La iniciativa de los diputados Daniel Núñez y Lautaro Carmona busca terminar con la concesión del salar de Atacama y expropiar las zonas actualmente en manos de SQM. Esto a raíz de los conflictos políticos y ambientales en los que ha incurrido la minera no metálica.

Núñez sostuvo que “este proyecto es central para generar una nueva industria en Chile, con valor agregado, que sea sustentable ambientalmente y que abre la puerta a un proceso de industrialización que hoy no tenemos en el país”.

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Alberto Salas hizo ver que poco se conoce de la dirección y alcance de la reforma constitucional, lo cual genera “indeseados espacios de incertidumbre”, y preocupa a los inversionistas “que requieren certeza jurídica y económica para materializar sus proyectos”, dijo.

El presidente de Sonami también manifestó inquietudes sobre las iniciativas destinadas a invalidar aspectos de la ley de royalty, aprobada en 2010, cuyos recursos se destinaron a la reconstrucción del país después del terremoto. “Si bien es de público conocimiento que nos hemos opuesto permanentemente a gravámenes discriminatorios, como es el caso, creemos que es indispensable, aún por sobre ese planteamiento, descartar una modificación legal semejante, porque de lo contrario dañaremos la confiabilidad y seriedad que se nos reconoce como nación”, sostuvo.

El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, señaló por su parte, que hoy nos enfrentamos a un momento político distinto, donde el mundo político en general (gobierno, parlamentarios, autoridades locales) ha puesto sobre la mesa una agenda que no es indiferente al empresariado.

Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero.

Villarino hizo ver que un sinnúmero de reformas ha venido a cambiar las cosas y que la relación entre el mundo empresarial y el político está cubierta por un manto de dudas, ante lo cual llamó a reconstruir las confianzas, para recuperar el camino de crecimiento.

También planteó que la ciudadanía ya no se contenta con ser representada; que los ciudadanos quieren participar directamente en los proyectos, de los beneficios y de la fiscalización. “Esto es un nuevo ciclo, un nuevo fenómeno”, aseveró.

Perspectivas

En cuando a lo que viene para 2016 y más adelante, el presidente de Sonami comentó que la estimación de crecimiento del sector es nula para el presente año: “La producción de cobre será similar a la de 2015, es decir, cercana a 5.800.000 toneladas”, indicó.

Salas añadió que esperan un par de años complejos, “durante los cuales el precio del cobre tendrá una cotización modesta respecto de lo que vimos en los últimos años. A partir de 2018 –si China no señala algo distinto– debiéramos apreciar un repunte en el precio”.

Villarino, en tanto, destacó que “la industria no está improvisando” y que está trabajando mano a mano con el sector público, y en una serie de iniciativas sectoriales.

“Al contrario de lo que he odio, la industria lo hizo muy bien en el ciclo de precios altos”, aportando inversión, crecimiento y empleo, sostuvo. “Y cuando las cosas no han ido tan bien la industria no se ha portado mal”, añadió, puntualizando que ésta ha sabido ajustarse.

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El proyecto, específicamente, introduce a la Constitución vigente un nuevo Capítulo XV, cuyo título es “Defensoría del Medio Ambiente”.

En la nota publicada en el portal de la Cámara de Diputados se destaca que la iniciativa define que la nueva institución será un organismo autónomo, con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio. Tendrá como misión velar por la promoción y tutela de un medio ambiente libre de contaminación, conforme a los derechos y garantías asegurados en la Constitución Política de la República, en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, ante actos u omisiones de la Administración del Estado, o de particulares, cuando ejerzan actividades que constituyan una amenaza al medio ambiente u ocasionen daño ambiental.

Además le corresponderá asumir la defensa del medio ambiente. Podrá también ejercer las acciones o recursos que correspondan para tutelar los derechos y garantías a que se refiere el inciso primero. Junto a lo anterior podrá instar al Estado a solicitar opiniones consultivas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con los tratados internacionales de protección.

La moción indica también que la Defensoría podrá iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos u omisiones de la Administración del Estado y de particulares, cuando a causa de estos se amenace al medio ambiente u ocasione daño ambiental.

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«Espero que todos tengan las garantías necesarias, este va a ser un proceso ordenado. Tenemos un proceso que va a tomar un tiempo y que incluye que primero todos sepamos más de lo que se trata esto. Incluye un respeto completo por la institucionalidad y, por lo tanto, no debiese ser una amenaza para nadie», afirmó Valdés ayer en la mañana, tras participar de una actividad en el centro cultural de La Moneda.

Pero al parecer las palabras de Valdés no fueron garantía de tranquilidad. Los gremios del sector privado reaccionaron de inmediato respecto al anuncio de la Mandataria y las palabras son de preocupación.

Jorge Mas, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, afirma que derechamente se ha tomado una decisión equivocada por parte del Gobierno al elegir seguir con este proceso, y que la reforma a la Constitución no es una prioridad para los chilenos. El empresario afirma que un debate sobre la materia debiera iniciarse en un momento en donde existan mayores niveles de confianza entre los distintos actores.

«Siendo legítima la intención de revisar y debatir la pertinencia de cualquier Constitución, hoy los esfuerzos de todos debieran estar orientados a reactivar la economía, antes de que los menores niveles de crecimiento se traduzcan en un aumento del desempleo», afirmó.

Segismundo Schulin-Zeuthen, quien encabeza la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), afirma que, en la situación por la cual atraviesa el país-de desaceleración y desconfianzas-, mantener esto sin definiciones «es problemático», y que quedan abiertas todas las posibilidades para cambios en aspectos importantes. «Lo único positivo es que esto va a requerir al menos dos tercios del Senado», arremata. Afirma que se vienen tres años adicionales de incertidumbre.

Derecho a la propiedad privada

Dentro todos los cambios posibles que pueden nacer de un cambio constitucional, el que más preocupa al empresariado tiene que ver con el derecho de propiedad.

Ricardo Mewes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, dice que es crucial que se despejen los cambios de fondo que puede implicar este proceso, «así como también se garantice el respeto de un principio fundamental como es el derecho de propiedad, derecho a la seguridad, entre otros relevantes, para el normal funcionamiento de una nación moderna», dice.

Patricio Crespo, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), se dice preocupado, dado que no se precisa qué contenidos se está considerando incorporar. «Se deja abierta una serie de interrogantes sobre qué aspiraciones se acogerán, sobre todo si se recuerda que han surgido voces que critican que la Constitución resguarde el derecho de propiedad», dice Crespo.

Jorge Mas advierte que este proceso tiene el potencial de afectar principios e instituciones que han sido esenciales para el desarrollo social y económico del país en las últimas décadas, y que fueron responsables por «mejorar el bienestar y la calidad de vida de los chilenos».

En la reunión que sostuvo la Presidenta Bachelet con los empresarios en el Centro de Estudios Públicos (CEP) la semana pasada, la Mandataria les aseguró que se iban a respetar algunos principios básicos en el proceso, como el derecho a la propiedad privada.

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Según destacaron los autores, en nuestro país, a diferencia de la mayoría de los Estados latinoamericanos, la Carta Fundamental no reconoce a los pueblos indígenas, ni consagra sus derechos colectivos o individuales, pese a varios intentos de reformas constitucionales desde el retorno a la democracia.

“El proyecto que más ha avanzado en el trámite legislativo es un mensaje (ingresado por el Senado) de la Presidenta Michelle Bachelet, enviado en 2007, consignado con el boletín 5522. Esta iniciativa cuenta con un primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, que data del mes de enero de 2009. Sin perjuicio de lo anterior, el proyecto en comento no presenta mayores progresos, salvo sucesivas calificaciones de urgencia por parte del Poder Ejecutivo”, detallaron.

En la nota publicada por la Cámara se señala que la propuesta define que el Estado “valora la multiculturalidad que configura la esencia y las raíces de la Nación chilena” y reconoce, en esa diversidad, la existencia de pueblos originarios, como el Mapuche, Aimara, Rapa Nui o Pascuenses; las comunidades Atacameñas, Quechuas, Collas y Diaguita del norte del país; y las comunidades Kawashkar o Alacalufe y Yámana o Yagán, de los canales australes.

Asimismo, indica que el Estado deberá respetar, rescatar y preservar el acervo cultural de las comunidades indígenas, su cosmovisión o costumbres ancestrales y garantizar sus derechos territoriales.

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Actualmente, el litio está definido como un mineral no concesionable en el Código de Minería, pero no en la Constitución Política, como sí ocurre con los hidrocarburos.

En la nota publicada en el portal de la Cámara Baja se señala que a juicio de los autores del proyecto, bastaría una reforma a la ley orgánica constitucional respectiva para que el litio perdiera su condición de sustancia no concesible y que, por tanto, pudiera estar afecta al régimen normal de concesiones mineras que establece la propia Constitución.

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“Valoramos el trabajo serio, técnico y profesional que realizó la Comisión Engel. El conjunto de propuestas que contiene el informe va en la línea correcta, por un lado, para luchar efectivamente contra la corrupción, los conflictos de interés y las malas prácticas en el sector público y privado; y por otro, para transparentar la relación entre dinero y política, evitar ilegalidades y faltas a la ética en este campo”, señaló Salas.

El dirigente precisó que el gremio analizará en detalle cada una de las medidas, pero adelantó que “coincidimos en que se aumente la fiscalización por parte de los órganos responsables, que se endurezcan las sanciones, se evite el mal uso de recursos del Estado, se mejore la calidad de la política, y se avance con la debida prolijidad en las medidas administrativas y proyectos de ley necesarios para concretar las propuestas”.

Sin embargo, Salas advirtió que “el anuncio de la Presidenta de iniciar un proceso constituyente, a mi modo de ver, no tiene relación con las necesarias reformas para erradicar las malas prácticas en la política, los negocios y en la forma como ambos se relacionan”.

En este sentido enfatizó que “hemos insistido que la incertidumbre que ha introducido el conjunto de reformas profundas desarrolladas por el gobierno, ha afectado significativamente el nivel de inversión, al punto de dificultar que nuestra economía retome el merecido ritmo de crecimiento, con todos los beneficios que ello trae sobre el empleo, las familias y las personas. Sumar ahora la tremenda incertidumbre de una reforma constitucional causa gran inquietud en los actores económicos, con lo que podría verse aún más afectada la inversión, por la paralización o retraso en la concreción de proyectos, por la falta de certeza que se abre en variados ámbitos con un anuncio como este”.

El dirigente añadió que “perfeccionar la democracia y las reglas de una nación es una oportunidad, cuando es necesario y se hace bien. Pero es un error iniciar un proceso con apuro y sin que conozcamos el objetivo, en una materia tan fundamental como nuestra Constitución que ha dado la estabilidad y certezas indispensables para el progreso que Chile ha alcanzado las últimas décadas”.

Tras analizar durante todo el fin de semana el dossier de 217 páginas elaborado por la Comisión Engel, que contiene propuestas sobre 21 temas relacionados a la relación política y negocios, Bachelet dio a conocer una serie de medidas, que incluyen el fin de los aportes de empresas a las campañas y un aporte estatal a los partidos políticos y además anunció la decisión de dar el vamos al proceso de una nueva constitución.

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Según la nota publicada en el portal del Senado, la senadora Adriana Muñoz, presidenta de esa instancia, explicó que la idea es que después de haber escuchado a expertos constitucionalistas ahora reciban a las comunidades a objeto de poder recabar la mayor cantidad de información posible para luego ver que decisiones legislativas son más convenientes de adoptar.

“Hemos escuchado dos profesores de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile en la misma línea de poder recoger toda la experiencia académica, de investigación, de trabajo universitario que existe en esta área y de esta manera ir recogiendo insumos y opiniones acerca de las mociones que tenemos que tramitar y también la propuesta de una línea posible de modificación constitucional”, explicó la senadora.

Agregó que las exposiciones de los abogados constitucionalistas han sido muy útiles, pues analizaron las materias propuestas en las distintas mociones parlamentarias sobre la materia. “De acuerdo a la legislación comparada, las reformas constitucionales son más bien titulares y nosotros hemos avanzado en varios textos, tanto de dominio, de naturaleza jurídica de acceso al agua como también en manejo y gestión del agua en cuencas, etc. Es muy importante lo que ellos nos han dicho, de cómo ir simplificando una propuesta de modificación a la Constitución”, indicó.

La senadora explicó que al interior de la Comisión están trabajando en definir qué materias se incluirán definitivamente en la propuesta legal que hagan a la Sala.

“Queremos ver si van a estar solamente el tema del dominio, de la naturaleza jurídica, de si es un bien nacional de uso público o de dominio único y exclusivo del Estado. Hemos escuchado a muchos profesionales que proponen que sólo abarquemos eso, marcar una tendencia de desprivatizar el recurso hídrico que el Estado lo está entregando en propiedad a quienes soliciten derechos de agua. Es muy importante que podamos establecerlo en la Constitución y también la forma en cómo se accede. Si se entrega a través de una concesión o bajo qué formula se entrega el agua a los privados.  Hay que ver si esas materias las establecemos en la Constitución o quedan en el Código de Aguas”, puntualizó.

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Según confirmó a Diario Financiero el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, la reforma constitucional que impulsarán “es el proyecto que presentó la presidenta Bachelet en 2010 y eso lo estamos trabajando en la comisión de Constitución de la Cámara”.

La otra opción


Las declaraciones del ministro, que tiene bajo su mando la Dirección General de Aguas, chocan con las aspiraciones que tiene otra facción del oficialismo, liderados por el senador (PPD) Guido Girardi, quien empuja un proyecto elaborado por él mismo junto a Pedro Araya (independiente), Alfonso De Urresti (PS), Antonio Horvath (independiente, ex RN) y Adriana Muñoz (PPD).

Expertos explican que el proyecto de 2010 eleva a rango constitucional las aguas como bienes nacionales de uso público y ratifica el derecho de propiedad.

En tanto, la moción de Girardi le quita el carácter de bien nacional de uso público (al declarar a las aguas como bien Estatal), elimina el derecho de propiedad, declara como de utilidad pública las aguas para expropiación, lo que sería un contrasentido porque las aguas al ser públicas no se pueden expropiar, e incorpora que la ley deberá establecer prioridades de uso, volviendo al sistema de la ley de reforma agraria, dicen entendidos.

Girardi comentó a este medio que el proyecto de 2010 de la presidenta “es como la LGE (Ley General de Educación) del agua. Es totalmente insuficiente y representa a la Concertación de 2010”. Además, indicó que “es ambiguo al establecer el agua como bien de uso público. Primero lo señala y después se desdice”. Por lo mismo, indicó que no aprobará ese proyecto y que empujará para que el Ejecutivo opte por el que presentó con otros parlamentarios. El senador dijo que esta posición se la presentó a otros parlamentarios y hasta al mismo secretario de Obras Públicas.

Los senadores Pedro Araya (PS) y Adriana Muñoz (PPD), más conciliadores, dicen que apoyarán la moción que presentaron con Girardi y no la que impulsa el gobierno. Si no, la introducirán como indicación sustitutiva en la comisión, señaló Araya.

El ministro es más cauto y explica que mirarán el resto de las mociones, porque “en todas hay cosas importantes que rescatar”. Sin embargo, es claro en su punto: “Esos (los proyectos de Bachelet y de Código de Agua) serán los ejes con los que trabajaremos”.

En tanto, el diputado miembro de la comisión de Constitución de la Cámara, Fuad Chahín (DC) dice que el senador Guido Girardi “tendrá que cuadrarse con lo que diga la presidenta. Vamos a trabajar en base a lo que avance el Ejecutivo”, sostuvo.

El trabajo avanzado


Undurraga precisó que ha estado trabajando en el Congreso en la Comisión de Constitución en este proyecto. De hecho, el ministro asistió a la comisión el pasado 15 de abril. Ahí, cuenta el diputado Fuad Chahín (DC), el gobierno pidió reactivar la iniciativa que había quedado estancada en 2010, cuando asumió el gobierno de Sebastián Piñera, sobre la base de requerir tiempo para analizarlo y emitir una opinión de éste, lo que nunca ocurrió, señala.

El diputado Chahín dijo que en su visita de abril, el gobierno se comprometió a enviar durante junio indicaciones al proyecto. Una vez que esto suceda, la idea es votar en la comisión durante julio para que ese mismo mes pase a la sala.

En todo caso, el proyecto está a la espera que la misma comisión despache a la sala otra reforma, al sistema binominal, hoy en discusión. Sobre la posibilidad de poner urgencia a la reforma del agua, Undurraga dice que no han definido todavía con cuál tipo de urgencia trabajarán cada uno de los proyectos de ley. “Lo importante es que hemos definido cuáles es el foco”, sostiene. En paralelo, el gobierno trabaja en la modificación al Código de Aguas con base en una moción parlamentaria presentada por varios diputados en 2011 y que hoy está en la comisión de Recursos Hídricos de la Cámara. Hasta acá ha asistido el Director General de Aguas, el Delegado Presidencial, Reinaldo Ruíz, y el mismo ministro.

Diferencias entre proyectos

Daniel Montalva, investigador del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, analizó los dos proyectos de reforma constitucional. Así, señala que «el proyecto de Michelle Bachelet tiene como idea matriz elevar a rango constitucional la prevención de que las aguas son bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan».

Por su parte, el proyecto de Guido Girardi «lo que hace es establecer un derecho universal al agua y su acceso en cantidad y calidad suficiente para satisfacer las necesidades básicas individuales y colectivas. Es decir, pasa de ser una regulación del dominio o de la propiedad de los derechos de aguas a garantizar el acceso al agua», explicó el investigador.

A su vez, «lo más importante es que establece que las aguas son del Estado y no bienes nacionales de uso público».

En todo caso, Montalva opina que «el sistema que tenemos en nuestro país para la asignación y transferencia de derechos de aguas ha demostrado que funciona, sin perjuicio que es necesario corregirlo por ciertas deficiencias que han ido apareciendo con los años y a su vez, es necesario adecuarlo a los nuevos desafíos que trae consigo el cambio climático. Lo anterior no se resuelve dando mayores discrecionalidades a la autoridad o creyendo que por darle rango constitucional a que sea un bien de uso público se solucionarán todos los problemas que existen actualmente por causa de la sequía».

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El delegado presidencial para los Recursos Hídricos, Reinaldo Ruiz, reconoció el lunes que gobierno evaluaba sumarse a una moción parlamentaria, haciéndole los cambios que fuesen necesarios.

El proyecto que estaría en la mira del Ejecutivo señala además que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las aguas, incluidos los glaciares, sin perjuicio de las excepciones legales y de reconocer o conceder su uso y aprovechamiento a particulares de acuerdo a la ley”. Esto, explicó Girardi, propone que el dueño de las aguas en el país es el Estado y no los particulares.

Para mayor abundamiento, la misma moción propone eliminar el inciso final del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución, el que señala que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.

Expertos en la materia señalan que esta modificación libera al Estado de expropiar los derechos de agua; sin embargo, al no establecer el carácter del agua como bien de uso público, ésta quedaría como bien fiscal, por lo que el Estado debería regular cada uno de los usos que se le puede dar.

Esto contravendría el deseo de la presidenta Michelle Bachelet, quien en su discurso del 21 de mayo señaló que buscaría que el agua fuera un bien de uso público, algo que incluyó en un proyecto de su mandato anterior. En todo caso, Girardi explicó que la idea de los parlamentarios es que el gobierno opte por una fusión de las mociones de reforma constitucional en la materia del agua que están en el Congreso. Además, esperaría que el Ejecutivo ingrese indicaciones al mismo.

Por tanto, dicen entendidos, el establecer el agua como bien de uso público provendría de otra moción que ya esté en trámite o bien de una indicación sustitutiva del gobierno.

En todo caso, explicó Girardi, al tener el Estado el dominio de las aguas se optaría por cambiar los derechos de agua por concesiones, tal cual funciona hoy en la minería, donde el Estado es el dueño del recurso, pero otorga concesiones de explotación.

Otro punto del proyecto de los senadores que los expertos destacan como complejo es cómo se establecerá, cuánta es la “cantidad” y qué se considerará por “acceso” tal cual señala la moción que se debe garantizar como derecho.

Otras consideraciones


El proyecto de los senadores establece también que “el Estado deberá proveer de los servicios básicos necesarios para garantizar este derecho y el acceso al agua potable y el saneamiento”. En este punto, dicen entendidos, el gobierno tendría que actuar como una empresa sanitaria. En todo caso, Girardi explicó que esto podría hacerlo el Estado traspasando esta responsabilidad a una firma privada tal cual lo hace hoy.

Finalmente, también señala el texto que “la ley asegurará el manejo integrado de cuencas y de los acuíferos para armonizar su uso y acceso en forma participativa; y establecerá los requisitos mínimos para garantizar este derecho, las prioridades de uso de las aguas, favoreciendo el consumo humano, así como las condiciones para adquirir, ejercer, restringir y caducar los derechos otorgados sobre ellas”.

Expertos celebran que la moción establezca prioridad en el uso de las aguas, aunque explican que ello se podría realizar sólo donde aún queden derechos por otorgar, puesto que en afluentes donde se han otorgado los derechos de uso no podría aplicarse la norma.

Lo que dice el proyecto

DERECHO

«El derecho al agua y su acceso en cantidad y calidad suficiente para satisfacer las necesidades básicas individuales y colectivas. El Estado deberá proveer de los servicios básicos necesarios para garantizar este derecho y el acceso al agua potable y el saneamiento.».

PROPIEDAD

«El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las aguas, incluidos los glaciares, sin perjuicio de las excepciones legales y de reconocer o conceder su uso y aprovechamiento a particulares de acuerdo a la ley.

PRIORIDAD

«La ley asegurará (…) Las prioridades de uso de las aguas, favoreciendo el consumo humano, así como las condiciones para adquirir, ejercer, restringir y caducar los derechos otorgados».

Primer proyecto de Bachelet

En 2010 el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ingresó una reforma constitucional que también buscaba modificar la situación del agua en el país, aunque no afectaba «la certeza y seguridad jurídica de los propietarios de los derechos reales de aprovechamiento de aguas». El proyecto señala que «las aguas son bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares». Además, indicaba que «la autoridad competente tendrá la facultad de reservar caudales de aguas superficiales o subterráneas, para asegurar la disponibilidad del recurso hídrico».

La iniciativa anterior de Girardi

En 2008 el senador Guido Girardi, junto a otros parlamentarios, también habían ingresado una moción para cambiar el derecho constitucional del agua. El proyecto señalaba: «Decláranse de utilidad pública, a efectos de expropiación, todas las aguas de la Nación y los derechos que sobre ellas se hayan constituido o reconocido». También indicaba que «la ley establecerá prioridades de uso de las aguas, así como las condiciones para adquirir, ejercer y caducar los derechos sobre ellas».

En todo caso, el senador señaló que ese proyecto no hacía mención de los glaciares, razón por la cual espera que la nueva iniciativa sea acogida.

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