En el procedimiento sancionatorio indicado, la Superintendencia concluyó que la compañía no cumplió con sus obligaciones de dar aviso y de adoptar las acciones necesarias e idóneas para hacerse cargo de los impactos ambientales no previstos, consistentes en la disminución del nivel freático en la cuenca Pantanillo-Ciénaga Redonda, y el consecuente desecamiento de a lo menos 70 hectáreas de humedales del Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa, el cual además corresponde a un Sitio Ramsar.

Por dicha razón, la SMA ordenó la clausura parcial de los pozos de extracción.

El caudal autorizado fijó niveles de extracción diferenciados por mes, considerando sólo el agua necesaria para asegurar la recirculación de solución en las pilas de lixiviación y el agua fresca para los trabajadores que deben permanecer en la faena de forma preventiva.

La minera reclamó contra la resolución que aplicó la sanción de clausura, alegando ilegalidad de la misma por una serie de posibles errores técnicos y jurídicos, lo cual fue desestimado por el Segundo Tribunal Ambiental y la Corte Suprema.

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Además, por la vía de la nulidad consecuencial se dejaron sin efecto todos los actos realizados por la SMA entre el 29 de enero de 2014 (fecha de la resolución que puso término al procedimiento sancionatorio) y el 4 de diciembre de 2013 (fecha del ordinario que motivó la primera reclamación de Compañía Minera Maricuga).

La sentencia del Tribunal, ordena a la SMA «dictar la correspondiente resolución de reemplazo en donde se tenga presente el escrito de 26 de noviembre de 2013, con el fin que su contenido sea ponderado en la resolución final de la causa rol D-016-2013, guardando además los resguardos necesarios para evitar repetir las inconsistencias procedimentales expuestas en el considerando vigésimo tercero».

Maricunga interpuso dos reclamaciones ante el Tribunal Ambiental de Santiago a raíz de la decisión de la SMA de calificar su documento «téngase presente» (presentado el 26 de noviembre de 2013), como un texto de descargos y por tanto, extemporáneo, ya que el plazo para esta acción había expirado.

Según la minera, las dos resoluciones emitidas por la Superintendencia al respecto contenían «manifiestas infracciones constitucionales y legales al derecho de defensa, al debido proceso y a los principios fundamentales que informan todo procedimiento administrativo».

A juicio del tribunal, «la SMA actuó ilegalmente al descartar -mediante los argumentos expuestos a lo largo de esta sentencia- la aplicación del principio de contradictoriedad de la Ley N° 19.880 y lo dispuesto en el artículo 17 letra f) de la misma ley, pues los mismos son de aplicación directa al procedimiento sancionatorio de la LOSMA y no son por lo tanto excluibles, a menos de mediar una poderosa razón, como cuando el principio de publicidad cede paso frente a la reserva», dice el fallo.

En relación a la declaración de extemporaneidad del “téngase presente” hecha por la SMA, el tribunal sostiene que “también debe entenderse ilegal por su conexión con la exclusión de los principios de aplicación directa. En otras circunstancias, como se ha dicho en algunas consideraciones previas, la extemporaneidad puede ser utilizada cuando evidentemente ha operado la preclusión. Así todo, existen buenas razones de oportunidad para que por regla general la afirmación de extemporaneidad –que es de fondo- se realice en la resolución final.

Por lo tanto, «la compañía se vio innecesariamente afectada en su derecho a defensa, lo que motivó sendas reclamaciones y defensas».

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