Según el último reporte del consejo minero, actualmente sus empresas socias tienen ocho proyectos en dicho estado, que totalizan una inversión de US$ 16.399 millones. Esto marca una caída de 45% frente a los US$ 29.949 millones que se registraban un año atrás.

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Esta baja se explica por el fin de la construcción y el inicio de la operación de iniciativas como Caserones, de SCM Lumina Copper Chile; Ministro Hales, de Codelco, o la planta desaladora de Mantoverde, de Anglo American.

La preocupación que ronda en la industria es que la entrada en operación de este tipo de iniciativas no ha sido reemplazada por nuevos proyectos que pasen de la fase de estudio a la de ejecución. De hecho, entre octubre de 2013 y el mismo mes de este año, el único desarrollo nuevo es la actualización de Esperanza, de Minera Centinela, de Antofagasta Minerals (AMSA), por US$ 500 millones.

Para los próximos meses, Chuquicamata Subterránea podría ser la única que se una a este grupo.

Pero hay que considerar que, durante el primer semestre de 2015, se espera que terminen su construcción Antucoya de AMSA y OGP 1 de Minera Escondida.

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Aporte de nueva producción

Este freno también traerá consecuencias en el aumento de producción de minerales a la que apuesta el país.
«No cabe duda que no hay en el horizonte proyectos que puedan entrar en los próximos dos o tres años, por lo que Chile debería mantener o aumentar marginalmente la producción de cobre, lo cual es una mala noticia», dijo Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero.

Para que la cartera se reactive, el dirigente recordó que debe haber certeza jurídica y, además, las firmas tienen que ir terminando sus planes de mejora y reducción de costos.

Respecto a las iniciativas que se mantienen en evaluación, estas crecieron desde US$ 36.218 millones a US$ 47.518 millones en doce meses, con un alza equivalente a 31%.

Lo anterior se explica por la contabilización de Pascua-Lama, que hace un año figuraba en estado de ejecución, y el proyecto Desarrollo del Distrito Centinela de AMSA, por US$ 2.700 millones.

Este último consiste en la instalación de una nueva planta concentradora y otras infraestructuras asociadas, para lo que se estima se solicitarán permisos ambientales en los próximos diez meses.

El resto de los proyectos se mantienen intactos, salvo el aumento que tuvo en el capex Relincho de la minera Teck, que pasó de US$ 3.900 millones a US$ 4.500 millones estimados.

BHP estudia la competitividad

El ex presidente de Copper de BHP Billiton y actual CFO de la firma a nivel mundial, Peter Beaven, explicó en el foro organizado por la Cámara de Comercio de Australia, que Chile tiene gran importancia para su compañía.

El ejecutivo puso énfasis en cómo mejorar la productividad, tema que han estudiado a fondo y que es una de sus prioridades, especialmente a nivel de contratistas.

Beaven dijo que midieron la productividad laboral en sus operaciones en Chile y Perú, y las compararon con las que tienen en Estados Unidos y Canadá. Encontraron -dijo- que la productividad de la mano de obra en Chile es menos del 50% de lo que se ve en Norteamérica. En un turno de 12 horas -graficó- en Chile se trabaja entre 35% y 40% del tiempo, mientras que en Arizona es entre 60% y 70%.

El ejecutivo dijo que está viendo una oportunidad para cerrar esa brecha, porque el 40% del costo es mano de obra, pero que necesita la colaboración de los contratistas y los sindicatos.
Luksic: evaluaciones ambientales y consultas deberían ser vinculantes
Un decidido mensaje a tomar medidas para que se concreten proyectos, realizó ayer el presidente de Antofagasta plc, Jean-Paul Luksic, en el marco del foro «Australia-Chile: Plataformas del Asia Pacífico».

El empresario señaló que «tenemos que desarrollar inversiones mineras que impliquen aumento real de la producción, para no perder liderazgo». En ese sentido, graficó que si se ejecuta toda la cartera de proyectos que Cochilco identifica como probables y posibles, lo que en realidad se ve como difícil, a 2021 la producción de cobre sólo aumentaría 7%.

«Debemos ser capaces de disminuir la incertidumbre para impulsar grandes proyectos», aseguró.

Añadió que como país nos estamos acostumbrando a que toda iniciativa de inversión relevante, antes y durante su construcción, e incluso cuando está operando, deba enfrentar juicios, que pueden tardar años en resolverse. Enfatizó que los permisos ambientales no pueden ser un mero paso previo a la definición final de tribunales.

«Por eso, soy partidario que las aprobaciones de impacto ambiental sean vinculante para todas las partes, igual que las consultas a comunidades», dijo.

Sobre la pérdida de productividad, planteó que el cambio depende de la industria, incorporando tecnología, así como formando y seleccionando mejor al capital humano.

«Estoy convencido que los desafíos de la minería en Chile no pueden ser abordados con éxito sin una alianza público privada, que permita construir consensos en la sociedad y en las comunidades donde operamos», dijo.

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La inyección de recursos, ha dicho el presidente de la firma, Gerardo Jofré, “indirectamente facilita y promueve mejores condiciones de financiamiento cuando haya que ir a los mercados de capitales”. Las obligaciones adquiridas llegan a US$ 10.559 millones hacia el año 2043. De esa cifra, el 75% corresponde a bonos emitidos en el extranjero. Los bonos a nivel local alcanzan a US$ 208 millones o 1,9% de las acreencias, en tanto el pasivo con los bancos suma US$ 2.401 millones, un 22,7% del total.

En la minera indican que el nivel de deuda es consistente con su clasificación de investment grade y que hay espacio para elevarla. En el sector incluso hablan de un delta que puede llegar a US$ 6.000 millones. Sin embargo, el académico del Centro de Minería de la Universidad Católica, Gustavo Lagos, cree que en 2014 la empresa entrará a un período complejo en términos de deuda. “Será vital el apoyo del gobierno al plan de inversiones. La compañía no debería endeudarse más, porque puede entrar a una zona crítica”, dice.
Lo anterior se da en un contexto en que el programa de inversiones de la cuprera supera los US$ 20.000 millones, con los que espera lograr una producción de 2,2 millones de toneladas de cobre a inicios de la próxima década. El plan contempla el estudio de la segunda fase de Radomiro Tomic y la expansión de Andina, que suman US$ 12 mil millones y no tienen recursos comprometidos.

Fórmulas de capitalización

Codelco pedirá al Estado nuevos recursos por US$ 1.200 millones en 2014, un año en que, según la proyección de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el Fisco cerraría con un déficit de US$ 2.680 millones, equivalente a 0,9% del PIB.

Con ese escenario y dada la alta dependencia que tienen las arcas públicas respecto de la minera, capitalizarla ahondaría el déficit proyectado para el Fisco. Así lo planteó el senador UDI Jaime Orpis en una presentación que, a mediados de este año, hizo en el norte del país. Ahí, el parlamentario apuntó directamente a la situación actual de Codelco y su impacto en las finanzas públicas.

El escenario que enfrenta la principal estatal ya se instaló como un tema relevante para la próxima administración y, de hecho, durante la campaña presidencial el comando de la entonces candidata Michelle Bachelet lo puso entre las claves de la agenda fiscal. En ese período, el equipo técnico de la hoy presidenta electa revisó la situación de la empresa en tres de las comisiones técnicas que se articularon para trabajar en su programa de gobierno: Modernización del Estado y Empresas Públicas; Minería y Energía, y Política Fiscal. En esas instancias el tema fue analizado por expertos como el ex presidente ejecutivo de la cuprera, José Pablo Arellano, y los economistas Sergio Granados (ex subdirector de la Dipres) y Jorge Rodríguez (ex jefe de estudios).

La conclusión en las oficinas de Av. Italia es que la situación de Codelco es preocupante y en especial desde el punto de vista de su efecto sobre las arcas públicas en la próxima administración. Según la Dipres, la estatal explicaría el 3,8% de los ingresos fiscales estimados en 2014-2017.
Esa inquietud, de hecho, cobró más fuerza hace unos días cuando el presidente ejecutivo de Codelco, Thomas Keller, reconoció que uno de los grandes desafíos será mantener el nivel de excedentes de este año, de US$ 3.000 millones.

Pero entre los técnicos del nuevo gobierno el foco de la discusión es de mediano a largo plazo y la base de esa inquietud se sustenta en la proyección financiera que la Dipres hace en el último Informe de Finanzas Públicas. Ahí, la entidad indica que la minera aportará US$ 3.149 millones en 2014, cifra que irá en baja hasta llegar a los US$ 1.945 millones en 2017. “Cómo se va a enfrentar la capitalización de Codelco es el tema que tenemos que definir en marzo, aunque los mecanismos posibles ya están bastante claros”, afirman conocedores de las alternativas que evalúa el futuro gobierno. Agregan que el tema cobra urgencia, pues para 2014 -el primer año de gobierno de Bachelet la minera debiera aportar el 5,3% de los ingresos fiscales totales.

Lo esencial, indican, es resguardar a la cuprera y su patrimonio, pues Codelco es considerada por la opinión pública como “la empresa estatal de la que todos somos dueños”. Para los expertos del nuevo gobierno, la minera es “poco eficiente” y su alto costo afectará los ingresos del Estado proyectados para mediano y largo plazo. Por eso, el énfasis será mejorar no sólo el costo total de la firma, sino que también sus costos laborales.

El desafío, agregan, es otorgarle mayor estabilidad y sostenibilidad financiera y productiva, siendo clave generar financiamiento a sus proyectos. Para eso, hay dos mecanismos de capitalización que se están estudiando, pero que requieren de un gran acuerdo político.

El primero, usar recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social (Fees) que reúne los ahorros fiscales provenientes de los ingresos estructurales del Fisco y también los retornos de las inversiones que se hacen con ellos. El Fees tiene recursos por US$ 15.208 millones y se sacarían US$ 1.000 millones anuales por los próximos cuatro años. “Esa es la mejor fórmula, porque son recursos que están disponibles y, además, provienen del cobre. Por lo tanto, es limpio que se reinvierta la misma plata del cobre”, comenta Lagos.

De hecho, en su presentación Orpis indicaba que esa fórmula de capitalización no afectaba el Presupuesto 2014, permitía materializar los proyectos estructurales y a partir de 2017 el Fisco comenzaba a revertir la baja de ingresos. También que no era la única vez que se usarían los fondos. “En 2009 para hacer efectiva la política contracíclica para enfrentar la crisis externa se retiraron cerca de US$ 9.000 millones”, apuntaba el senador. El problema de esa fórmula, sin embargo, es que girar al Fees con ese fin requiere pasar por el Congreso.

La otra salida es usar los ingresos provenientes de los intereses que generan las inversiones del Fees. Esos recursos están en línea con los ingresos fiscales efectivos y podrían ser usados sin problema. “Eso evitaría generar un mayor déficit fiscal”, dicen las mismas fuentes.

Lagos propone una tercera alternativa: que Codelco y el gobierno establezcan un convenio de desempeño que comprometa fondos sólo en la medida que la empresa pueda cumplir con ciertas metas. “Este modelo ayudaría a transparentar su situación con el Estado. Por un lado, se verá que efectivamente el gobierno se preocupa por Codelco, y por otra parte, la firma demuestra que está haciendo las cosas bien”, plantea.

Revisión acuciosa

El ex presidente ejecutivo de Codelco, Juan Villarzú, es crítico de la situación actual de la minera, cuyo plan de inversiones ya tiene un retraso que va entre cinco a seis años en su ejecución. “Codelco entregó al Estado US$ 7.000 millones en 2012 y a cambio le dan dos capitalizaciones que no son recursos frescos. Es poco serio”, acusa.

A mediados de 2012, el Ejecutivo inyectó recursos a la estatal debido al poco avance en su política de contención de costos, trabajo que, sin embargo, esta semana alabó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Pese a eso, aclaró que la firma debe revisar su plan de crecimiento.

“Nos parece muy importante que se reestudie y reevalúe acuciosamente, con cifras lo más actualizadas posibles, los planes de inversión, de tal manera de garantizar que aquellos programas que se llevan a cabo son los proyectos más rentables”, sostuvo.

De hecho, esta semana Jofré agradeció el apoyo del Ejecutivo, pero enfatizó en la necesidad de recursos por parte de la firma. “Codelco sigue solicitándole al gobierno y lo hará el próximo año cuando sea la fecha correspondiente; una capitalización que sea de recursos adicionales de financiamiento y que sirva como parte del programa de inversiones”, planteó.

La compañía, afirman expertos, está en desventaja frente a sus pares. En una presentación, el presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Diego Hernández -quien fue presidente ejecutivo de Codelco en 2010-2012- dijo que la estatal sólo ha logrado retener un 8,9% de su utilidad comparable en los últimos siete años. Esto mientras en igual período la minería privada ha retenido en promedio casi el 55% de sus ganancias netas.

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