La ceremonia inaugural dio inicio con las palabras de Alberto Kresse, presidente del Directorio de Acades, quien abordó los desafíos y oportunidad que conlleva el avance de desalación en Chile, de manera de realizarse de manera sostenible, haciendo hincapié en que se “requiere una visión de futuro”, subrayando que “lo que hagamos hoy, marcará el mañana”.

“Como Acades tenemos la preocupación de que Chile tenga agua, llueva a o no”, declaró la autoridad de la organización, que reúne a más de 90 empresas vinculadas con la gestión y la eficiencia hídrica.

En esa línea, recalcó que el agua es factor crítico de crecimiento, e impacta en la calidad de vida de las personas. Al respecto, comentó que la minería y la industria en general ha sido capaz de desarrollar proyectos con miras a satisfacer sus requerimientos en materia de agua, incluso en cuencas con escasez hídrica.

Manifestó que no es posible que nos demoramos más de 10 años entre la concepción de un proyecto de desalación y su operación, y que es relevante definir las bases que hagan posible el desarrollo y financiamiento de este tipo de proyectos.

Junto con afirmar que se necesita contar con la infraestructura necesaria para la captación, tratamiento y distribución del agua donde ésta sea requerida.

En ese contexto, dio cuenta de la urgencia de contar con una Estrategia Nacional de Desalación, que oriente este desarrollo. Ante ello, dio cuenta de la labor que está realizando Acades como ente aglutinador, participando en diversas instancias institucionales, generando vínculos de colaboración y diálogo con las autoridades, empresas y las comunidades.

Alberto Kresse resaltó que “debemos ser capaces de comunicar a las personas los beneficios de la desalación y el reúso hídrico”, relevando el hecho que se trata de procesos que resguardan el medio ambiente, y buscan llevarse a cabo en armonía con las autoridades.

“Saber que contaremos con agua es la base de cualquier Chile que imaginemos”, concluyó el presidente del Directorio de Acades.

Sector estratégico

La ceremonia contó además con la presencia del ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, quien inició su intervención afirmando que “estamos convencidos de que la desalación es un sector estratégico y de interés para el desarrollo nacional”.

Al respecto, manifestó que es relevante dar a conocer la importancia de este sector, de los esfuerzos de la industria para asegurar el suministro hídrico, tanto de los procesos productivos como del consumo humano.

“El verdadero actor de la desalación es el sector privado”, afirmó el secretario de Estado, destacando su contribución y trayectoria en el desarrollo de infraestructura, abordando aspectos como el hecho que son industrias de largo plazo, y la importancia de contar con un marco normativo que entregue certidumbre, de avanzar en la agilización en el tema de los permisos.

Respecto a los desafíos que visualiza el ministro, con miras al desarrollo del sector de desalación en Chile, abordó que es preciso garantizar la estabilidad y la certeza jurídica; la facilitación regulatoria.

“Tenemos que ver cómo facilitar la inversión”, expresó el ministro.

Otro punto que abordó el secretario de Estado es el reto de desarrollar infraestructura compartida, aludiendo a sus implicancias en términos de gestión e integración, como de sus beneficios, en términos de plazos y alcance.

También se refirió al proyecto de ley de desalación, actualmente en el Congreso, afirmando que es preciso entregar certezas y estabilidad para invertir. “Vamos a trabajar para que esa ley vea la luz lo más pronto posible”, expresó el ministro, relevando que su promulgación debe ser acompañada por un reglamento potente que sustente el desarrollo de la desalación en Chile.

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Los titulares de derecho que tengan algún reparo a la inclusión en la nómina tienen hasta el 26 de febrero para presentar un recurso de reconsideración ante la DGA. El listado, publicado el 15 de enero pasado en el Diario Oficial y difundido en diversos medios impresos, electrónicos y radios del país se puede revisar aquí.

El proceso 2026 considera a un total de 5.432 derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas, tanto consuntivos (agua que se usa y no se devuelve al cauce o acuífero) como no consuntivos (agua que se usa y luego retorna al cauce o acuífero), que en forma conjunta deberán cancelar aproximadamente $397 mil 326 millones. Del total, los derechos consuntivos son 2.977, corresponden a 463.439,07 litros por segundo y sus titulares deberán pagar 314 mil 473 millones de pesos; mientras que los derechos no consuntivos son 2.455, representan mayores caudales con 16.647.502,04 litros por segundo y el monto a cancelar es de 82 mil 853 millones de pesos.

“Este año disminuyeron un 3% los derechos sujetos a cobro de patentes, es decir, ya sea porque han ido instalando las obras de captación y haciendo uso de las aguas, porque han renunciado a los derechos de aprovechamiento de aguas, o bien, por la aplicación de las exenciones establecidas en la normativa vigente Sin embargo, el monto es mayor en 240 mil millones de pesos respecto a 2025, puesto que a contar de este año comenzó a operar una fórmula única a nivel nacional para calcular el valor de patente para todos los derechos de aprovechamiento de aguas, producto de la reforma al Código de Aguas de abril de 2022. El cobro de esta patente es una herramienta que permite disuadir el acaparamiento y especulación del agua, un bien escaso y que se agrava con la sequía estructural que hoy vive una parte del país”, comentó la ministra de Obras Públicas, Jessica López.

La secretaria de Estado agregó que “el objetivo de la patente por no uso es que las personas naturales o jurídicas hagan un uso de sus derechos de aprovechamiento de aguas, o bien, que renuncien a ese derecho que no utilizan o, que Tesorería General de la República remate dicho título para que el Estado pueda disponerlo para consumo humano o declarar reservas para preservación ecosistémica como lo hicimos con los ríos Puelo y Futaleufú”.

En tanto, el director general de Aguas del MOP, Rodrigo Sanhueza, mencionó que “en el listado del proceso de pago de patentes año 2026, fue posible identificar que 766 derechos no cuentan con información sobre su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente, y al 6 de abril de 2027 todos los usuarios deberán regularizar dicha situación, por lo que el llamado es a acercarse a los Conservadores de sus respectivas comunas para realizar la inscripción de sus derechos de agua”.

Desde el Ministerio explicaron que la patente por no uso se determina por la inexistencia de obras asociadas al uso del agua o a aquellas obras que no tienen la capacidad para extraer la totalidad o parcialmente el caudal otorgado del derecho de aprovechamiento de aguas constituido. Es decir, que no utilizan total o parcialmente los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados.

Por regiones 

La región con menos derechos afectos al pago de patente sigue siendo Tarapacá, con 22 derechos asociados a 671,4 litros por segundo por los cuales el cobro es de 466 millones 517 mil 8 pesos. Mientras que la región con más derechos afectos al pago de patente es la Región de La Araucanía, con 1.086 derechos por 52 mil 413 millones 537 mil 290 pesos, concentrando también la mayor cantidad de caudal afecto a patente equivalente a 3.950.800,73 litros por segundo.

Por otra parte, es la Región de Aysén, con 223 derechos por 1.535.657,96 litros por segundo, el territorio con mayor valor de patente a pagar, por un total de 128 mil 501 millones 988 mil 296 pesos.

La obligación de incorporar un derecho de aprovechamiento de aguas en la resolución que fija este listado recae en la Dirección General de Aguas, y ante cualquier cambio o actualización de la situación constatada, es el propio titular del derecho quien debe presentar un recurso de reconsideración, cuyo plazo vence el 26 de febrero, y que puede ser presentado en forma presencial en las oficinas de la DGA o con clave única en la Oficina de Partes Virtual.

Recaudación de fondos

El pago de estas patentes implica la recaudación de fondos para el fisco, los que posteriormente son repartidos entre el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de cada gobierno regional (65%); los municipios, en proporción a la superficie de las comunas donde sea competente el Conservador de Bienes Raíces en cuyo registro figuren las inscripciones respectivas (10%), y los fondos fiscales generales (25%).

Cabe mencionar que lo recaudado por la Tesorería General de la República por concepto de patente por no uso de derechos de aprovechamiento de aguas, para el proceso de cobro 2025, correspondió a un total efectivo de $27 mil 6 millones, aproximadamente.

El pago debe hacerse ante la Tesorería General de la República hasta el 31 de marzo. En caso de no pagar la patente, se iniciará un proceso de cobranza judicial que podría derivar en el remate del derecho de aprovechamiento de aguas.

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Los aportes estuvieron dirigidos a agricultores beneficiarios del Banco de Proyectos Intrapredial, un instrumento de la Comisión Nacional de Riego (CNR) que permite postular iniciativas orientadas a mejorar la infraestructura de riego al interior de los predios. En este marco, el apoyo entregado por Minera Los Pelambres busca fortalecer estos proyectos, facilitando su implementación y complementando los mecanismos públicos de financiamiento existentes.

Desde la Junta de Vigilancia del Río Chalinga y sus afluentes, su presidente Juan Rebolledo valoró el impacto que este tipo de apoyos puede tener para las comunidades agrícolas del territorio. «Obras como esta permiten que la gente pueda, por lo menos, pensar en volver a plantar y tener algún grado de seguridad de que el recurso va a estar y lo van a poder utilizar de la mejor manera», sostuvo, agregando que «estamos muy agradecidos de poder haber tenido la voluntad de la fundación y de la minera para poder disponer de estos fondos e ir en apoyo de estos regantes».

En este contexto, Christian Brea, gerente de Fundación Minera Los Pelambres, relevó que «nuestro propósito es apoyar la operación de los sistemas de riego tecnificado y garantizar el acceso seguro y continuo al agua para la actividad agrícola del valle».

En esta entrega, 21 proyectos recibieron recursos complementarios a través del programa “Confluye”, mientras que otros cinco fueron apoyados mediante la línea “Apoyo Integral a la Agricultura” (AIA). Esta combinación de instrumentos permitió complementar iniciativas de riego intrapredial impulsadas por los propios agricultores, incluyendo el apoyo a copagos de beneficiarios asesorados por programas como Prodesal-Padis, facilitando así la implementación y operación de sus proyectos.

La entrega de estos recursos se inserta en el trabajo que Minera Los Pelambres desarrolla a través del programa “Confluye”, orientado a fortalecer la gestión del agua en coordinación con las Juntas de Vigilancia del río Choapa, contribuyendo a que las comunidades agrícolas enfrenten de mejor manera los desafíos asociados a la disponibilidad hídrica en el territorio.

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Con una inversión de US$1.000 millones y ubicada en la Región de Tarapacá, esta iniciativa extenderá la operación de Collahuasi por 20 años.

C20+ incorpora infraestructura de desalación para asegurar el suministro hídrico en una región de alta escasez, con capacidad de 1.050 litros por segundo, encargada a Acciona, que incluye la ejecución de obras marinas, un sistema de pretratamiento, el desarrollo de tecnología de ósmosis inversa y postratamiento para garantizar la disponibilidad de los recursos hídricos, así como la operación y mantenimiento de la planta.

«El agua es hoy un insumo tan crítico como la energía. Chile podría perder competitividad no por falta de mineral, sino por falta de certeza operacional hídrica», explicó el gerente de Desarrollo de Negocios de Acciona, Waldo López, destacando el concepto de «cobre verde» como crucial porque «los mercados internacionales exigen trazabilidad. Un cátodo de cobre producido consumiendo aguas fósiles o estresando cuencas locales tiene una ‘penalización reputacional’ creciente. Integrar desalación y reúso masivo no es un costo, es una inversión en la licencia social para operar».

Y por eso, añadió López, «para mantener la posición de Chile como líder mundial en minería, debemos garantizar que la falta de agua nunca sea la razón para detener una expansión o un proyecto nuevo«.

En desarrollo

El proyecto también considera un sistema de impulsión de unos 195 kilómetros, que trasladará el agua desde la costa de Patache hasta la operación minera ubicada a 4.400 metros de altura, el cual está siendo desarrollado por Techint Engineering & Construction, e incluye estaciones de bombeo, tuberías de alta presión y obras civiles en uno de los trazados más extensos de su tipo en la minería chilena.

Ignacio Fuentes, Business Development Manager de la empresa, narró que «para enfrentar la compleja geografía de Chile, la estrategia combina optimización del trazado, tecnologías eficientes y una visión de integración temprana. La elección de la traza es crítica: reducir pendientes y riesgos constructivos permite disminuir estaciones de bombeo y, por ende, el Capex. Esto se logra mediante modelos topográficos 3D, simulaciones hidráulicas y caracterización detallada de suelos, anticipando rendimientos en zanjeo y evitando sobrecostos».

«Techint cuenta con amplia experiencia en geografías complejas, como el tramo del farellón costero del proyecto SADDN entre el PK 0 y el PK 3, donde se logró tender un ducto de 48’ en un desnivel cercano a 1.000 m. Este año también completamos en tiempo récord la interconexión de agua desalinizada entre Quebrada Blanca y Collahuasi, ejecutada a más de 4.000 m s.n.m. en tan solo 10 meses. Estas soluciones demuestran que innovación y planificación estratégica son esenciales para enfrentar los desafíos de la industria», agregó.

La entrada en operación del sistema de desalación está prevista para 2026.

Tecnología de vanguardia

«En Acciona no sólo construimos infraestructuras, sino que gestionamos activos inteligentes. Para la fase de operación, estamos integrando tecnologías de vanguardia que maximizan la eficiencia«, relató el gerente de Desarrollo de Negocios de Acciona, destacando avances como la digitalización avanzada con «gemelos digitales» para simular escenarios y optimizar en tiempo real el uso de químicos y energía, junto con mantenimiento predictivo basado en instrumentación de vanguardia, que permite anticipar fallas y asegurar una disponibilidad operativa superior al 99%.

Añadió que «estamos trayendo a Chile el know-how de nuestro Cecoa (Centro de Control de Agua) que tenemos en España, desde donde supervisamos plantas a nivel mundial. Además, aplicamos lecciones aprendidas de nuestros megaproyectos en Arabia Saudita y Australia, donde la eficiencia hídrica es cuestión de Estado, adaptando esas mejores prácticas a la realidad chilena».

Uno de los hitos recientes fue la energización de cinco estaciones de bombeo, paso clave para iniciar las pruebas hidráulicas y avanzar hacia la operación del sistema. Tanto la planta como la impulsión requieren soluciones de ingeniería específicas para operar en condiciones costeras y cordilleranas, en zonas de alta salinidad, viento y variaciones extremas de temperatura.

Desde Techint, también relevaron el rol que juega la innovación en este desarrollo. «En un proyecto de la magnitud de C20+, la tecnología fue un factor clave para garantizar eficiencia, confiabilidad y seguridad. En las estaciones de bombeo implementamos bombas de alta eficiencia con variadores de frecuencia, optimizando el consumo energético y adaptándonos a variaciones de caudal en tiempo real. Además, incorporamos sistemas SCADA avanzados para monitoreo y control remoto, integrando sensores IoT que entregan datos críticos sobre presión, temperatura y vibración, anticipando posibles fallas”, expresó Ignacio Fuentes.

«En las estaciones de drenaje y transferencia aplicamos sistemas automatizados de gestión de fluidos y válvulas inteligentes, asegurando operación continua incluso en condiciones extremas. Para el ducto, utilizamos tuberías de acero con recubrimientos anticorrosivos de última generación, diseñadas para soportar altas presiones y minimizar riesgos ambientales. Todo esto se complementó con una arquitectura digital que conecta cada estación, permitiendo una operación centralizada y predictiva, con un enfoque sustentable que reduce la huella de carbono y maximiza la vida útil de los equipos”, complementó el ejecutivo.

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El desafío consiste en el desarrollo de modelos de aprendizaje automático e Inteligencia Artificial que correlacionen los parámetros de calidad del agua con las condiciones ambientales y meteorológicas locales, utilizando datos recolectados en ríos de Sudáfrica entre los años 2011 y 2015.

“Es de suma relevancia, dado el contexto que estamos viviendo como planeta, que existan iniciativas como esta. Vamos a un paso acelerado a un calentamiento global y nuestra mejor herramienta es la tecnología, y en especial la IA. Y quién mejor para crear estas soluciones que las nuevas generaciones, que serán quienes estarán a cargo de resolver estas problemáticas en el futuro”, comenta Patricio Cofré, socio líder de IA & Data de EY Chile.

El desafío está abierto a estudiantes de educación superior y profesionales en inicio de carrera con menos de cinco años de experiencia, y pueden participar de manera individual o en equipos de hasta tres personas. El desafío finaliza el 13 de marzo de 2026, fecha en la que comienzan las evaluaciones.

Los finalistas se anunciarán el 1 de abril y los ganadores el 6 de mayo de 2026. Las mejores propuestas no sólo tendrán el potencial de generar cambios significativos para la población mundial, sino que podrán optar a premios en efectivo de hasta US$5.000 y la oportunidad de asistir a una celebración de reconocimiento en el extranjero.

Quienes deseen inscribirse en el desafío pueden hacerlo en https://challenge.ey.com/

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 La ministra de Obras Públicas, Jessica López, resaltó que las Mesas constituyen espacios para integrar los distintos usos del agua en base a un consenso de los actores de una cuenca: “En marzo de 2022 el Gobierno del Presidente Boric asumió el compromiso de avanzar en la gobernanza del agua desde las cuencas con el objeto de que fuesen los actores de la cuenca, que de manera coordinada, avanzaran hacia la gestión integrada de los recursos hídricos, considerando todos los usos del agua, priorizando el consumo humano en armonía con las funciones productivas y ecosistémicas”.

Por su parte, el director general de Aguas del MOP, Rodrigo Sanhueza, afirmó que “existe un consenso generalizado de que se tiene que avanzar con la mirada territorial, desde las cuencas, y ese es nuestro legado, ya que en esta materia Chile estaba al debe a nivel regional e internacional”.

Instancias de coordinación 

Sobre la importancia de las MERH, Ulrike Broschek, subgerenta de Sustentabilidad en Fundación Chile, sostuvo que “todo lo que implique generación de espacios de coordinación, planificación representativa con participación amplia me parece muy relevante”.

Al respecto, Luciano Flores, encargado de Gestión Hídrica del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y vinculado a la MERH de la cuenca del río Maipo, destacó que “la Mesa le da robustez jurídica y de permanencia al trabajo coordinado en favor de la seguridad hídrica en la cuenca. Esto también nos da la posibilidad de que sea más permanente la implementación de un Plan y que ese Plan sea implementado y aterrizado por todos los actores que hoy compartimos la cuenca, y que tenemos la posibilidad que esta coordinación hoy tenga esta potestad normativa para poder disponer de recursos”.

En estas Mesas se han presentado y discutido los avances de los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuencas (PERHC), instrumento de gestión para avanzar en seguridad hídrica que considera una caracterización y balance hídrico de cada cuenca, así como también una identificación de los principales problemas que afectan la seguridad hídrica, y la cartera de medidas orientadas a abordar las brechas y generar guías para la acción pública y privada hacia una gestión integrada de los recursos hídricos resiliente ante un escenario de cambio climático que afecta al país.

Hasta ahora, se han constituido Mesas en cuencas de todas las regiones del país: Codpa-Vítor (Arica y Parinacota), Camiña (Tarapacá), Salar de Atacama (Antofagasta), Huasco y Copiapó (Atacama); Elqui, Limarí y Choapa (Coquimbo), Aconcagua y río Ligua y Petorca (Valparaíso), Maipo (Metropolitana), Rapel y Costeras Rapel-Estero Nilahue (Rancagua), Maule (Maule), Itata (Ñuble), Biobío (Biobío), Toltén (La Araucanía), Valdivia (Los Ríos), Maullín (Los Lagos), Aysén (Aysén) y costera entre Seno Andrew y Punta Desengaño (Magallanes).

Desde el MOP afirmaron que la importancia que los actores vinculados al agua asignan a las Mesas para avanzar en seguridad hídrica, es que reúne a una diversidad de personas para trabajar por objetivos comunes en el PERHC y que, al estar las Mesas establecidas por ley, tendrán continuidad en el tiempo para hacer seguimiento de las medidas y acciones allí propuestas y así avanzar en solucionar las brechas del agua, pero que el Estado por sí solo no podrá asumir este esfuerzo, para lo cual es clave la inversión de privados.

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Este Plan —liderado por la DGA, con apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y financiamiento del Fondo Verde para el Clima (FVC)— promueve el involucramiento del sector privado en el financiamiento de la gestión de los recursos hídricos para incrementar la resiliencia climática.

Los talleres, en modalidad virtual, están dirigidos a actores clave vinculados al sector sanitario, agrícola, forestal, energía, acuícola, minero, industrial y turístico, pero también a los centros de investigación y organismos públicos con competencia en el área hídrica, y se realizarán entre el 9 y el 16 de diciembre. Las personas interesadas pueden inscribirse en https://forms.office.com/r/1kpWjiHrGJ

Trabajo conjunto

El director general de Aguas del MOP, Rodrigo Sanhueza, destacó la importancia de esta convocatoria, afirmando que “el desafío hídrico que enfrenta Chile nos exige pensar y actuar de manera conjunta. Los sectores productivos tienen un rol clave en la construcción de un país más resiliente al cambio climático. Estos talleres nos permitirán escuchar experiencias reales, identificar brechas y avanzar en soluciones que fortalezcan la seguridad hídrica en cada territorio. La adaptación no es solo una necesidad: es una oportunidad para impulsar un desarrollo más sostenible y seguro para todas y todos”.

Los talleres buscan recoger experiencias, desafíos y aprendizajes de empresas y asociaciones gremiales de cada macrozona y dialogar, junto con el sector público y la academia, sobre condiciones habilitantes que permitan impulsar acciones de adaptación vinculadas a gobernanza, información, financiamiento y tecnología. En estas instancias se abordarán medidas que ya están implementando empresas de diversos sectores y se explorarán oportunidades para escalar soluciones que combinan eficiencia hídrica, innovación y sostenibilidad.

En esta línea, la coordinadora de la FAO para el Plan, Irene Bernaus, enfatizó que “hoy más que nunca necesitamos alianzas que integren conocimiento técnico, innovación y experiencia territorial. El sector privado tiene una oportunidad enorme: son catalizadores del cambio y es nuestro objetivo visibilizar esas prácticas y escalar soluciones que funcionen. La participación es fundamental para co-construir una estrategia que responda a los desafíos reales e impulsen un futuro más resiliente para las personas y los ecosistemas”.

Asimismo, continúa abierta la encuesta nacional que busca recoger experiencias, prácticas y desafíos del sector privado frente a un escenario de sequía estructural, con el propósito de articular una hoja de ruta con acciones y compromisos para avanzar en seguridad hídrica.

Las empresas y gremios vinculados al uso del agua pueden responder la encuesta en el link http://bit.ly/4oxrYlo

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De esta forma, el director general de Aguas, Rodrigo Sanhueza, sostuvo que “la DGA es un servicio público con competencias ambientales, tanto para la fiscalización y evaluación de proyectos, las que hemos reforzado a partir de la reforma al Código de Aguas de abril de 2022. Al mismo tiempo, hemos optimizado nuestros procesos de fiscalización para dar una respuesta más rápida a la ciudadanía y a los servicios públicos que nos piden fiscalizar potenciales infracciones al Código de Aguas. Este convenio viene a fortalecer el alcance del trabajo entre la DGA y la SMA, el cual busca robustecer la labor de fiscalización ambiental”.

Por su parte, la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, destacó que “la actualización de este convenio refuerza aspectos del trabajo conjunto, como la mesa técnica SMA-DGA relevando el intercambio de conocimiento y criterios en temas sancionatorios y el uso de herramientas tecnológicas como la teledetección y monitoreo remoto, junto con formalizar el apoyo entre ambas instituciones para fiscalizar las normas secundarias de calidad”.

En materia de recursos hídricos, ambas instituciones convergen en el programa de fiscalización que fija la SMA en relación a los compromisos que deben cumplir los titulares de proyectos de acuerdo a sus Resoluciones de Calificación Ambiental, en las Normas Secundarias de Calidad Ambiental (NSCA) y en la elaboración de Programas de Medición y Control de la Calidad Ambiental del Agua (PMCCA).

Líneas de trabajo del convenio

Este convenio considera 10 líneas de trabajo. Entre ellas se establece la coordinación entre la SMA y la DGA en caso de situaciones de riesgo para el medioambiente, pudiendo actuar la DGA de forma inmediata y dictar las medidas necesarias para controlar el riesgo. Una vez atendida la situación se deberá informar a la SMA y remitir los antecedentes levantados en la fiscalización.

Además, el convenio establece la instalación de una mesa técnica que deberá elaborar herramientas de apoyo a la fiscalización, definir la forma y modo de comunicar los casos de especial relevancia ambiental asociados a Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) y los criterios a considerar por ambos servicios para abordar las acciones que el titular de un proyecto debe cumplir en la Resolución de Calificación Ambiental durante la construcción y ejecución de éste.

Igualmente, la mesa deberá estudiar el uso de nuevas tecnologías para la fiscalización y sanción, explorando aplicaciones de inteligencia artificial para la detección temprana de desviaciones y el intercambio de experiencias y herramientas para el uso de imágenes satelitales, sensores remotos y plataformas geoespaciales en la supervisión de cuerpos de agua, obras hidráulicas y cumplimiento de resoluciones administrativas, entre otras funciones asignadas a esta instancia de trabajo colaborativo.

Otra línea de trabajo son las actividades de fiscalización ambiental subprogramadas con los correspondientes procedimientos para su ejecución. Estas tareas fiscalizadoras pueden ser inspecciones ambientales, exámenes de información y medición, muestreo y/o análisis de parámetros físicos, químicos o biológicos, o una combinación de dichas labores.

Entre otros aspectos, en materia de Normas Secundarias de Calidad Ambiental (NSCA), la DGA deberá continuar entregando a la SMA los antecedentes de los monitoreos que realiza en siete cuerpos de agua para verificar el cumplimiento de la normativa respectiva. Parte del acuerdo suscrito, considera además informar a la SMA cuando la DGA se pronuncie respecto a las descargas de contaminantes a aguas marinas y continentales superficiales y subterráneas. Adicionalmente, ambas partes quedan facultadas para difundir casos de especial relevancia producto del trabajo conjunto.

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El próximo jueves 29 de mayo se desarrollara la primera jornada, en la que se abordarán dos grandes temáticas:

• Comportamiento hidrogeológico y geoquímico en ambientes mineros
• Estrategias innovadoras y normativas para una gestión eficiente del recurso hídrico

🗓 Fecha: Jueves 29 de mayo
🕘 Hora: 08:45 a 13:00
📍 Lugar: Sala de Innovación de la Agencia de Calidad de la Educación (Amunátegui 232, 4° piso, Santiago)

Mayor información e inscripciones en ESTE LINK.

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“Con más de 8.000 l/s de aguas servidas tratadas dispuestas al mar, la reutilización es clave para abastecer a diversas industrias aportando a la seguridad hídrica que Chile necesita. Nos entusiasma ver el avance de este proyecto, que esperamos se replique en otras ciudades. El agua es un insumo estratégico para el crecimiento económico y cada vez que la reutilizamos estamos apalancando las actividades productivas que permitirán volver a crecer», enfatizó Rafael Palacios, director ejecutivo de Acades.

Desde Econssa, el gerente de Desarrollo, Fernando Velásquez, destacó que “el proyecto de reúso de aguas servidas en Antofagasta es un gran hito para para Chile, porque se convertirá en el más grande de su tipo en Latinoamérica. En Econssa vemos este proyecto como el inicio de una nueva forma para enfrentar la escasez hídrica resguardando nuestras fuentes naturales. Esperamos que pueda replicarse este modelo en otras ciudades del país”.

“Este proyecto suma un nuevo desafío a la actual cartera que tenemos en Sacyr Agua en Chile, demostrando que como Grupo seguimos apostando por el desarrollo, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas y aportar en los sectores productivos de importancia para Chile. Esta planta es el proyecto más importante de reúso en Latinoamérica, y la envergadura de lo que contempla esta concesión marcará una tendencia pionera en temas de reúso de aguas servidas. Chile, y el trabajo que está haciendo Econssa, están a la vanguardia en la optimización de recursos hídricos en la región, y desde Sacyr Agua, estamos comprometidos a trabajar en la misma línea: cumpliendo con el medioambiente, elevando los estándares de sostenibilidad, y respondiendo eficiente y responsablemente a Econssa, a nuestros clientes, y a la comunidad de Antofagasta”, comentó el gerente general de Sacyr Agua, Lucas de Marcos.

La nueva planta permitirá reutilizar 900 l/s de aguas servidas, beneficiando tanto a la población como a las operaciones mineras e industriales de la región. Gracias a tecnologías avanzadas, está previsto que se trasladen aguas servidas pretratadas a lo largo de 16 km hasta el sector de Salar del Carmen, incluyendo un tramo de 5,4 km en el área urbana que se ejecutará a través de micro tunelación. A esto se agregan 24 km adicionales hacia La Negra y otros 24 kilómetros hasta Mantos Blancos. Se estima que la planta de tratamiento de aguas servidas esté en funcionamiento en 2028.

Desde Acades resaltaron que, en línea con estos avances, Chile ha sido recientemente destacado como el país con mejor desempeño en el tratamiento de aguas residuales entre los miembros de la OCDE, según el último Índice de Desempeño Ambiental de la Universidad de Yale. Con una cobertura del 100% en tratamiento de aguas servidas urbanas, el país se posiciona como referente internacional en esta materia. “Este liderazgo valida la apuesta por iniciativas como la planta en Antofagasta, que no solo contribuyen a la sostenibilidad local, sino que consolidan a Chile como un modelo en la gestión de recursos hídricos a nivel global”, concluyó Palacios.

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