Finalmente, fue durante el 2019 que ambas corporaciones alcanzaron acuerdos para el desarrollo de la iniciativa, entre ellos, los términos definitivos para establecer la asociación. Y serían estos últimos, según acusa Codelco, los que no habrían sido cumplidos por parte de Enami EP, lo que impulsó a la estatal chilena a solicitar este jueves un arbitraje que será mediado por la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

La demora de Ecuador

A modo de contexto, el proyecto Llurimagua se encuentra ubicado en la provincia de Imbabura, a 80 kilómetros al noroeste de capital ecuatoriana, Quito, y tiene una superficie de 4.829 hectáreas y ha enfrentado la resistencia durante años de una comunidad aledaña por preocupaciones ambientales. El proyecto comenzaría a operar en 2024, con una producción de 210.000 toneladas anuales de cobre y una vida útil de 27 años. Este sería, además, el primer proyecto de Codelco fuera de Chile.

El objetivo principal del convenio de cooperación era crear una empresa de economía mixta para la explotación de más de 300 millones de toneladas de cobre, el principal recurso de la mina, y que además, presentaba indicios de molibdeno.

Para lograr esto, la alianza estipulaba que, una vez finalizados los trabajos de exploración, se conformaría una sociedad, en la cual a la estatal ecuatoriana le correspondería un 51% y a Codelco un 49%, y esta última era la encargada de desarrollar, construir y operar la iniciativa minera. La que, por cierto, constituye la primera jugada que la compañía chilena impulsa en el exterior, con lo que podría concretar la esperada internacionalización de sus operaciones.

De esta manera, la conformación de la sociedad era un tema que debía estar zanjado para noviembre del 2019. No obstante, para enero del año pasado Enami EP aún no firmaba el acuerdo, debido a diversos acontecimientos que afectaron al país como la salida del ex viceministro de Minería ecuatoriano, Fernando Benalcázar, uno de los principales impulsores de la propuesta.

Y fue siete meses después que Ecuador anunció la venta de su participación en el proyecto Llurimagua, debido a la crisis económica que afectaba a la nación suramericana, para lo cual contrató un banco de inversiones, encargado de determinar la valorización de Llurimagua.

Fue a raíz de esto que, a fines del año pasado, Codelco envió una carta la Procuradería General del Estado ecuatoriano para solicitar el inicio de conversaciones amistosas, y así destrabar la iniciativa clave para su internacionalización, además de concretar el cumplimiento de los acuerdos suscritos con la Empresa Nacional Minera del Ecuador.

Esto a causa de la demora parte del directorio de la compañía extranjera para aprobar el pacto de accionistas que permitía viabilizar la iniciativa.

Arbitraje internacional

Es en este marco que el conflicto entre Codelco y Enami EP se agudiza, luego de que la cuprífera nacional anunciara el inicio de una nueva instancia para promover la culminación del convenio pactado por su par ecuatoriana respecto de Llurimagua.

Conforme a lo determinado en la alianza estratégica, se estableció un arbitraje con sede en París ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) para la resolución de controversias, por lo que la empresa chilena decidió ejercer su derecho en resguardo de la iniciativa y de las inversiones realizadas.

Cabe destacar que a la fecha, Codelco aseguró a través de un comunicado que «ha cumplido con todas sus obligaciones relativas al proyecto y la protección del mismo, incluidas relevantes inversiones, en beneficio del proyecto y de Ecuador».

Por lo mismo, la corporación espera que «el ejercicio de este proceso permita alcanzar un acuerdo de mutuo beneficio entre las partes y que las encamine al desarrollo del proyecto Llurimagua».

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Según lo indicado por la estatal, a partir de 2009 existen múltiples acuerdos suscritos entre la Corporación chilena y Enami EP, así como entre Ecuador y Chile. «La relación de Enami EP con Codelco nació con el convenio para la exploración minera suscrito en 2011, actividades que se iniciaron en 2015 en varias áreas de interés, entre ellas, Llurimagua. A fines de 2015 ambas compañías estatales suscribieron los términos del acuerdo de accionistas para Llurimagua. Posteriormente, los Presidentes y ministros de Ecuador y Chile han ratificado los convenios referentes al proyecto».

Codelco notificó a Enami EP en 2016 el cumplimiento de todos los hitos establecidos en el convenio, y luego de extensas negociaciones, en 2019 se acordaron los términos definitivos para la asociación. Desde la estatal precisan que a la fecha, Codelco ha cumplido con todas sus obligaciones relativas al proyecto y la protección del mismo.

La Corporación notificó este lunes al Estado ecuatoriano, dueño de Enami EP, la solicitud oficial para iniciar conversaciones amistosas, al amparo del convenio firmado entre Chile y Ecuador para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.  Asimismo, la estatal espera que las entidades de Ecuador puedan articular el correspondiente acuerdo, así como promover una solución en beneficio de las partes y del proyecto Llurimagua.

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El proyecto Mirador, uno de los más grandes del país, se encuentra ubicado en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe y está a cargo de Ecuacorriente, subsidiaria del consorcio chino CRCC-Tongguan, que tiene una concesión por 30 años.

“Por primera vez, con el proyecto minero Mirador, Ecuador produce cobre y se convierte en exportador de minerales a escala industrial”, dijo el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez, durante la inauguración de la mina junto a representantes de las empresas chinas.

“En 1994 inició Mirador. Ahora, en 2019, es una realidad, luego de cumplir con todas las fases mineras de exploración inicial, avanzada, evaluación económica, construcción de infraestructura y finalmente explotación y beneficio”, agregó.

Producción

La empresa prevé procesar 10.000 toneladas diarias de material en los seis primeros meses de explotación de prueba para paulatinamente ir aumentando hasta 60.000 toneladas diarias en el primer año de operación.

El concentrado de cobre será procesado en China, según las autoridades. Mirador tiene reservas de 3,18 millones de toneladas de cobre, 3,39 millones de onzas de oro y 27,11 millones de onzas de plata.

El Ministerio de Energía dijo en un comunicado que en 2019 se estiman unos US$95 millones en exportaciones de la mina y en 2020, la cifra alcanzará los US$498millones.

Ecuacorriente ha invertido hasta la fecha unos US$1.400 millones y ha entregado unos US$85 millones en regalías al Estado ecuatoriano desde el 2012 hasta febrero de este año, según datos oficiales.

Ecuador espera ir sumando otros proyectos a la producción de minerales. A finales de año está previsto iniciar la producción de oro en el proyecto Fruta del Norte a cargo de la empresa canadiense Lundin Gold.

Además, tiene otros proyectos en fase de exploración avanzada como Cascabel, concesionado a la australiana Soldgold, uno de los más importantes del mundo, según las autoridades, y el proyecto Llurimagua, que será operado por las mineras estatales ecuatoriana Enami y la chilena Codelco.

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Reunidas en la ciudad de Quito, ambas mineras sellaron la Adenda, acuerdo que establece un plazo máximo de 45 días para la firma del Pacto de Accionistas y la constitución de la sociedad anónima.

Los aspectos centrales del acuerdo consideran modificar el vehículo asociativo que formarán Codelco y Enami EP, pasando desde una empresa de economía mixta a una sociedad anónima, de la cual el 51% de la propiedad será para Enami EP y el 49% para Codelco.

Al término de la etapa de exploración avanzada, se estableció que el proyecto Llurimagua cuenta con una magnitud de yacimiento de 3.846 millones de toneladas con una ley media de cobre total de 0,44%, y un aporte al inventario de cobre fino de Codelco de 8,29 millones de toneladas.

Conocidas la cifras, la minera estatal confirmó su interés de desarrollar las próximas etapas del proyecto, dando paso a la constitución de la nueva sociedad anónima.

Llurimagua está ubicado en la Provincia de Imbabura en Ecuador, a unos 80 kilómetros al noreste de Quito, tiene una superficie de 4.829 hectáreas, con un área operativa para perforaciones de exploración avanzada que se limita a 700 hectáreas.

Durante 2018 se perforaron alrededor de 23.000 metros de sondajes diamantinos y se finalizó la etapa de exploración avanzada con alrededor de 99.000 metros de sondajes en 98 pozos.

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Según confirmaron fuentes ligadas al proyecto en el país andino, se espera que el documento establezca la estructura societaria que tendrá la administración de la iniciativa, paso clave para que se concrete de aquí en adelante.

A la fecha, la Corporación ha desembolsado del orden de los US$ 40 millones en trabajos de exploración, a los que se sumarán otros US$ 250 millones para la siguiente etapa de la inversión.

Sin embargo, durante el proceso la estatal ha tenido que enfrentar distintas dificultades, que se arrastran principalmente por el constante cambio de autoridades que ha existido en la contraparte ecuatoriana, lo que se suma al informe emanado de parte de la Contraloría de ese país, que hacía una serie de reparos al proyecto.

Con todo, de cerrarse el proceso con éxito, se alcanzaría al fin la internacionalización de la operación de la minera, tras intentos fallidos en países como México y Brasil.

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La información fue revelada por el ministro de Minería, Baldo Prokurica, quien en un encuentro con periodistas aclaró que el pacto de administración de la iniciativa se firmaría durante la visita oficial del mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno.

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Trascendió que fue el propio ministro quien lideró las tratativas, las que se intensificaron desde febrero, cuando la Contraloría de Ecuador dio a conocer el borrador de un informe donde se señalaban una serie de incumplimientos por parte del proyecto.

Según fuentes ligadas a la minera, sumado a los US$ 40 millones que ha invertido Codelco en exploraciones, se contempla una inversión de unos US$ 250 millones para la siguiente etapa de la iniciativa, con la que se concretaría, de una vez por todas, la primera aventura internacional de la estatal, que antes impulsó sin éxito iniciativas en México y Brasil, entre otros.

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Se trata de un documento de más de 50 páginas al que tuvo acceso «El Mercurio», y con el que la minera enfrentó los cuestionamientos en el borrador previo emitido por la Contraloría, cuya versión final se presentó el viernes pasado. A juicio de la subsidiaria de Codelco, se realizaron «una serie de aseveraciones que, tras un análisis legal y técnico, se consideran erróneas o mal fundamentadas».

El principal punto tiene que ver con la supuesta falta de un informe de actividades e inversiones correspondiente al 2014, además de la realización de tareas mineras sin licencia ambiental, lo que podría terminar en la caducidad de la concesión minera. Según la estatal, los documentos sí fueron presentados a la autoridad, ya que de lo contrario se debería haber notificado el incumplimiento e iniciado el procedimiento para resolver si aplica la caducidad o no, lo que no ocurrió.

Respecto a las actividades, en esa fecha y por no contar con licencia, Codelco solo realizó intervenciones sociales y de levantamiento de información, en medio de la etapa de exploración inicial, la que se extendió hasta marzo de 2015.

En cuanto a la falta de inscripción en el catastro minero de ese país, la Corporación señala que al tratarse de un acuerdo internacional respaldado por ambos Estados, tras la firma de hasta tres convenios, no se hace necesario su registro, lo que se respalda con lo que dicta la Constitución del país andino en que se señala que los instrumentos internacionales tienen una posición jerárquica mayor a las leyes.

La estatal chilena descartó también posibles daños ambientales ligados a tala de árboles, así como a la idoneidad de los profesionales que llevaron a cabo el proceso de participación social.

El proceso también ha adquirido tintes políticos, por la disputa que mantiene la administración del Presidente Lenin Moreno, con su antecesor Rafael Correa, impulsor de la minería en ese país.

Con todo, el interés de la estatal por impulsar el proyecto continúa, por lo que presentará un nuevo informe cuando sea notificada. A la fecha ha invertido unos US$ 40 millones en exploraciones, pero una vez que se defina el modelo de negocios, en el que Enami EP tendrá un 51% del proyecto y Codelco un 49%, la Corporación contempla una inversión de unos US$ 250 millones para la siguiente etapa de la iniciativa.

«Codelco ha manifestado y reitera su compromiso con el desarrollo del Ecuador y de la industria minera, y tiene plena confianza que el proyecto se desarrollará para el beneficio de ambos países», asegura la compañía en su defensa.

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El viernes pasado, la institución local dio a conocer el borrador de un documento sobre el proyecto con el que Codelco busca concretar su tan esperada internacionalización. Este informe, incluso podría poner en duda la iniciativa, pues esta incurriría en una causal de suspensión de la concesión minera, luego de que no se presentaran en los plazos establecidos ni el informe anual de actividades, ni el plan anual de inversiones. A lo anterior se suma que las empresas (Enami EP y Codelco) habrían realizado actividades mineras antes de contar con la licencia ambiental correspondiente.

Además, según medios ecuatorianos, otro de los puntos criticados tiene que ver con la tardanza para constituir el modelo de negocios que consideraba una composición mixta, en la que Enami EP contaría con un 51% y Codelco un 49%. Al cierre de 2017 este aspecto aún no se definía.

En el borrador presentado por la institución ecuatoriana también se hace referencia a que la minera no entregó mayores detalles respecto de las características del yacimiento y de los minerales presentes en él. Esto dificultó al Estado de Ecuador conocer el beneficio de avanzar en la explotación.

Contaminación y tala de árboles

En términos ambientales, se acusa la contaminación de algunas fuentes de agua, además del uso de estas sin la autorización correspondiente, así como la tala ilegal de más de 60 árboles presentes en la zona de Llurimagua.

La importancia para la estatal tiene que ver con que a la fecha, Codelco ha invertido del orden de los US$ 40 millones en tareas tempranas que tienen que ver con las fases de exploración inicial, recursos que tendrían que aumentar en el corto plazo para avanzar en la siguiente fase.

Gracias a estos trabajos, se cuantificaron recursos mineros por 1.500 millones de toneladas de cobre y molibdeno, con una ley de 0,51%, lo que impulsó a Codelco a seguir adelante para precisar la información geológica y acordar los métodos de explotación más eficientes y económicos.

Fuentes al tanto de los avances de la iniciativa comentan que también existe un tema político detrás, que tiene que ver con las diferencias entre el actual Presidente Lenin Moreno y su antecesor, Rafael Correa, quien fue un impulsor de la minería en Ecuador. A lo anterior se suma la fuerte oposición de las comunidades locales.

Contactados por «El Mercurio», desde la Contraloría de Ecuador señalaron que Codelco tiene un plazo de cinco días para informar que presentará sus descargos, más otros cinco para concretarlos. Con todo, desde Ecuador señalaron que el informe final será publicado en un mes.

Desde Codelco, en tanto, señalaron que hasta el momento no han sido notificados del informe de la Contraloría de Ecuador, por lo que no conocen de su contenido.

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Así lo comentaron fuentes cercanas a la estatal, que señalaron que la conformación de una sociedad para desarrollar un proyecto en el yacimiento de cobre y molibdeno Llurimagua, ubicado en la provincia de Imbabura, al norte del país andino; no está alcanzando consensos.

¿La razón?

Las dificultades que han surgido para la firma del joint venture entre Codelco y el Estado ecuatoriano cuyo fin es desarrollar la mencionada iniciativa, cuyas autorizaciones ambientales -relacionadas al inicio de las perforaciones- se obtuvieron a fines de 2014.

En ese sentido, fuentes señalaron que la principal traba radica en un tema jurídico, que pone restricciones legales a las firmas estatales en ese país y que en el fondo, establece algunas exigencias relacionadas con el tipo de sociedad que se conforme y por ende en el modelo de negocios que se desarrollará. Situación a la que, además, se sumaría el hecho de que el Estado ecuatoriano tampoco estaría en condiciones de aportar financiamiento.

Respecto a los avances que ya se han generado, la idea es crear una sociedad en la que Enami EP posea el 51% y Codelco el 49% restante, siendo la estatal chilena el socio operador y la encargada de aportar la experiencia y el conocimiento en minería.

Al ser consultado, Codelco reconoció que “a pesar del firme compromiso de ambos gobiernos con acelerar el desarrollo de Llurimagua -que se convertiría en el primer proyecto minero binacional Chile-Ecuador- la siguiente fase del acuerdo (crear la sociedad minera Llurimagua), no se ha concretado hasta el momento”.

En ese sentido, se añadió que la compañía está en permanentes conversaciones con el gobierno ecuatoriano para concordar el modelo de negocio que permita el desarrollo de este proyecto y en particular la definición del tipo de figura asociativa.

A la fecha, Codelco ha invertido US$40 millones en Llurimagua y en su rol de socio técnico ha llevado adelante todos los trabajos de exploración básica y avanzada de las etapas iniciales.

“El aporte de Codelco ha sido fundamental, permitiendo determinar recursos geológicos que colocarían al yacimiento Llurimagua en el ámbito de aquellos denominados de clase mundial.

Adicionalmente, en el período de exploraciones mineras, el proyecto ha generado 220 empleos directos y 100 indirectos en la zona del proyecto, con un relacionamiento comunitario exitoso”, destacaron desde la estatal.

Asimismo, detallaron que Llurimagua se encuentra próxima a iniciar la siguiente etapa, relacionada con la evaluación económica del proyecto, tras lo cual la corporación estima que las fases siguientes de desarrollo de las etapas de ingeniería, demandarán una inversión de entre los US$200 millones y US$300 millones.

llurimagua

La incursión minera de Chile en Ecuador se inició en 1993, cuando los gobiernos de ambos países firmaron un acuerdo de promoción mutua de inversiones que en 2009 implicó que se suscribiera el “Convenio de Cooperación para Exploración Minera”. Dicho acuerdo se formalizó en 2011, mediante Enami EP y Codelco, y luego se profundizó en 2015 a través de los “Términos de Acuerdo de Accionistas” entre ambas partes.

Tras lo anterior, ambos países han ratificado sus intenciones de continuar con la incursión conjunta, realizándose la última declaración en ese sentido en agosto pasado en Quito, cuando se acordó agilizar y avanzar prontamente la constitución del vehículo societario entre Enami EP y Codelco. Eso, con el fin de desarrollar el proyecto Llurimagua y facilitar otros proyectos mineros que puedan ser identificados.

La internacionalización de las otras mineras chilenas

La internacionalización que Codelco busca concretar en Ecuador, no es su único intento, ya que la estatal también desarrolla exploraciones en México y Brasil, con el mismo propósito.

Asimismo, otras mineras chilenas lo han intentado. Por ejemplo, Antofagasta Minerals -el brazo minero del grupo Luksic- tuvo un proyecto en Pakistán que finalmente no prosperó y que hoy está judicializado. Asimismo, la firma busca hoy desarrollar una iniciativa en Estados Unidos, a través de su filial, Twin Metals.

Por otro lado, la minera no metálica, SQM, posee una iniciativa en Australia. Mientras que Quiborax-ligada a la familia Fosk- incursionó en Bolivia, pero fue despojada de sus concesiones mineras en 2004.

El director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo, destacó que las mineras chilenas tienen un claro interés para internacionalizarse, pero que ello aún está en etapas iniciales. Eso, en un contexto en el que Chile ha ofrecido “claras ventajas a las compañías nacionales”.

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El constante cambio de autoridades locales ha significado un nuevo impedimento para el desarrollo de la iniciativa. Por ejemplo, hace solo dos semanas asumió el nuevo viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, en reemplazo de Henry Troya, quien se mantuvo en el cargo por solo tres meses. Fuentes de ese país apuntan a que, además de la rotación en el cargo, la actual autoridad viene del mundo del petróleo y no cuenta con mayor recorrido en la industria minera.

Todos estos movimientos se dan tras la fusión de los ministerios de Hidrocarburos, Minería y Electricidad en uno solo llamado Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

A ello se suman las dificultades que ha enfrentado el proyecto con las comunidades locales, que en marzo pasado, y tras la firma de nuevos acuerdos entre los gobiernos de Chile y Ecuador, se organizaron para marchar en rechazo a la iniciativa.

Sin embargo, el principal escollo entre las partes sigue siendo la estructura de control de la iniciativa. Según mandata la normativa local, al menos el 51% de la propiedad tiene que ser del Estado ecuatoriano, lo que desincentiva a inversores internacionales que aspiran al control.

Además, esa estructura de propiedad ha perdido viabilidad por el hecho de que Enami EP, contraparte de Codelco en Ecuador, no tiene recursos para aportar la inversión necesaria que le permita quedarse con el 51% del proyecto minero.

Fuentes cercanas a las negociaciones dicen que el interés de la estatal chilena está en asumir la responsabilidad de la operación de la faena, para aprovechar su conocimiento en el área.

De todos modos, el proyecto sigue siendo atractivo para Codelco -que no quiso entregar detalles respecto al proceso de negociación y que en 2017 anunció una inversión de US$ 40 millones- en la iniciativa que se encuentra en su fase de exploración avanzada.

De acuerdo a las estimaciones previas, se cuantificaron sus recursos mineros en 1.500 millones de toneladas de cobre y molibdeno, con una ley de 0,51%, lo que impulsó a Codelco a seguir adelante para precisar la información geológica y acordar los métodos de explotación más eficientes y económicos.

El origen de la iniciativa de la Corporación en ese país se remonta a diez años atrás, luego de los acuerdos alcanzados entre ambos gobiernos para desarrollar la minería de Ecuador. Luego, se avanzó a la alianza con Enami EP, que hoy atraviesa por un duro momento que incluso hizo dudar de su continuidad.

No obstante, la firma ha sido ratificada para fortalecerse, en contraste con otras empresas estatales que están siendo cerradas en Ecuador. «El gobierno necesita mucho la inversión y la minería es vista como una de las fuentes importantes, lo que alimenta la esperanza de que sí se pueda hacer el proyecto», explica una fuente de la industria.

La dificultad de la internacionalización

Más de diez años lleva Codelco realizando exploraciones más allá de las fronteras locales sin tener a la fecha mayor éxito. Además de la opción ecuatoriana, la Corporación ha analizado proyectos en Brasil y México.

Actualmente, y con la intención de diversificar su cartera de proyectos, la empresa también cuenta con acuerdos con el gobierno de Mongolia, con el que desarrolla exploraciones, a lo que se suman operaciones de este mismo tipo con una de las empresas estatales de Kazajistán.

Sin embargo, una de las barreras que se le presentan a la compañía son los diferentes frentes con los que se encuentra en Chile, donde se proyectan inversiones por hasta US$ 40 mil millones para la próxima década.

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