La iniciativa se centró en certificar competencias en oficios con alta demanda laboral, tales como montaje de paneles solares, instalaciones eléctricas, manipulación de alimentos y gasfitería; en tanto herramientas prácticas que faciliten la empleabilidad, el emprendimiento local y la continuidad de estudios técnicos para los habitantes de la zona.

Se impartieron cursos que beneficiaron a 260 vecinos y estudiantes, siendo ejecutados por distintos organismos técnicos, como la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Incatal, AIEP, Instituto Santo Tomás e Inacap, contando con el respaldo del Sence.

La ceremonia de certificación se realizó en el salón Francisco Coloane de la Municipalidad de Quintero, dando un cierre a cinco cursos de capacitación, orientados a vecinas y vecinos de la zona, además de estudiantes de enseñanza media técnico-profesional del territorio.

La actividad se enmarca en el trabajo de la Mesa Empresarial Público-Privada de Capacitación y Empleo Local Quintero–Puchuncaví (Meppcel), instancia creada en 2022 que articula a empresas, servicios públicos, municipios e instituciones de capacitación, con el objetivo de potenciar el empleo local y el desarrollo de competencias coherentes con las necesidades del territorio.

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El Tribunal estuvo integrado por la ministra Marcela Godoy, presidenta (s) y el ministro Cristián López, junto al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Pedro Caro. Los alegatos fueron efectuados por el abogado de los demandados, Rodrigo Rivera, mientras que en representación del Consejo de Defensa del Estado (CDE), alegó la abogada Ximena González.

La medida cautelar fue solicitada por el CDE y concedida por el Tribunal el 13 de enero de este año, en consideración los antecedentes acompañados el CDE, «que dan cuenta de la verosimilitud de la pretensión invocada y que, a juicio del Tribunal, configuran una presunción grave del derecho que se reclama y de los hechos denunciados, como asimismo, del peligro en la demora, representado en este caso, por la posible enajenación o distracción de los bienes de propiedad de las demandadas».

Esta acción busca asegurar la reparación del daño ambiental, en caso de que esta magistratura especializada acoja la demanda.

Cabe recordar que el CDE presentó la demanda por reparación de daño ambiental debido a una potencial afectación ocasionada en aproximadamente 6,9 hectáreas de suelo, dentro del área de influencia del proyecto Procesamiento de Sales Metálicas, de Minera Montecarmelo, ubicado en el sector Los Maitenes, comuna de Puchuncaví.

Efecto en el ecosistema

En su escrito, el Consejo afirma que el suelo de este sector habría experimentado una «grave contaminación por metales pesados y metaloides, alterando su equilibrio químico, lo que ha generado un menoscabo significativo en los servicios ecosistémicos que presta y un riesgo grave para la flora, la fauna y el componente humano del medio ambiente, especialmente para la vida y salud de la población».

Dicha afectación se habría generado -sostiene- como consecuencia de una operación deficiente y contraria a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprobó el proyecto, «con omisión de las obligaciones ambientales y del cumplimiento de la normativa sectorial aplicable».

En concreto, la medida cautelar consistente en la prohibición de celebrar actos y contratos, respecto de un inmueble y 11 vehículos de propiedad de las demandadas: Minera Montecarmelo, Sociedad Luis Felipe Boisier Troncoso Metales y Minerales E.I.R.L. y el gerente general y representante de la empresa.

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Cabe recordar que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) llevó a cabo el procedimiento sancionatorio contra la empresa tras detectar una serie de incumplimientos ambientales, asociados principalmente a deficiencias en el manejo de residuos peligrosos, y en el sistema de canalización y conducción de aguas lluvias.

Minera Montecarmelo solicitó al Tribunal dejar sin efecto la resolución, a través de la cual la SMA rechazó el reclamo administrativo que presentó en contra de la resolución sancionatoria del ente fiscalizador.

Específicamente, requirió que se ordene a la SMA recalcular el beneficio económico, aplicando la menor multa posible en el caso concreto, junto con la reclasificación a leve del Cargo N° A.5; reponderar las circunstancias del artículo 40 de la LOSMA, en particular la capacidad de pago, pues la multa impuesta en su totalidad resulta desproporcionada; imponer una sanción menos gravosa, como la clausura definitiva para el Cargo N° A.4, con el fin de poder ejecutar y llevar cabo el Plan de Cierre en curso aprobado por Sernageomin.

En su subsidio, que se aplique sólo la sanción de revocación y se absuelva de las multas impuestas en los otros cargos, por ser la sanción desproporcionada para la realidad de la empresa, la cual contempla el pago de las mismas junto con la revocación de la RCA.

En tanto, la SMA pidió al Tribunal que rechace la reclamación, ya que es legal y fue dictada conforme la normativa vigente. Precisa que la reclamante “únicamente” ha deducido la reclamación en contra de la resolución que rechazó la reposición presentada en contra de la resolución sancionatoria.

“Así las cosas, se observa que gran parte de las alegaciones de la reclamante en autos no se relacionan en ningún punto con la resolución que ha sido impugnada y, en consecuencia, no tienen el mérito para cuestionar su legalidad (…) precisamente, el recurso de reposición presentado por la empresa versó únicamente respecto a la capacidad económica de la misma”, afirmó, para luego agregar que la empresa en su reclamación “presentó argumentos que en nada se relacionan con su escrito de reposición y, por tanto, con la resolución que efectivamente impugnó”.

Plazos y argumentos 

Según el ente fiscalizador, las alegaciones de Minera Montecarmelo ante el Tribunal tienen relación con la resolución sancionatoria, cuyo plazo para impugnar se encuentra vencido.

Luego procede a identificar y enumerar estos argumentos:

1- se ha faltado a la integridad del expediente administrativo sancionatorio.

2- existe una falta de socialización de la fórmula para la determinación de sanciones, lo que incide en la motivación del acto administrativo.

3- existe una errónea ponderación de las circunstancias del artículo 40 de la LOSMA, en específico, con relación al beneficio económico (Cargo A.2 y A.5), y

4- las sanciones impuestas son desproporcionadas, pues confluyen sanciones pecuniarias con una sanción de revocación; y porque la revocación del permiso ambiental impide ejecutar el Plan de Cierre del proyecto.

“En efecto, lo cierto es que, en los hechos, el titular no interpuso recurso alguno contra la resolución sancionatoria dentro del plazo y en la forma establecidos por la normativa vigente. En consecuencia, no resulta procedente pretender, en esta sede, desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a dicho acto administrativo, toda vez que no fue oportunamente impugnado en la etapa procesal prevista por el legislador para tales efectos”, argumentó.

La SMA reconoció que las alegaciones asociadas a la capacidad económica de la empresa y al transcurso del tiempo en la etapa recursiva, sí guardan relación con la resolución impugnada ante el Tribunal Ambiental. Sin embargo, asegura que estos argumentos no tienen el mérito de desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada.

Minera Montecarmelo es titular del “Procesamiento de Sales Metálicas”, que consiste en el procesamiento de aproximadamente 20.000 toneladas en base seca de residuos sólidos, resultantes del tratamiento de polvos provenientes de precipitadores electrostáticos de la Planta de Ácido de la Fundición y Refinería Ventanas.

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“Ventanas Ilumina” es una de las iniciativas que surgió del proceso participativo que implementó Codelco División Ventanas con la comunidad, en el marco del cierre de su histórica Fundición. Entre 2022 y 2024, fueron más de 100 reuniones y cuatro conversatorios los que permitieron reconocer las necesidades más urgentes de Quintero y Puchuncaví y dar forma a distintos programas.

En detalle, esta iniciativa en particular beneficia a unas 15 mil personas (el 55% de la población de la comuna) y contempla capacitaciones para el cuidado, limpieza y mantención de las luminarias solares.

 

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Para Ricardo Weishaupt, gerente general de División Ventanas, el objetivo de este programa es “brindar seguridad ciudadana y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida. Nos sentimos muy orgullosos y contentos con esta iniciativa, porque no solamente tiene que ver con el cierre de la fundición sino con la relación directa, de mucho diálogo, que queremos construir en el largo plazo con las comunidades de Puchuncaví”.

La contribución con capacidades técnicas y orientaciones jurídicas proporcionadas por el Municipio, específicamente desde su Secretaría de Planificación Comunal, también fue fundamental para el éxito del programa.

Para el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, “aquí se ha manifestado la importancia de escuchar a los dirigentes vecinales, quienes han hecho presente la necesidad de iluminar sus territorios. Hoy día, lo que estamos inaugurando es un proyecto que nace de las bases y que hemos llevado a cabo junto a División Ventanas, y con el que hemos podido llegar a cada rincón de la comuna».

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El ministro (s) del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, comentó que “esta es una modificación muy relevante para las personas que viven en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Ampliar a todo el año la gestión de episodios críticos permitirá prevenir altas concentraciones de contaminantes y disminuir el riesgo de la salud de los habitantes de esta zona, no importando qué época del año sea”.

Del mismo modo, Proaño aseveró que “era urgente realizar este cambio porque al tratarse de un territorio altamente vulnerable a la contaminación se requería contar con la aplicación de los planes operacionales de las empresas instaladas en estas comunas, los que sólo rigen en el periodo de Gestión de Episodio Crítico”.

Efectos

Sobre esta medida, el delegado presidencial para la Gestión de la Crisis Socio-Ambiental de Concón, Quintero y Puchuncaví, Alejandro Villa, comentó que «esta modificación al Plan de Descontaminación es un gran avance porque permitirá que las empresas puedan aplicar sus planes operacionales ya no solo en invierno, sino que, en cualquier oportunidad, siempre y cuando las condiciones atmosféricas de la bahía y la salud de las personas así lo ameriten. De esta manera, se dará más seguridad para todas y todos».

A su vez, el seremi del Medio Ambiente de la Región De Valparaíso, Hernán Ramirez, explicó que “si bien durante todo el año se realiza vigilancia de calidad del aire, así como fiscalizaciones permanentes, durante el periodo GEC estas actividades se refuerzan por parte de los servicios con competencia ambiental, focalizando aún más los esfuerzos en el territorio. En ese sentido, avanzar en la extensión del periodo GEC es un paso más en nuestro compromiso con las comunas largamente afectadas por la contaminación”.

El Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de Concón, Quintero y Puchuncaví fue publicado en marzo de 2019 y estableció que, por un periodo de tres años, el periodo GEC aplicaba de enero a diciembre, pero luego lo hacía sólo desde el 1 de abril y el 30 de septiembre. Esta modificación se realizó luego que en mayo pasado se iniciara el proceso, en donde se aprobó el anteproyecto, el que fuera sometido a consulta pública.

Cabe recordar que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático es una instancia liderada por el Ministerio del Medio Ambiente y que cuenta con la participación de los ministerios de Hacienda, Economía, Energía, Educación, Transportes, Obras Públicas, Salud, Agricultura, Vivienda, Desarrollo Social, Minería, y Ciencia.

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En la sentencia, la Tercera Sala estableció que la resolución del Segundo Tribunal Ambiental, que aprobó el plan, infringe los principios preventivo, contaminador-pagador y progresividad.

“Que, por lo explicado, esta Corte Suprema es de parecer de instruir al Ministerio del Medio Ambiente la emisión de un acto complementario al Decreto Supremo Nº 105 de 2019, manteniéndose vigente el PPDA reclamado en todo lo que no se oponga a las medidas que se dirán en lo venidero y que deberán ser incluidas en la referida complementación”, plantea el fallo de la Corte Suprema.

La resolución agrega: “Que, por otro lado, las instrucciones específicas que se impartirán serán conciliadas con lo resuelto por esta Corte Suprema en la sentencia dictada el 28 de mayo de 2019 en los autos rol Nº 5.888-2019, en cumplimiento del deber de consistencia y congruencia que debe existir entre dos decisiones judiciales que dicen relación con la misma materia”.

“Que, cabe precisar, como última consideración general, que en esta oportunidad no serán ordenadas medidas reparatorias, por no haber sido solicitadas en el libelo, sin perjuicio de lo instruido en otras sentencias de esta Corte relacionadas con el conflicto específico de que se trata, en especial aquella a que se ha hecho referencia en el motivo anterior”, advierte.

“Que, así, en salvaguardia del principio preventivo el Ministerio del Medio Ambiente complementará el PPDA para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, incorporando:

a) La consideración, para todos los fines a que hubiere lugar, de las mediciones, antecedentes y datos que se encuentren en poder de la autoridad ambiental, anteriores y posteriores al trienio 2015 a 2017, hasta la época más próxima a la emisión del acto complementario, inclusive.

b) La confección de un inventario de emisiones de NO₂ y SO₂, en tanto agentes precursores del material particulado, seguido de un plan de reducción de emisiones de estos contaminantes, proporcional al diseñado respecto del MP2,5 y MP10”, ordena la Sala Constitucional.

Asimismo, el fallo dispone: “Que, en resguardo del principio contaminador-pagador, el acto complementario mencionado en el considerando anterior agregará al PPDA:

a) La cuantificación de los costos del Plan, una vez complementado, por agente emisor, mencionando expresa y fundadamente las razones que determinan la distribución de dicha carga entre cada sujeto obligado.

b) La estimación de la contribución de cada agente emisor a la implementación de los planes de contingencia destinados a enfrentar episodios críticos, más allá de la reducción o suspensión de emisiones”.

La Corte Suprema, además, instruye: “Que, por su parte, para la adecuada cautela del principio de progresividad, la complementación considerará:

a) Un calendario de adecuación paulatina de las emisiones de material particulado en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, hasta alcanzar el nivel de calidad del aire sugerido en la Guía confeccionada por la Organización Mundial de la Salud, en su edición 2021, esto es: (i) 5 µg/m³ como límite anual de concentración de MP2,5; (ii) 15 µg/m³ como límite concentración de 24 horas de MP2,5; (iii) 15 µg/m³ como límite de concentración anual de MP10; y, (iv) 45 µg/m³ como límite de concentración de 24 horas de MP10. Dicho objetivo final será precedido, en el calendario, de un cronograma de transición razonable entre cada una de las etapas intermedias previstas en la Guía.

b) El establecimiento de un plazo máximo para la entrada en vigor de la norma primaria de calidad de compuestos orgánicos volátiles, en actual proceso de elaboración, término que no podrá ser superior a tres años”.

“Que, asimismo, el acto reclamado deberá ser complementado incluyendo las siguientes instrucciones impartidas por esta Corte Suprema en la sentencia dictada el 28 de mayo de 2019 en los autos rol Nº 5.888-2019, en cuanto resultan pertinentes a la controversia:

a) La confección de un inventario de todos los contaminantes que no formen parte del PPDA ordenado complementar y que puedan incidir en la generación de episodios críticos en desmedro de los habitantes de las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví (literales ‘a†y ‘d†de lo resolutivo de la SCS rol Nº 5.888-2019).

b) Cumplido lo anterior, se elaborará un cronograma de reducción de emisiones e implementación de medidas complementarias, a fin de asegurar la inocuidad de los contaminantes inventariados (literales ‘b†y ‘e†de lo resolutivo de la SCS rol Nº 5.888-2019).

c) El plan de contingencia contenido en el PPDA deberá contener un catastro de las patologías recurrentes en la población y causadas por la contaminación, unido al seguimiento de cada cuadro y la implementación de un mecanismo de vigilancia sanitaria para enfrentar la problemática en su integridad (literal ‘g†de lo resolutivo de la SCS rol Nº 5.888-2019).

d) Se anexarán al plan de contingencia antes referido las medidas especiales a adoptar para asegurar la indemnidad de los niños, niñas y adolescentes habitantes de las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví (literal ‘i†de lo resolutivo de la SCS rol Nº 5.888-2019).

e) Se calendarizará la revisión periódica de la declaratoria de latencia y saturación actualmente vigente, que motivó la dictación del acto reclamado (literal “k” de lo resolutivo de la SCS rol Nº 5.888-2019).

f) Se dispondrá la inclusión de toda la información que sirva de insumo para la elaboración del PPDA y su complementación en un sitio web que utilice lenguaje claro, a fin de lograr su comprensión por personas no especialistas (literal ‘l†de lo resolutivo de la SCS rol Nº 5.888-2019)”, concluye.

Decisión adoptada por la Tercera Sala, integrada por los ministros y ministras Sergio Muñoz, Angela Vivanco, Adelita Ravanales, Mario Carroza y Jean Pierre Matus. Fue voto disidente el ministro Matus.

En la resolución de un recurso de protección (rol 170.273-2022)  tramitado de manera conjunta, se ordenó la adopción de las siguientes medidas:

I) Las autoridades requeridas velarán por el estricto y completo cumplimiento de las medidas dispuestas en la sentencia de 28 de mayo de 2019 en los autos Rol N° 5.888-2019 de esta Corte y en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las Comunas de Quintero, Concón y Puchuncaví, incluidas las modificaciones y complementos introducidos en el fallo de la causa Rol N° 149.171-2020 de esta Corte.

II) El Ministerio del Medio Ambiente deberá designar a al menos dos funcionarios con dedicación exclusiva para la correcta fiscalización y verificación del cumplimiento del punto I de esta sentencia, los que deberán permanecer en el lugar de su cometido.

III) La Superintendencia del Medio Ambiente, en conjunto con la Secretaría Regional Ministerial de Salud, la Subsecretaría del Medio Ambiente y las autoridades pertinentes, deberán atender los requerimientos y denuncias de la población afectada con prontitud, proactividad y eficiencia, evitando dilaciones innecesarias.

IV) La Corte de Apelaciones de Valparaíso tendrá presente que goza de facultades amplias para hacer cumplir lo resuelto, tanto las medidas expresamente contempladas en el numeral N°15 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de dicha acción, como las dispuestas por el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil y cualquier otra diligencia tendiente a la efectiva verificación de aquello ordenado hacer o no hacer a través de una decisión firme”.

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El plan cuenta con distintas medidas para la disminución y el control de las emisiones contaminantes. Entre ellas, se encuentra la Gestión de Episodios Críticos que activa los planes operacionales de las empresas, toda vez que se genera una situación de episodios críticos.

Desde el Ministerio señalaron que durante 2023, la Seremi del Medio Ambiente solicitó la actualización de los planes operacionales para las empresas, a fin de revisar y hacer más restrictivas las medidas que se aplican para reducir sus emisiones.

Medidas del Ministerio del Medio Ambiente

Actualmente, como parte de las acciones que establece el mencionado plan, el Ministerio se encuentra trabajando en la elaboración de una Red Pública de Monitoreo de Calidad del Aire con el objetivo de contar con mayor información y mejor cobertura sobre la calidad del aire en las comunas. Esta red estará compuesta de 14 estaciones distribuidas en las tres comunas.

El seremi de Medio Ambiente de Valparaíso, Hernán Ramírez, comentó que “de manera inédita se contará con una red pública, la primera de este tipo en un área industrial, la más robusta a nivel nacional, la con mayor participación de la comunidad y en sintonía con Acuerdo de Escazú. Nos permitirá contar con mejor información sobre el aire que respira la ciudadanía de estas tres comunas».

Por otra parte, el pasado 11 de mayo, el Ministerio del Medio Mmbiente publicó la primera norma sobre compuestos orgánicos volátiles de Chile, para Benceno. La normativa, tiene como objetivo proteger la salud de las personas. Si bien se incluyó como una obligación en el Plan de Prevención y Descontaminación para Concón, Quintero y Puchuncaví, tendrá cobertura en todo el país.

La norma, publicada en el Diario Oficial, fijó el valor en 3 microgramos por metro cúbico (µg/m3) como concentración anual de benceno, más exigente que el de la Unión Europea y Nueva Zelanda, y al mismo nivel que lo establecido por Japón.

El Ministerio recordó que, actualmente, se cuenta con un monitoreo en línea en tiempo real, donde las personas pueden informarse sobre el estado de la calidad del aire y las emisiones de las mega fuentes reguladas en el plan, accediendo a la página www. airecqp.mma.gob.cl. También es posible conocer pronósticos meteorológicos y emisiones de las principales fuentes emisoras.

Por otra parte, la delegación exclusiva de la Superintendencia del Medio Ambiente, ubicada permanentemente en las comunas de Quintero y Puchuncaví, se encuentra desplegada a diario para fiscalizar a las empresas del sector.

Desde el Ministerio, detallaron que, como parte de las medidas, durante este 2023 la Seremi del Medio Ambiente ejecutará el Programa de Recambio Voluntario de Calefactores a Leña, el cual será financiado por el Fondo de Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno Regional.

Ramírez indicó que “nos encontramos desplegados en el territorio con numerosas medidas a fin de fortalecer los instrumentos actualmente vigentes. Para nuestro Gobierno es necesario avanzar en una transformación de las condiciones actuales de estos territorios, transitando hacia un desarrollo que ponga en el centro el cuidado de las personas y el medioambiente”.

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La norma, publicada en el Diario Oficial, fijó el valor en 3 microgramos por metro cúbico (µg/m³) como concentración anual de benceno, más exigente que el de la Unión Europea y Nueva Zelanda, y al mismo nivel que lo establecido por Japón.

El benceno forma parte de los compuestos orgánicos volátiles (COVs), grupo de sustancias químicas provenientes del uso de combustibles fósiles o quema de leña, entre otros. La exposición a ellos puede tener impactos en la salud de las personas.

Por eso, la normativa también incluye niveles de emergencia –medidos como concentración de una hora- que buscan reducir la exposición de la población a situaciones de altas concentraciones de benceno en el aire. Los niveles son Alerta (30-59 µg/m³), Preemergencia (60-119 µg/m³), y Emergencia (120 µg/m³Â o superior).

El subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, presentó la nueva norma a autoridades de la Región de Valparaíso en el edificio de la Delegación Presidencial Regional. En la cita, destacó que la publicación de esta norma “es un hito para el país, porque es la primera que regula los compuestos orgánicos volátiles y será una herramienta más para proteger la salud de las personas, especialmente en los territorios que han sido históricamente afectados por la contaminación. Esta es una medida que se enmarca dentro del proceso de Transición Socioecológica Justa que impulsamos como gobierno”.

La nueva norma nació como parte de los compromisos adquiridos con la comunidad de Concón, Quintero y Puchuncaví, los que quedaron establecidos como una obligación dentro del Plan de Prevención de Descontaminación Atmosférica (PPDA) para esta zona. Este territorio será uno de los priorizados para los programas de monitoreo, aunque el alcance de esta norma será nacional.

En las mediciones serán contemplados otros COVS, como el tolueno, etilbenceno y xilenos –los que, junto al benceno, conforman los BTEX-, cuyos datos serán considerados durante el proceso de revisión de la norma. La fiscalización del cumplimiento de la norma estará a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Medidas para Concón, Quintero y Puchuncaví    

Esta nueva herramienta normativa forma parte del plan de 40 acciones que el Gobierno está impulsando en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, las que tienen como objetivo apoyar la transición hacia un modelo más justo en lo social y ambiental.

El subsecretario Proaño comentó que “para nuestro Gobierno es necesario generar las bases para una transformación de las condiciones actuales de estos territorios, transitando hacia un desarrollo que ponga en el centro el cuidado de las personas y el medioambiente, a través de medidas concretas que elevan los estándares de la normativa ambiental, tanto en normas primarias y secundarias, en calidad y emisión -como es esta norma tan esperada, o las de arsénico, de termoeléctricas o de la Bahía de Quintero, que vienen en camino-, además de la instalación de equipos para monitoreo que complementarán la labor de la nueva red pública y la coordinación con diferentes instituciones para generar mayor protección para estas comunidades”.

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El Tribunal estuvo integrado por los ministros Cristián Delpiano Lira, presidente (s), Daniella Sfeir Pablo y Cristián López Montecinos.

Por parte de los demandantes y sus terceros coadyuvantes, los alegatos estuvieron a cargo de la abogada Alejandra Donoso Cáceres, por los Sindicatos de trabajadores independientes, pescadores artesanales, buzos mariscadores y ramas similares de Caleta Horcón y Caleta Ventanas, además de vecinos de ambas localidades de la Región de Valparaíso; la abogada Ninón Zalaquett Olmos, por Mujeres en Zona de Sacrificio; y el abogado Pablo Castro Olivos, por la Municipalidad de Puchuncaví.

En representación de los demandados, alegaron los abogados Mario Galindo Villarroel, por AES Andes S.A.; Patricio Leyton Flores, por Codelco División Ventanas; Enrique Urrutia Pérez, por ENEL Generación Chile S.A.; Fernando Molina Matta, por GNL Quintero S.A.; Sebastián Avilés Bezanilla, por Empresas Copec S.A., Edesio Carrasco Quiroga, por Oxiquim S.A.; Manual Barros Lecaros, por Melón S.A.; Felipe Arévalo Cordero, por ENAP; Andrés Fernández Alemany, por Gasmar SpA; Samuel Buzeta Plaza, por Catamutún Energía S.A.; y Osvaldo Solís Mansilla, del Consejo de Defensa del Estado, por el Ministerio del Medio Ambiente.

Tras esta audiencia, los ministros del Tribunal Ambiental determinarán si es necesario dictar medidas para mejor resolver, en caso contrario realizarán una sesión de acuerdo, luego de la cual comenzará el proceso de redacción de la sentencia que establecerá si hubo o no daño ambiental en la zona. En caso de acogerse la demanda, se establecerían responsabilidades y se ordenaría la ejecución de un plan de reparación del medio ambiente.

Cabe recordar que en septiembre de 2022 el Tribunal dio por fracasado y concluido el proceso de conciliación que impulsaba entre las partes, luego que los demandantes rechazaran en su totalidad la propuesta de conciliación presentada por esta judicatura especializada.

Así se inició la etapa probatoria de la demanda, en la cual el Tribunal realizó 12 audiencias para tomar declaraciones de los 29 testigos presentados por demandantes y demandados, además de analizar la prueba documental ingresada al expediente.

Historia

La demanda por reparación de daño ambiental fue interpuesta en julio de 2016 por el Sindicato de trabajadores independientes, pescadores artesanales, buzos mariscadores y ramas similares de Caleta Horcón y el Sindicato de trabajadores independientes, pescadores artesanales, buzos mariscadores y ramas similares de Caleta Ventanas, además de vecinos de ambas localidades de la Región de Valparaíso, en contra de Codelco División Ventanas, AES Gener S.A. (actualmente AES Andes S.A.), Catamutún Energía S.A., Puerto Ventanas S.A., Empresa Nacional de Electricidad S.A. (actualmente ENEL Generación Chile S.A.), GNL Quintero S.A., Empresas Copec S.A., Gasmar S.A. (actualmente Gasmar SpA), Oxiquim S.A., Petróleos, Asfaltos y Combustibles S.A., Melón S.A., ENAP, y del Ministerio del Medio Ambiente.

Dando cumplimiento a lo indicado en el Código de Procedimiento Civil, el Tribunal impulsó un proceso de conciliación entre demandantes y demandados, para lo cual en 2021 puso a disposición de las partes una propuesta general de bases de conciliación.

En julio de 2022, esta judicatura especializada entregó una nueva propuesta de conciliación, la que recogió observaciones formuladas por las partes, además del trabajo realizado por esta judicatura en las 33 reuniones bilaterales sostenidas con demandantes y demandados y los antecedentes recopilados en la inspección personal realizada por los ministros(a) a la zona los días 11 y 12 de enero del mismo año. En este contexto, cabe destacar que se llevaron a cabo 10 audiencias de conciliación.

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En el texto se señala que esto se concretará a través de la instalación y operación de catorce nuevas estaciones de calidad del aire, cuya administración será responsabilidad del Ministerio del Medio Ambiente.

La red pública de monitoreo contemplará la instalación de estaciones de calidad del aire en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, evitando duplicar estaciones de monitoreo, priorizando su localización en espacios públicos de mayor afluencia de la población, tales como centros educacionales y de salud.

La nueva red pública deberá contemplar la implementación de tres estaciones definidas como «Super-Sitio», emplazando al menos una de ellas en cada una de las comunas que abarca la red de monitoreo. Para estos efectos, se denominará como estación «Super-Sitio» a aquellas que contemplen el monitoreo continuo de los siguientes contaminantes: dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), ozono (O3), monóxido de carbono (CO), sulfuro de hidrógeno (H2S), Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), Material Particulado Fino (MP2.5) y Material Particulado respirable (MP10). Estos últimos también se realizarán mediante monitoreo discreto a través de filtros.

En la resolución se detalla que la red pública de monitoreo contemplará la instalación de una estación del tipo fondo rural, en una localidad distante a más 10 km de las fuentes industriales y en un entorno libre de fuentes emisoras de contaminación industrial.

Además, se realizarán análisis químicos para la caracterización de metales pesados, que incluyen entre otros, arsénico, molibdeno, níquel, cobre, cadmio y plomo, en las estaciones donde se realizará muestreo de material particulado PM10 y/o PM2.5 en filtros (método discreto).

Junto con ello, la nueva red pública deberá contemplar la medición de Compuestos Orgánicos Volátiles, de acuerdo a lo que disponga la normativa de calidad aplicable.

El Ministerio del Medio Ambiente deberá coordinar e implementar un trabajo colaborativo con la Dirección Meteorológica de Chile.

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