Según el estudio «Proyección del consumo de electricidad en la minería del cobre 2018- 2029», presentado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) a inicios de este año, la región de Antofagasta concentra el 54,3% de la demanda eléctrica en minería, equivalente a 12,3 TWh, debido a la producción de cobre en el país, cifra que se mantendría al 2029.

Las proyecciones de Cochilco indican que luego de Antofagasta se suman las regiones de Atacama con 2,4 TWh, Tarapacá con 2,1 TWh y Oâ€Higgins con 2,0 TWh 8,9%.

Precisamente el consumo energético en minería, el que se torna cada vez más sostenible gracias a la incorporación a la matriz de energías renovables, será uno de los temas centrales de Foronor 2019, toda vez que a partir de 2024 Cochilco avisora que Atacama aumente ligeramente su participación por encima del 13% llegando a 4,4 TWh (13,7%) en 2029, lo mismo con Tarapacá que aumentará levemente su participación a 10,5% con 3,3 TWh en el mismo periodo. En tanto, para Antofagasta se proyecta que la demanda llegará a 17,1 TWh.

Hay que destacar que Foronor 2019, la cumbre energética más importante del norte de Chile organizada por Editec en Antofagasta, contará con la presencia de expertos nacionales y extranjeros. Más allá de las tendencias en consumo energético minero, el evento también se centrará en la transición energética del centro norte del país, Antofagasta, (descarbonización, electrificación de la economía, digitalización, descentralización, integración internacional, vulnerabilidad energética), como también, revisará las acciones y alcances relativos al cambio climático, y sus efectos en la región.

Este encuentro, previo a las conferencias principales, parte el 1 de octubre con un taller académico denominado “Almacenamiento de Energía: tecnologías, aplicaciones y modelos de negocios”.

Foronor 2019 es auspiciado por AES Gener, Pesco, ABB, Mainstream, Transelec, y es patrocinado por el Ministerio de Energía, Ministerio de Minería, Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), Acera, Apemec, Comisión Nacional de Energía (CNE), Coordinador Eléctrico Nacional, Empresas Eléctricas A.G, Generadoras de Chile, GPM A.G, GIZ y Acesol.

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Y es que de acuerdo al análisis realizado por PULSO en base a la información del servicio hasta ayer, a cinco días de que termine el año se han presentado a trámite ambiental unos 800 proyectos. De ellos, 670 corresponden a iniciativas efectivamente diferentes, mientras que los restantes han sido ingresados de forma reiterada por diversos motivos administrativos.

Los 670 proyectos contabilizados se encuentran prácticamente en línea a lo observado en el mismo período de 2016. Sin embargo, la suma de la inversión de los proyectos es significativamente menor: este año las iniciativas totalizan una inversión de US$46.960 millones, mientras que el año pasado el monto ascendió a US$59.329 millones, es decir, un 21% menor. Todo, por menores proyectos energéticos.

Es que si bien en 2017, y tal como ha sido la tendencia en los últimos años, el sector eléctrico lideró en número de desarrollos, el monto asociado a las iniciativas se redujo en 47% en relación a 2016.

Según han explicado expertos, esto se debe a los pronósticos de reducción en la demanda energética, a lo que se suma la incertidumbre en torno a los precios que se alcanzarán en los próximos años. Esto, teniendo en cuenta que el último proceso de licitación para clientes regulados cerró con un precio promedio de US$32,5/MWh -con valores tan bajos como 21,48 US$/MWh- en el concurso de octubre pasado.

No obstante, esto no quita que los proyectos más intensivos en capital vengan de este sector. Este año se ingresaron cuatro iniciativas de la surcoreana Andes Green Energy de energía fotoeléctrica y termo solar que superaron los US$4.000 millones.

En segunda posición se ubicó la minería. En total, se ingresaron cerca de 130 proyectos, pero con una inversión que suma unos US$8.143 millones, por debajo de los más de US$10 mil millones registrados en 2016 y 2015.

Dentro de las iniciativas destacadas están dos adecuaciones de proyectos estructurales de Codelco, la modificación de Chuquicamata Subterránea y Nuevo Nivel Mina de Teniente; además del proyecto de US$2.000 millones ingresado por Minera Sierra Gorda que apunta a optimizar el proyecto y adecuar el depósito de relaves.

El análisis también refleja signos de recuperación por parte del sector inmobiliario. Si bien se presentaron -al igual que el 2016- unos 150 proyectos a evaluación, los montos se duplicaron, sumando casi unos US$7.000 millones.

Los proyectos aprobados

No sólo hubo una baja en los montos presentados, las iniciativas aprobadas por el servicio cayeron 15%.

En el caso de que la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo hubiese aprobado el proyecto minero-portuario Dominga, -el que fue rechazado en agosto, pese a contar con el visto bueno del SEA-, la baja entre los proyectos aprobados entre el año pasado y este año se habría reducido a 7%.

En el desglose, energía fue el sector con más proyectos aprobados, los que sumaron US$11.600 millones. En segundo lugar se ubicó la industria inmobiliaria con cerca de 70 iniciativas, por US$2.000 millones.

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Prueba de esa complejidad es que la mayoría de los 20 principales proyectos que catastró Sofofa en 2012, y que suman unos US$ 75 mil millones, no se ha materializado. Así, el monto no ejecutado llega a US$ 54.778 millones, el 73% del total. Por el contrario, sólo el 27% de la inversión, equivalente a US$ 20.214 millones, efectivamente se concretó.

¿Qué explica esta situación? Los motivos son variados. Varios de ellos no lograron obtener el permiso ambiental (entre ellos, el propio proyecto Dominga o el complejo HidroAysén, cuya autorización fue revocada por el Comité de Ministros), mientras que otros no avanzaron por problemas geológicos, judicialización o porque los números finalmente no dieron.

Desde Sofofa explican que una de las principales causas para que las iniciativas no se concretaran en tiempo es el “desalineamiento, y muchas veces preponderancia, de la lógica política sobre la racionalidad técnica que observamos actualmente, tanto en la institucionalidad ambiental como en otros servicios públicos con competencias ambientales”, advierten desde esa entidad. “Estas divergencias tienden a resolverse en instancias jurisdiccionales que actúan sobre la base de la casuística o criterios de justicia material”, añaden.

Los datos actualizados del gremio señalan que a 2016 su catastro contabilizaba 727 proyectos y US$ 164.137 millones en inversión, de los cuales 43 se encontraban “detenidos”, correspondientes a US$ 57.870 millones. De las iniciativas detenidas, 14 están judicializadas y nueve frenadas por obstáculos asociados a la institucionalidad ambiental. Además, el conjunto de proyectos contabilizados en la categoría de incerteza jurídica y otras barreras totalizó US$ 6.660 millones, cifra que representa el 11,5% de la inversión detenida.

En medio del boom minero, con el cobre cotizándose en torno a inéditos US$ 4 por libra, era ese sector el que tenía la mayor inversión dentro de los 20 iniciativas más grandes que contabilizaba Sofofa en 2012, con un total de 16 proyectos. Uno de los que no se realizó fue Andina 244, de Codelco, que de acuerdo con el catastro de Sofofa de 2012 consideraba una inversión de US$ 6.200 millones, y fecha de término para 2018. La minera estatal decidió rediseñar el proyecto, debido a factores como la caída en el precio del cobre y la difícil situación financiera que enfrenta la cuprera, además de las críticas por su impacto ambiental. Otro proyecto de la estatal que estaba considerado por Sofofa para entrar en operación en 2017 era Nuevo Nivel Mina de El Teniente, que a causa de problemas geomecánicos ha sido pospuesto para 2023.

Otras iniciativas privadas como Relincho, de minera Teck (que fue reformulado u fusionado con el vecino El Morro), y Cerro Casale tampoco se cumplieron en tiempo y monto.

Proyectos eléctricos

Pese a que tanto el número de iniciativas como el monto de inversión son bastante menores a los mineros, el catastro de Sofofa sumaba una serie de proyectos eléctricos cuya materialización se esperaba para los siguientes cinco años.

Es el caso de HidroAysén, iniciativa de la ex Endesa Chile (hoy Enel Generación) y Colbún. Pese a que nunca fue ingresado a trámite al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el catastro de Sofofa consideraba su línea de transmisión, cuya inversión se estimaba en US$ 3.800 millones, nunca llegó a concretarse, pese a que se esperaba para 2017.

En el caso del proyecto de generación eléctrica, que contemplaba una inversión de US$ 3.200 millones y cuya operación era esperada para 2022, este fue rechazado por el Comité de Ministros en 2014 y, hace algunos meses, Enel, matriz de Enel Generación, mostró su disposición a devolver los derechos de aguas que posee el proyecto en la zona, sepultándolo casi de forma definitiva.

Otra inversión emblemático es la central termoeléctrica Castilla, que se emplazaría en la comuna de Copiapó. El plan de MPX Energia, ligada a Eike Batista, sufrió la revocación de su permiso ambiental en 2012, tras un fallo de la Corte Suprema.

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El mayor impacto se produciría el próximo año, cuando el efecto anual ascendería a un 1,07% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a US$ 4.620 millones. Esto es más de la mitad de lo que espera recaudar la reforma tributaria anualmente.

Esta cifra, en particular, es estimada en un artículo de Renato Agurto, Fernando Fuentes, Carlos García y Esteban Skoknic realizado en 2013.

Además, los investigadores del CEP señalan que si la situación continúa como está y no se destraban los proyectos de energía base -carbón, hidroelectricidad y gas- hasta 2019, esto podría implicar una disminución acumulada de 18% en la inversión privada, 9% en el consumo agregado y 8% en la generación de empleo.

Hurtado explica que mientras menor sea el grado de sustitución de energía eléctrica y otros insumos, mayor es el impacto sobre la producción. Es decir, en un escenario normal, las firmas podrían sustituir la energía por más capital o más trabajo, pero cuando esto no ocurre el efecto es aún más contractivo para la economía, señala. «Por su parte, los mayores precios de la electricidad se traspasan rápidamente a la inflación y a la inflación esperada, y la autoridad monetaria responde subiendo la tasa de política, el resultado puede ser más contractivo aún», puntualiza el análisis.

El economista explica que cuando sube el precio de la electricidad, las empresas reasignan su producción hacia bienes que son menos intensivos en este insumo. Y explica que, al producir otros bienes, disminuye la eficiencia o productividad en el corto plazo porque los recursos se emplean en sectores menos productivos, dice Hurtado. «Como la electricidad es parte de los costos de producción de las firmas, al aumentar el precio aumentan los costos y, por tanto, disminuyen los márgenes. Entonces las empresas producen menos», agrega. El análisis indica que a nivel de plantas industriales, un aumento de 10% en el precio de la energía eléctrica merma la inversión en 2%, el nivel de empleo en 0,14%, y la productividad laboral -por unidad de trabajadores- en 1% y 2% en el corto y largo plazo, respectivamente.

Salir del estancamiento

Para Corbo y Hurtado es fundamental que se desarrollen opciones de política que en el corto plazo mitiguen el problema, y que en el largo plazo lo resuelvan. Así, esto podría dejar de ser un obstáculo para el crecimiento de la economía chilena.

Los economistas postulan que el alto costo de la energía que enfrenta Chile hace al menos una década se explica principalmente por restricciones a la oferta de gas importado, los altos precios del carbón y del diésel, el estancamiento de inversiones en generación eléctrica de bajos costos marginales -como la hidroelectricidad- y por patrones climatológicos adversos.

«Las consecuencias del problema energético chileno son sustantivas, pues el precio de la electricidad no solo impacta a la economía doméstica, sino que también juega un papel central en la posición competitiva de países abiertos al comercio internacional, como es el caso de Chile», señalan los investigadores del CEP.

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De acuerdo a un catastro elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), en el segundo trimestre de este año el número de iniciativas ingresadas a tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) disminuyó 33% con respecto al mismo período del año pasado, desde 257 a 171 proyectos. Respecto de los montos involucrados, la caída es aún mayor, alcanzando el 62%: entre abril y junio ingresaron al trámite proyectos por US$ 7.242 millones frente a los US$ 18.897 millones del mismo lapso de 2013. Las regiones con mayor inversión ingresada son Antofagasta y Atacama.

De los 171 proyectos sometidos al SEIA, 140 fueron aceptados a trámite para evaluación (US$ 6.652 del total de US$ 7.242 millones), y 31 fueron rechazados, desistidos y/o no admitidos a tramitación.

Por sectores, Energía registró el mayor monto ingresado al sistema, con US$ 5.507 millones, equivalentes al 76% del total de inversión ingresada, de los cuales US$ 5.249 millones fueron aceptados a tramitación. Le sigue el sector minería, con US$ 993 millones (13,7% del total), de los cuales US$ 890 millones fueron aceptados.

Aunque las cifras del segundo trimestre marcan una mejoría respecto de lo observado en los tres primeros meses del año, para al gerente de Estudios de la CChC, Javier Hurtado, las cifras son “sintomáticas del efecto de la desaceleración en la inversión”, mostrando al primer semestre un desempeño inferior al de los años anteriores. “Tanto en número de proyectos como en montos los datos muestran que la primera mitad del año es mala en relación a los tres años previos. Esto tiene mucho que ver con la desaceleración de la economía y preocupa respecto del futuro, ya que el hecho de que estén ingresando menos proyectos y por menores recursos implica que hay menos intención de invertir hacia futuro, considerando que la tramitación ambiental tarda a veces tres años en completarse”, afirma.

Proyectos en energía

Hurtado añade un motivo adicional de preocupación: el elevado número de proyectos ingresados y montos asociados al sector Energía, en circunstancias que ya existen, a su juicio, grandes inversiones aprobadas pero no ejecutadas, por montos similares, que permitirían cubrir las necesidades energéticas.

“Hay muchos proyectos aprobados que no se ejecutan, o que están paralizados, y se siguen introduciendo nuevos proyectos. ¿Cuál es el objetivo, ingresar muchos proyectos a ver si logra materializarse alguno? Es preocupante, porque no se trata de iniciativas que necesariamente hagan falta, hace seis meses ya había proyectos aprobados suficientes para satisfacer la demanda a futuro”.

Aprobados

En el segundo trimestre, 129 proyectos de inversión fueron aprobados en el SEIA. Se trata de un descenso de 40% en relación a igual período de 2013, cuando se aprobaron 216 proyectos. Por montos, en cambio, la inversión involucrada es en 20% mayor (US$ 6.034 millones versus US$ 5.038 millones) respecto de un año atrás.

Considerando solo los proyectos aprobados, el segundo trimestre (129), el tiempo de tramitación alcanzó un promedio de 11,9 meses, por encima de la media de 10,1 meses registrada en los últimos 10 años. Algunos de los sectores que se encuentran sobre ese promedio son el agropecuario (17 meses), grandes proyectos inmobiliarios (16,1 meses), e infraestructura en transporte (16 meses).

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Junto con lo anterior, manifestó que las autoridades, tanto de este Gobierno como de los anteriores, también son responsables, por su participación en la regulación sectorial y en la forma en cómo se aprueban los proyectos.

Además, indicó que el Gobierno tiene que intervenir cuando los privados no son capaces de resolver los factores que dificultan el desarrollo de los proyectos eléctricos, procurando entregar las condiciones para que dichas iniciativas lleguen a buen término.

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