De acuerdo a lo informado por la gremial, «el hecho de reservar el control mayoritario del Estado de esta explotación minera en asociación con el sector privado, nos lleva a tener una legítima duda que esta forma de diseñar la política nacional del litio pueda realmente transformarse en nuevas inversiones que hagan realidad estos proyectos y la producción».

Según lo señalado por la asociación, por una parte, el mineral in situ que pertenece al Estado, «no tiene suficiente valor para justificar que el Estado tenga la propiedad del 51% de una nueva empresa productora, considerando los enormes capitales que se requieren para este tipo de proyectos, salvo que el Estado también aporte parte importante de esas inversiones lo que, por tener el país insuficientes recursos y preferente destino de sus dineros a los urgentes planes sociales, nos parece una quimera».

Finalmente, Aprimin manifestó que, ante este anuncio del gobierno, «ojalá sea complementado por el anuncio de algún modelo de negocios que pueda ser atractivo para que efectivamente se lleven adelante estos grandes proyectos, en beneficio del empleo, los planes sociales, el encadenamiento productivo y, en resumen, mayor bienestar para nuestra gente».

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El directivo afirmó que, “una cosa es que los derechos económicos sobre el litio puedan ser regulados a través de regalías o un royalty, como ocurre con SQM, o a través de los impuestos, pero otra cosa muy distinta es el tema de la propiedad sobre las empresas”.

A ello, agregó que la apertura que manifiesta el gobierno a negociar con las actuales empresas que operan en el Salar de Atacama, “puede ser una buena oportunidad para alinear adecuadamente los intereses de todos los actores que participan en esta industria”.

Sin embargo, Argandoña estimó que no es compatible la coexistencia de actores privados y públicos en la administración de una empresa, por cuanto los criterios de las empresas privadas son diferentes, ya que no responden a criterios políticos, sino a criterios técnicos y de mayor eficiencia y productividad. Las empresas mineras privadas han demostrado en el tiempo altos niveles de eficiencia, incorporación de altos estándares tecnológicos y desarrollo de capital humano”.

De acuerdo a lo informado, el presidente (s) de Sonami lamentó que el anuncio se haya centrado en cuestionar implícitamente el papel de las empresas privadas en su relación con las comunidades y el medio ambiente. “En sus palabras el presidente Boric da a entender que los privados no nos preocupamos de estos importantes aspectos. Las mineras han demostrado ser empresas de clase mundial y en la explotación del litio esto no ha sido distinto”.

“Creemos que se debería adecuar la legislación para que el sector privado pueda acceder libremente a estos recursos, porque no hay nada más estratégico para Chile que incrementar su riqueza y aumentar su actividad económica, contribuyendo con significativos aportes al fisco como ha ocurrido en el último tiempo y el encadenamiento económico que se produce donde están insertas estas operaciones”, concluyó Cristián Argandoña.

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“Dibuja un escenario con objetivos de corto, mediano y largo plazo, contribuyendo a la construcción de certeza jurídica y ratificando una institucionalidad para un rápido crecimiento de la inversión en la industria”, manifestaron desde la compañía.

Minera Salar Blanco -filial de la australiana Lithium Power International- destacó que el anuncio de la Estrategia contiene elementos fundamentales para el desarrollo de la industria, como la promoción de la asociatividad público-privada; el foco en investigación, la tecnología y la creación de valor agregado;  la inclusión de los territorios, donde las comunidades participan de los proceso de desarrollo así como de los futuros beneficios que se generen; y, los altos estándares de sostenibilidad que se fijan. Esto es particularmente significativo en el caso de la industria del litio, por su rol fundamental en la transición energética y su aporte a la lucha contra el cambio climático.

Cristóbal García-Huidobro, CEO de Lithium Power International y gerente general de Minera Salar Blanco, destacó que “esta es una buena noticia para el país, que dará curso a diversos proyectos en la red de salares existentes, incorporando la necesaria competencia y acelerando los procesos de innovación y adopción de nuevos estándares para los proyectos de litio en Chile”.

De acuerdo al ejecutivo, “los principales componentes de la Estrategia nos vienen a reafirmar que lo que hemos realizado durante estos más de 7 años de trabajo en nuestro Proyecto Blanco en Maricunga estaba en la línea correcta: nuevos estándares técnicos y medioambientales en su desarrollo; y sólidos principios sociales como la transparencia, el respeto y la justicia, que definen un nuevo estándar de relacionamiento con las comunidades”.

Esto implicó que las comunidades Colla en el área de influencia no sólo participaran activamente de las decisiones, con respeto y consideración hacia todas sus opiniones, sino que también de los beneficios que el proyecto generará durante toda su vida útil. Todo lo anterior ha permitido que hoy el proyecto de Minera Salar Blanco, cuya construcción se inicia en 2023, sea uno de los más avanzados en Sudamérica al contar con su aprobación ambiental, que incluyó un proceso de consulta indígena bajo el Convenio 169 de la OIT, así como también el permiso de la CCHEN.

García-Huidobro explicó que esperan seguir avanzando y trabajando de manera muy cercana con el Estado de Chile, fortaleciendo la política de alianzas público-privadas que son la base de la Estrategia Nacional del Litio, transformando al Proyecto Blanco y sus futuras etapas en el Salar de Maricunga en el primer ejemplo real de colaboración bajo la misma.

El ejecutivo agregó que: “Vemos una oportunidad histórica hoy para Chile, y esta Estrategia vendrá a acelerar acuerdos público-privados con proyectos reales como el de Minera Salar Blanco en Maricunga, generando nuevos recursos para el Estado y encauzando también importantes recursos para las regiones donde se localicen y sus comunidades. Estamos seguros de que Minera Salar Blanco se transformará en el corto plazo en el tercer actor en la industria del litio en Chile después de más de 35 años”.

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La comitiva fue encabezada por el vicepresidente , Patricio Céspedes,  y los directores Jorge Pavletic, Eduardo Catalano, Carlos Alberto Castillo, Martín Espíndola y Jorge Geldres. También se integró  la  secretaria general de Sonami, Juana María Vives, según informó la Sociedad.

La reunión fue solicitada según la formalidad Lobby con el propósito de plantear a la ministra diversas inquietudes sectoriales. Entre ellas se destacan las siguientes.

• Solicitar reducción del  descuento del Fondo de Estabilización del Precio del Cobre, para dar mayor viabilidad al sector de la pequeña minería y minería artesanal
• Plantear la  inquietud del sector, respecto a información no confirmada, que señala la posible paralización de la Fundición Hernán Videla Lira (Paipote) y la no construcción  del nuevo complejo industrial, Fundición y Refinería,  de capacidad 700.000 toneladas anuales de concentrados.
• Revisar el avance de la Mesa de Trabajo creada por el Ministerio de Minería en septiembre pasado.  La Mesa es  parte del Eje Programático del gobierno que se relaciona con apoyar a la Pequeña Minería.
• Abordar el Estatuto Minero.
• Revisar el D.S N° 76.
• Revisión de asuntos regulatorios ambientales, para una minería sostenible
• Plantear la preocupación del sector por el alto endeudamiento de la Empresa Nacional de Minería.
• Revisar y adecuar a las condiciones de la pequeña minería, el artículo 16 del DS 104 del año 2016, que aprueba Reglamento que regula la entrega de información  de carácter general obtenida en los trabajos de exploración geológica básica.
• Con relación a Sernageomin,  revisar el tema de los contratos vencidos y su renovación automática, mediante un adendum, para dar mayor rapidez al tema de la regulación de faenas.
• Otros temas planteados por dirigentes mineras se relacionan con la preocupación por los robos de equipos y maquinarias en las zonas mineras y temas mineros relacionados con las plantas de beneficio en la región de Valparaíso.

Desde Sonami aseguraron que la ministra Marcela Hernando tomó nota de las inquietudes y se comprometió a dar respuesta a las inquietes de los pequeños productores.

Minería y Relaciones Exteriores

Asimismo, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, informaron que la ministra Hernando sostuvo una reunión con el Canciller Alberto van Klaveren para conversar sobre la Política Nacional del Litio, que será presentada por el Gobierno próximamente.

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“Estamos muy conformes con lo que se habló en este encuentro, y en particular destacamos las palabras de la ministra Marcela Hernando, quien afirmó que el desarrollo del litio será con privados: ‘No lo podemos hacer solosâ€, dijo. Resaltamos que hay grandes coincidencias en aspectos que son fundamentales para nosotros, como el estrecho vínculo con las comunidades y el respeto irrestricto por el medio ambiente”, sostuvo García-Huidobro.

Cabe destacar que en este seminario participaron autoridades, comunidades, académicos y las empresas vinculadas al litio: SQM, Albemarle, Codelco y Minera Salar Blanco.

“Estas miradas permiten complementar el debate y enriquecerlo. Así que estamos muy esperanzados en que se adoptarán las mejores definiciones para desarrollar a la industria del litio y se valorará el extenso trabajo que hemos desarrollado con Proyecto Blanco, que está listo para comenzar este 2023 en la Región de Atacama”, recalcó el gerente de MSB.

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Loreto Carvajal –presidenta de la instancia-, Juan Luis Castro, Esteban Velásquez y Rafael Prohens, recibieron a la ministra de Minería, Marcela Hernando; al profesor del Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad Católica, Gustavo Lagos; y al vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo, Hermann González.

El Senado detalló también que, representando a las empresas que participan del sector, se hicieron presentes el vicepresidente de Asuntos Externos de Albemarle, Ignacio Mehech; el vicepresidente senior de Servicios Corporativos de SQM, José Miguel Berguño; el gerente de Exploración de Codelco, Guillermo Müller; y el gerente general de la mina Salar Blanco, Cristóbal García Huidobro. También hizo uso de la palabra la presidenta de la Cámara Internacional del Litio, Pamela Goicovich.

Alianza público-privada

La senadora Carvajal comentó que “como Comisión de Minería creemos que esta ventana de oportunidad para el país, desarrollando y aumentando la producción del litio, no la podemos desaprovechar. Debemos conversar dejando atrás las rigideces de nuestras posturas personales e ideológicas. Debemos buscar con pragmatismo y realismo, soluciones prácticas para impulsar esta colaboración público privada”.

Fue la ministra del ramo la primera en referirse a la esperada política del mineral. Reconoció que “nos hemos mantenido fieles a que el anuncio lo hará el Presidente, por lo que podemos adelantar nuestro interés de apostar al litio por las múltiples potencialidades que tiene. Hoy no estamos en condiciones de explotarlo, de allí que se requiere colaboración”.

En cifras, la autoridad graficó el siguiente escenario:

• El 90% de la reserva de litio se encuentra en el salar de Atacama.
• En Chile operan dos empresas: SQM que explota un 65% del mineral, y Albamarle que hace lo propio con el 35%. Ambas producen carbonato de litio e hidróxido de litio.
• Existen 45 salares y 18 lagunas salinas.
• En el programa de gobierno de la actual administración, se planteó la creación de la Empresa Nacional del Litio entendiendo el desarrollo de una industria con valor agregado.
• Hoy el Estado no está en condiciones de explotar el litio ni siquiera al nivel del mineral bruto. Se habla de agregar valor a este mineral cuando se le transforma en litio procesado, luego en componente de baterías, luego en baterías y, finalmente, se las incorporar en un automóvil eléctrico, por ejemplo.

El Senado detalló que dentro de la discusión se hicieron ver los siguientes puntos:

• La necesidad que los dueños de casa (pobladores que viven en las comunas donde están los salares) se pronuncien sobre estos proyectos antes que se ejecuten. Se debe velar por una sostenibilidad comunitaria o social, y medio ambiental.
• Es vital que todos los partidos políticos lleguen a un acuerdo para entender que la colaboración público privada debe entenderse como una herramienta de desarrollo, donde el Estado pone las reglas y los privados actúan bajo ellas en beneficio de todos.
• El Estado debe licitar una investigación internacional para ver las condiciones en que podría explotarse el litio sostenidamente.
• Los ingresos estimados por la explotación de litio el 2022, fueron 5 mil millones de dólares (3 mil millones corresponden a arriendo y 1,6 millones a impuestos). El dato es estimado porque la Dirección de Presupuestos no entrega detalles. Se concluyó que dichos antecedentes deben transparentarse.
• Codelco sabrá en mayo de este año, si las pruebas de bombeo en el salar de Maricunga permiten calificar si la potencial explotación, es rentable.
• Finalmente, se reflexionó sobre las ventajas de la extracción directa que es aquella que permite que el salar vuelva a su lugar de origen. El método tradicional extrae el litio del salar mediante evaporación, por lo que la capacidad de reinyección es mínima.

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Este hito marca el comienzo de esta etapa del proyecto. Se estima que los sondajes se iniciarán a fines de marzo y que durarán cerca de 10 meses. Dependiendo de los resultados de la campaña, específicamente de las concentraciones de litio disuelto en las salmueras de dichas propiedades mineras, la empresa definirá si es medioambiental y económicamente viable continuar con el desarrollo de las siguientes etapas del proyecto.

Cabe recordar que la Política Nacional del Litio y la Gobernanza de los Salares, emitida en 2016, le encargó a Codelco que, junto con el Ministerio de Minería, evaluara la factibilidad de explotar el litio existente en el Salar de Maricunga, mediante alianzas público-privadas, considerando el respeto y el cuidado de los ejes sociales, económicos y ambientales.

De esta forma, durante 2018 la compañía minera comenzó el diseño de su campaña de exploración y la elaboración de su Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la que incorporó la caracterización del medioambiente del salar durante las cuatro estaciones del año. La DIA fue ingresada a tramitación a comienzos de 2020 y en noviembre del mismo año se obtuvo la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Desde entonces, Codelco tramitó los permisos sectoriales, multisectoriales y territoriales, entregando documentación detallada al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Vialidad y Bienes Nacionales proceso que concluyó favorablemente en enero de 2022.

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“Como hemos sostenido, en una reunión realizada el miércoles 5 de enero, representantes del Presidente electo se reunieron con el biministro de Energía y Minería y solicitaron considerar algunos planteamientos del Gobierno electo respecto a la licitación”, indicaron.

En esa línea, recordaron que al notificar la adjudicación, el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, señaló que en la decisión se acogieron todos los puntos planteados en dicho encuentro.

Puntos en discusión

Desde el Gobierno aseguraron que en minuta enviada al Ministerio de Minería por los propios asistentes dice textualmente: “Nuestra postura de cara a la reunión con el ministro Jobet era poder abrir un espacio para incorporar mejoras a la licitación en curso. Las señales que se dieron públicamente apuntaban en esa dirección: postergar la adjudicación para incorporar una serie de criterios que están hoy ausentes en el proceso”.

El documento añade: “En la reunión se abordó la dificultad para postergar la adjudicación, pero se abrió el espacio que buscábamos, de acuerdo a la siguiente propuesta (acordada durante la reunión)”.

Luego se detallan los planteamientos del Gobierno entrante: “a) Incorporar en el proceso actual criterios de generación de valor local, b) Retribución a las comunidades, c) Inversión en I+D”.

Agregan: “los puntos (a) y (b) se abordarán a través de los Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL) que se suscriban. El ideal hubiera sido incorporarlos como criterios de la licitación, pero dado lo avanzado del proceso (ya se presentaron las ofertas) ya no es posible. El punto (c) se desarrollará a partir de una Política Nacional del Litio”.

También se propuso “conformar una Mesa de Trabajo del Litio y acordar participantes” y que “la Mesa de Trabajo tendrá como objetivo velar por la inclusión de los criterios (a) y (b) en los Contratos Especiales de Operación que se suscriban y además dar inicio a la discusión de una Política Nacional del Litio”.

“Dado todo lo anterior, lo dicho por el Ministerio de Minería es estrictamente correcto”, afirmaron desde el gobierno.

El biministro Juan Carlos Jobet sostuvo que “queremos una transición republicana. Siempre he buscado los acuerdos. En ese espíritu nos juntamos con el equipo del Presidente electo y acordamos aspectos muy razonables, que están transcritos en un acta hecha por ellos mismos. Todo eso lo acogimos. Porque queremos que Chile dé una señal de continuidad, una mirada de Estado”.

Finalmente, desde el Ministerio reafirmaron la disposición del Gobierno a conformar con la oposición una Mesa Nacional del Litio para elaborar una estrategia de desarrollo de esta industria, con una mirada de Estado y de largo plazo.

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