Poder Ejecutivo se pronuncie sobre el mérito de una iniciativa, integrando visiones entre los sectores ambientales, económicos, políticos, de salud y sociales. La dimensión política en una sociedad, en cambio, contiene cada vez más conocimientos complejos de la técnica, y no se trata de que la técnica se superponga a la relevancia que en una democracia debe tener la decisión de autoridad, la cual debe integrar los aspectos científicos, tecnológicos y de especialidad que ayudan a la mejor decisión”.

4.- ¿Cree que la creación de tres comisiones macrozonales en consonancia jurisdiccional con los tres tribunales ambientales generará más trabajo y más reclamaciones para estos últimos?

“Si bien no conocemos detalles del anteproyecto de ley, creemos que si esta reforma propuesta colabora con mejorar el acceso a la justicia, las macrozonas de evaluación administrativa irían en una línea correcta”.

5.- ¿Concuerda con que cuando un servicio se haya pronunciado en el marco de la evaluación ambiental y luego en la RCA se entienda que el permiso sectorial ya está otorgado?

“Hay que revisar el estándar de cumplimiento exigido actualmente por los servicios públicos, pues se debe evitar que la RCA se entienda como un “cheque en blanco” al operador del proyecto. Sin embargo, todo aquello que contribuya a optimizar la evaluación, conducente a una decisión oportuna y bien fundada, está en coherencia con la orientación moderna de la administración”.

6.- ¿Comparte la propuesta de hacer participación ciudadana previa, y hacer obligatoria la participación ciudadana como tal para las EIA y las DIA?

“La complejidad actual en la evaluación de proyectos hace exigible la participación ciudadana, con independencia de si se trata de una DIA o EIA. La participación temprana es un aporte, siempre que también obedezca a una visión sistémica y estratégica del territorio donde se han de emplazar proyectos de las características de aquel presentado a consulta. Más que una evaluación temprana proyecto a proyecto, resulta más interesante avanzar en la Evaluación Ambiental Estratégica, en la que -por ejemplo- la creación de polos de desarrollo energético, como dispone la ley eléctrica, o los usos a través de PROT (Planes Regionales de Ordenamiento Territorial) son determinantes para que las vocaciones del territorio se transformen en usos potenciales turísticos, mineros, industriales o agropecuarios, en desarrollos armónicos y que garanticen bien común social y ambiental”.

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Iván Hunter, del TA de Valdivia: “El Comité de Ministros siempre fue percibido como una instancia esencialmente política y no administrativa”
1.- ¿Comparten el diagnóstico de que se hacía necesaria una reforma al SEIA?

“Existe un consenso en la necesidad de una reforma al SEIA que permita fortalecer la institucionalidad como una instancia donde los factores técnicos tengan una preponderancia mucho mayor a los políticos. Esto permitirá, por una parte, estructurar criterios de cumplimiento de la legislación ambiental que establezcan reglas claras y precisas a los titulares; y, por la otra, que se consideren en la toma de decisión todos los factores ambientales relevantes, de manera que las medidas adoptadas sean realmente eficaces para hacerse cargo de los impactos ambientales”.

2.- De la propuesta del Ejecutivo, ¿qué aspectos destacaría y cuáles cree que debieran modificarse o someterse a un análisis más exhaustivo?

“No conozco en detalle la propuesta del Ejecutivo, pues aún no tenemos acceso al proyecto de ley. Sin embargo, la ministra del Medio Ambiente nos ha invitado a conocer más profundamente la propuesta. Por la información que públicamente se maneja, parece razonable la modificación al sistema de impugnación de la RCA (Resolución de Calificación Ambiental) y muy elogiable la incorporación de la participación ciudadana previa. Esto permitirá legitimar de mejor manera los proyectos, y decidir tempranamente si se puede o no invertir”.

3.- ¿Está de acuerdo con el fin del Comité de Ministros de Medio Ambiente?

“El Comité de Ministros como etapa recursiva en el procedimiento de evaluación ambiental siempre fue percibido como una instancia esencialmente política y no administrativa. Eso sí, hay que tener cuidado en pensar que por la eliminación del Comité de Ministros o las comisiones de evaluación se acaba la discrecionalidad. La existencia de opciones y de márgenes de apreciación de la autoridad es inherente al ejercicio de decisor. Por ello, lo realmente importante es que esas decisiones sean razonables, motivadas y con fundamento científico-técnico”.

4.- ¿Cree que la creación de tres comisiones macrozonales en consonancia jurisdiccional con los tres tribunales ambientales generará más trabajo y más reclamaciones para estos últimos?

“Parece razonable y coherente la idea de identificar las macrozonas con la competencia territorial de los Tribunales Ambientales. No tengo claro que exista una relación entre la creación de las macrozonas y un aumento en las reclamaciones. Probablemente, con la reforma se percibirá una mayor litigiosidad, pero eso se relaciona con la posibilidad de impugnar directamente la RCA, sin necesidad de agotar previamente la vía administrativa a través de la reclamación ante el director ejecutivo o el Comité de Ministros, o la invalidación. Será, sin embargo, solo una percepción, porque el efecto que se producirá es que se acortarán los tiempos para que la RCA se entienda firme. Lo que tengo absolutamente claro es que los Tribunales Ambientales estamos lo suficientemente capacitados y equipados para hacernos cargo de un eventual aumento en los litigios”.

5.- ¿Concuerda con que cuando un servicio se haya pronunciado en el marco de la evaluación ambiental y luego en la RCA se entienda que el permiso sectorial ya está otorgado?

“Esto es difícil de opinar sin conocer el texto en su detalle. Con todo, lo relevante es que los órganos que participan en la evaluación ambiental fijen estándares claros, adecuados y suficientes de actuación, y fundamenten sus decisiones”.

6.- ¿Comparte la propuesta de hacer participación ciudadana previa, y hacer obligatoria la participación ciudadana como tal para las EIA y las DIA?

“Es una gran iniciativa (…) Los procedimientos administrativos en los que su resultado puede afectar a la colectividad, y en que la administración cuenta con amplios márgenes de discrecionalidad, requieren abrir espacios dinámicos y flexibles de participación ciudadana, con el objeto de determinar y valorar todos los intereses que pueden ser alcanzados con la decisión. Se trata de internalizar en los EIA o DIA todas las variables -sociales, culturales, ancestrales, ambientales, urbanas, etc.- que se afectan con los proyectos o actividades, para lo cual la información que pueda proporcionar la ciudadanía y los grupos de interés resulta esencial. Si esta información es previa al procedimiento de evaluación ambiental, y se incorpora en los EIA o DIA, claramente se permitirá un mayor acierto y previsibilidad en la respuesta estatal”.
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La iniciativa la pretende enviar al Congreso “en las próximas semanas”, por lo que desde mañana la autoridad iniciará conversaciones con todos los actores, con el ánimo de incorporar aquellos aspectos relevantes, añade la secretaria de Estado. “El Presidente estuvo muy encima; quería que este proyecto se hiciera rápido y que fuera bueno técnicamente. Le interesa la certeza (jurídica) para los proyectos, pero también mejorar la participación ciudadana y que este sea un sistema eficaz de protección ambiental”, sostiene.

-La reforma al SEIA era algo requerido transversalmente. ¿Cuáles son sus principales hitos?

“Este sistema lleva 20 años, la nueva institucionalidad ambiental (que creó la Superintendencia y los tribunales ambientales) lleva 10. Se han hecho comisiones, se han hecho diagnósticos y el Presidente nos apuró y nos dijo: ‘ahora preséntenme una propuesta de proyecto de ley’. Lo que hicimos es hacer armar un equipo jurídico entre el ministerio y el SEA para hacerle una propuesta al Presidente”.

“Obviamente tuvimos varias reuniones con el Presidente y con el equipo de la Segpres. Ya tenemos el proyecto. El lunes (mañana) lo vamos a presentar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (presidido por Medio Ambiente e integrado por los ministros de Agricultura, Hacienda, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Transportes, Minería y Planificación), que es un trámite que requiero para presentar cualquier proyecto desde esta cartera”.

“Y desde mañana vamos a iniciar un proceso de diálogo con los parlamentario de Chile Vamos de las comisiones de Medio Ambiente, parlamentarios de otras bancadas, la SMA, el Poder Judicial, las organizaciones gremiales; es decir, distintas instancias. Porque si bien se va a presentar el proyecto que tenemos elaborado, los plazos de presentación dependen de la Segpres. No tenemos ningún inconveniente en recoger e introducir las cosas que pueden surgir en estas conversaciones”.

-¿Es un proyecto de ley o también incluye cambios administrativos desde el Gobierno?

“Este proyecto es parte de varios aspectos con los que abordamos el cambio al SEA. Uno era un cambio en la gestión, que lo ha venido haciendo el director Hernán Brücher con instructivos, por ejemplo, que se agilizara la entrega de los permisos sectoriales y las pertinencias de cada organismo. Lo segundo era vía reglamento, que lo tenemos pendiente. El ex ministro Mena lo había dejado presentado en Contraloría y nosotros lo retiramos para revisarlo, corregirlo, modificarlo y volverlo a ingresar para armonizarlo con el proyecto de ley. Una tercera área era esta: un proyecto de ley”.

-¿Qué es lo que cambia?

“El gran objetivo es fortalecer el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como un instrumento de protección del medio ambiente. Y de ahí derivan dos objetivos adicionales: mejorar la participación ciudadana y la certeza jurídica”.

“En participación ciudadana recogemos algo que ha planteado Valor Minero: participación ciudadana temprana. Incorporamos en esta ley que para los Estudios de Impacto Ambiental haya una participación ciudadana previa obligatoria que permita fijar términos de referencia ambientales, con la salvedad que estos no son vinculantes ni reemplazan la participación ciudadana que viene en el proceso de evaluación ambiental, aunque sí la simplifica y ayuda a ella”

-¿Por qué quieren hacer este cambio?

“La participación ciudadana temprana va a favor de los ciudadanos. Hay mucha queja de que los titulares de los proyectos recién se sientan a conversar con ellos cuando el proyecto ya ingresó al SEA y está definido. Aquí se da la opción de que esas comunidades puedan trabajar junto con el titular los términos del proyecto y eso puede disminuir bastante los rechazos a los proyectos”.

“Esta participación ciudadana temprana es obligatoria para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), pero es voluntaria para las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Y el titular puede pedir que participe como facilitador la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo”.

Además la ministra explica que en el caso de las DIA, la participación ciudadana se aplicará en todas. Hoy, solo se aplica en aquellas que tienen impacto ambiental, “pero en el proyecto es que todas tengan esta instancia”.

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“Se elimina el Comité de Ministros”

-¿Qué ocurre con el Comité de Ministros?

“Se elimina, con el objetivo fundamental que es terminar con la doble revisión administrativa que hoy existe, e igual todo termina en el Tribunal Ambiental. Vamos a dejar solo una instancia administrativa y se eliminan también los consejos regionales de Medio Ambiente”.

-¿Con qué se reemplazarán?

“Vamos a crear una instancia distinta. Vamos a crear tres Comisiones Macrozonales que van a ser la única instancia administrativa de evaluación del proyecto. De ahí se va al Tribunal Ambiental (TA). Ya no está la Comisión de Evaluación Ambiental Regional ni el Comité de Ministros, sino se pasa a estas Comisiones Macrozonales”.

“El objetivo no es sacar la mirada regional, que va a estar, sino ir avanzando a estas macrozonas, que por lo demás calzan con las competencias y los territorios jurisdiccionales de los Tribunales Ambientales. La idea es hacer coincidir esta estructura con los tres Tribunales Ambientales -norte, centro y sur- con estas macrozonas que serían de evaluación, con el tribunal que está en Antofagasta, Santiago y Valdivia”.

-¿Quiénes integrarán estas comisiones macrozonales?

“Estamos proponiendo un director macrozonal del SEA, ya que esta instancia también se moderniza, se acaban las direcciones del SEA regionales y quedan tres direcciones del SEA macrozonales. Ahí también hay una mejora de gestión del SEA”.

“Resumiendo, esta Comisión Macrozonal la integra el director macrozonal del SEA; el intendente regional de la zona donde se ejecutará el proyecto; el seremi de Medio Ambiente de la región donde estará el proyecto; y se incorpora un profesional del área de la ciencia elegido por Alta Dirección Pública (ADP) con varios requisitos; un profesional del área del Derecho, también elegido por ADP y bastantes requisitos; y dos integrantes designados por el Presidente de la República”.

-¿Qué pasa si no hay conformidad a lo que resuelva la Comisión Macrozonal?

“Como es una única instancia administrativa donde se va a evaluar el proyecto, de la RCA que salga ahí o del rechazo que salga ahí solo se puede recurrir al TA. No hay otra instancia administrativa. Ponemos un plazo de 30 días para reclamar ante el TA, incluso personas que sintieron que debían participar en el proceso y no las consideraron, comunidades que no fueron escuchadas, todos tienen 30 días para reclamar ante el TA”.

“Esto nos evita la doble revisión administrativa (de los consejos egionales y del Comité de Ministros) y evita que el proponente logre una resolución firme después de muchísimo tiempo… porque si va al Comité de Ministros se podía demorar muchísimo, después otro tanto en el TA. Una persona podía demorarse dos años entre que tenía su RCA y tenerla a firme”.

-Pero aún queda la Corte Suprema…

“Claro, no se toca el recurso de protección, que es constitucional y existe siempre”.

-¿El objetivo era acabar con los vetos políticos a los proyectos?

“Tiene dos ventajas este cambio. Se tecnifica más, manteniendo siempre una instancia de revisión administrativa que es importante, porque no basta que el proyecto sea técnicamente perfecto, sino que obviamente tiene que haber una instancia en que autoridades de la región o autoridades políticas definan en esos términos en una zona determinada si es correcto realizarlo allí”.

-¿Es esta la mayor reforma ambiental desde que se hizo el sistema?

“Yo creo que esta es la mayor reforma a la institucionalidad ambiental de los últimos años. Es hacerse cargo de un proceso que ya lleva muchos años y correspondía evaluarlo. Es muy potente la señal de iniciar su modificación al comienzo del gobierno, porque queremos hacer efectivamente los cambios”.

“No podemos seguir defendiendo un sistema de gobierno parcelado”

-¿No hay el riesgo de que pierdan poder las regiones?

“El jefe de la región, que es el intendente, participa en esta Comisión Macrozonal de Evaluación cuando hay un proyecto que le afecta a su región, lo mismo el seremi de Medio Ambiente”.

-Pero si un proyecto es eléctrico, seguro que el seremi de Energía querrá ser incluido…

“Los gobiernos son integrados. Uno apunta como MMA que las actividades mineras, energéticas, etc., tengan la mirada medioambiental. No podemos seguir defendiendo un sistema de gobierno parcelado, sino que apuntamos a que el Gobierno en su conjunto tenga la mirada medioambiental”.

-¿Ayuda a destrabar la inversión?

“No es nuestro foco ni el del instrumento tampoco. El SEIA busca fortalecerlo como un instrumento de protección ambiental. La mejor manera de destrabar proyectos es que estos ingresen al sistema cumpliendo al detalle las normas ambientales”.

-¿Qué ocurre con los permisos sectoriales? Las empresas se quejan que aún con RCA tienen que sacar 200 permisos…

“En el proyecto misceláneo de Economía y en este mismo proyecto habrá ventanilla única para los grandes proyectos, por lo que basta la RCA. Luego de obtenerla, el proponente no tiene que ir a buscar uno por uno esos permisos sectoriales de servicios que ya se hayan pronunciado durante el proceso de evaluación ambiental; queda exento de hacerlo y eso acorta mucho el plazo, porque te puedes demorar años en lograr los permisos sectoriales”.

-Con esta reforma, ¿se logra lo que delineó en la primera entrevista “que el “no” sea temprano y el “sí” definitivo”?

“Va en esa línea. Los plazos se van a acortar muchísimo para que el proponente tenga a firme su aprobación o rechazo; además el “sí” al proyecto va a tener certeza y va a quedar ejecutoriado mucho antes sin afectar la calidad de la regulación”.

-¿Cuánto se acortan los plazos?

“Desde la participación ciudadana temprana, ponemos un plazo de dos años para presentar su estudio ambiental. Cuando se aprueba o rechaza por la Comisión Macrozonal, el plazo se acorta muchísimo porque antes entre ir al Comité de Ministros y al Tribunal Ambiental, podían pasar dos años. Después de la RCA, tienes 30 días para ir al TA. Y además no tendrás que pedir permisos sectoriales después de lograda la RCA”.

El gran objetivo es fortalecer el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como un instrumento de protección del medio ambiente. Y de ahí derivan dos objetivos adicionales: mejorar la participación ciudadana y la certeza jurídica”.

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El titular de este organismo -una de las pocas autoridades nombradas en la era Bachelet y ratificada por la nueva administración por la ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos- plantea que ya es tiempo de hacer algunos cambios normativos.

Aprovechando los cambios que se prevé tenga la institución medioambiental chilena, Franz plantea algunos ejes que cree conveniente revisar de las atribuciones y funcionamiento de la SMA: ceder la jurisdicción de las infracciones por ruidos en fiestas y celebraciones religiosas a los municipios; tener procesos sancionatorios abreviados; que la entidad pueda pedir rectificaciones exprés sin entrar a sumariar a una empresa; y coordinarse mejor con las entidades que realizan la evaluación ambiental, de manera que las resoluciones ambientales contengan parámetros que sean realistamente fiscalizables.

“Llegó la hora de introducir algunos perfeccionamientos a nuestro modelo de fiscalización ambiental y que esto se haga entre este año y el 2021”, dice Cristián Franz.

De las 1.499 denuncias que recibió la SMA en 2017, el 49,6% fue por sonidos excesivos o molestos, el 14,9% por calidad del agua, otro 4,74% por la calidad del aire, y 4% por malos olores, cuenta. Y de las reclamaciones por excesos acústicos, gran parte corresponde a reclamos por pubs o celebraciones religiosas.

“Es un sinsentido que tengamos que fiscalizar una reunión de templos evangélicos, cánticos o celebración de ritos. Sobre todo porque la multa mínima que imponemos es una UTA, es decir, sobre $540.000”, señala Franz. A su juicio, este tipo de denuncias debiera salir del ámbito de la SMA y caer en el de los municipios, para que la SMA pueda enfocarse en irregularidades más del sector industrial: ruido de calderas, instalaciones fabriles, etc., argumenta. Para ello solo necesita cambiar el decreto supremo N° 38, que regula la norma de ruido.

Además, la autoridad explica que “es fundamental que la SMA cuente con procesos sancionatorios abreviados, ya que estamos enfrentando serias dificultades para sancionar o someter a proceso sancionatorio infracciones que son muy pequeñas y no justifican activar el proceso, que involucra muchos recursos y mucho tiempo”. Por ejemplo, “cuando en Temuco en una villa la señora Juanita usa leña húmeda y contamina”, resume Franz, sobre todo cuando la multa mínima ($540.000) es alta para ese hogar. Por ello, insta a tener procesos cortos y bajar la multa mínima, aproximándola a una UTM ($26.000 aproximadamente). Esto requiere una modificación legal.

La entidad plantea, además, que la SMA pueda pedir rectificaciones exprés o “herramientas de corrección temprana”, cuando los hallazgos no son graves y pueden ser subsanables sin entrar en el proceso sancionatorio.

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“Hay RCA que no son fiscalizables”

Cristián Franz pide también coordinarse mejor con el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). “El SEA debiera tener la capacidad de imponer obligaciones y condiciones en la RCA que sean muy fiscalizables, que nos haga más sencilla la tarea en la SMA”, señala.

Y agrega: “Hoy la RCA tienen condiciones de distinto tipo, en función de las regiones que la hayan dictado; no son uniformes y los criterios varían. También hay RCA que son inconsistentes en sí mismas, en que la evaluación ambiental dice una cosa, en la Adenda otra y en la RCA dice una tercera cosa. En una dice 100, en otra 1.000 y en otra, 10.000. Por eso, hay RCA que no son fiscalizables”.

El fiscalizador explica que eso se debía a que en las décadas pasadas se operaba con el criterio, por parte de las empresas, “de sacar la RCA lo más pronto posible y luego arreglamos la carga en el camino”.

Esto, señala el titular de la SMA, ha ido quedando en el camino y “la actitud de las industrias ha variado sustancialmente, y hoy las empresas son más conscientes de la importancia de cumplir con las obligaciones ambientales, porque hay una institución que las fiscaliza y hemos dado señales no solo sancionatorias, sino también porque tenemos alternativas para modificar su conducta y lograr cumplir la norma, como son los Programas de Cumplimiento (PDC)”.

Entre 2014 y 2018, los PDC que subsanan los problemas y cumplen las normas ambientales, suman US$ 245 millones, el último de los cuales es el de Alto Maipo, que suma US$ 45 millones. Mientras, las multas entre 2014 y 2017 totalizan US$ 63 millones.

Eso refuta, señala Franz, la opinión de ciertos sectores de que la SMA no tiene una actitud colaborativa con el sector privado, porque se han reunido con todos los gremios y han realizado numerosos talleres educativos, buscando soluciones. “Nadie podría decir que nosotros estamos acechando a los titulares o a las empresas para dejarnos caer en la oscuridad de la noche… la actitud nuestra ha sido exactamente la contraria”.

Eso sí, señala que las propias empresas saben que el estándar ambiental se elevó y que las normas hay que cumplirlas. “Ya el laissez faire quedó en el olvido”, remata Franz.

Todos estos cambios planteados se pueden hacer aprovechando que la institucionalidad está reformándose, con relación al cambio al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sostiene el titular de la SMA.

La SMA funciona como tal desde diciembre de 2012 y recién este año tendrá presencia en todo el territorio nacional, dado que el año pasado se abrieron 9 oficinas regionales y durante 2018 se inaugurarán tres nuevas sedes, en Arica y Parinacota, Araucanía y Magallanes.

“El desempeño de la gran minería en Chile es bueno y es sustancialmente mejor que en otros países de la región”

En cuanto a las multas, las más elevadas que ha impuesto la SMA fueron a mineras: Caserones y, en segundo lugar, Pascua Lama, de Barrick, aunque en este último caso la multa está reclamada en tribunales (ver infografía).

“Pascua Lama con la sanción de clausura total y definitiva ya no existe más, no puede realizarse. Otro proyecto, distinto, subterráneo o de otro tamaño, puede hacerse, pero debe ingresar al SEIA. Nosotros no le pusimos candado a ese territorio, le pusimos candado al proyecto que Barrick evaluó ambientalmente y empezó a construir sin cumplir con las condiciones que se le impusieron. Ese proyecto Pascua Lama se acabó”.

¿Pero son las mineras el sector más infractor? “No”, responde tajante Cristián Franz. “Las mineras aparecen con las multas más altas porque son operaciones de una escala sobrenatural: en una minera no solo está la mina, el rajo, el pit; tienen la planta de tratamiento; el campamento, que puede albergar cuatro mil o seis mil personas, y que posee sus propias plantas de agua potable y aguas servidas; tienen carreteras y caminos; líneas eléctricas de cientos de kilómetros; ductos que contienen concentrados; trenes que llevan cobre, y puertos para embarcar los productos. Obviamente, con esa magnitud, nos vamos a encontrar con más infracciones que si fiscalizáramos un plantel de aves”.

En general, señala el fiscalizador, los tres sectores con más infracciones ambientales son la agroindustria, especialmente planteles de cerdo y de aves; la minería y el sector energético.

“Ha habido excepciones, pero el desempeño de la gran minería en Chile es bueno y es sustancialmente mejor que en otros países de la región”, dice el superintendente.

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Según trascendió, la propuesta incluye grandes cambios a la conformación del directorio en línea con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para empresas públicas.

La iniciativa está comprometida en la agenda energética presentada en 2014 por Máximo Pacheco y busca “transformar a ENAP en una empresa robusta de forma tal que sea un actor sólido y con protagonismo en los desafíos energéticos del país”. “Con ese fin, se le proveerá de un régimen de gobierno corporativo que mejore su gestión empresarial -comenzando con sus índices de seguridad en el trabajo como también de su eficiencia, productividad, nuevos emprendimientos y modelo de negocios- y se fortalecerá su balance financiero con un aporte de capital”, indica el documento.

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la modificación de la composición de su directorio. Actualmente la mesa ENAP está conformada por el ministro de Energía como presidente; cuatro representantes de Corporación de Fomento de la Producción (Corfo); un director del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile; un representante de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa); y un miembro designado por la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).

Tras la aprobación de la ley, el nuevo gobierno corporativo incluirá tres miembros designados por el Gobierno de turno, cuatro por el sistema de Alta Dirección Pública, y un director elegido por los trabajadores.

De esta manera se retira al Ministro de Energía como presidente de la petrolera y el nuevo presidente será designado de la misma forma que en Codelco, es decir, por designación presidencial.

Con esto se busca “profesionalizar” la mesa, elevar su independencia e instaurar las mejores prácticas de gobierno corporativo siguiendo las recomendaciones de la OCDE.

Se espera que el nuevo directorio de ENAP esté operativo 120 días luego de la publicación de la ley en el diario oficial.

Capitalización

Al igual como se hizo con Codelco, el proyecto tendrá incorporada la promesa de capitalización por parte del Estado. Esto responde a una promesa incluida en la Agenda de Energía de mayo de 2014, en la cual el Ejecutivo comprometió recursos por US$400 millones a la estatal para financiar parte de su plan de negocios hacia el 2020, que incluye inversiones por cerca de US$4.800 millones.

Esto, a pesar de que los mejores números que ha presentado ENAP en los últimos trimestres -gracias a mejores márgenes en el negocio de refinería- junto a la recientemente anunciada alianza con la japonesa Mitsui & Co. Ltd. para desarrollar las centrales de ciclo combinado en Mejillones y en Concón han hecho menos urgente esta inyección.

Desde la estatal apuntan más que nada a que el Gobierno entregue una “señal” al mercado para mantener sus clasificaciones de riesgo y evitar un alza en el costo de endeudamiento.

Críticas por designación de representante de Sofofa

Críticas ha generado el nombramiento por parte de Sofofa de Janet Awad Pérez como directora de la estatal ENAP en reemplazo de Fernán Gazmuri Plaza.

Esto, por un eventual conflicto de interés de Awad, al desempeñarse como Regional Chair Sodexo Latinoamérica y gerente general de Sodexo Chile, empresa que le presta servicios a ENAP.

Quienes más se han opuesto a su nombramiento son trabajadores y políticos.

“La Sra. Awad es Gerenta General de Sodexo Chile, empresa que mantiene importantes contratos de servicios con ENAP en materias de alimentación y administración de campamentos. Esto genera un evidente conflicto de interés al poner a la máxima autoridad de una empresa que vende servicios a la ENAP en un cargo donde accederá a la información y será parte de los procesos de toma de decisiones de los mismos contratos de servicios de los cuáles es proveedora. Creemos que, más allá de la legalidad, es una situación insostenible desde todo punto de vista”, indicó la Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo de Chile (Fenatrapech), por medio de un comunicado.

A esto se suma la crítica del diputado de la Democracia Cristiana (DC), Marcelo Chávez, quien considera la situación “irregular” y solicitó una revisión del nombramiento.

Janet Awad fue elegida la semana pasada en reemplazo de Fernán Gazmuri. El cargo estaba vacante desde diciembre pasado.

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Este cambio legal tal como se debate hoy en el Congreso ya ha encendido las alarmas en algunos sectores empresariales, como por ejemplo en la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). Sin embargo, la hoja de ruta definida por el Ejecutivo incorpora nuevas temáticas hídricas, desde indicaciones a la reforma al Código de Aguas hasta nuevos proyectos.

Actualmente, en el Congreso además de esta reforma se están discutiendo dos proyectos que guardan relación con el marco regulatorio del agua en Chile: el de protección de glaciares y el que fortalece las atribuciones de la Dirección General de Aguas (DGA) para recoger información, fiscalizar y sancionar. Y durante el próximo año ingresarán tres más: el que crea una Subsecretaría del Agua; el que busca una gestión integrada de los recursos por cuencas y el que modifica las organizaciones de usuarios, según el cronograma definido por el Ejecutivo.

DGA buscaría participar en las juntas de vigilancia
Que el Estado cumpla un mayor rol en la administración y la distribución de las aguas es uno de los objetivos que busca el Gobierno, a través de indicaciones adicionales a la reforma del Código de Aguas.

«El Estado debiese, por ejemplo, estar presente en las juntas de vigilancia», indica Reinaldo Ruiz, delegado presidencial para los recursos hídricos.

La forma como este cambio se incorpore no está 100% resuelto. De hecho, el tema está siendo analizado por el comité de Ministros del Agua -instancia en la cual participa Ruiz, pero donde también están presentes los ministros de Obras Públicas (MOP), Agricultura, Minería, Energía y Medio Ambiente-, pero una de las opciones que avanza con fuerza es la idea que la DGA tenga presencia en determinadas organizaciones de usuarios.

Una de estas son las juntas de vigilancia, que corresponden a organizaciones conformadas por los titulares de derechos de aguas.

Su función pública es la administración de las aguas en una misma cuenca hidrográfica, y la DGA solo en situaciones muy específicas -como por ejemplo, un cuadro de sequía- puede intervenir, en caso que no haya acuerdo entre los particulares respecto de la repartición de las aguas. Esta es una de las situaciones que, de acuerdo a un diagnóstico mayoritario en el Gobierno, debiese revertirse para que el Estado pueda intervenir con o sin acuerdo de los particulares.
Diferencias impiden la coordinación entre los titulares de derechos de agua.

Otro tema que se debe subsanar, señala una fuente cercana al MOP, a través de un mayor rol del Estado es la participación de los titulares de derechos no consuntivos en las juntas de vigilancia.

Quienes poseen este tipo de derechos son los particulares que usan el agua como insumo intermedio, y luego la devuelven a los caudales, como es el caso de las empresas hidroeléctricas. El problema que se genera es que algunos de estos titulares se han negado a formar parte de las juntas de vigilancia y a sentarse en una misma mesa con los titulares de derechos consuntivos, que son quienes consumen totalmente las aguas en cualquier actividad, como por ejemplo los agricultores.

¿Y cómo se soluciona esto? A nivel privado hay dos posturas: Quienes señalan que los titulares de derechos consuntivos no deben sumarse a las juntas, porque ellos devuelven el agua que extraen. Y los que que argumentan que sí deben hacerlo, ya que muchas veces la continuidad en el caudal de un río se ve alterada. Un ejemplo: en teoría, las hidroeléctricas de pasada sacan agua del río, la ingresan a un tubo, luego a una turbina y la devuelven al río. Pero esta secuencia estilo bypass no siempre opera, advierten algunos privados. ¿Por qué? En determinadas situaciones, estas hidroeléctricas de pasada crean estanques de acumulación, y para que estos funcionen las empresas cortan el río, acumulan el agua y luego la devuelven al caudal. Esto muchas veces genera verdaderos golpes de agua, y tanto las sanitarias como los agricultores necesitan un caudal estable para poder capturar el agua.

A juicio de la mayoría de los privados, esto se resolvería estableciendo la obligatoriedad de los titulares de derechos de agua no consultivos de participar en las juntas de vigilancia, o a través de más fiscalización. Sin embargo, para varias personas en el Gobierno esto se resolvería si la DGA participa en las juntas cumpliendo un rol coordinador.

Dadas estas diferencias, se prevé que este tema encienda aún más el debate en torno a la reforma al Código de Aguas, pues para varios privados esta medida significaría una «intervención» del Estado en organizaciones privadas que administran derechos de particulares.
Subsecretaría del Agua tendría supremacía respecto de los otros organismos.

Además de las indicaciones a la reforma al Código de Aguas, el Gobierno está preparando nuevos proyectos. El objetivo es abordar dos problemáticas centrales en materia hídrica y donde el Banco Mundial advirtió serias deficiencias: institucionalidad e información.

En un informe de 2013, el Banco Mundial sostuvo que dentro de los principales déficits institucionales para una gestión adecuada del agua, figuraba la falta de coordinación y consolidación de la información, y la ausencia de una autoridad política superior que coordinara las funciones e instituciones que guardan relación con el agua.

Este segundo punto es el que el Ejecutivo busca resolver a través de una subsecretaría del Agua, la que dependería del MOP y tendría supremacía respecto de los otros organismos a cargo de temáticas relacionadas con el agua.

Humberto Peña, quien fue por 12 años titular de la DGA y quien ha participado en algunos estudios hídricos para Chile del Banco Mundial, explica que es el MOP la repartición que tiene la experiencia y el conocimiento del agua en el país. Por eso, la propuesta realizada por el Banco Mundial apuntó a radicar en dicha cartera la nueva subsecretaría y que el MOP pasara a ser el Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos.

La idea de avanzar en una subsecretaría tiene apoyo transversal. El presidente de la SNA, Patricio Crespo, sostiene que es «crucial» que exista una entidad que coordine a todos los organismos vinculados al agua y que esta tenga supremacía.

«Existen muchos organismos a cargo del agua, pero muchos se anulan entre sí y eso genera inmovilismo», señala Crespo.

«Es necesario coordinar a las entidades a cargo del agua y evitar duplicidad de funciones», agrega el presidente de la Confederación de Canalistas, Fernando Peralta.

La burocracia del agua: 102 funciones y 43 actores están
involucrados en la gestión

Respecto de la información hídrica que existe en país, las principales deficiencias que enfrenta el país es la inexistencia de algunas mediciones y de una base donde se unifiquen los datos.

De hecho, el Banco Mundial en su informe de 2013 identificó 102 funciones y 43 actores (ver infografía) involucrados en la gestión de los recursos hídricos.

«Hay muy poca claridad sobre quién usa el agua y cómo se usa», advierte Reinaldo Ruiz.

«Vemos necesario desarrollar sistemas de información integrados por cuenca, que incorporen variables hidrológicas y ambientales que sean confiables, consistentes y transparentes (…) Un punto que debería reforzarse especialmente es el de las aguas subterráneas», dice Carlos Urenda, gerente general del Consejo Minero.

La DGA mide los niveles de agua en los pozos y su calidad química, explica Javier Narbona, jefe de la unidad hídrica de la DGA. Sin embargo, el organismo no cuenta con datos como, por ejemplo, las extracciones que realizan los regantes.

Carlos Estévez, director de la DGA, señala que el proyecto que fortalece las atribuciones de la DGA establece medidas para precisamente exigir la entrega de información al respecto.

Humberto Peña menciona otra deficiencia: el Catastro Público de Aguas (CPA) que maneja la DGA no cuenta con información sobre las transacciones de derechos de agua.

Según Estévez este tema también se resolvería con el proyecto en trámite que da más atribuciones a la DGA, pues este establece la obligación de que los conservadores de bienes raíces informen en un plazo de 30 días este tipo de operaciones e incluso fija un procedimiento para que todos entreguen los datos bajo el mismo formato.

¿Quién centraliza toda la información hídrica que existe hoy en el país? Ningún organismo. Por eso, en la mesa de trabajo que integran la DGA y la Confederación de Canalistas de Chile, una de las alternativas que avanza con fuerza es la de crear una base de datos unificada para recoger toda la información que generan las entidades públicas y privadas, dicen fuentes de Gobierno.

Fernando Peralta explica que la idea es que sigan existiendo distintos organismos que produzcan la información, pero la propuesta de los canalistas es que el análisis y la difusión de los datos solo sea responsabilidad de la DGA.

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El documento fue elaborado por el Centro para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

En 2014 el PIB de la región creció en torno a 1%, inferior al promedio de la OCDE. «El desafío principal es la desigualdad no solo en Chile, sino en América Latina en general… es necesario avanzar hacia el desarrollo inclusivo», dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, al inaugurar el evento.

Se está cerrando la ventaja de oportunidades que en la década de 2000 llevó a los países emergentes a crecer el doble que el promedio de la OCDE, indicó Mario Pezzini, director del Centro para el Desarrollo de ese organismo. En esta fase, los países deben tomar el papel del cambio y empujar la economía y allí los retos están en educación y capacitación y elevar la productividad, acotó.

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Complementariamente, si los países no invierten en innovación; no diversifican la estructura productiva y exportadora hacia sectores que incluyan mayor conocimiento y no aumentan la productividad de las pymes, todo lo que se pueda ganar en educación no va a ayudar mucho, planteó por su parte Mario Cimoli, director de la División de Desarrollo Productivo de la CEPAL. En esto, agregó, la intervención del Estado es necesaria, lo que hace diez años era tabú.

El representante del BID en Chile, Koldo Echebarría, señaló que una región en la cual la clase media representa ya una tercera parte de la población, expresa demandas diferentes de servicios públicos.

Las reformas que impulsa hoy el Gobierno chileno, dijo, requieren un Estado más sofisticado y que gaste mucho más del 4% del PIB en salarios públicos que destina hoy, frente al 11% del PIB que es el promedio de la OCDE. «No creo que Chile pueda enfrentar esta agenda de reformas sin una inversión ambiciosa en calidad y mejora de su burocracia y a partir de ahí, de sus servicios públicos», subrayó.

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* Diego Hernández, Antofagasta PLC
1 Sin duda que la laboral es una preocupación. No conocemos el proyecto de ley.

* Juan Andrés Fontaine, ex ministro
1 Ha sido una cascada de reformas. La tributaria, siguiendo por la educacional, la laboral, y está en el horizonte la constitucional.
2 Espero que de a poco vaya retornando la confianza y la inversión.

* Jorge Awad, titular Abif
1 En este momento la mayor incertidumbre está en la reforma laboral.
2 En las grandes corporaciones, actores del Ipsa, sus programas no son anuales. Ahí no creo que vengan cambios sustantivos, sí hay cambios en consumo.

* Ignacio Cruz, ex gerente general de Colbún
1 No es una reforma, es el conjunto. La incertidumbre no se genera desde una reforma en específico.
2 No me atrevería a predecir. Ojalá las empresas sigan creciendo y con resultados positivos.

* Ernesto Silva, presidente de la UDI
1 La mezcla de reformas es el cóctel fatal.
2 Faltan señales para impulsar las empresas y la inversión.

* Alfonso Sweet Opazo, director ejecutivo de Forus
1 La reforma constitucional. Y creo que no sólo en el empresariado, sino que también en la sociedad.
2Hay que ser prudente. Cuando uno administra incertidumbre, debe seguir avanzando con más prudencia, con planes de contingencia.

* Patricio Crespo, presidente de la SNA
1 La que más causa incertidumbre es la madre de todas las reformas, la constitucional.
2 Creo que las inversiones están paralizadas. En agricultura, dado el mal año anterior, va a significar una corrección en los ingresos para reducir deuda.

* Juan Villarzú, ex presidente ejecutivo de Codelco
1 Reforma más compleja: Creo que es la reforma constitucional. Afecta una cosa estructural y de largo plazo.
2 Creo que ajustarán a la baja sus proyecciones.

* Jorge Mas, timonel CChC
Más que las reformas, toda la inversión privada está restringida por la burocracia. El Estado necesita una modernización de todo su aparataje legal. Han salido muchas leyes que se pisan unas con otras y al final hacer algo requiere de un esfuerzo tremendo.

* Hermann von Mühlenbrock, titular de la Sofofa
1 Hoy la gran preocupación es que se haga una reforma laboral antiempresa, lo que sería gravísimo.
2 Cada empresa hace su análisis y en enero, una vez que terminen los balances de este año, tendremos más claridad.

* Carlos Massad, ex presidente del Banco Central
1 Todas las que están pendientes son las que generan incertidumbre. Todas son complejas.
2 El sector empresarial está reevaluando sus inversiones, pero a medida que se vayan consolidando las nuevas propuestas se irán corrigiendo esas expectativas.

* Mario Valcarce, director de Transelec
1 La que más me preocupa es la laboral. Tiene que ser bien pensada para que no sea una agenda puramente sindical.
2 Hay una demanda más comprimida y las empresas, dependiendo del sector, tienden a revisar su inversión.

* René Muga, generadores
1 La laboral afecta transversalmente.
2 Hay una cantidad importante de proyectos con aprobación ambiental que esperan un clima de inversiones con mayor certidumbre.

* Lorenzo Constanz, ex líder CPC
1 En el tema tributario, queda resolver la implementación. El tema de la reforma laboral es indudable que produce un efecto de saber efectivamente cómo va a ser.

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Al comparecer ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, plateó que parte de los cambios legislativos podrían salir de unas 26 iniciativas de reforma a la Ley Minera que se han presentado en esa comisión.

“Es un tema en el cual nos gustaría seguir trabajando con el Legislativo para poder dar el siguiente paso. En su momento, hicimos una reforma con mucho sentido y con mucha profundidad en materia de la parte fiscal, que da un mejor equilibrio a los temas de la minería”, dijo el funcionario.

El Congreso de la Unión aprobó nuevos derechos mineros que entraron en vigor en enero, uno especial a 7,5% y otro adicional a 0,5%, al oro, plata y platino.

Mejorar las leyes para la seguridad laboral y medioambiental ha quedado pendiente desde que ocurrió la catástrofe en la mina de carbón en Pasta de Conchos, Coahuila, donde quedaron atrapadas y murieron 63 personas en 2007.

“Si ustedes lo juzgan conveniente, podemos seguir analizando el siguiente paso en el mejoramiento de los instrumentos jurídicos con los cuales cuenta el Estado mexicano para precisar su acción y su esquema preventivo en estos temas”, agregó Guajardo.

La diputada petista Lilia Aguilar afirmó que la Ley Minera y la Ley Ambiental tienen “muchas deficiencias” y cuestionó que el gobierno no ha hecho un diagnóstico sobre los daños provocados por la mina de Grupo México para calcular los daños, ni ha aclarado si hubo fallas de inspectores públicos.

La mina Buenavista del Cobre tuvo un derrame de 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico sobre el río Sonora, de 420 kilómetros de longitud, una emergencia que dejó sin suministro de agua a miles de personas, la restringió al ganado y provocó un desastre medioambiental.

En el sexenio anterior la secretaría de Economía propuso crear un fondo de remediación ambiental, con el propósito de que las empresas depositen aportaciones a favor del gobierno y no dejen las operaciones extractivas en el país sin antes corregir daños a la naturaleza. Pero nunca presentó una iniciativa al Congreso de la Unión.

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“La demanda doméstica se ha moderado, reflejando un menor crecimiento de la inversión y una corrección en la actividad inmobiliaria, en parte en respuesta a las medidas adoptadas por las autoridades para controlar la expansión del crédito y enfrentar las vulnerabilidades del mercado financiero”, aseguró el Fondo en su revisión anual de la economía, conocida como Capítulo IV.

Sin embargo, las medidas del gobierno para apoyar el crecimiento lo dejarían en línea con la meta anual cercana a 7,5%, destacó el FMI. La institución afirmó que el consumo y el mercado laboral se han mantenido bien, y que espera que la recuperación global apoye la demanda externa hacia el futuro. El Fondo estima que la inflación se mantendrá por debajo de 3% y que la deuda general del gobierno se ha elevado a cerca de 40% del PIB.

“Pese a que el crecimiento del crédito está aumentando rápidamente, se ha desacelerado considerablemente”, agregó el FMI.

La institución advirtió, eso sí, que las vulnerabilidades en los sectores financiero, fiscal, corporativo e inmobiliario siguen creciendo y están interconectadas, pero aclaró que el gobierno tiene herramientas para intervenir si se produce un shock.


Impacto de reformas


De acuerdo con el Fondo, la implementación de las reformas que aprobó el Tercer Plenario asegurará que China pueda alcanzar un crecimiento sostenible acelerado y siga convergiendo hacia el estatus de país de altos ingresos.

La institución estableció un escenario base, que asume que las reformas se implementan, pero hacia el final de la década. “Como resultado, la economía se mantendría en una trayectoria más riesgosa en el corto plazo (…) dependiendo de la inversión y los ajustes fiscales serían más graduales”.

En un escenario de rápida implementación, el crecimiento sería más bajo en el corto plazo, pero “los ingresos y consumo per cápita serían más altos hacia 2019”.

Una rápida implementación “es buena para China y buena para el mundo”, pese a un impacto ligeramente negativo para la economía global en el corto plazo, porque para 2019 los ingresos globales serían más altos.

Eso sí, el impacto depende de la exposición comercial a China. “Pese a que es poco probable que el crecimiento del consumo de commodities se desacelere bruscamente, su composición cambiará a medida que la economía transita hacia un crecimiento más equilibrado”, afirmó.

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