En la práctica, el fallo del Tribunal Ambiental ordena a que la comisión de evaluación, que ya rechazó la iniciativa en 2017 en una polémica votación -que solo se dirimió con el voto del intendente regional- realice una nueva votación. El rechazo a la iniciativa dado hace cuatro años en la instancia regional fue secundado por el Comité de Ministros, que lideraba el entonces titular de Medio Ambiente del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, Marcelo Mena.

El documento está firmado por el abogado Diego Lillo y en él se pide que se invalide y anule la sentencia emitida el 16 de abril, pues a su juicio esta ha sido pronunciada “con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba, conforme a las reglas de la sana crítica y en contra de otra sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada”, señala el recurso.

Según Diego Lillo, quien es abogado de la ONG Fima, con este recurso buscan demostrar que la actuación del Comité de Ministros estuvo dentro de la legalidad, y además se pretende probar que Dominga “adoleció de información esencial y no pudo satisfacer medidas de mitigación y compensación para los grandes impactos que el proyecto tendría”.

“El Tribunal Ambiental confundió su función de revisar la legalidad de la actuación del Comité de Ministros que rechazó el proyecto con una atribución que no tiene de realizar una evaluación ambiental alternativa de Dominga (…). Nunca demostró que la instancia ministerial haya resuelto en forma contraria a derecho”, complementó el profesional.

La compañía Andes Iron, ligada a la familia Délano -que a la vez está ligada al grupo Penta- valoró el fallo del Tribunal Ambiental y aseguró que espera iniciar la fase de construcción de Dominga hacia el segundo semestre de este año.

“Confiamos en que este nuevo fallo favorable de un tribunal de la República permita dar inicio prontamente a la fase de construcción de este proyecto. Esperamos que esto ocurra el segundo semestre de 2021, una vez que se hayan cumplido los requerimientos establecidos por el tribunal”, dijo la empresa mediante un comunicado.

La iniciativa minera considera una inversión de US$2.500 millones, y fue presentada a evaluación ambiental en 2013. Tras un largo proceso de evaluación, fue rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo en marzo de 2017, en una ajustada decisión que concluyó empatada seis a seis, obligando al intendente de Coquimbo de la época, Claudio Ibáñez, a dirimir.

Tras esa decisión, Andes Iron el titular del proyecto, recurrió al Comité de Ministros. La citación a dicha instancia también fue polémica, pues se convocó a los ministros un viernes a última hora y la reunión se realizó el lunes temprano, por lo que algunos integrantes señalaron que no había tiempo suficiente para leer todo el expediente del caso.

La situación incluso provocó un quiebre en el gabinete de la entonces presidenta Michelle Bachelet, que solo finalizó cuando el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, abandonó su cargo.

Dominga, a ubicarse en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo, considera la construcción y operación de un proyecto minero portuario, para extraer y exportar mineral de hierro y cobre como subproducto. Precisamente este fue uno de los argumentos en contra: que el proyecto fue presentado de manera separada a evaluación, en circunstancias que se trata de una sola iniciativa.

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El Primer Tribunal Ambiental acogió la reclamación judicial interpuesta por Andes Iron Spa, con fecha 1 de diciembre de 2017, a favor del proyecto minero Dominga.

La instancia resolvió anular la Resolución 1146 de fecha 13 de octubre de 2017 del director ejecutivo del SEA en su calidad de secretario ejecutivo del Comité de Ministros, anular el acuerdo N° 08/2017 del Comité de Ministros, y anular la Resolución Exenta N°0025 del 14 de marzo de 2017 (RCA), de la Comisión de Evaluación Ambiental.

El tribunal ordenó retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental a la etapa posterior al Informe Consolidado de Evaluación Ambiental, de manera tal que se proceda a una nueva votación -esta vez ajustada a derecho- de parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo.

Revisa la sentencia del Tribunal Ambiental.

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El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de La Serena, Sergio Quilodrán, afirmó que «primero pasó con Dominga que, pese a contar con argumentos técnicos y ambientales para su operación, fue rechazado políticamente. Hoy es algo similar y en tiempo récord se quiere proteger una zona sin discusión».

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Por ahora, no hay acuerdo entre los parlamentarios de la Nueva Mayoría y Chile Vamos para elaborar un informe de consenso. Ello, obligaría a una votación, en que se impondría la coalición gobernante, dada su mayoría en la comisión. En el caso del documento de los diputados oficialistas, las conclusiones apuntan al rol del SEA en la aprobación de la iniciativa minera y no frenarlo antes de llegar a la votación final.

El borrador que contiene las conclusiones de los parlamentarios oficialistas, al que tuvo acceso La Tercera, concluye que al proyecto Dominga está emplazado en una zona de protección marina, y que “se le debiese haber dado término de forma anticipada, por falta relevante de información, por lo que llama la atención que ante dichas faltas este siguiera su curso”.

Los parlamentarios agregaron que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) cuenta con mecanismos para realizar un proceso de evaluación ambiental en etapas tempranas, y poner término anticipado al proceso administrativo. “La causal por la que se debió poner término al proceso es la siguiente: ‘falta de información relevante o esencial no subsanable mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliacionesâ€â€.

Informe de minoría

En tanto, el diputado UDI Sergio Gahona reconoció que no hay acuerdo para llegar a un informe de consenso, por lo que ellos también presentarán sus conclusiones, que se centrará en que el proceso estuvo marcado, de acuerdo a lo que señala su informe, por “aspectos políticos innegables”, los que pueden convertirse en un factor “que justifique las decisiones no fundamentadas o motivadas, y en ciertos casos contradictorias, como las manifestadas por el intendente de la Región de Coquimbo y los seremi llamados a conocer este proyecto”.

La votación de ambos informes y sus respectivas conclusiones se realizará en la próxima sesión de la comisión, que se realizará el lunes 7 de agosto de 2017.

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Esta discusión deberá ser zanjada por el Comité de Ministros, luego que el dueño del proyecto, Andes Iron, presentara un recurso que busca revertir la decisión local.

Uno de los cuestionados por cambiar su posición fue el Seremi de Energía de Coquimbo, Marcelo Salazar, quien rechazó el proyecto, pese a que en la tramitación se había mostrado conforme con la iniciativa.

En respuesta a un oficio enviado por el Comité de Ministros, Salazar reafirmó su postura de rechazo a Dominga, ya que, a su juicio, Andes Iron «no aportó los antecedentes necesarios para dar certeza de todos los impactos que el proyecto generaría».

Señaló que sus pronunciamientos en la tramitación «se efectuaron solo en base a aspectos normados de la legislación ambiental que dicen relación con energía, sin embargo, como se mencionó anteriormente, la votación en la Comisión de Evaluación Ambiental se sustenta en un análisis global del ICE (Informe Consolidado de Evaluación) y de la legislación ambiental vigente en su conjunto».

Dominga es un proyecto de hierro y cobre que pretende instalarse en La Higuera, y se estima que su inversión ascendería a US$2.500 millones.

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Larraín fue uno de los expositores en la conferencia realizada ayer en Coquimbo para analizar los impactos de Dominga en la IV Región, organizada por Andes Iron -empresa dueña del proyecto-, la Universidad Católica del Norte (UCN) y la Corporación Industrial de Desarrollo Regional (Cidere).

En su discurso, el representante gremial enfatizó que pese a la estigmatización de la gran minería, esta industria ha sido motor de crecimiento económico en el país, de generación de empleos de calidad y de reducción de la desigualdad. En esta línea, agregó que el desafío ahora es profundizar el aporte a las medianas y pequeñas empresas en materia de actividad. «Â¿Qué iniciativa del Estado puede generar los encadenamientos productivos y los empleos de calidad que produce un proyecto minero como Dominga?», se preguntó, en medio de su presentación, Larraín.

Más adelante, en conversación con periodistas asistentes al encuentro, fue consultado sobre si esperaba la aprobación del proyecto minero por parte del comité de ministros. A esta pregunta respondió que «habrá que esperar lo que resuelva (el Consejo), pero obviamente es importante que proyectos como Dominga se desarrollen».

Apuntó que «es muy relevante que iniciemos un nuevo ciclo de inversión en Chile, y esos ciclos parten con proyectos de relevancia, simbólicos, y éste es uno de ellos (…) Es importante que lo lideren industrias como la gran minería, y Dominga es un proyecto importante para reactivar el ciclo de inversión».

Modernizar la evaluación ambiental

El presidente de la Sofofa aprovechó la instancia para subrayar que uno de los desafíos a nivel país es la modernización de la institucionalidad ambiental. «Hay que compatibilizar la participación ciudadana con que al mismo tiempo la institucionalidad sea capaz de resolver en plazos ciertos. Los proyectos se ejecutan en función de muchas condiciones, algunas exógenas, y por eso es importante que el tiempo que transcurre entre una idea y un proyecto que está listo para iniciarse no sea tan extenso, pero más relevante que la extensión es la incertidumbre del plazo», apuntó.

Larraín enfatizó: «Si los plazos son absolutamente inciertos, no son predecibles, es difícil tomar decisiones, y por eso es tan importante el desafío de modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, permitiendo que la participación ciudadana, al mismo tiempo, otorgue mayor seguridad a los inversionistas, comunidades y ONG sobre que las cosas se resuelven en plazos ciertos».

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En total, se espera que la instancia resuelva el futuro de tres proyectos por US$230 millones aproximadamente, dos de los cuales están enfocados en el segmento sanitario.

En concreto, los proyectos que se analizarán serán; en primer lugar, la reclamación del proyecto de US$25 millones de Dragados CVV Constructora, que consiste en la construcción y operación de un relleno industrial de residuos no orgánicos para la disposición final de residuos industriales sólidos no peligrosos, ubicado en la comuna de Maullín, Región de Los Lagos.

Los titulares del proyecto llegaron al Comité de Ministros luego que la Comisión de Evaluación de la región de Los Lagos calificara en forma desfavorable el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto.

A este se suma que la instancia que preside el Ministro del Medio Ambiente, y en el que participan los titulares de Salud; Economía, Fomento y Turismo; Agricultura; Energía y Minería, también analizarán el terminal multipropósito que Oxiquim busca instalar en la Bahía de Quintero. Esta contempla una inversión superior a los US$125 millones y ha sido reclamada por pescadores por supuestas faltas en el proceso de evaluación ambiental.

Por último, se analizarán las reclamaciones del proyecto Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales, (CIGRI), que corresponde a un proyecto de infraestructura sanitaria para el tratamiento, disposición y eliminación segura de residuos industriales peligrosos y no peligrosos; iniciativa que contempla una inversión por US$85 millones.

Cabe destacar que en esta instancia no se puso en tabla el proyecto minero Dominga, rechazado pese al visto positivo por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). La iniciativa implica una inversión por cerca de US$2.000 millones y los propios titulares del proyecto han salido a cuestionar la baja agilidad de la instancia en la toma de decisiones; al tiempo que informaron que acudirán al Tribunal Ambiental si el Comité de Ministros no se pronunciaba a más tardar en agosto de este año.

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Este documento fue entregado al Comité de Ministros, instancia que deberá revisar la apelación que ingresó Andes Iron, propietaria del proyecto, y que busca obtener luz verde para su desarrollo.

La autoridad ambiental de la Cuarta Región, previo a la votación, había emitido un pronunciamiento favorable al proyecto, posición que ahora reiteró, rechazando los argumentos dados por los seremis en la comisión. Se espera que el Comité de Ministros se pronuncie a fines de mes o durante la primera semana de agosto, cuando se termina el plazo legal de 60 días.

Ante los argumentos de que su informe previo carecía de antecedentes, el SEA de Coquimbo señaló que el documento sí cumplía con los estándares exigidos «para abordar la síntesis del proceso de evaluación de cualquier proyecto sometido al SEIA».

Agregó que la comisión, pese a indicar que faltaban antecedentes, no se especificó cuáles eran. «No está de más señalar que no se detalló en la votación cuál sería la supuesta información faltante en este», señaló el informe. También criticó que algunos seremis rechazaran la iniciativa, porque no se aplicaba el actual reglamento del sistema, ya que cuando ingresó Dominga todavía estaba vigente el anterior. «No corresponde a la autoridad cuestionar el ámbito de vigencia de una disposición legal, ni calificar su mérito en comparación con otra norma que no le es aplicable, ni mucho menos sustraerse de su aplicación cuando legalmente corresponda», se indicó en el documento.

El servicio desestimó , como se dijo en la comisión, que no fueron considerados los impactos sinérgicos que tendría el proyecto -en específico, el terminal marítimo que considera- y el puerto Cruz Grande, aprobado a CAP.

Los números de Dominga

Andes Iron, ligada a la familias Délano y Garcés, esperaba invertir, aproximadamente, US$ 2.500 millones para ejecutar la mina que produciría hierro y cobre, emplazada en La Higuera, Región de Coquimbo.

Según la empresa, la construcción de la faena y el puerto crearía 9.800 puestos de trabajo directos y 1.450 en la operación de la mina. La cifra sube si se considera que por cada empleo directo en la operación de la mina se generarían otros 2,5 indirectos. Es decir, los terceros sumarían más de tres mil.

A esto se agrega el acuerdo marco entre Andes Iron y vecinos de La Higuera para compartir beneficios, generando un fondo comunitario.

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El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, tomó juramento a Daniel Guevara y Mauricio Oviedo, designados como ministros titulares del organismo ambiental en el cupo correspondiente a abogados. Además, prestaron juramento Marcelo Hernández, como ministro titular en el cupo de licenciado en ciencias, y Cristián Delpiano y Fabrizio Queirolo, ambos en calidad de suplentes.

Fuentes cercanas al Poder Judicial explican que, ya conformado el nuevo tribunal, sus ministros deberán convocar a una primera sesión, momento en que se definirá el plazo para la instalación física del mismo. De igual manera, esas fuentes comentan que, tomando en cuenta la experiencia anterior con la conformación del Segundo y Tercer Tribunal Ambiental, con sede en Santiago y Valdivia, respectivamente, el proceso de conformación podría tomar entre cuatro a seis meses. En este período se deberá definir el lugar donde sesionará el tribunal, además de la contratación del personal necesario para su funcionamiento e incluso el desarrollo del sitio web.

Retraso

El tribunal debía estar constituido en junio de 2013, luego de que en 2012 se promulgara la Ley N° 20.600 que creó tres tribunales-Antofagasta, Santiago, Valdivia (los dos últimos ya constituidos)- como parte del rediseño de la institucionalidad ambiental que comenzó en 2010 con la creación del Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), y de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Una de las razones del retraso fue la dificultad para encontrar integrantes sin inhabilidades.

Respecto de los ministros titulares del tribunal, Daniel Guevara fue ex seremi de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta, mientras que Mauricio Oviedo es un abogado ligado a materias ambientales. Cristián Delpiano y Fabrizio Queirolo son académicos, que han desempeñado labores en la Universidad Católica del Norte.

Una vez constituido, este tribunal podrá abordar diferentes causas correspondientes a su jurisdicción, que comprende las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Uno de ellos será el proyecto minero de hierro Dominga, emplazado en la Región de Coquimbo. Luego que la comisión de evaluación ambiental de la región decidiera rechazar la resolución de calificación ambiental (RCA), o permiso de construcción del proyecto, el caso quedó para ser visto por el comité de ministros. Sin embargo, y pese a que el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, señalara que el comité verá el caso durante este periodo de gobierno, los controladores del proyecto Dominga, la firma Andes Iron, señaló que podrían recurrir a tribunales ambientales en caso que los ministros no resuelvan prontamente.

Otros proyectos que podría ver este nuevo tribunal son Cerro Casale y Pascua Lama. Sin embargo, fuentes cercanas al poder judicial señalaron que este tribunal no podrá ver ninguna causa mientras no cuente con un lugar físico donde funcionar, ni con el personal necesario para su correcto funcionamiento.

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La iniciativa contempla una inversión por US$ 2.500 millones para extraer hierro y cobre en la comuna de La Higuera, al norte de la IV Región. El proyecto es impulsado por Carlos Alberto Délano (socio de empresas Penta) y José Antonio Garcés (socio de viña Garcés Silva), a través de Andes Iron.

En su tramitación, ha surgido una controversia entre habitantes de caletas y zonas interiores.

«Va a contaminar las aguas, todas las zonas de surgencias marinas y aguas subterráneas, va a poner dos rajos enormes, aparte de la polución», opina Andrés Álvarez, presidente de Modema, organismo ambientalista que lidera el rechazo.

En fuentes del proyecto señalan que sí se contempla el cuidado del agua y, además, habrá una desaladora que ayudará a abastecer el consumo en una zona de escasez.

El alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos, afirma que no se cierran «las puertas al desarrollo, siempre y cuando este sea sustentable»

«Vamos a tener mejor vida. Chungungo es un pueblo que está muy a trasmano de la carretera. Siempre hemos estado muy mal y ahora queremos que haya fuentes de trabajo», opina Daysi Sasmaya, presidenta del centro de madres de la caleta.

Fuente/ El Mercurio

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