La entidad explicó que, en virtud del Plan, la empresa debía presentar y ejecutar un plan de control integral de emisiones en actividades sin combustión (PCIE). Así, se estableció de forma expresa que “en todos los puntos de carga y descarga se deberá incorporar sistemas de chutes de transferencia a contrapresión o, en su defecto, otra técnica que demuestre una eficiencia equivalente en la reducción de emisiones difusas”.

Si bien la empresa implementó mejoras, en actividades de fiscalización la SMA pudo constatar que no se dio cumplimiento íntegro a la obligación fijada en el plan, ya que se identificaron emisiones visibles de material particulado y acumulación de polvo en las bases de los chutes en cuatro partes. Lo anterior permite mencionar que el titular no instaló los chutes a contrapresión ni acreditó, técnica ni documentalmente, la implementación de una técnica equivalente, contraviniendo el artículo 9 del PPA de Huasco y las condiciones del PCIE aprobado.

La infracción fue imputada como grave debido a que el incumplimiento prolongado de esta medida estructural afecta directamente los objetivos del PPA de Huasco, en una zona declarada como saturada por emisiones de material particulado respirable (MP10). Además, cabe agregar que este incumplimiento genera una afectación negativa concreta y sostenida al instrumento de gestión ambiental, comprometiendo la eficacia general del plan que busca la recuperación de la calidad del aire en la comuna y su zona circundante en un horizonte de 10 años.

El jefe regional de la SMA en Atacama, Felipe Sánchez, aseveró que “el cumplimiento de esta medida es crucial para el éxito del PPA de Huasco, el cual identifica expresamente las emisiones de MP10 como una fuente relevante de emisiones y contempla medidas obligatorias y progresivas para su control, donde la implementación de chutes a contrapresión son un elemento central y no accesorio”.

El titular cuenta con un plazo ampliado de 15 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y 22 días hábiles para formular sus descargos.

Más información de este caso en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA).

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El proyecto corresponde a un establecimiento industrial minero a rajo abierto, cuyos minerales son procesados en una planta de molienda y flotación convencional que produce concentrados de cobre. El relave proveniente del proceso de extracción de cobre, en tanto, se deposita en el Tranque “El Torito”, que inició sus operaciones en el año 1993 con una capacidad de 76 Mt de relaves, el cual fue ampliado a 181 Mt en el marco de modificaciones realizadas al proyecto, una vez entrado en vigencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

El proyecto introdujo nuevas modificaciones en 2020 ampliando la capacidad del tranque a 235 Mt y extendiendo su vida útil hasta 2027.

Desde la entidad declararon que, como parte de la investigación, funcionarios de la SMA, Dirección General de Aguas (DGA), Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) realizaron actividades de fiscalización al proyecto, que además tuvo una denuncia ciudadana ingresada en su contra. A partir de las actividades realizadas, la Superintendencia pudo constatar diversas infracciones a lo permitido en la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto.

De esta forma, la primera imputación tiene relación con la implementación y operación deficiente del sistema de intercepción de infiltraciones e inyección de agua, debido a que la etapa VII del sistema de drenaje no se encuentra completamente construida, mientras que la barrera hidráulica no inyecta el caudal comprometido. Esta infracción fue clasificada como grave.

En relación a la segunda imputación, esta se debe al incumplimiento por parte del titular respecto del Plan de Alerta Temprana. Según se pudo constatar, Anglo American no informó a la SMA en un plazo de 5 días hábiles la superación de los umbrales previstos de Sulfato y Boro; no presentó un informe de análisis de las posibles causas de las excedencias en el plazo establecido de 15 días hábiles; y no generó, un plan de mejoramiento o mantenimiento del sistema de mitigación frente a la constatación del inadecuado funcionamiento del sistema de intercepción de infiltraciones e inyección de agua. Este cargo fue clasificado como grave.

La tercera imputación, en tanto, tiene relación con la ejecución parcial de la medida de mitigación de rescate y relocalización de fauna, respecto de 3.867 individuos del anfibio sapito de rulo -cuya categoría de afectación a la fecha de evaluación era de Vulnerable-, ya que no se realizó el marcaje de los ejemplares ni se realizaron los monitoreos posteriores. Este cargo también fue clasificado como grave.

En razón de lo anterior, y de acuerdo a la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (LOSMA), por un cargo grave el titular de un proyecto arriesga la revocación de su Resolución de Calificación Ambiental, clausura o una multa de 5 mil UTA. Por este caso, en tanto, la empresa arriesga una multa de hasta 15 mil UTA, equivalentes a más de $12 mil millones, por los tres cargos graves. Con todo, el presunto infractor tiene un plazo ampliado de 15 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y de 22 días hábiles para formular sus descargos.

La superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, expresó que “el cumplimiento ambiental en este y cualquier proyecto es fundamental en el marco del desarrollo económico. Por esa razón, es importante reiterar el llamado a los titulares a cumplir con lo que se establece en sus permisos para poder operar. Las condiciones y medidas dispuestas en las resoluciones de calificación ambiental tienen un objetivo claro que es aminorar el impacto que pueda tener la ejecución de una iniciativa económica en el medioambiente y con esto garantizar su protección”.

Para más información, ingrese al Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (Snifa) en este enlace https://snifa.sma.gob.cl/Sancionatorio/Ficha/3943.

Declaraciones de la minera

Desde Anglo American manifestaron que «hemos sido recientemente notificados sobre la resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente sobre la operación El Soldado, que dice relación con algunos aspectos que la compañía ha estado trabajando internamente y sobre los cuales ha mantenido informada a la autoridad ambiental».

«Mientras analizamos esta resolución, estamos solicitando una reunión con la SMA para entender aspectos específicos de esta y, en virtud de ello, decidir los pasos a seguir«, afirmó la empresa.

«Como compañía, estamos comprometidos a trabajar permanentemente con la autoridad para dar cumplimiento a todos nuestros compromisos ambientales«, recalcó la minera.

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